ATS, 14 de Julio de 2016
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE |
| ECLI | ES:TS:2016:7790A |
| Número de Recurso | 67/2015 |
| Procedimiento | Cuestión de Competencia |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a catorce de Julio de dos mil dieciséis.
ÚNICO .- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de San Sebastián se remiten, junto con exposición razonada, las actuaciones del recurso contencioso-administrativo núm. 407/2015, por considerar que corresponde a este Alto Tribunal el conocimiento de dicho recurso.
Dado el oportuno traslado al Ministerio Fiscal, emite dictamen en el sentido de que se acepte la competencia declinada, de conformidad con el artículo 12.1.a) de la LRJCA , al ser el Consejo de Ministros el órgano competente para la resolución de la reclamación planteada. Y en el mismo sentido se pronuncian el Abogado del Estado -parte recurrida- y la representación procesal de Transkontenor, S.L. -parte recurrente-.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernandez Valverde , Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La presente exposición tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Transkontenor, S.L. de la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración presentada el día 10 de abril de 2015 ante la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Guipúzcoa, y dirigida al Consejo de Ministros, por importe de 26.397,31, por los daños y perjuicios ocasionados al haber soportado indebidamente el impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos por el citado importe.
SEGUNDO .- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián considera que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo del que trae causa la presente cuestión de competencia corresponde a esta Sala del Tribunal Supremo, y ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 12.1.a) de la LRJCA .
TERCERO .- Pues bien, como ha quedado expuesto, la presente exposición tiene su origen en la impugnación por la mercantil Transkontenor, S.L. de la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por los daños y perjuicios ocasionados al haber soportado indebidamente el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos (conocido como "céntimo sanitario") por importe de 26.397,31 euros. Funda su reclamación en que el citado impuesto fue creado por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social, impuesto que fue anulado por ser contrario a la normativa europea, a resultas de la sentencia de 27 de febrero de 2014 ( C-82/12 ) dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En efecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 , asunto C-82/12 , declara: «El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992 , relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos controvertido en el litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente» . Y la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, acuerda derogar el artículo 9 de la Ley 24/2001 , con efectos desde el 1 de enero de 2013.
Por lo tanto, estamos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión, cuya resolución corresponde al Consejo de Ministros, correspondiendo la competencia objetiva para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo a esta Sala de la Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con el artículo 12.1.a) de la Ley de esta Jurisdicción .
En su virtud,
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) Declarar que corresponde a esta Sala del Tribunal Supremo la competencia para el conocimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Transkontenor, S.L. contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión.
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- Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de San Sebastián.
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) Remitir las presentes actuaciones a la Sección Octava de esta Sala, para que continúe la tramitación ante la misma del citado recurso contencioso- administrativo.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
