STS 330/2017, 24 de Mayo de 2017

1.- D. Carlos Alberto , Procurador de los Tribunales actuando en su propio nombre, derecho y representación, interpuso demanda de juicio ordinario contra don Anselmo , doña Inmaculada , (fallecida, herencia yacente, en rebeldía), doña Sacramento , doña Belinda , don Felipe , don Leon , doña Juliana , don Segismundo , don Juan Manuel , don Braulio , don Felicisimo , don Leoncio , doña Adelaida , doña Emilia , doña Melisa , don Victorino , don Abelardo , doña Daniela , doña Marcelina , doña Victoria , don Eladio y doña Constanza , representados por el procurador de los Tribunales don Pablo Hernáiz Pascual, doña Adolfina (fallecida, herencia yacente en rebeldía), doña Natividad , don Mario , don Romeo y doña Marisol y, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara

..Sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, se condene a pagar a mi mandante las siguientes cantidades:

1º.- A D.º Anselmo , la cantidad de 19.109'61.- Euros;

»2º.- A D.ª Inmaculada , la cantidad de 15.119'18.- Euros;

»3º.- A D.ª Sacramento , la cantidad de 8.021'53.- Euros;

»4º.- A D.ª Belinda , la cantidad de 8.021'53.- Euros;

»5º.- A D.º Felipe , la cantidad de 7.094'17.- Euros;

»6º.- A D.º Leon , la cantidad de 44.228'62.- Euros;

»7º.- A D.ª Juliana , la cantidad de 44.785'15.- Euros;

»8º.- A D.º Segismundo , la cantidad de 17.716'90.- Euros;

»9º.- A D.º Juan Manuel , la cantidad de 49.425'18.- Euros;

»10º.- A D.º Braulio , la cantidad de 6.583'82.- Euros;

»11º.- A D.º Felicisimo , la cantidad de 17.716'90.- Euros;

»12º.- A D.º Leoncio , la cantidad de 29.708'83.- Euros;

»13º.- A D.ª Adelaida , la cantidad de 22.402'43.- Euros;

»14º.- A D.ª Emilia , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»15º.- A D.ª Melisa , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»16º.- A D.º Victorino , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»17º.- A D.º Abelardo , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»18º.- A D.ª Daniela , la cantidad de 15.165'50.- Euros;

»19º.- A D.ª Marcelina , la cantidad de 6.583'82.- Euros;

»20º.- A D.ª Victoria , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»21º.- A D.º Eladio , la cantidad de 4.868'26.- Euros;

»22º.- A D.ª Natividad , la cantidad de 2.334'94.- Euros;

»23º.- A D.ª Constanza , la cantidad de 2.334'94.- Euros;

»24º.- A D.º Mario , la cantidad de 1.806'39.- Euros

»25º.- A D.ª Adolfina , la cantidad de 1806'39.- Euros;

»26º.- A D.ª Romeo , la cantidad de 1.806'39.- Euros;

»27º.- A D.ª Marisol , la cantidad de 1.806'39.- Euros;

»más los intereses legales correspondientes, con expresa imposición de las costas.»

2. - Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de los demandados don Anselmo , doña Sacramento , doña Belinda , don Felipe , don Leon , doña Juliana , don Segismundo , don Juan Manuel , don Braulio , don Felicisimo , don Leoncio , doña Adelaida , doña Emilia , doña Melisa , don Victorino , don Abelardo , doña Daniela , doña Marcelina , doña Victoria , don Eladio y doña Constanza , doña Natividad , don Mario , don Romeo y doña Marisol contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para concluir solicitando que dicte:

   Sentencia desestimando íntegramente la misma, con imposición al demandante de las costas causadas.

3. - Por providencia de fecha 2 de diciembre de 2010 se acordó declarar en rebeldía a las demandadas: Herencia yacente y herederos legales de doña Inmaculada y Adolfina .

4. - Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas, la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Boltaña, dictó sentencia con fecha 11 de noviembre de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   DESESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Recreo, en su propio nombre y representación, frente a Anselmo , Inmaculada , Sacramento , Belinda , Felipe , Leon , Juliana , Segismundo , Juan Manuel , Braulio , Felicisimo , Leoncio , Adelaida , Emilia , Melisa , Victorino , Abelardo , Daniela , Marcelina , Victoria , Eladio , Natividad , Constanza , Mario , Adolfina , Romeo y Marisol , y, en consecuencia, ABSUELVO a los demandados de todos los pedimentos efectuados de contrario.

   Sin expresa imposición de costas.»

Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la actora, y sustanciada la alzada, la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Huesca, dictó sentencia con fecha 17 de diciembre de 2014 , cuyo Fallo es como sigue:

FALLAMOS: Desestimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el demandante Carlos Alberto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Boltaña en los presentes autos, así como confinar dicha resolución. Asimismo, omitimos un pronunciamiento particular sobre las costas causadas en esta alzada, si bien condenamos al expresado apelante a la pérdida del depósito en su día constituido para recurrir.

El procurador don Carlos Alberto , actuando en su propio nombre, derecho y representación, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación.

El primero de dichos recursos se fundamenta en los siguientes motivos:

1. - Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1- 2 ° y 4° LEC , por infracción de los artículos 218, 1 ° y 2° de la misma Ley en relación con el artículo 24 CE .

2. - Al amparo del artículo 469.1.2.º LEC , se plantea por vulneración del artículo 218.2.º LEC , por incongruencia y falta de exhaustividad.

3. - Al amparo del artículo 469.1.4.° LEC por infracción del artículo 24 CE derivado de error patente en la valoración de la prueba.

4. - Al amparo del artículo 469.1.4.° LEC por infracción del articulo 218, 1 .° y 2.° de la misma Ley ,

5. - Al amparo del artículo 477 LEC , por infracción de jurisprudencia.

Por su parte, el recurso de casación se formula al amparo del artículo 477.2.3.º LEC , por interés casacional, por un solo motivo que contiene varios submotivos denunciando la infracción del Real Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre, modificado por Real Decreto 1/2006 de 13 de enero, así como la aplicación indebida de normas como el Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo y otras que no estaban en vigor, como la Ley 17/2009 de 23 de noviembre y la Ley 25/2009 de 22 de diciembre en relación con el artículo 2, apartados 1 y 3 CC , sobre la entrada en vigor de las normas y el principio de irretroactividad y el artículo 24 CE .

Por esta Sala se dictó auto de fecha 8 de febrero de 2017 por el que se acordó la admisión de ambos recursos, así como dar traslado de los mismos a la parte recurrida, habiéndose opuesto a su estimación , Procurador de los Tribunales en nombre y representación de don Anselmo y otros, representados por el procurador don Pablo Hernáiz Pascual.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública ni estimándola necesaria este Tribunal, se señaló para votación y fallo del recurso el día 16 de mayo de 2017, en que ha tenido lugar.

Don Carlos Alberto , procurador de los tribunales, presentó ante los Juzgados de Primera Instancia de Boltaña demanda contra don Anselmo y otros, en reclamación de cantidad por derechos devengados en virtud de su actuación profesional al representar a los demandados en la primera instancia del juicio ordinario n.° 18/2007, seguido ante el Juzgado n.º 1 de dicha ciudad contra la entidad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A. Reclamaba en tal concepto la cantidad de 352.788, 20 euros, IVA al 16 % incluido, que era la prevista en el arancel, dado que la cuantía del proceso alcanzaba la cantidad de 84.349.243,59 euros.

La oposición contra dicha demanda se centró fundamentalmente en el hecho de que los derechos de dicho procurador habían sido satisfechos por sus representados en cantidad de 18.000 euros más IVA, lo que se hizo de común acuerdo. En primera instancia se desestimó la demanda por tal razón.

