STS 84/2017, 24 de Febrero de 2017
| Ponente | JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR |
| ECLI | ES:TS:2017:752 |
| Número de Recurso | 20515/2016 |
| Procedimiento | Revisión |
| Número de Resolución | 84/2017 |
| Fecha de Resolución | 24 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Febrero de dos mil diecisiete.
En el recurso de revisión que ante Nos pende, interpuesto por D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar , y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , contra Sentencia núm. 502/2011, de 28 de julio de 2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada , estimatoria de un recurso de apelación formulado contra Sentencia 201/2010, de 12 de julio de 2010 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada , de la que resultaron condenados los hoy recurrentes en revisión como autores criminalmente responsables de un delito de prevaricación urbanística, del artículo 320.2 del C. penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas a cada uno de OCHO MESES DE PRISIÓN, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el cargo público de concejal y/o alcalde, por tiempo de OCHO AÑOS, los cuatro primeros, y los dos últimos a UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el cargo público de concejal y/o alcalde, por tiempo de OCHO AÑOS Y SEIS MESES, y al pago de las costas causadas en la instancia; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal, y estando los recurrentes representados por: D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar , y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime la Procuradora de los Tribunales Doña Mercedes Blanco Fernández defendidos por el Letrado Don Fabio Juan Barcelona Sánchez.
Con fecha 27 de mayo de 2016 se solicitó autorización para recurrir en revisión por las representaciones legales de los condenados D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar , Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , y D. Virgilio y D. Alejandro , contra Sentencia núm. 502/2011, de 28 de julio de 2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada , estimatoria de un recurso de apelación formulado contra Sentencia 201/2010, de 12 de julio de 2010 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada , que fue resuelta por Auto de esta Sala de fecha 29 de septiembre de 2016 , cuya Parte Dispositiva es la siguiente:
"NO AUTORIZAR la interposición del recurso de revisión promovido por la representación procesal de D. Virgilio y D. Alejandro contra la Sentencia núm. 502/11 de 28 de julio de 2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada , estimatoria de un recurso de apelación formulado contra la sentencia 201/10, de 12 de julio de 2010 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada .
AUTORIZAR la interposición del recurso de revisión promovido por la representación procesal de D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar , y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , contra la mencionada resolución."
Con fecha 7 de noviembre de 2016 tiene entrada telemática en este Alto Tribunal, escrito de los condenados D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , interponiendo recurso de revisión contra la Sentencia núm. 502/11, de 28 de julio de 2011 resolutoria del recurso de apelación contra la Sentencia núm. 201/10, de 12 de julio de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Pamplona en el P.A. 223/13, y cuyo FALLO fue el siguiente:
"Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por: la Procuradora Doña Doña Amparo Mantilla Galdón en representación de Gervasio y GENERAL DE GALERÍAS COMERCIALES, por la Procuradora Doña Aurelia García Valdecasas Luque en representación de Alejandro ; por la Procuradora Doña Cristina Barcelona Sánchez en representación de Virgilio , los de los adheridos e impugnantes Victor Manuel , Pilar , Jaime Y Cristobal , representados por la Procuradora Doña Cristina Barcelona Sánchez, y estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por el MINISTERIO FISCAL, LOS VERDES DE ANDALUCÍA, representados por la Procuradora Doña María José Sánchez León Fernández, PARTIDO POPULAR, representado por la Procuradora Doña Josefa Rubia Ascasibar y ECOLOGISTAS EN ACCION Y ADOBE, representados por la Procuradora Doña María José Sánchez Estévez contra Sentencia de fecha 12 de julio de 2010, dictada en el Rollo núm. 464/2009 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada , dimanante del P.A. núm. 1/2009 del Juzgado de Instrucción núm. 6 de Granada, y a que este Rollo se contrae, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente la resolución apelada. Y en consecuencia, CONDENAMOS a Gervasio como autor criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de un año de prisión y tres meses de prisión más la multa de dieciocho meses con cuota diaria de veinte euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para la profesión de promotor inmobiliario por tiempo de un año y tres meses.
Asimismo CONDENAMOS a Alejandro y Virgilio como autores criminalmente responsables cada uno de un delito de prevaricación urbanística del art. 320.2 del C.penal y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a las penas a cada uno de un año y tres meses de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para el cargo público de concejal y/o alcalde, por tiempo de ocho años y seis meses.
Igualmente CONDENAMOS a Victor Manuel , Pilar , Jaime y Cristobal como autores criminalmente responsables de un delito de prevaricación urbanística, del art. 320.-2 del C. penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena a cada uno de ocho meses de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación especial para el cargo público de concejal y/o alcalde, por tiempo de ocho años y al pago de 1/17 parte a cada uno de ellos de las costas causadas en la instancia, con exclusión de las devengadas por las acusaciones populares, y declarándose de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.
