ATS, 30 de Mayo de 2017

Por el Juzgado de lo Social Nº 8 de los de Sevilla se dictó sentencia en fecha 18 de diciembre de 2013 , en el procedimiento nº 418/13 seguido a instancia de Dª Leticia contra PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A., D. Jaime (ADMINISTRADOR CONCURSAL DE PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A.), ISS FACILITY SERVICES, S.A., PARQUE ISLA MÁGICA, S.A., sobre despido, que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por PARQUE ISLA MÁGICA, S.A., estimaba parcialmente la pretensión formulada.

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A., siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 26 de noviembre de 2015 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

Por escrito de fecha 30 de marzo de 2016 se formalizó por el Letrado D. Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, en nombre y representación de PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada. Y por escrito de fecha 20 de junio de 2016 y para actuar ante esta Sala se designó al Procurador D. Jorge Deleito García.

Esta Sala, por providencia de fecha 15 de diciembre de 2016 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ) y 17/06/2014 (R. 2098/2013 ).

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).

Se recurre en casación para la unificación de doctrina la sentencia de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 26 de noviembre de 2015, R. Supl. 2940/2014 , que desestimó el recurso de suplicación interpuesto por la mercantil Piamonte Servicios Integrales S.A. y confirmó la sentencia de instancia, que había declarado la improcedencia del despido de la trabajadora, condenando a Piamonte Servicios Integrales S.A. a las consecuencias del mismo, y absolviendo a ISS Facility Services S.A. y a Parque Isla Mágica S.A.

La mercantil Piamonte Servicios Integrales tenía suscrito con Parque Isla Mágica S.A. un contrato que adjudicaba los servicios de limpieza de edificios, limpieza viaria, tratamientos de desinfección, desratización y desinsectación del parque Temático Isla Mágica, que tras varias prórrogas, finalizó el 28 de febrero de 2013.

La actora tenía suscrito un contrato de trabajo con Piamonte Servicios Integrales S.A., con categoría de limpiadora, prestando su actividad en las instalaciones de la mercantil Parque Isla Mágica S.A.

El 1 de marzo de 2013 Parque Isla Mágica S.A. comunicó por escrito a Piamonte la adjudicación del contrato de instalaciones electromecánicas y de limpieza a la mercantil ISS Facility Services S.A. Piamonte comunicó a la actora que desde el 28 de febrero de 2013 dejaba de ser adjudicataria del contrato de limpieza de Isla Mágica, y que la trabajadora pasaría a estar integrada en la nueva adjudicataria ISS Facility, desde la misma fecha, con arreglo al art. 12 del Convenio de aplicación.

ISS Facility solicitó de Piamonte Servicios Integrales como empresa saliente, la documentación de subrogación relativa a los trabajadores, de acuerdo con el art. 12 del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla , y Piamonte remitió el 23 de febrero de 2013, por correo electrónico los TC1 de los seguros sociales, y TC2 del personal de mantenimiento y limpieza, los listados del personal adscrito al servicio de mantenimiento y limpieza, y lista de material y maquinaria necesarios, con oferta de venta. Junto con la documentación indicada Piamonte hizo entrega a ISS Facility de un certificado de fecha 12 de noviembre de 2012 expedido por el administrador concursal de Piamonte, en el que hacía constar que desde la declaración de concurso, hasta el día de la fecha, Piamonte se encontraba al corriente de sus obligaciones de pago, tanto con la Tesorería General de la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria. Al anterior certificado se acompañó un certificado de situación de cotización expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se hacía constar que la mercantil Piamonte Servicios integrales S.A. mantenía una deuda con la Seguridad Social de 624.446,02 €, expedido el 12 de septiembre de 2012, indicando que la cantidad referida formaba parte de los créditos concursales.

El 7 de marzo de 2013 ISS Facility comunicó a Piamonte que no procedería a subrogar al personal de limpieza que prestaba servicios en tal mercantil por cuanto que junto con la documentación no se acompañaba el certificado del organismo competente de estar aquella al corriente de pago de la Seguridad Social.

ISS Facility Services comunicó por escrito a la actora que no procedía a subrogarla por haber dejado de aportar la mercantil Piamonte, la totalidad de la documentación exigible y en particular el certificado del organismo correspondiente, de encontrarse al corriente en el pago de la Seguridad Social. Piamonte Servicios Integrales S.A. fue declarada en situación de concurso en julio de 2012. Dicha mercantil destinaba para el desempeño del servicio de limpieza adjudicado, a un total de 18 personas, sin que ninguna de ellas pasara a prestar sus servicios para ISS Facility, que para dicho desempeño procedió a realizar nuevas contrataciones.