Recurrió en apelación el demandante. La cuestión principal que se debatió en la segunda instancia es si para calcular los derechos que el procurador puede reclamar de su poderdante por su intervención en el proceso debe aplicarse o no el vigente arancel, aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, y modificado por Real Decreto 1/2006, de 13 de enero, sin olvidar la incidencia del Real Decreto Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, cuya Disposición Adicional Única también afecta al arancel en cuanto limita hasta un máximo de 300.000 euros la cuantía global por derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, actuación o proceso, aparte de regular la base para el cálculo de los derechos del procurador que se devenguen en los procesos concursales.

La Audiencia Provincial de Huesca dictó sentencia de fecha 17 de diciembre de 2014 por la que desestimó el recurso. En dicha sentencia se llega a la conclusión de que el arancel de procuradores se encuentra afectado por diversas normas de rango superior, en referencia a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de cuyas disposiciones se desprende la falta de obligatoriedad del arancel de procuradores en la relación entre el profesional y el cliente, fuera del ámbito de la tasación de costas, como en el caso que nos ocupa, pero no se aplican al reconocer la Audiencia que tales disposiciones han sido promulgadas con posterioridad.

Sostiene la Audiencia que

la falta de prueba de cualquier tipo de pacto sobre el importe de los derechos u hoja de encargo por la prestación de los servicios profesionales del Procurador demandante nos debería llevar a aplicar el precio medio de mercado con arreglo a la estimación pericial de un técnico en la materia, que en el caso hay que entender que no se ha practicado, ya que, aunque sí consta el informe colegial unido a las actuaciones, ello no soluciona la controversia ya que se remite al Arancel, cuya falta de obligatoriedad ya hemos concluido anteriormente. Todo ello nos debe llevar a decidir si la actividad profesional desarrollada por el apelante merece una remuneración superior a la que ha sido considerada por la Sra. Juez de Primera Instancia, que hay que entender que en este caso ha sido de 18.000 euros más I.V.A. porque, si bien la Sentencia apelada ha sido íntegramente desestimatoria de la demanda, ello ha sido teniendo en cuenta la cantidad que el hoy apelante ya recibió en su día, tal y como se desprende de la prueba documental, y que por tanto no puede volver a reclamar a sus representados

.

Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por el demandante, alegando la existencia de interés casacional ( artículo 477.2.3º LEC ).

Recurso extraordinario por infracción procesal

El primer motivo se formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1 2 .° y 4.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciando la parte recurrente, por infracción procesal, «la vulneración de los artículos 218, 1 .° y 2.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución , en su vertiente del derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, al entender que la sentencia recurrida no supera el test de razonabilidad jurídica, por aplicación arbitraria de la legalidad».

Alude a la doctrina del Tribunal Constitucional de la que deduce como exigencia:

1. en primer lugar, que la resolución esté motivada, es decir, contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, cosa que sin lugar a dudas concurre en el presente caso siquiera con carácter mera y realmente aparente; y

2. en segundo lugar, que la motivación contenga una fundamentación en Derecho, esto es, no acoja una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, y no incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia y eso es lo que ocurre en el presente caso.

No obstante, tal planteamiento no resulta acorde con la naturaleza de los recursos extraordinarios de que se hace uso. Existiendo adecuada motivación en la sentencia impugnada, en cuanto pone de manifiesto las razones fácticas y jurídicas por las cuales la Audiencia resuelve en la forma en que lo hace, resulta necesario aclarar que la tutela judicial efectiva a la que remite ( artículo 24 CE ) el apartado 4.º del artículo 469.1 LEC , al señalar los motivos de infracción procesal, hace referencia al aspecto instrumental del proceso y no al tratamiento de la cuestión de fondo, por lo que si la parte entiende que se ha producido una «aplicación arbitraria de la legalidad» el lugar adecuado para denunciarla no es el recurso por infracción procesal, sino el recurso de casación en cuanto versa sobre infracción de normas aplicables para la resolución del proceso ( artículo 477.1 LEC ).