En cuanto que con la Construcción del Centro Comercial Nevada se ha ocupado un trozo de terreno de 1.000 m2 del camino Viejo de Alhendin, se acuerda su demolición, salvo que en ejecución de sentencia sean compensados estos metros con otros de los terrenos adyacentes.
Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia de instancia en tanto no se opongan a estos, y se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia."
El recurso de revisión se basó en el siguiente MOTIVO:
-
y único .- Vulneración de lo dispuesto en el art. 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos , ya que mis defendidos fueron condenados en la segunda instancia sin haberse celebrado vista y acudiendo a pruebas de carácter personal.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, solicitó la estimación del mismo y la consiguiente anulación de la sentencia de instancia, en base a las consideraciones expuestas en su informe de fecha 30 de noviembre de 2016; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Por Providencia de esta Sala de fecha 24 de enero de 2017, se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 1 de febrero de 2017; prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.
PRIMERO. - Solicita la representación de los condenados D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , la revisión de la Sentencia núm. 502/2011, de 28 de julio de 2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada , estimatoria de un recurso de apelación formulado contra Sentencia 201/2010, de 12 de julio de 2010 del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Granada al amparo del art. 954.3 de la LECrim . (modificado por la Ley 41/2015, de 5 de octubre) a la vista del contenido de la STEDH de 8 de marzo de 2016 dictada en el asunto Victor Manuel y otros c. España, en la que se declaró que había habido vulneración del artículo 6.1 del Convenio.
SEGUNDO. - La cuestión plantea el efecto que ha de producir en nuestro derecho las sentencias del TEDH cuando el Estado español ha sido demandado y la demanda ha sido estimada. Sobre esta cuestión si bien en su día se mantuvo que las SSTEDH tenían naturaleza declarativa y que por tanto no era posible anular la sentencia en la que se había apreciado la vulneración de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo, actualmente tras la vigencia del Protocolo nº 14 que España ha ratificado el 13 de Mayo de 2006, (publicado en el BOE el 28 de Mayo de 2010) la naturaleza vinculante de las Sentencias dictadas por el TEDH en nuestro ordenamiento jurídico está fuera de toda duda.
Hay que recordar que dicho Protocolo dio una nueva redacción al art. 46 del Convenio: "... Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en los que sean parte..." y al mismo tiempo se atribuye al Comité de Ministros un papel destacado en la superación de los obstáculos que se opongan a la efectividad de lo acordado.
Más aún, el Tribunal Constitucional, incluso ya antes de la ratificación por España del Protocolo 14 declaró que ante una violación de un derecho reconocido en el Convenio Europeo, que suponga, a su vez, una violación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución han de adoptarse las medidas que sean necesarias para corregir y reparar dicha violación. Así, la STC 240/2005 de 10 de Octubre , en sus fundamentos jurídicos quinto y sexto afirmó la idoneidad del recurso de revisión como medio específico para lograr la efectividad de los pronunciamientos del TEDH cuando aprecien vulneración sustancial del Convenio Europeo, y en tal sentido reflexionó sobre la verdadera naturaleza del llamado recurso de revisión del art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , declarando que a pesar del "nomen" de recurso, la revisión tiene un alcance más profundo desde el derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva, del que es una manifestación muy clara, porque "no es una instancia más en la que se plantea el debate fáctico o jurídico, sino un nuevo proceso derivado de una novedad extrínseca al procedimiento que constituye su objeto", y que por tanto, la denegación de acceso en tal recurso de revisión es una denegación de acceso a la jurisdicción.
Esta Sala también con anterioridad al reconocimiento normativo declaró en Auto de 29 de Abril de 2004 que "la nulidad de una Sentencia declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -pese a no tener establecido como procedimiento para la revisión- no puede ser indiferente en esta Sala casacional y ello es especialmente relevante cuando las penas impuestas en la sentencia anulada por el TEDH se encuentran pendientes de cumplimiento", concluyendo que "cabe una interpretación del art. 954.4 de la Ley de enjuiciamiento criminal en la que se considera que la supresión, por haberse declarado validante su ilicitud, de una prueba que ha sido utilizada en la sentencia condenatoria ... es un hecho nuevo que puede suponer la inocencia...". Esto supone considerar que la Sentencia del Tribunal Europeo fundamenta la revisión al ser tenido como hecho nuevo que evidencia la inocencia del condenado.