La sentencia de suplicación ahora impugnada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de 26 de noviembre de 2015 (R. Supl. 2940/2014 ), desestima el recurso de Piamonte, siguiendo el criterio ya establecido en una sentencia previa dictada respecto de idéntica cuestión, razonando que estamos ante un supuesto de sucesión de contratas de limpieza sujeto a lo previsto en el Convenio Colectivo Provincial del Sector de Limpieza y que, por tanto, hay que estar a lo pactado y en concreto, a lo dispuesto en el art. 12 de dicho convenio que exige para que se produzca la subrogación que la empresa saliente proporcione a la entrante el "certificado de organismo competente de estar al corriente en el pago de la Seguridad Social", quedando en otro caso los trabajadores vinculados laboralmente a la empresa saliente. En este caso, consta acreditado que la empresa entrante solicitó de la saliente la aportación de la documentación exigida por el Convenio Colectivo y que Piamonte le hizo entrega de un certificado de situación de cotización expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se hacía constar que Piamonte Servicios Integrales S.A. mantenía una deuda con la Seguridad Social de 624.446,02 €. concluye la Sala que no consta por tanto la requerida certificación de estar al corriente de pago que exige el Convenio Colectivo, con independencia del tratamiento legal que hayan de tener las deudas anteriores a la declaración de concurso, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el propio precepto convencional en el sentido de entender que los trabajadores que estuvieran desempeñando su trabajo en el centro, no quedarán desvinculados laboralmente de la empresa saliente, a la que seguirán perteneciendo jurídicamente a todos los efectos.

Recurre Piamonte en casación para la unificación de doctrina alegando en preparación que existe identidad entre lo ocurrido en el supuesto de hecho de la sentencia recurrida y aquellos a los que se refieren las sentencias que cita de contraste, porque en todos ellos la empresa saliente suministraba a la nueva adjudicataria la documentación básica necesaria para proceder a la subrogación convencional de los trabajadores, la cual no los subrogó, declarándose en las de contraste la existencia de subrogación incluso con la entrega de documentación incompleta por la empresa saliente. Dicho escrito de preparación centra el núcleo de la contradicción en el incumplimiento de los deberes de entrega a la mercantil adjudicataria del servicio, que le imponen el art. 12 del Convenio Colectivo .

Sin embargo, en el escrito del recurso plantea dos puntos de contradicción: el primero para insistir en la obligación de la entrante de subrogarse en los contratos de trabajo, si la saliente cumplió el deber de proporcionar a la nueva empresa la documentación prevista en el convenio colectivo, con sentencia de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de junio de 2010 (R. 341/2010 ); y el segundo referido al deber de subrogación de la entrante cuando la empresa anterior no ha dado cumplimiento a las exigencias del convenio por no estar al corriente de la cotizaciones a la Seguridad Social, siendo en este caso la sentencia indicada como referencial la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de septiembre de 2012 (R. 3505/2012 ).

El carácter excepcional del recurso que ahora nos ocupa y que supone que el conocimiento del asunto se realice por un tercer órgano judicial de cuya resolución queda pendiente la firmeza de la sentencia impugnada, determina la exigencia de congruencia entre los escritos de preparación y de formalización, de suerte que el segundo no puede establecer cuestiones distintas de las indicadas en el primero como núcleo de la contradicción.

Y es claro que nada decía la empresa recurrente al preparar su recurso sobre el deber de estar al corriente de la Seguridad Social a los efectos de la sucesión prevista en el convenio colectivo. Por el contrario, allí se limitaba a afirmar que había cumplido los requisitos legalmente exigidos de entrega de la documentación básica necesaria para proceder a la subrogación convencional. El motivo de contradicción formulado en el escrito de preparación del recurso se adecua al primer punto del escrito de interposición, pero no al segundo, referido al deber de estar al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social, que en el de preparación no aparecía mencionado; debiendo por ello apreciar el defecto señalado pues, de acuerdo con lo previsto en el art. 221.2 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dicho escrito deberá exponer cada uno de los extremos del núcleo de la contradicción, determinando el sentido y alcance de la divergencia existente entre las resoluciones comparadas, en atención a la identidad de la situación, a la igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones y a la diferencia de pronunciamientos; y el apartado 4 del mismo artículo señala que las sentencias que no hayan sido objeto de expresa mención en el escrito de preparación no podrán ser posteriormente invocadas en el escrito de interposición. Señalando el art. 225.4 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que son causas de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para preparar el recurso.