Por ello el motivo ha de ser rechazado.

El segundo motivo, al amparo del artículo 469.1.2.º LEC , se plantea por vulneración del artículo 218.2.º LEC por incongruencia y falta de exhaustividad al no pronunciarse la Audiencia sobre la aplicabilidad o no al caso del límite de 300.000 establecido en la D.A. Única del Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo.

El motivo ha de ser desestimado ya que la Audiencia ha considerado razonablemente que resulta innecesario pronunciarse sobre la aplicabilidad de dicha norma, que evidentemente está relacionada con la aplicación del Arancel, cuando entiende que este último no es vinculante en el caso presente. La sentencia de apelación ha de dar respuesta al recurso en el sentido de confirmar o revocar, en todo o en parte, la sentencia recurrida resolviendo -como segunda instancia- el proceso con plenitud de conocimiento y con las únicas limitaciones señaladas por el propio alcance de las peticiones del recurso y la prohibición de la reforma peyorativa, sin que dicha sentencia, dictada en apelación, incurra en defecto procesal por falta de exhaustividad por el mero hecho de no dar respuesta a alguna de las alegaciones de la parte recurrente cuando no resulten trascendentes para la resolución finalmente adoptada y debidamente motivada.

El tercer motivo se formula al amparo del artículo 469.1.4.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia el error patente de la sentencia recurrida en la valoración de la prueba pericial practicada, al ser «ilógica, irracional e insostenible», porque la Audiencia no la tiene en cuenta en la determinación de los honorarios profesionales, desestimando la misma de manera no ajustada a derecho, siendo dicha prueba pericial el dictamen emitido por el Colegio de Procuradores de Huesca. Cita como infringido el artículo 348 LEC .

El motivo se desestima. El artículo 348 LEC dispone que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica; pero antes, el artículo 335 de la misma ley nos dice que se acudirá al dictamen de peritos «cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos», por lo que no cabe atribuir en el caso presente al dictamen del Colegio de Procuradores la condición de dictamen pericial en cuanto se refiere a la aplicación de normas jurídicas, cuya determinación, interpretación y aplicación corresponde al propio tribunal.

En el motivo cuarto se cita como infringido el articulo 218, 1 .° y 2.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al amparo del artículo 469.1.4.°, y se denuncia la falta de congruencia -en su modalidad omisiva- de la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca «con infracción del artículo 218 de la Ley de Ritos , teniendo transcendencia constitucional por entrañar una infracción del artículo 120, 3° de la Constitución Española y también una conculcación del derecho fundamental a la tutela efectiva, que consagra el artículo 24, 1° de la Constitución Española ».

Mediante este motivo se denuncia, según afirma la parte recurrente, que la sentencia impugnada ha incurrido en «infracción, por aplicación indebida de una norma que no era aplicable al caso objeto de la litis como es el Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo, que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Boltaña estima aplicable y aplica, pero la Audiencia Provincial de Huesca no se pronuncia sobre su aplicabilidad o no incurriendo en incongruencia omisiva».

Con independencia de que no se trataría de un supuesto de incongruencia omisiva -ya que se ha resuelto sobre las pretensiones formuladas- sino, en su caso, de falta de exhaustividad, la parte viene a reproducir ahora la misma cuestión planteada en el motivo segundo, por lo que hemos de remitirnos a lo razonado con ocasión del mismo para su desestimación.

Por último, el motivo quinto resulta claramente inadmisible desde su propia formulación ya que se refiere a cuestiones sustantivas o de fondo propias del recurso de casación e incluso se fundamenta en el artículo 477 LEC , que se refiere a dicho recurso y no al que procede por infracción procesal.