En esta nueva situación esta Sala se reunió el 21 de octubre de 2014 el Pleno no Jurisdiccional de la Sala para abordar esta cuestión y se adoptó por unanimidad el siguiente Acuerdo:
"...En tanto no exista en el Ordenamiento Jurídico una expresa previsión legal para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH que aprecien la violación de derechos fundamentales de un condenado por los Tribunales españoles, el recurso de revisión del art. 954 LECrm. cumple este cometido...".
Ello ha dado lugar a la modificación del art. 954 por Ley 41/2015 de 5 de octubre en vigor desde el pasado 6 de diciembre que en su núm. 3 establece "se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de algunos de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que su violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persisten y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. en este supuesto la revisión solo podrá ser solicitada por quien estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiere firmeza la sentencia del referido Tribunal"
En el caso enjuiciado la Sentencia del TEDH de 8 de marzo de 2016 (demanda núm. 47530/13 ) ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 41/32015 de 5 de octubre, que fue el 6 de diciembre, cumpliéndose por tanto el requisito establecido en la Disposición Transitoria Única 2, párrafo segundo de la citada Ley, para que pueda tener efectos en relación a la revisión solicitada.
En dicha Sentencia se lee que la Audiencia Provincial de Granada, para llegar a una nueva interpretación jurídica de la actuación de los acusados, se ha pronunciado sobre circunstancias subjetivas que les atañían, a la conciencia de la ilegalidad de la concesión de las licencias urbanísticas. Este elemento subjetivo ha sido decisivo en el establecimiento de la culpabilidad de los acusados. En efecto, el delito de corrupción urbanística exige que el acusado haya actuado de manera intencionada. La Audiencia Provincial al contrario que el Juez a quo, consideró que las declaraciones de los empleados del Ayuntamiento debían interpretarse como que implicaban claramente a los demandantes en la comisión del delito, por cuanto su conocimiento sobre la ilegalidad de las licencias urbanísticas no dejaba lugar a dudas. Esta nueva valoración del elemento subjetivo de delito de corrupción urbanística se ha efectuado, sin que los demandantes tuvieran la oportunidad de ser oídos personalmente para discutir, mediante un enjuiciamiento contradictorio, la nueva valoración efectuada por la Audiencia Provincial.
Los anteriores argumentos permiten al TEDH observar que la jurisdicción de apelación ha reinterpretado los hechos declarados probados y ha efectuado una nueva calificación jurídica de los mismos, sin respetar las exigencias del principio de inmediación (ver Bazo González c. España núm. 30643/04, p. 36, 16 de diciembre de 2008). A este respecto, se debe constatar que, cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos (como, en este caso, la existencia de una intencionalidad), no es posible proceder a la valoración jurídica de la actuación de los acusados sin haber tratado previamente de probar la realidad de la misma, lo cual implica, necesariamente, la comprobación de la intención de los acusados con respecto a los hechos que se les imputan.
A la luz de cuanto antecede, el TEDH concluye que, en este caso, la extensión del examen realizado por la audiencia hacía necesario que los demandantes fueran oídos en audiencia pública. Consecuentemente, se ha producido violación del art. 6 p. 1 del Convenio a este respecto.
Por lo demás, el delito juzgado fue uno exclusivamente, respecto a los recurrentes en revisión ( Victor Manuel , Pilar , Cristobal y Jaime , en cuyo nombre interviene su viuda Antonieta ), en concreto un delito de prevaricación urbanística del art. 320.2 del Código Penal por el que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Granada, habiendo inadmitido el recurso de amparo español el Tribunal Constitucional mediante Auto de 23 de enero de 2013 .
En consecuencia, habiendo sido declarado por el TEDH en su Sentencia de 8 de marzo de 2016 que existió violación del art. 6-1º del Convenio Europeo , esta Sentencia, constituye un hecho nuevo que afectando a la inocencia del solicitante justifica la nulidad de la Sentencia de instancia en los términos recogidos en el recurso y anterior doctrina expuesta.
TERCERO.- Así pues, en base a la doctrina anteriormente expuesta, procede la estimación del recurso de revisión formulado por los hoy recurrentes, y la consiguiente nulidad de la sentencia recurrida, procediendo asimismo la declaración de oficio de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey, y por la autoridad conferida por la Constitución,
LA SALA ACUERDA : Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de revisión interpuesto por los condenados D. Victor Manuel , D. Cristobal , Dña. Pilar , y Dña. Antonieta , viuda de D. Jaime , contra Sentencia núm. 502/2011, de 28 de julio de 2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada , procediendo por tanto anular la referida sentencia. Declaramos de oficio las costas procesales ocasionadas en la presente instancia.
Comuníquese la presente resolución al Tribunal de procedencia y a las partes personadas, a los efectos legales oportunos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Manuel Marchena Gomez Andres Martinez Arrieta Julian Sanchez Melgar
PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Julian Sanchez Melgar , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.
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