Con lo cual la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social viene a recoger el criterio sostenido por la Sala Cuarta al amparo de la normativa anterior en SSTS, entre otras muchas, de 06/10/2009 (R. 3085/2008 ), 12/07/2011 (R. 2833/2010 ) y las posteriores de 12/07/2012 (R. 2833/2010 ), 23/04/2013 (R. 622/2012 ) y 02/07/2013 (R. 2597/2012 ), conforme al cual el escrito de preparación del recurso ha de exponer el núcleo básico de la contradicción y citar la sentencia o sentencias de contraste, de modo que si bien no será necesario efectuar en dicho escrito "el análisis comparativo de las identidades que constituyen el ámbito propio de la relación precisa y circunstanciada del escrito de interposición", sí se "deberá identificar tanto el núcleo básico de la contradicción, que la Sala ha definido como la determinación del objeto y el sentido de la divergencia entre las resoluciones comparadas, como las sentencias concretas que se tienen por contradictorias". El mismo criterio doctrinal se mantiene en los AATS, entre otros muchos, de 17/01/2013 , 04/06/2013 y 11/09/2013 ( R. 88/2012 , 17/2013 y 80/2012 ).

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Sala ceñirá el juicio de contradicción a la primera sentencia de contrate del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 9 de junio de 2010 (R. Supl. 341/2010 ). Dicha sentencia examina el despido de una trabajadora que había prestado servicios para Svin Servicios, vinculada a una contrata de limpieza de varias comunidades de propietarios. Cuando finalizó la contrata con varias de esas comunidades, la nueva contratista Gestión Integral de Comunidades El Sol S.L. no se subrogó en su contrato, razón por la cual la actora dejó de trabajar a tiempo completo, para pasar a hacerlo a tiempo parcial.

La sentencia de contraste desestima el recurso de suplicación interpuesto por Gestión Integral frente a la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido y condenó a dicha empresa a las consecuencias derivadas de ello. La sentencia razona que de acuerdo con el criterio sentado por la propia Sala de suplicación en interpretación del art. 29 del Convenio colectivo provincial de Zaragoza de limpieza de edificios y locales, no todo incumplimiento de los deberes impuestos por el convenio impide la sucesión empresarial, de forma que, aun cuando la documentación no esté completa, la subrogación puede operar "siempre que no se trate de documentación imprescindible para informar sobre las circunstancias profesionales de los trabajadores afectados y para justificar que se han atendido sus obligaciones dinerarias y de la Seguridad Social". En el caso enjuiciado se declara probado que la empresa entrante tenía un conocimiento cabal de las circunstancias esenciales relativas a la trabajadora demandante, con la que se había entrevistado su representante legal, lo que justifica el fallo alcanzado.

Es claro que la contradicción no puede ser apreciada porque de acuerdo con el art. 219 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , la concurrencia de dicho presupuesto requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ), 17/06/2014 (R. 2098/2013 ) y 04/02/2015 (R. 96/2014 ).

De la comparación efectuada se deduce que los Convenios colectivos son distintos -el del sector de limpieza de edificios y locales de Sevilla y provincia en la recurrida, y el provincial de Zaragoza de limpieza de edificios y locales en la de contraste - y no consta que sus regulaciones sean equiparables; no siendo tampoco los mismos los requisitos documentales omitidos en cada caso, porque si en la recurrida consiste en la certificación del organismo competente -en este caso, la Tesorería General de la Seguridad Social- de estar al corriente con la Seguridad Social, en la de contraste se trata de los datos relativos a la existencia de la trabajadora demandante y de su prestación de servicios en la contrata.

Por providencia de 15 de diciembre de 2016, se mandó oír a la parte recurrente dentro del plazo de cinco días, y en aplicación de lo que dispone el artículo 225.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , al apreciar la Sala la eventual existencia de causa de inadmisión por posible falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación, al no concurrir las identidades del art. 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y respecto del segundo motivo, por no establecer en el escrito de preparación del recurso el núcleo de contradicción.

La parte recurrente, en su escrito de 17 de enero de 2017 considera que concurre entre las sentencias los puntos de identidad suficientes para la admisión del recurso, tratándose de una situación idéntica que afecta a dos trabajadores del sector de la limpieza que han sufrido un cese debido a una nueva adjudicación. En cuanto al segundo punto de contradicción considera la parte recurrente que ha cumplido lo estipulado en el art. 221.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , al exponer sucintamente cada uno de los extremos del núcleo de contradicción.

Sin embargo los argumentos expuestos por la misma no desvirtúan en modo alguno las consideraciones que se hacen en los razonamientos previos de esta resolución, por lo que, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, con imposición de costas a la parte recurrente, dándose, en su caso, a las consignaciones y aseguramientos prestados el destino que corresponda de acuerdo con la sentencia de suplicación.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.