Recurso de casación

El recurso de casación interpuesto, por interés casacional, al amparo del artículo 477.2.3.º LEC se compone de un único motivo, que a su vez, de subdivide en varios submotivos. En el submotivo primero se alega la infracción por inaplicación de Real Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre, modificado por Real Decreto 1/2006 de 13 de enero, así como la aplicación indebida de normas como el Decreto-Ley 5/2010, de 31 de marzo y otras que no estaban en vigor, como la Ley 17/2009 de 23 de noviembre y la Ley 25/2009 de 22 de diciembre en relación con el artículo 2, apartados 1 y 3 CC , sobre la entrada en vigor de las normas y el principio de irretroactividad y el artículo 24 CE .

Hemos de partir de lo afirmado por la sentencia de apelación -que en este sentido ratifica lo razonado en la primera instancia - al sentar que el demandante recibió en su día de sus clientes la cantidad de 18.000 euros más IVA, pero sin que ello significara una liquidación final de la retribución que debería percibir por su labor profesional, sin que conste acreditado que el demandante pactara con sus clientes que ésta u otra debiera ser la cantidad a percibir por su trabajo, para lo cual evidentemente cabe libertad de pacto sin sujeción estricta a lo establecido en el arancel. Lo realmente trascendente es determinar si, no existiendo pacto sobre la retribución a percibir de los propios clientes, se impone la aplicación del arancel o cabe que el tribunal valore según su criterio si la cuantía derivada del mismo resulta excesiva y aplique por ello la que considere oportuna. Esto es lo que sucede en el caso de los honorarios de letrado, pero en tal caso no existe norma legal alguna que fije la retribución procedente, al contrario de lo que ocurre con los derechos de los procuradores.

En este sentido no puede ser compartida la solución adoptada por la Audiencia, en el sentido de que, como no se pactó la cantidad a percibir, habría que acudir a una valoración pericial de los servicios cuando precisamente ha sido el legislador el que ha precisado la cuantía correspondiente a los mismos, careciendo de sustento lógico la afirmación de que tal aplicación del arancel únicamente pudiera hacerse efectiva para reclamar a la parte contraria como vencedor en costas, pues resulta insostenible la estricta aplicación al condenado en costas de la cuantía derivada del arancel, sin que en tal caso pudiera oponer que se trataba de una cuantía excesiva en relación con el trabajo realizado, y sin embargo tal objeción pudiera hacerla valer el poderdante. Hay que tener en cuenta además que el artículo 2 del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre , dispone que «Los derechos de arancel podrán ser objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondientes a su actuación profesional», y el ajuste de dicha limitación a la normativa de la UE ha sido declarada por la sentencia del TJUE en la citada sentencia de 8 de diciembre de 2016 .

Por ello el motivo ha de ser estimado en tanto que no resulta justificada en el caso la inaplicación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, con la consecuencia de que la sentencia recurrida ha de ser casada, asumiendo esta sala la instancia sin necesidad de examinar concretamente el resto de los motivos del recurso.

Esta sala ha dictado recientemente un auto de pleno, con fecha 15 de marzo de 2017 (Rec. Núm. 329/2013 ), en el que se abordan diversas cuestiones que interesan al presente asunto. Se plantea la sala si es posible eludir la aplicación automática del arancel de los derechos de los procuradores de los tribunales (regulado en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1/2006), y dice lo siguiente:

«Para la resolución de esa cuestión debemos partir de las siguientes consideraciones: i)La sentencia del Tribunal Constitucional 180/2013, de 6 de mayo (recurso de amparo 7128/2011 ), rechazó la doctrina del «principio de proporcionalidad» para limitar los derechos de procurador en un caso de condena en costas, establecida por sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Supremo en el auto de 19 de julio de 2011 . El Tribunal Constitucional declaró la nulidad de dicho auto con el argumento de que la sala tercera del Tribunal Supremo había llevado a cabo una interpretación contra legem al apartarse de los aranceles reglamentariamente fijados para los procuradores, lo que suponía una alteración del sistema de retribución de estos profesionales sin que el legislador hubiera modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil. No cabía deducir un "principio de proporcionalidad" de la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010, sino un "principio de limitación", esto es, en palabras del preámbulo del Real Decreto-Ley, un "tope máximo" que no ha de superar la cantidad a percibir por el procurador de los tribunales en concepto de derechos; ii) La sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2016 , en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15 , que resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia de Olot y la Audiencia Provincial de Zaragoza, declara en el punto primero: "El artículo 101 TFUE , en relación con el artículo 4 TUE , apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que somete los honorarios de los procuradores a un arancel que sólo puede alterarse en un 12 % al alza o a la baja, habiendo de limitarse los órganos jurisdiccionales nacionales a verificar su aplicación estricta, sin poder apartarse, en circunstancias excepcionales, de los límites fijados en dicho arancel".... ».

