ATS, 5 de Marzo de 2018

PonenteEMILIO FRIAS PONCE
ECLIES:TS:2018:2062A
Número de Recurso4812/2017
ProcedimientoRecurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2018
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Fecha del auto: 05/03/2018

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 4812/2017

Materia: TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOC.

Submateria:

Fallo/Acuerdo: Auto Admisión

Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Barril Roche

Secretaría de Sala Destino: 002

Transcrito por: MLLYP

Nota:

R. CASACION núm.: 4812/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Teresa Barril Roche

TRIBUNAL SUPREMO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN: PRIMERA

A U T O

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente

Dª. Celsa Pico Lorenzo

D. Emilio Frias Ponce

D. Jose Antonio Montero Fernandez

D. Jose Maria del Riego Valledor

En Madrid, a 5 de marzo de 2018.

HECHOS

PRIMERO .- 1. El procurador don Javier Segura Zariquiey, en representación de Caixabank, S.A., presentó escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2017 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 21/2016 , relativo a una liquidación por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados («ITPAJD»), modalidad transmisiones patrimoniales onerosas.

  1. Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, imputa a la sentencia que impugna la infracción de los siguientes preceptos:

    2.1. Artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) [«LGT»], «que establece la obligatoriedad para los órganos encargados de la aplicación de los tributos de aplicar el criterio sentado por la Dirección General de Tributos («DGT») en las respuestas emitidas respecto de las Consultas Vinculantes que se le plantean» (sic); y

    2.2. Artículo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre) [«LITPAJD»], respecto a la determinación de la base imponible de las daciones o adjudicaciones en pago de deudas y, en consecuencia, el artículo 31 de la Constitución Española («CE ») por vulneración del principio de capacidad económica.

  2. Razona que tales infracciones han sido determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida.

    3.1. La infracción del artículo 89 LGT , por ignorar que las contestaciones que la Dirección General de Tributos emite en respuesta a las consultas que le son formuladas tienen carácter vinculante.

    3.2. La infracción de los artículos 10 LITPAJD y 31 CE , al considerar que la base imponible de las daciones en pago se halla constituida por el importe total de la deuda pendiente de pago.

  3. Constata que las normas infringidas forman parte del Derecho estatal.

  4. Sostiene que las infracciones denunciadas presentan interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

    5.1. Tratándose de la infracción del artículo 89 LGT , defiende que se dan las circunstancias de interés casacional objetivo contenidas en las letras a ) y c) del apartado 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE de 14 de julio) [«LJCA»]:

    5.1.2. La de la letra a), porque la sentencia recurrida interpreta el precepto citado de manera distinta a las siguientes resoluciones:

    1. Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia («TSJ») de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de 25 de mayo de 2007 (recurso 22/2006; ES:TSJICAN:2007:2993); y

    2. Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016 (casación 933/2015 ; ES:TS:2016:2050).

      5.1.3. Y la de la letra c), por cuanto que la cuestión debatida «puede afectar a situaciones diversas, máxime si se considera el ingente número de consultas vinculantes que emite la DGT, siendo conveniente fijar la jurisprudencia aplicable en la materia, a fin de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos obligados tributarios que confíen en el criterio sentado por la DGT en las contestaciones a consultas tributarias vinculantes frente a actuaciones de la Administración que se apartan conscientemente del mismo» (sic).

      5.2. En lo que atañe a la infracción de los artículos 10 LITPAJD y 31 CE , aduce que coinciden las siguientes circunstancias de interés casacional objetivo contenidas en el artículo 88.2 LJCA :

      5.2.1. La de la letra a), porque la Sala de instancia interpreta la norma reguladora de la base imponible de las daciones en pago en sentido diferente a como deriva de las sentencias que emanan de las salas de lo contencioso-administrativo de los siguientes órganos jurisdiccionales:

    3. TSJ de la Comunidad Valenciana de 12 de mayo de 2016 (recurso 223/2015 ; ES:TSJCV:2016:2198), 2 de marzo de 2016 (recurso 716/2014 ; ES:TSJCV:2016:1113), 29 de mayo de 2015 (recurso 656/2014 ; ES:TSJCV:2015:3617) y 27 de mayo de 2015 (recurso 189/2014 ; ES:TSJCV:2015:3584);

    4. TSJ de Andalucía, con sede en Granada, de 21 de mayo de 2001 (recurso 3075/1996 ; ES:TSJAND:2001:7067);

    5. TSJ de Murcia de 24 de noviembre de 2014 (recurso 284/2011 ; ES:TSJMU:2014:2722).

      5.2.2. La de la letra b), «[e]n la medida en que el criterio sentado por el TSJA obliga a liquidar el ITPO tomando como base imponible un importe superior al valor real del bien adquirido (sin que ninguna de las partes haya considerado o declarado un valor superior) [...], atentando contra el interés general» (sic).

      5.2.3. Y la de la letra c), pues «junto a los numerosos procedimientos sustanciados por esta parte en relación con la cuestión litigiosa, la existencia de diversas Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, así como consultas de la DGT, relativas [a] qué importe se debe considerar a la hora de determinar la base imponible del ITPO pone de manifiesto que la resolución puede afectar a un gran número de situaciones» (sic).

      5.3. Recomienda, finalmente, que se tenga en cuenta que «no existe jurisprudencia de la Sala respecto de ninguna [de las] infracciones advertidas en la Sentencia del TSJA, de modo que cabe presumir la existencia de un interés casacional objetivo en los términos previstos en el artículo 88.3.a) de la LJCA » (sic).

      SEGUNDO .- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 19 de septiembre de 2017, habiendo comparecido la mercantil recurrente ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA .

      También ha comparecido dentro de dicho plazo la Administración General del Estado, no así la Junta de Andalucía.

      Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce, .

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- 1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89, apartado 1, LJCA ), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de casación ( artículo 86, apartados 1 y 2, LJCA ) y Caixabank, S.A., se encuentra legitimada para interponerlo, por haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89, apartado 1, LJCA ).

  1. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que se invocan como infringidas, que fueron tomadas en consideración en la sentencia discutida, y se justifica que las infracciones que se le imputan han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 LJCA , letras a), b), d) y e)].

  2. El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia porque la sentencia que se recurre fija, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales [ artículo 88.2.a) LJCA ], sienta una doctrina que puede resultar gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) LJCA ], afecta a un gran número de situaciones, trascendiendo al caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA ] y no existe jurisprudencia que interprete las normas en las que aquélla sustenta su razón de decidir [ artículo 88.3.a) LJCA ], justificándose suficientemente la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [ artículo 89.2.f) LJCA ].

    SEGUNDO .- 1. De las dos infracciones que se identifican en el escrito de preparación, esta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aprecia, tal y como se detalla en el siguiente razonamiento jurídico, la presencia de interés casacional objetivo en la última de ellas, la de los artículos 10 LITPAJD y 31 CE , lo que determina la admisión a trámite de este recurso de casación e impone la obligación de precisar la cuestión o cuestiones con interés casacional [ artículo 90.3, letra a ), y 4, LJCA ].

  3. La primera infracción carece de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia por las siguientes razones:

    1. La doctrina de esta Sala sobre la obligatoria aplicación por parte de la Administración tributaria de los criterios sentados en las contestaciones a consultas vinculantes es una doctrina sobradamente conocida, no necesitando de matización, concreción o precisión en relación con la eventual infracción del artículo 89 LGT que en este supuesto se denuncia.

    2. Los términos empleados por el artículo 89 LGT , al precisar los efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas, son suficientemente expresivos de su alcance, no requiriendo tampoco un pronunciamiento de esta Sala que los delimite.

    3. Las sentencias que la entidad financiera trae a colación para justificar la existencia de contradicción entre la interpretación que las mismas efectúan del precepto que se dice infringido y la que realiza la resolución que en esta sede se impugna [ artículo 88.2.a) LJCA ] tampoco permite apreciar la existencia de interés casacional objetivo en lo que a esta infracción se refiere, pues el sustrato fáctico sobre el que se produjeron esos pronunciamientos no resulta en absoluto equiparable con el que aquí concurre.

    4. La mercantil recurrente expone que la cuestión a decidir afecta a un gran número de situaciones, lo que también, a su entender, justifica la existencia de interés casacional objetivo [ artículo 88.2.c) LJCA ]. Sin embargo, para apreciar la presencia de esta circunstancia de interés casacional se debe atender de forma prioritaria a la virtualidad expansiva de la doctrina sentada por la sentencia recurrida, lo que en el caso de autos no se concreta.

    5. La cuestión referente a la obligatoria aplicación por parte de la Administración tributaria de los criterios sentados en las contestaciones a consultas vinculantes figura, efectivamente, en el escrito de demanda, pero como un argumento más para justificar la forma en que debió determinarse la base imponible del ITPAJD en la dación en pago cuestionada.

    TERCERO .- 1. Esta Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado que la cuestión planteada en este recurso de casación [si la base imponible en los supuestos de dación en pago se ha de corresponder con el valor real del bien inmueble que resulta adjudicado o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda que con la transmisión de aquél se extingue] presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, al darse las circunstancias recogidas en las letras a ), b ) y c) del artículo 88.2 LJCA , como también la presunción de la letra a) del apartado 3 de dicho precepto, que aquí también se invocan [ vid. autos de 18 de octubre de 2017 (RCA/2774/2017; ES:TS:2017:9784A); 24 de octubre de 2017 (RCA/3256/2017; ES:TS:2017:12234A ) y 15 de enero de 2018 ( RRCA/4768/2017, ES:TS:2018:171A y 5008/2017, ES:TS :2018:163A)], por lo que resulta evidente que, suscitándose idéntica cuestión, el presente recurso de casación también ha de ser admitido a trámite.

    2 Es notorio, por tanto, el interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia que reúne este recurso, pues para una situación igual existen soluciones jurisdiccionales contradictorias [ artículo 88.2.a) LJCA ], siendo evidente que la adoptada en la sentencia impugnada puede resultar gravemente dañosa para el interés general [ artículo 88.2.b) LJCA ] y afectar potencialmente a un gran número de situaciones, si se generaliza la doctrina que propugna [ artículo 88.2.c) LJCA ]. Además, esta cuestión no ha sido abordada por el Tribunal Supremo, por lo que se halla también presente el interés casacional objetivo que el artículo 88.3.a) LJCA presume, haciéndose, así, necesario un pronunciamiento que la esclarezca definitivamente.

    CUARTO .- 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA , en relación con el artículo 90.4 LJCA , procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al ITPAJD, la base imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

  4. El precepto legal que en principio será objeto de interpretación es el artículo 10 LITPAJD .

    QUINTO .- Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 LJCA , este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

    SEXTO .- Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 LJCA , y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 LJCA , remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

    Por todo lo anterior,

La Sección de Admisión acuerda:

  1. ) Admitir el recurso de casación RCA/4812/2017, preparado por el procurador don Javier Segura Zariquiey, en representación de Caixabank, S.A., contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2017 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 21/2016 .

  2. ) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

    Determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

  3. ) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

  4. ) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

  5. ) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

  6. ) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.

    Así lo acuerdan y firman.

    D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, presidente Dª. Celsa Pico Lorenzo

    D. Emilio Frias Ponce D. Jose Antonio Montero Fernandez

    D. Jose Maria del Riego Valledor

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