ATS, 11 de Abril de 2018
| Ponente | RAFAEL TOLEDANO CANTERO |
| ECLI | ES:TS:2018:4136A |
| Número de Recurso | 684/2017 |
| Procedimiento | Contencioso |
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: CUARTA
AUTO
Fecha del auto: 11/04/2018
Tipo de procedimiento: REC.ORDINARIO(c/d)
Número del procedimiento: 684/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero
Procedencia:
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez
Transcrito por:
Nota:
REC.ORDINARIO(c/d) núm.: 684/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Oliver Sánchez
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección: CUARTA
AUTO
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez
D. Segundo Menendez Perez
D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva
Dª. Maria del Pilar Teso Gamella
D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo
D. Jose Luis Requero Ibañez
D. Rafael Toledano Cantero
En Madrid, a 11 de abril de 2018.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Toledano Cantero.
Por la Procuradora de los Tribunales D.ª Pilar Vived de la Vega, en representación de D. Teodosio se interpuso recurso contencioso-administrativo frente a los Reales Decretos 942/2017 y 943/2017, por los que, en aplicación del art. 155 de la Constitución española (en adelante, CE), se cesan al Presidente y al Gobierno de la Generalitat, así como a todo el personal eventual adscrito a los cargos o autoridades relacionados en los respectivos Real Decretos.
Dentro del plazo del artículo 58.1 de la L.J.C.A ., mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2018, la Abogacía del Estado plantea alegaciones previas por las que solicita se declare la inadmisión del presente recurso, por falta de legitimación activa del recurrente ( art. 69.b de la LJCA ).
La parte recurrente, por escrito registrado el 23 de febrero de 2018, se ha opuesto a la petición de inadmisibilidad solicitada de contrario, pasando las actuaciones al ponente para resolver.
Dentro del plazo de los cinco primeros días para formular la contestación a la demanda, la parte demandada, Administración General del Estado, plantea la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa del demandante ( art. 69.b de la LJCA ). La alegación y prueba de la legitimación es carga procesal que incumbe a la parte que se la arroga cuando es cuestionada en el proceso [ Sentencias de 8 de marzo de 2017 ( recurso de casación 4451/2016), de 13 de julio de 2015 ( Casaciones 2487/2013 y 1617/2013 ) y de 14 de septiembre de 2015 ( Casación 2766/2013 )],En su escrito de demanda la parte actora expuso que ostentaba legitimación activa en atención al art. 19.1.a) de la LJCA , «[...] al ostentar el reclamante un derecho fundamental contenido en el art. 23.1 de la CE como es a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, de la Comunidad Autónoma cuya vecindad civil ostenta el demandante, Catalunya. Representantes que han sido cesados con violación de la Constitución España y las leyes de desarrollo orgánicas y ordinarias al respecto».
Sobre el alcance de la legitimación activa hemos declarado en reiterada jurisprudencia que para que la legitimación activa pueda reconocerse ha de existir un vínculo especial y concreto entre el sujeto y el objeto del debate en el pleito de que se trate, vínculo o nexo que habrá de ponderarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés jurídico concreto o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la eventual estimación del recurso entablado ( SSTC 7/2001, de 15 de enero ; y 24/2001, de 29 de enero ). En este sentido puede verse nuestra sentencia de 7 de marzo de 2012 (rec. cas. núm. 586/2011 ) y de 3 de marzo de 2014 (rec. cas. núm. 4453/2012 ). Sin embargo y como excepción, en determinadas ocasiones, ese concreto y especifico interés legítimo que vincula al recurrente con la actividad objeto de impugnación, no resulta exigible. Por ejemplo, ese requisito legitimador no resulta de aplicación en algunos ámbitos sectoriales de la actividad administrativa, en los que se permite que cualquier ciudadano pueda interponer un recurso sin ninguna exigencia adicional. Es lo que se denomina «acción popular» en el artículo 19.1.h) de la Ley de esta jurisdicción , y que la mayor parte de nuestras leyes sectoriales tradicionalmente la han denominado «acción pública» tan habitual, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo o en determinados supuestos relacionados con el medio ambiente. El entronque constitucional de esta acción está en el artículo 125 de nuestra Carta Magna , y exige que una norma con rango de ley así la reconozca expresamente, con la finalidad de «[r]obustecer y reforzar la protección de determinados valores especialmente sensibles, haciendo más eficaz la defensa de los mismos, ante la pluralidad de intereses concurrentes», como dijeron las SSTS de 14 de mayo de 2010 (RJ 2010, 3643) (rec. cas. núm. 2098/06), FJ 5 y de 6 de junio de 2013 (rec. cas. núm. 1542/10 ), FJ 5. Se considera que la relevancia de los intereses en juego demanda una protección más vigorosa y eficaz que la que puede proporcionar la acción de los particulares afectados. Por ello, cualquier ciudadano que pretenda simplemente que se observe y se cumpla la ley, puede actuar, siempre y cuando así le haya sido previamente reconocido.
Ahora bien, fuera de estos supuestos expresamente reconocidos y previstos por la ley, es necesario el concurso del interés legítimo como presupuesto habilitante para poder acceder a la jurisdicción, en palabras del Tribunal Constitucional «[e]l interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida [...]», (entre otras, SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3 ; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3 ; 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4 ; y 28/2005, de 14 de febrero , FJ 3).
El art. 23.1 de la CE , invocado como fundamento de su legitimación por el recurrente dispone:
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal
.
Sobre el contenido y alcance del derecho de participación política del art. 23.1 de la CE , el Tribunal Constitucional ha declarado (por todas, sentencia de 16 de julio ( STC 167/2001 ) lo siguiente:
[...] El art. 23.1 CE garantiza un derecho de participación que puede ejercerse de dos formas distintas, bien directamente, bien por medio de representantes. En relación con esta última posibilidad la Constitución concreta que se trata de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, lo que apunta, sin ningún género de dudas, a la representación política, con exclusión de otras posibles representaciones de carácter corporativo, profesional, etc. Así lo viene entendiendo de forma constante y uniforme este Tribunal, que, al realizar una interpretación conjunta de los dos apartados del art. 23 CE -y dejando ahora al margen el derecho de acceso a las funciones públicas-, ha afirmado que en ellos se recogen "dos derechos que encarnan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político consagrados en el art. 1 de la Constitución " ( STC 71/1989, de 20 de noviembre , F. 3): el derecho electoral activo y el derecho electoral pasivo, derechos que aparecen como "modalidades o vertientes del mismo principio de representación política" (ibídem). "Se trata -hemos afirmado en nuestra STC 51/1984, de 25 de abril (RTC 1984, 51)- del derecho fundamental, en que encarna el derecho de participación política en el sistema democrático de un Estado social y democrático de Derecho, que consagra el art. 1 y es la forma de ejercitar la soberanía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo español. Por eso, la participación en los asuntos públicos a que se refiere el art. 23 es en primera línea la que se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del pueblo, según el art. 66 de la Constitución y puede entenderse asimismo que abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución " (F. 2). Asimismo, hemos venido reiterando que dicho precepto garantiza el derecho a que los representantes elegidos permanezcan en su cargo y puedan ejercer las funciones previstas en la Ley. Hay por tanto una estrecha vinculación entre los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 23 CE y el principio democrático, manifestación, a su vez, de la soberanía popular ( SSTC 32/1985, de 6 de marzo , 149/1988, de 14 de julio , 71/1989, de 20 de noviembre , 212/1993, de 28 de junio , y 80/1994, de 14 de marzo , entre otras)
.
El derecho de participación política del art. 23.1 de la CE no se ve afectado, ni directa ni indirectamente, por los Reales Decretos impugnados, que disponen el cese del presidente de la Generalitat, el primero, y el del vicepresidente y consejeros, el segundo, así como el de todo el personal eventual adscrito a los anteriores, situación ésta última que no es invocada por el recurrente, que tan sólo menciona su condición de ciudadano español con vecindad civil en Cataluña. Basta reseñar que el presidente de la Generalitat de Cataluña es designado por el Parlamento de Cataluña, y los segundos, vicepresidentes y consejeros, por aquel presidente. En ningún caso se trata de cargos cuya investidura o nombramiento esté sometida a un proceso electivo, que en todo caso es de configuración legal, en que se ejerza directamente, ni se vea concernido en forma alguna, el derecho de sufragio activo que corresponde al recurrente, al amparo del art. 23.1 de la CE . Ya en el trámite de alegaciones concedido, el demandante no desvirtúa la falta de legitimación, puesto que sus alegaciones se limitan a aducir el principio de actos propios, que erróneamente considera derivado de la forma genérica en que se hace el anuncio en el BOE de 2 de febrero de 2018, de emplazamiento, siendo así que tal emplazamiento no genera derecho alguno ni otorga legitimación activa al recurrente, pues la misma tan sólo puede sustentarse en relación con el contenido del acto impugnado. Por otra parte, la invocación de los derechos que puedan corresponder a los diputados del Parlamento de Cataluña, en tanto representantes elegidos por los electores del cuerpo electoral, refuerza precisamente la falta de legitimación del actor, pues es llano que tales derechos corresponden, en su caso, a los parlamentarios, y no al actor, y de la revocación o mantenimiento de los actos impugnados no se deriva ningún derecho o interés legítimo que corresponda directamente al recurrente. Cabe recordar, con la STC 103/2008, de 11 de septiembre , FJ 2, reiterada en la STC 31/2015, de 25 de febrero , que nuestra democracia constitucional garantiza, de manera muy amplia, la participación de los ciudadanos en la vida pública y en el destino colectivo, decidiendo éstos, periódicamente, a través de las elecciones de representantes en las Cortes Generales ( arts. 68 y 69 CE ), en los Parlamentos autonómicos ( art. 152.1 CE ) y en los ayuntamientos ( art. 140 CE ), acerca del destino político de la comunidad nacional en todas sus esferas, estatal, autonómica y local. El ejercicio de este derecho no se ve concernido por los acuerdos impugnados, que en modo alguno lo impiden, antes bien, lo que pretende el recurrente es simplemente un control de legalidad de por qué, a su juicio, no se puede llevar a efecto el cese del presidente, vicepresidente y consejeros de la Generalitat de Cataluña en la forma que expresan los actos recurridos. Pero ello no guarda relación con ningún derecho o interés legítimo del recurrente, ya que no produce efecto jurídico positivo alguno en la esfera jurídica del mismo.
La causa de inadmisibilidad debe prosperar y, en consecuencia, hemos de declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 58.1 en relación al art. 69.b), ambos de la LJCA .
En lo que respecta a las costas procesales, el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional , en virtud de la redacción introducida por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal, dispone, en su apartado primero, que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, añadiendo el apartado tercero que la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.
Así, en el presente caso, procede la imposición de las costas procesales al recurrente, don Teodosio , si bien, la Sala haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.4 de la Ley Jurisdiccional , fija en 1.000 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida, por todos los conceptos.
LA SALA ACUERDA : estimar la alegación previa formulada por la Abogacía del Estado, declarando la inadmisión del recurso contencioso-administrativo núm 684/2017, por falta de legitimación activa del recurrente, don Teodosio y ordenando el archivo de lo actuado. Con imposición de las costas procesales en los términos expuestos en el último razonamiento.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
