ATS, 18 de Enero de 2018
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2018:268A |
| Número de Recurso | 16/2018 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Enero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo
Contencioso-Administrativo
Sección: QUINTA
A U T O
Fecha Auto: 18/01/2018
PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1
Fallo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde
Procedencia: TRIBUNAL SUPREMO. SALA 3ª. SECCIÓN 5ª.
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
Escrito por: Ppt
Nota:
REC.ORDINARIO(c/a) Num.: 16
Ponente Excmo. Sr. D.: Rafael Fernandez Valverde
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Pera Bajo
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: QUINTA
A U T O
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Jose Manuel Sieira Miguez
Magistrados:
D. Rafael Fernandez Valverde
D. Octavio Juan Herrero Pina
D. Juan Carlos Trillo Alonso
D. Wenceslao Francisco Olea Godoy
D. Cesar Tolosa Tribiño
En la Villa de Madrid, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho.
ÚNICO.- Por la procuradora de los Tribunales Dª. Esther Pérez-Cabezos y Gallego, en nombre y representación de D. Estanislao , se interpone recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de diciembre de 2017, por el que se acordó no conceder el indulto solicitado en el expediente NUM000 , en relación con la ejecutoria 46/2013 de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección primera, tramitada como consecuencia de la sentencia dictada el 28 de diciembre de 2012 (procedimiento abreviado 38/2012), por la que se condena al recurrente como autor de un delito de falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, a las penas de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 meses a razón de cinco euros de cuota diaria, con 3 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por tiempo de dos años; solicitando en otrosí, al amparo del artículo 135.1 y concordantes de la Ley reguladora de esta jurisdicción , y 24.1 de la C . E., la suspensión de la ejecución de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde ,
La parte recurrente fundamenta la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado alegando graves perjuicios de imposible reparación de carácter personal, familiar y profesional, concurriendo los requisitos del artículo 135 de la LRJCA , y añadiendo que la adopción de esta medida cautelarísima no afecta al interés público.
La solicitud de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto impugnado se formula al amparo de las previsiones del art. 135 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , lo que exige examinar, en primer lugar, si concurren las circunstancias exigidas al efecto en el número 1 de dicho precepto, que justifiquen la adopción de la resolución procedente inaudita parte, pues, en caso contrario y como establece el número 2, el incidente habrá de tramitarse por el procedimiento ordinario.
El referido precepto procesal permite la adopción de medidas cautelares, sin oír a la parte contraria, cuando concurran circunstancias de especial urgencia, es decir, circunstancias que pongan de manifiesto que, caso de seguir la tramitación ordinaria del incidente, prevista en el art. 131, la adopción de la medida cautelar resultaría ineficaz, ante una ejecución inmediata y difícilmente reversible del acto impugnado.
Son, fundamentalmente, estas dos circunstancias, inmediatez de la ejecución del acto y dificultad o imposibilidad de reversión de la misma, las que justifican, en su caso, que el interesado acuda diligentemente a la adopción de la medida cautelar con carácter de urgencia, en cuanto la tutela cautelar de las pretensiones del recurrente podría verse perjudicada o dificultada notablemente si, atendida la naturaleza y alcance del acto impugnado, hubiera de aguardarse, para su adopción, a la tramitación ordinaria del incidente cautelar.
Pues bien, en este caso no solo no se acredita la concurrencia de estas circunstancias sino que la parte fundamenta su solicitud en razón de las condiciones genéricas de graves perjuicios de imposible reparación y apariencia de buen derecho, que pueden servir de fundamento para la tramitación ordinaria de este incidente de medidas cautelares, pero no para la adopción de la medida solicitada inaudita parte. Tampoco la escueta referencia de los hechos pone de manifiesto la urgencia de la medida, mas aún cuando ni siquiera ahora se alude a una inmediata ejecución del acuerdo o materialización del cumplimiento de la condena impuesta, refiriéndose la parte, de manera indefinida, a la posibilidad del que haya comenzado la ejecución del acto administrativo.
Todo ello lleva a considerar que en este caso no concurren las circunstancias de urgencia a que se refiere el número 1 del art. 135 de la Ley Jurisdiccional y, en consecuencia, como dispone el número 2 del mismo, procede ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al art. 131 de la misma Ley .
Ordenar la tramitación de este incidente cautelar por el procedimiento ordinario previsto en el art. 131 de la Ley de la Jurisdicción , al no concurrir las circunstancias para su tramitación de urgencia.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