El texto de esta última sentencia fue aportado por la parte recurrente durante la sustanciación del presente recurso, concediéndose un trámite de alegaciones a la parte recurrida y quedando para el momento de la sentencia la decisión sobre su admisión, cuestión que no plantea problemática procesal alguna ya que tratándose de una sentencia dictada por el TJUE ésta sala ha de tener en cuenta su contenido sin necesidad de que sea aportada por las partes.

Sentado que las partes no hicieron uso de la facultad de reducción de la cantidad derivada de la aplicación del Arancel ( artículo 2 RD 1373/2003 ), resulta de aplicación el mismo y ha de resolverse la cuestión relativa a si en este caso regirá la limitación establecida en la Disposición Adicional Única del Real Decreto-Ley 5/2010. Dicha norma dispone que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros, regla que será de aplicación a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme. Así ocurre en el caso presente, en que la propia existencia de este proceso pone de manifiesto que tal liquidación firme no se ha producido, lo que determina la aplicación de tal limitación legal.

Esta sala, en el citado auto de 15 de marzo de 2017 , aborda el problema relativo a cómo ha de distribuirse el límite máximo de 300.000 euros entre las actuaciones de la primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios. A tales efectos dice:

Para realizar esta operación debemos partir del art. 49.1 del Real Decreto 1373/2003 , por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que establece: 1. Por la tramitación del recurso de apelación, devengará el procurador los derechos regulados en este arancel para la primera instancia, con un incremento del 20 por ciento. Este mismo incremento del 20 por ciento sobre los derechos regulados para primera instancia se aplica por el art. 51 del arancel para determinar los derechos que corresponden por los recursos extraordinarios de infracción procesal y de casación. Entendemos que la distribución de este límite máximo de 300.000 euros entre las dos instancias y los recursos extraordinarios debe realizarse de acuerdo con la proporción establecida en estos preceptos. De tal forma que: el procurador, por su actuación en primera instancia, tiene derecho a percibir un máximo de 88.200 euros (29,40% de 300.000 euros); por su actuación en segunda instancia, el procurador tiene derecho a percibir un máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros); y por su actuación en los recursos extraordinarios, tiene derecho a percibir también un máximo de 105.900 euros (35,30% de 300.000 euros)

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En el caso presente la reclamación se extiende únicamente a la actuación del procurador en la primera instancia del proceso, por lo que la cantidad máxima a reclamar según arancel -con la limitación ya señalada- sería de 88.200 euros.

Dado que ya tiene percibida la cantidad de 18.000 euros, lo que no se discute, los demandados habrían de satisfacerle la cantidad global de 70.200 euros, de los que de la que se atribuirá a cada uno de ellos la cantidad proporcional que corresponda según su interés en el proceso en la forma que viene establecida en la demanda.

La desestimación del recurso por infracción procesal determina que se impongan al recurrente las costas causadas por el mismo con pérdida del depósito correspondiente al mismo, mientras que la estimación del recurso de casación lleva consigo que no se haga especial declaración sobre costas del mismo ( artículos 394 y 398 LEC ), con devolución del depósito constituido para su interposición. La estimación parcial de la demanda da lugar a que tampoco se haga especial declaración sobre las costas causadas en ambas instancias.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución,