STS 699/2016, 9 de Septiembre de 2016

Los sesenta y tres motivos articulados frente a la sentencia se distribuyen en cuatro recursos diferentes. Muchos motivos están vinculados entre sí: representan variaciones sobre una misma cuestión o formas diferentes de enfocar un único problema. La estimación de algunos dejaría sin contenido o relevancia a otros. Y algunos motivos son comunes a los distintos recurrentes. Esto aconseja seguir un cuidadoso orden, que no siempre coincidirá con el desarrollado en los recursos, para no dilapidar inútilmente esfuerzos procesales.

Desde el punto de vista legal habría que comenzar por los motivos por quebrantamiento de forma ( arts 850 y 851 LECrim ); y los que, amparados en un precepto constitucional ( art. 852 LECrim ), habrían de desembocar en una nulidad. La lógica, en otro orden de cosas, lleva a examinar de entre ellas primeramente aquellos cuyo éxito haría retrotraer el procedimiento a un momento anterior; aunque en este segundo criterio de ordenación -motivos que suponen la nulidad del juicio se deciden antes que aquellos que arrastran solamente la nulidad de la sentencia- cada caso concreto puede contener singularidades que inviten a otra secuencia.

Sólo a continuación deben analizarse los motivos de fondo ( art. 901 bis a) y bis b) LECrim ) entre los que han de priorizarse (como regla general) los que, cobijados en el art. 852, cuestionan la suficiencia o legalidad de la base probatoria (presunción de inocencia, denuncia de violaciones de derechos fundamentales que invaliden algunas pruebas); para dar paso luego a los que discurren por el cauce del art. 849 (antes aquellos que reivindican una modificación del factum; a continuación los que discurren por la vía del art. 849.1º LECrim ).

No es ésta una secuencia rígida: la lógica y en ocasiones el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas aconsejan e incluso imponen alteraciones en esa sistemática. Sería absurdo acoger un quebrantamiento de forma por denegación de prueba, cuando aparece otro motivo digno de ser estimado por argumentar convicentemente que los hechos son atípicos en apreciación en la que no tendría ninguna influencia la prueba denegada; o que la prescripción ha extinguido la eventual responsabilidad criminal. El esquema trazado no es un corsé inmutable, ni siquiera en el punto concreto que parece exigir la disciplina legal ( art. 901 bis a) LECrim ). Precisamente por eso anticiparemos el estudio de algunos motivos de fondo del recurso de Pablo Jesús : su estimación aliviará el análisis de los motivos por quebrantamiento de forma.

En todo caso y en principio, con arreglo a este guión inicial iremos desgranando los distintos motivos. Aunque examinamos separadamente cada recurso, trataremos de tener en mente y a la vista los motivos de contenido igual o similar de otros recursos para evitar duplicidades y zanjar los reiterativos con una simple remisión.

A.-Recurso de Luis Angel .

En la hoja de ruta trazada tropezamos en primer lugar en este recurso con varios motivos por quebrantamiento de forma del art. 851 : vicios formales en la sentencia.

Se diversifican en tres diferentes defectos casacionales del listado de tal precepto: contradicción, incongruencia omisiva, y afectación del principio acusatorio (arts. 851.1, 3 y 4).

La contradicción es el tema del primer motivo. Quiere descubrirla el recurso oponiendo dos afirmaciones de la sentencia. En el hecho probado se dice que Luis Angel dio orden de no pagar unas facturas en fecha 13 de julio de 2009. Ya en sede de fundamentación jurídica, la sentencia explica que una funcionaria rechazó las facturas por indicación de su Jefe de Servicio, que es persona distinta al recurrente.

Se contraponen ambas aseveraciones (aunque solo una aparece en el factum) de forma un tanto maniquea: lo ordenó una persona o la otra, pero no las dos a la vez.

No es así. Pudieron ordenarlo secuenciadamente ambas personas. El concejal al Jefe de Servicio y posteriormente éste, siguiendo la instrucciones de aquél, indicárselo a la funcionaria. No hay contradicción por más que se empeñe en ello el recurrente que, llegando a admitir la posibilidad sugerida, dice que el Tribunal tendría que haberlo aclarado. No necesariamente. Es eso lo que entiende un lector no obsesionado por encontrar una contradicción. Decidir si la orden provenía en definitiva del Concejal es tema a debatir en sede de presunción de inocencia pero no forzando un defecto formal en la sentencia que no es tal. La contradicción consagrada como vicio casacional en el art. 851.1 LECrim es la inmanente de los propios hechos probados. Se produce cuando en los hechos probados se afirma una cosa y otra absolutamente incompatible . No lo son ambas afirmaciones conciliables entre sí, amén de que una se contiene en el fundamento de derecho (en todo caso hay que apresurarse a matizar que cabría argumentar sobre ella la contradicción por tratarse de dato fáctico aunque esté sistemáticamente desubicado).

El motivo es improsperable.

La incongruencia omisiva (motivo segundo) se basa en la no resolución de la cuestión de la nulidad de la grabación aportada por el denunciante. Fue Donato quien propuso tal cuestión.

Tampoco puede acogerse este motivo:

a) El recurrente no está legitimado para quejarse por incongruencia omisiva respecto de una pretensión que no formuló él. Sería incongruente admitir esa legitimación. Lo pone de relieve en su dictamen el Fiscal.

b) Es patente que la Sala ha partido de la validez de esa grabación que, por otra parte, es la respuesta que aparece como correcta en cuanto nos asomamos a precedentes jurisprudenciales tanto del TC como del TS (por todas, como más reciente y conteniendo una muy completa panorámica de la jurisprudencia, STS 652/2016, de 15 de julio ).

El art. 851.4º LECrim sirve de plataforma a varias quejas diferentes aunque ligadas todas con el principio acusatorio. Algunas de ellas discurrirían mejor a través del art. 852 LECrim en relación con el derecho a ser informado de la acusación ( art. 24 CE ). El posiblemente impreciso envoltorio casacional es defecto menor al que no cabe anudar consecuencia alguna.

Se dice primeramente que la sentencia se aparta de la acusación del Fiscal en lo que concierne a la acción falsaria. Si éste acusó por un delito de falsedad en documento oficial (art. 390.1.4), la Audiencia condenó por un delito de falsedad en documento mercantil (art. 392).

Tiene razón el recurrente.

No se aprecia la exigible correlación entre acusación y sentencia. No ya tanto por la variación en la calificación jurídica (como interpreta el Fiscal en su impugnación del recurso) lo que no tendría mayor alcance, sino por la mutación del hecho objeto de acusación lo que encaja más en una denuncia por violación de precepto constitucional ( art. 852 LECrim ) que en el cauce casacional elegido ( art. 851.4º LECrim ) y además condiciona la consecuencia de una estimación (nunca reponer las actuaciones al momento en que se cometió la falta como se ha entendido a veces en relación al art. 851.4º, sino zanjar definitivamente la cuestión con segunda sentencia).

No se ha producido cambio esencial en el relato fáctico si entendemos por tal la narración presentada por la acusación pero sí se ha mutado el significado de cada hecho. Hay que convenir con el Fiscal en que desde el punto de vista factual nada nuevo añade la sentencia. Hay congruencia fáctica; pero, sin embargo, no existe congruencia jurídica. La acusación consideraba a este recurrente autor material de un delito de falsedad en documento oficial (documentos del Ayuntamiento expresando las razones del impago). La aparición en la sentencia de una calificación de los hechos como cooperación necesaria de un delito de falsedad en documento mercantil no se acopla con aquélla acusación.

Esa condena lesiona el derecho a ser informado de la acusación que es la herramienta clave para examinar los problemas de correlación entre acusación y sentencia. La mutación no esperable en la sentencia de una acusación por autoría de un delito continuado de falsedad del art. 390.1.4 basado en unas órdenes dirigidas por el acusado, en una condena por cooperación necesaria en una acción falsaria sobre unas facturas confeccionadas por otra acusada ( art. 392 CP ) menoscabó el derecho de defensa en términos constitucionalmente no tolerables.

La sentencia no puede introducir sorpresivamente valoraciones jurídicas novedosas que la defensa no pudo combatir. La transformación de la acusación llevada a cabo en la sentencia supone una mutatio del titulus condemnationis prohibida por el derecho de defensa.

Hay que comparar la sentencia con el acta de acusación (folios 867 a 883: no hubo modificación de conclusiones por parte del Fiscal en el juicio).

i) El escrito de calificación se presta a equívocos. En la primera de las conclusiones y en lo que atañe a esta cuestión se dice, de un lado, que este recurrente faltando de modo consciente a la realidad ordenó que no se pagasen tres facturas porque no han sido contratadas por el Ayuntamiento (folios 337 a 342 del Tomo II).

Más adelante se añade que otro acusado ( Benito ) con el acuerdo, entre otros, de este recurrente contactó con Pilar para que fingiese que su empresa, Sinéresis SL, era la que había realizado los trabajos pendientes de abono. La citada elaboraría tres facturas que no obedecían a prestación de servicios realizados por tal mercantil.

Eso en cuanto a los hechos.

En lo que respecta a la valoración jurídica el Fiscal consideraba que el primer episodio daba vida a un delito continuado de falsedad en documento oficial del art. 390.4 (debe ser 390.1.4 CP ) en concurso medial ( art. 77 CP ) con un delito de malversación. Y pedía pena por ese delito para Luis Angel , Jorge , Benito , Pablo Jesús y Pilar . La inclusión de esta última entre los autores de esa infracción llama la atención, máxime cuando no se calificaba por separado la falsedad en documento mercantil y además se la consideraba cooperadora necesaria. Pese a apreciarse para ella la operatividad del art. 65.3 CP , en la quinta de las conclusiones se le reclamaba igual pena que a los coautores funcionarios, a diferencia de lo que se reclamaba para los otros dos coacusados particulares ( Benito y Jorge ). Las penas de seis meses de prisión y multa que se pedían también separadamente para la citada parecían obedecer más al delito de falso testimonio del art. 461 CP por el que sería finalmente absuelta.

No aparece en absoluto claro que se atribuyese a Luis Angel participación consciente con acciones concretas en la confección de las facturas luego presentadas por Pilar , aunque desde luego algunos datos siembran cierta confusión.

ii) La sentencia, por su parte, en cuanto a la base fáctica de la falsedad en documento oficial viene a transcribir la narración del Fiscal en el hecho probado: ordenó faltando de modo consciente a la realidad que no se pagasen tres facturas porque no han sido contratadas por el Ayuntamiento.

Sin embargo en el fundamento de derecho primero la sentencia, al efectuar la subsunción jurídica, rechaza, sin un argumento específico de fondo -es verdad-, que tal acción tenga una relevancia penal distinta añadida a la prevaricación. No sería falsedad en documento oficial (aunque no lo dice así -podría haber argumentos-, así se deduce de su discurso). Tan solo existiría una falsedad en documento mercantil edificada sobre las facturas en cuya confección no intervino Luis Angel . Su condición de autor material es rechazada expresamente. Y aunque en un pasaje del fundamento de derecho (que no del hecho probado) la sentencia insinúa que habría inducido a la realización de esas facturas, acaba condenando al acusado como cooperador necesario de la falsedad en documento mercantil (cuya continuidad se excluye en virtud de la teoría de la unidad natural de acción).

¿Qué base fáctica permite a la sentencia llegar a esa condena? Lo que en la calificación del Fiscal se describía sin más precisiones como acuerdo, ahora se caracteriza como simple conocimiento cuyo alcance no se perfila: Benito , con conocimiento de Luis Angel y Pablo Jesús , había contactado en fechas no determinadas con una conocida suya Pilar ... para que se prestara a la argucia de fingir ser su empresa la instaladora...

El panorama procesal, como se observa, dista de ser claro. Pero se vislumbra tras él que efectivamente se ha producido un cambio de perspectiva jurídica no permitido por el derecho a ser informado de la acusación. Queda ello más diáfano al visualizar la vista oral con el fin de desentrañar a través del informe de la acusación qué acciones concretas fundaban la petición de una condena por falsedad. Y, en efecto, el informe final en el plenario (sesión del día 26 de febrero de 2015 hora 12.51, minuto 31.00 del correspondiente vídeo) evidencia a las claras que el hecho que respaldaba esa acusación eran en concreto los actos de comunicación interna en el consistorio negando la contratación con CTM Rótulos. Así lo sostuvo con solemnidad el Fiscal. No se alude a las facturas.

Sería especular entender que la acusación por falsedad del art. 390.1.4 embebía una acusación por la intervención en la confección de las facturas falsas; o que éstas se consideraban documento oficial en virtud de la cuestionable teoría de la conversión de un documento privado en oficial por incorporación a un expediente oficial. Esas hipótesis exigían una explicación explícita.

Comprobar además como la defensa en su informe final no hizo la más mínima referencia a esas facturas confirma que también fue esa su legítima percepción sobre lo que se le acusaba.

El cambio de perspectiva jurídica operado en la sentencia no guarda armonía con el derecho a ser informado de la acusación. En abstracto es posible que una sentencia discrepando de la catalogación del Fiscal de un documento como público lo considere privado y degrade el delito llevándolo del art. 390 al art. 395 CP : son delitos homogéneos y además la falsedad en documento privado es menos grave que la falsedad en documento oficial (por tanto no entra en juego la prohibición del art. 851.4). También es posible ante una acusación por el art. 390 CP considerar que no existió abuso del cargo y reconducirla al art. 392 CP sin necesidad de hacer uso de la herramienta prevista en el art. 733 LECrim . Pero lo que no es dable es que aprovechando que se está acusando por falsedad realizada por funcionario o autoridad en un documento oficial, se condene por otra falsedad diferenciable realizada por particular y en documento mercantil de la que no se acusó específicamente aunque aparezca en la calificación o, al menos de la que no había razones para deducir que se acusaba por ella.

Ciertamente no se ha producido variación sustancial del hecho. En el hecho probado de la sentencia en lo que respecta a las facturas se detectan alteraciones menores pero sin significación a los efectos del derecho a ser informado a la acusación. Desde el punto de vista fáctico -y en eso se coincide con el Fiscal- nada nuevo se introdujo en la sentencia. No hay alteración relevante, sino homogeneidad esencial fáctica entre el relato de la acusación y el de la sentencia.

No puede decirse lo mismo de la perspectiva jurídica. Hay congruencia fáctica pero no congruencia jurídica. Como se tratará de razonar a continuación siguiendo pautas de la STS 745/2012, de 4 de octubre , la aparición en la sentencia de una condena como cooperador necesario de un delito de falsedad en documento mercantil del art. 392 basado en las facturas confeccionadas por Pilar era sorpresiva. No se ajustaba a los términos de la acusación focalizada en otros documentos. No era algo pronosticable. La parte recurrida puede legítimamente aducir que esa diferente valoración le hubiese sugerido otras estrategias tanto probatorias; como jurídicas.

La condena afecta al derecho a ser informado de la acusación.

El Tribunal Constitucional ha declarado que forma parte del contenido del principio acusatorio el que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum , sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica ( SSTC 12/1981, de 10 de abril , 95/1995, de 19 de junio , 225/1997, de 15 de diciembre , 4/2002, de 14 de enero, F.J. 3 ; 228/2002, de 9 de diciembre, F.J. 5 ; 35/2004, de 8 de marzo, F. J. 2 ; y 120/2005, de 10 de mayo , F. J. 5 ).

Existe una íntima relación entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa. Del citado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica ( SSTC 53/1987, de 7 de mayo, F.J 2 ; 4/2002, de 14 de enero , F.J. 3). De manera que « nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia » ( SSTC 11/1992, de 27 de enero, F. 3 ; 95/1995, de 19 de junio, F.J 2 ; 36/1996, de 11 de marzo, F.J. 4 ; 4/2002, de 14 de enero , F.J. 3).

Ese derecho impone que en la sentencia no puedan introducirse sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas que, por tal motivo, la defensa no haya tenido ocasión de rebatir. Juega ese derecho también cuando los puntos de vista jurídicos representan una atenuación frente a los esgrimidos por las acusaciones, como sucede en este caso, si esas atenuaciones se apartan de la línea acusatoria desplegada previamente; es decir si, no estaban recogidas en los escritos de acusación. Sucede esto cuando el delito objeto de condena no es homogéneo con el delito objeto de acusación. Si en la sentencia se cambia la calificación articulada por la acusación en términos que van más allá de un simple prescindir de algunos elementos de la acusación, y que introducen perspectivas nuevas, se frustraría el derecho a ser informado de la acusación: la defensa no habría tenido ocasión de combatir adecuadamente esa nueva valoración jurídica.

Es de cita obligada la STC 278/2000, de 27 de noviembre . Afirma a este respecto en su fundamento de derecho 18º: "Según hemos reiterado (últimamente en la STC 19/2000, de 31 de enero , F.J. 4), el principio acusatorio trasciende al derecho contenido en el art. 24.2 de la Constitución Española y comprende un haz de garantías adicionales, entre las cuales se encuentra la de que el pronunciamiento del órgano judicial se efectúe precisamente sobre los términos del debate tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación y la defensa (por todas, STC 17/1988 , F.J. 5), lo que implica que el juzgador penal está vinculado por la pretensión penal acusatoria, compuesta tanto por los hechos considerados punibles, como por su calificación jurídica, de modo que el órgano judicial no puede pronunciarse sobre hechos no aportados al proceso -ni objeto por lo tanto de acusación-, ni puede calificar estoshechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido por la acusación. En definitiva, se trata de que el deber de congruencia exige la adecuada correlación entre la acusación y el fallo ( SSTC 11/1992, de 27 de enero, F.J. 3 ; 95/1995, de 19 de junio, F.J. 3 ; 36/1996, de 11 de marzo, F.J. 4 y 225/1997, de 15 de diciembre , F.J. 4)."

"Ahora bien, también hemos destacado el necesario carácter real y efectivo de la lesión al derecho fundamental de defensa para que pueda extraerse de ella relevancia constitucional, por lo que lo decisivo a la ahora de enjuiciar la posible vulneración del principio acusatorio por esta razón no es la falta de homogeneidad formal entre objeto de acusación y objeto de condena, es decir el ajuste exacto y estricto entre los hechos constitutivos de la pretensión penal y los hechos declarados probados por el órgano judicial, sino la efectiva constancia de que hubo elementos de hecho que nofueron ni pudieron ser debatidos plenamente por la defensa, lo que exige ponderar las circunstancias concretas que concurren en cada caso para poder determinar lo que resulta esencial al principio acusatorio: que el acusado haya tenido oportunidad cierta de defenderse de una acusación en un debate contradictorio con la acusación ( STC 225/1997 , ya citada, F.J.4 y A TC 36/1996, de 12 de febrero , F.J. 4). Por ello enalgunas ocasiones nos hemos pronunciado sobre la mayor o menor vaguedad o imprecisión de los hechos incluidos por las acusaciones en la calificación definitiva ( STC 20/1982, de 10 de marzo , F.J. 1) o sobre la adición en los hechos probados de elementos no esenciales para el hecho punible, que no produce una alteración esencial en los términos del debate ( STC 14/1999, de 22 de febrero , F.J. 8)".

La pauta orientadora consiste en indagar si la variación del titulus condemnationis implica haber privado a las partes de alguna posibilidad de defensa ( STC 189/2003, de 27 de octubre ).

Concluyentes son estas otras consideraciones del TC: "... son delitos o faltas homogéneos aquellos que constituyen modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que estando contenidos todos los elementos del segundo tipo en el tipo delictivo objeto de la acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no haya podido defenderse ( Auto TC 244/1995, de 22 de septiembre , F.J. 3º), en el entendimiento de que aquellos elementos no comprenden solo el bien o interés protegido por la normas, sino también obviamente, las formas de comportamiento respecto de las que se protegen y que podría no bastar que unelemento esencial constitutivo del tipo por el que se condena esté genéricamente contenido en el tipo por el que se acusa, cuando esa genericidad sea tal que no posibilite un debate pleno y frontal acerca de su concurrencia ( SS TC 225/1997, de 15 de diciembre F.J. 3 ; 4/2000, de 14 de enero , F.J. 3)" ( STC 35/2004, de 8 de marzo ).

Tales valoraciones proyectadas sobre el presente asunto conducen a la estimación del motivo, estimación cuya eficacia alcanza a Pablo Jesús que se había adherido en tiempo a este recurso.

Sea como sea, y aunque reinterpretando el escrito del Fiscal, no sin cierto forzamiento, en clave de sintonía con la sentencia, es decir como inclusivo de una petición de condena por la facturación efectuada por Pilar , subsistirían otras razones que conducirían a absolver por tal delito como se verá infra : ni hay base probatoria para concluir que la confección de esas facturas se hizo con la colaboración o acuerdo relevante del recurrente, ni la sentencia describe en el factum una contribución penalmente trascendente o una coautoría, derivable de una decisión compartida previa sobre ello.

Un esquema similar presenta el motivo cuarto en relación ahora al delito de cohecho: el Fiscal hacía descansar el cohecho en el cobro de mil euros que habrían de ser entregados una vez adjudicado el contrato. La sentencia, sin embargo, descubre la dádiva en los 2.500 euros monto de lo que considera sobre precio.

Con independencia de que la estimación de motivos posteriores privará de toda relevancia a esta discusión desde el punto de vista del resultado final del recurso, baste ahora replicar que aquí, no detectamos variación sustancial del hecho. Se acusaba por un delito de cohecho ( art. 420 CP ), es decir por percibir una cantidad a cambio de realizar un acto administrativo. En su esencialidad el hecho está respetado. Considerar que la dádiva era una u otra dentro de unos movimientos de dinero que están recogidos en el acta de acusación no altera los términos de la pretensión acusatoria en forma procesalmente vedada.

La anunciada irrelevancia de la cuestión disculpa de mayores argumentaciones.

El motivo decae.

Con igual soporte - art. 851.4 LECrim - el recurrente se queja por la condena a pena privativa de libertad por el delito de prevaricación (motivo quinto).

No existe aquí una incorrección autónoma. Si la hay es pura consecuencia de la antes reseñada (condena por falsedad) y no una diferente susceptible de ser analizada por separado. La Audiencia ante una acusación por falsedad y otra por prevaricación las agrupó en un concurso medial y conforme al art. 77 CP eligió la pena del delito más grave en su mitad superior. Estaba habilitada para ello. La falsedad comporta pena privativa de libertad. No es obstáculo que esa pena apareciese embebida por la de la malversación en la acusación formulada (que establecía el concurso entre falsedad y malversación). Una vez suprimida la malversación por las razones que explica la sentencia, revive la penalidad por falsedad latente en la acusación del Fiscal.

Igual cabe decir de la pena de multa (motivo sexto): estaba absorbida por la penalidad superior de la malversación. No hay violación del principio acusatorio cuando, desechada por la Sala la acusación por malversación que englobaba la formulada por la falsedad, recupera las penas de ésta. Reaparece la penalidad de la falsedad que estaba tapada por la de la malversación.

La cuestión de la multa por el delito de cohecho (al variarse lo que se consideraba dádiva se alteran las cantidades de la multa en una comparación entre acusación y sentencia) puede ser orillada pues, como se verá, tal delito será erradicado del pronunciamiento condenatorio.

Los motivos quinto y sexto fenecen.

El motivo séptimo toma pie de una clara errata de la sentencia (cita del art. 392.2 CP ) que por más que aparezca de forma insistente y repetitiva es patente que es un error material (que podría encontrar alguna explicación si pensamos en el art. 390.1.2). Resulta infecundo especular sobre qué ha propiciado ese error; lo decisivo es que nadie familiarizado con el derecho penal puede pensar que se ha condenado por un delito del actual art. 392.2, -inexistente en el momento de los hechos y cuya morfología no tiene nada que ver con la actividad desarrollada, sino por un delito del art. 392 en relación con el art. 390.1.2 CP según se infiere con facilidad de la sentencia, de la acusación del fiscal y de todo el contexto. Aferrarse a ese lapsus para construir motivos por infracción del principio de legalidad o del principio de seguridad jurídica es legítimo desde el prisma del derecho de defensa pero peca de estrambótico.

Es reproducible aquí lo que el TEDH constató en el caso De Gea Catalán contra España . Una errata es una errata. Transformar una errata en una lesión constitucional es una pirueta conceptual: una infracción gramatical no es una infracción constitucional. Tampoco lo son ni una infracción mecanográfica, ni un error numérico.

En el asunto citado De Gea Catalán el demandante se quejaba porque se le había aplicado el apartado 7 del art. 529 CP 1973 , sin haber sido informado previamente (tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular se habían referido únicamente al apartado 1 de dicho precepto) lo que suponía una discordancia que, en su opinión, afectaba a su derecho de defensa.

La STS de 7 de noviembre de 1990 había rechazado su queja: se trataba, de un error material sin incidencia en su derecho de defensa. Al citar las circunstancias que agravan el delito a los efectos del Art. 528 CP (estafa), había bailado un guarismo: donde debían referirse al art. 529.7 ( "Cuando revistiere especial gravedad atendido el valor de la defraudación") se hacía constar 529.1 ("Cuando se cometa alterando la sustancia, calidad o cantidad de cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social": "Aun partiendo de la base de la sensibilidad con que este Tribunal Supremo ha tenido siempre respecto al principio acusatorio, -explica con paciencia la sentencia- evitando en todo caso cualquier posible indefensión del recurrente provocada por tal defecto la realidad es que, en el presente supuesto, este motivo impugnatorio debe ser desestimado por las siguientes razones:

1. Sin desconocer que en los escritos calificatorios de las acusaciones, tanto pública, como privada, se indica como aplicable la circunstancia 1ª del Art. 529, tal inculpación hemos de entenderla necesariamente fruto de un simple error material, procedente o arrastrado desde la misma calificación provisional, ya que puesta en relación esa agravante con los hechos sometidos a enjuiciamiento, es de todo punto imposible entender, por interpretación lógica y de simple sentido común, tal acusación en cuanto que a una persona que se le inculpa de hacer estafa a una entidad bancaria en unas concretas cantidades de dinero, difícilmente, por no decir imposible, se le pueda considerar como autor de una acción defraudatoria consistente en "alterar lasustancia, calidad o cantidad de cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social"; es tan absurda esta conclusión que, insistimos, el equívoco ahora invocado ha de ser entendido como un simple error material".

La aludida SETDH (10 de febrero de 1995) niega que la justicia española hubiese violado el derecho a ser informado de un elemento de la acusación. De esa errata no podría deducirse esa consecuencia. La Corte de Estrasburgo considera que "el demandante era plenamente consciente de todos los elementos de la acusación formulada contra él especialmente, porque los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular eran idénticos a los establecidos por el juez deinstrucción. Ahora bien, a estos hechos solo podía aplicarse lógicamente el apartado7... la discordancia que había denunciado era, con claridad, el resultado de un simple error administrativo que se cometió al redactar las conclusiones del Ministerio Fiscal y que fue reproducido en diversas ocasiones tanto por la Fiscalía como por la acusación particular".

En todo es proyectable esta secuencia argumental al presente motivo. No se la ha condenado por el delito que aparece tipificado en el art. 392.2 CP . Sabe el recurrente perfectamente que nadie -tampoco los Magistrados- han pensado en tráfico o utilización de documentos de identidad falsos ni nacionales, ni europeos.

La queja carece de toda capacidad para abrirse paso.

Los motivos séptimo, undécimo y décimo quinto del recurso de Pablo Jesús vienen a coincidir con éste por lo que han de entenderse rebatidos y desestimados.

Sí que serían prosperables los motivos octavo y noveno donde se invoca la presunción de inocencia ( art. 852 LECrim y 24.2 CE ) para reclamar la absolución por el delito de falsedad . Los argumentos alcanzan también al motivo quinto de Pablo Jesús .

Si ya desde el principio acusatorio había que llegar a esa respuesta, la absolución por tal delito cobra otra renovada dimensión desde esta perspectiva: no es concluyente la deducción de la Audiencia. La indudable responsabilidad del concejal en el impago de las facturas y en la contratación inicial no necesariamente permite deducir que la maniobra de la facturación falsa se hiciese con su colaboración, acuerdo o connivencia. El mero conocimiento, que es lo único que sienta, y de forma indirecta y no asertiva, el factum , difícilmente puede rellenar una coautoría.

A las razones derivadas del principio acusatorio se unen así estas otras para llegar a una solución absolutoria en cuanto al delito de falsedad. Ni la acusación parecía abarcar ese hecho; ni la prueba tal y como se desarrolló permite llegar a esa conclusión; ni el hecho probado tal y como está redactado (refiere conocimiento pero no actividad de colaboración de algún género o decisión colectiva) sería subsumible sin adiciones (motivo vigésimo tercero) en una cooperación con el delito de falsedad (nótese que se le acusaba como autor y a la condenada por esa facturación simulada como cooperadora necesaria). Nada permite llevar más lejos de la connivencia entre Benito y Pilar el abanico de partícipes en esa acción.

La mención en los fundamentos de derecho a una acción inductora ni es apta para suplir carencias del hecho probado, ni es congruente con los hechos objeto de acusación, ni cuenta con prueba que la sustente.

Los motivos vigésimo segundo y vigésimo cuarto a vigésimo sexto no hacen más que abundar en algunos de estos argumentos.

El motivo décimo va referido a la condena por delito de prevaricación y discurre por el cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Sostiene que al haberse dado más valor a las pruebas de cargo que a las de descargo (muy en particular la declaración de la testigo Raquel ) se habría infringido tal derecho fundamental.

La presunción de inocencia no obliga a otorgar más crédito a las pruebas de descargo. Impide dictar un pronunciamiento condenatorio sin prueba incriminatoria suficiente. Pero no se sigue de ese derecho la absurda conclusión de que concurriendo prueba de descargo ha de prevalecer. Ese será un tema de valoración probatoria encomendado al Tribunal de instancia que ha ponderado de forma racional el conjunto de la prueba que afectaba a estos hechos. Desde luego que en el contexto en que se producen lo que encaja perfectamente es que la decisión de no pagar obedeciese al cumplimiento de la advertencia previa de Benito y no a problemas en la finalización de los trabajos. Tal versión exculpatoria ha sido razonablemente rechazada. No hay afectación del derecho a la presunción de inocencia.

No es acogible la queja. No es la casación marco propicio para una revaloración de declaraciones personales para la que además es herramienta inhábil la presunción de inocencia ( STC 133/2014 : la revisión de la credibilidad de los testimonios presentados en el juicio oral no forma parte del contenido del derecho a la presunción de inocencia).

Es una deducción lógica y bien fundada realizada por la Audiencia entender que la decisión de no abonar fue adoptada por el recurrente a instancia de Benito . La versión exculpatoria no se acopla en absoluto ni es congruente a los hechos previos (adjudicación irregular; presiones sobre el dueño de la empresa; amenaza de que no se le abonarían las facturas); ni con los posteriores (presentación de unas facturas falsas para lograr el pago de los servicios).

La orden de no pagar por esos motivos particulares es injusta sin duda. No es de recibo, por otra parte, la alambicada interpretación de la locución "no se contrató con el Ayuntamiento" .

El motivo debe rechazarse.

Ha de acogerse, por el contrario, el motivo décimo primero que ataca la condena por el delito de cohecho con base también en el derecho a la presunción de inocencia.

No habría prueba suficiente y concluyente de la percepción de una dádiva a cambio del acto injusto realizado.

Hay que convenir con el recurrente en que es así por variadas y potísimas razones.

a) La Audiencia tras aceptar que se había venido abajo la versión inicial del Fiscal al demostrarse que los mil euros que consideraba abonables en concepto de dádiva (cifra que por otra parte aparece en boca de Benito en la conversación grabada apuntalaba esa hipótesis), obedecían, sin embargo, realmente al pago de una real deuda anterior, quiere deducir que esa dádiva vendría conformada por el sobreprecio que cree descubrir en los 2.500 euros de descuadre entre lo presupuestado y el total cobrado.

Pero existen muchas otras explicaciones (un sobrevenido incremento del coste), al menos tan plausibles como esa, para ese desajuste. Las ofrece cumplidamente el recurrente. El informe pericial de Ángel Jesús refuerza esa estimación introduciendo, al menos, sólidas dudas. Hay una versión alternativa a la inculpatoria igualmente probable por lo menos. La que acoge la sentencia es solo una de entre las posibles.

b) Es armónica con toda la prueba y con todos los hechos la hipótesis de que la adjudicación irregular obedeciese no a una promesa de comisión, sino a los vínculos parentales entre el concejal y quien tenía intereses en la entidad adjudicataria; o a los propios intereses del Concejal en esa empresa (la condición de ex-socio de Benito también aparecerá en tal conversación). La específica gratificación monetaria no es la única explicación de esa decisión. Ni siquiera se antoja la explicación más plausible, frente en la genérica de querer favorecer a una empresa a la que tuvo interés y en la que permanece su hermano.

Por tanto siendo al menos tan probable como lo contrario que esos 2.500 euros no fuesen un sobreprecio sino pago efectivo por trabajos (los desglosará el recurrente en un motivo posterior canalizado a través del art. 849.2 LECrim ) y siendo muy factibles otras motivaciones, hay que concluir que la condena por delito de cohecho no se asienta sobre una prueba concluyente y por tanto vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Los indicios son débiles. Las manifestaciones de Benito en la conversación grabada subrepticiamente distan de ser concluyentes y admiten otras explicaciones verosímiles propias de quien se excusa o se jacta con cierta prepotencia de obligaciones no reales con afán de presionar o de obtener o justificar unos cobros.

Los motivos décimo séptimo, décimo octavo y vigésimo primero ( art. 849.2º LECrim ) que carecen de capacidad procesal para la modificación del hecho probado que proponen, sí la tienen para abundar en estos argumentos en torno a la presunción de inocencia: esos 2.500 euros tienen una explicaciones muy diferentes (v.gr., los gastos de imprenta que se aducen y se desglosan de manera suasoria en el motivo décimo séptimo) a rellenar el contenido de la imaginada dádiva.

No hay el más mínimo rastro del retorno de la dádiva al funcionario que adoptó la decisión supuestamente retribuida con ella como exige el cohecho. Sorprende, por otra parte, que no exista acusación por el antiguo delito del art. 423 CP (el correlativo para el particular que paga u ofrece la dádiva). Y es que la acción supuesta por la Audiencia ni siquiera se ajusta a la morfología del cohecho: el particular que paga de su peculio al funcionario para mover su voluntad a realizar un acto administrativo. Aquí el dinero sale de la Administración Pública como pago de unos trabajos. No hay constancia alguna de que esos dos mil quinientos euros estuviesen destinados a retribuir a los funcionarios habiéndose aportado prueba documental que sugiere sólidamente que fueron particulares ( Benito y la empresa) los beneficiarios y no ningún funcionario. La forma verbal potencial -obtendrían- que utiliza la sentencia y que fue argumento enfatizado por las defensas es, en efecto, síntoma elocuente de la fragilísima base probatoria que sostiene esa hipótesis de la sentencia y que puede ser justamente calificada de conjetura.

La estimación de este motivo arrastra igual respuesta a motivos similares de otros recurrentes: segundo y décimo sexto del recurso de Pablo Jesús , primero y segundo del recurso de Donato y parcialmente el primero del recurso de Benito .

Le estimación del motivo anterior vacía de contenido los motivos décimo segundo a décimo cuarto, sin perjuicio de que algunos de los argumentos del motivo décimo tercero puedan ser reforzatorios de esa estimación. Igual cabe decir de los motivos sexto y décimo noveno del recurso de Pablo Jesús y tercero y octavo del recurso de Benito .

Los documentos obrantes a los folios 406, 410 y 414 constituyen el anclaje de un motivo por error en la apreciación de la prueba del art. 849.2 LECrim (motivo décimo quinto).

No contradicen esos documentos ninguna aseveración del hecho probado. Que la orden del recurrente no esté documentada no significa que no existiese. Es compatible con lo que demuestran esos documentos.

La equivocación en la mención de una fecha no es relevante (lo que afecta también al motivo décimo sexto). Esa diferencia de fechas, escasa (22 días), no diluye la obvia vinculación entre la conversación grabada y la devolución de las facturas.

Procede la desestimación de ambos motivos.

El motivo décimo séptimo ya ha sido analizado anteriormente, al igual que los décimo octavo y décimo noveno y vigésimo primero: son argumentaciones reforzatorias del motivo por presunción de inocencia referido al cohecho canalizadas a través del art. 849.2 LECrim : documentos que permiten considerar probable la hipótesis exculpatoria aunque no llegan a demostrarla. Si bien debieran fracasar por la vía del art. 849.2 tienen virtualidad en sede del art. 852 LECrim (presunción de inocencia), donde han sido ponderados.

El vigésimo motivo propone un cambio también a través del art. 849.2 LECrim intrascendente para la calificación jurídica relativo a la presentación de otro presupuesto. No puede prosperar por ello. La prevaricación descansa básicamente en las decisiones de impago y posterior abono. En cualquier caso ese otro presupuesto había sido presentado, al parecer, también por Benito , según se desprende de la causa, lo que lo hace todavía más intrascendente.

Los motivos vigésimo segundo a vigésimo a vigésimo sexto decaen por cuanto giran en torno al delito de falsedad por el que se decretará la absolución según se ha razonado ya. Algunos de sus argumentos fueron ya utilizados como apoyo de la estimación del motivo por presunción de inocencia que se superpone al derivado de las exigencias del derecho a ser informado del acusado.

El motivo vigésimo séptimo ataca por la vía del art 849.1 LECrim la condena por delito de prevaricación del art. 404 CP .

El motivo está construido en dependencia de anteriores: parte de la estimación de algunos previos y en concreto de los que denunciaban error facti. Su estimación debiera haber dejado allanado el camino para la prosperabilidad de éste. Sin embargo han sido desestimados por lo que subsisten las barreras que impiden que éste se abra paso.

Los motivos décimo quinto y décimo sexto pretendían negar la intervención del recurrente en la orden de paralización de los pagos así como desvincular esa orden de la previa conversación entre Benito y el titular de la empresa acreedora. Si aquellos motivos han sido desestimados éste pierde todo apoyo. Hay que estar al hecho probado tal y como quedó fijado en estos particulares. Del mismo fluye con naturalidad un delito de prevaricación: una injustificada orden de paralización de unos pagos debidos por razones espurias y particulares ajenas a los intereses públicos (la presión para que Leovigildo pagase a Benito ). A tenor del factum no fue un supuesto incumplimiento parcial el que determinó el rechazo radical y no condicionado de las facturas, sino esos móviles que solo pueden ser calificados de arbitrarios , tal y como habría de catalogarse también en congruencia la decisión administrativa que alumbran. Posteriormente una orden de pago a quien no había realizado trabajo alguno rivaliza en arbitrariedad con la anterior.

El motivo decae.

Se invoca con igual formato casacional ( art. 849.1 LECrim ) el art. 14.1 CP para excluir la responsabilidad por el delito de prevaricación (motivo vigésimo octavo). El argumento arranca de unas bases que no están reconocidas en la sentencia: que la paralización de los pagos se debió a que los trabajos no habían sido completados. Sobre ese presupuesto se especula sobre el error que pudo producirse en relación al carácter esencial o accesorio del incumplimiento.

Ese debate se sitúa al margen del hecho probado que proclama que la paralización de los pagos se debió a la orden del recurrente congruente con lo que Benito (que no era adivino según plástica expresión utilizada por el Fiscal en el informe oral) había advertido al denunciante unos días antes. Las especulaciones del recurrente dan la espalda a ese hecho probado por lo que no tienen cabida en un motivo por error iuris (art . 884.3º LECrim).

El motivo tampoco es estimable.

Se denuncia también a través del art. 849.1 LECrim una indebida aplicación del art 74.1 CP ( delito continuado ) a la prevaricación (motivo vigésimo noveno). Se dice que sería artificioso desdoblar en dos lo que naturalmente constituye una única decisión: se acordó no pagar a una empresa y correlativamente pagar a otra.

Siendo habilidoso el argumento, no es asumible. La primera decisión no arrastra a la segunda necesariamente. Hay dos decisiones diferenciables y separadas en el tiempo. La primera consiste en paralizar unos pagos, rechazarlos. La segunda en efectuar los debidos abonos a quien no es acreedor, pero simula serlo. A ello habría que unir la inicial concesión de los trabajos por motivos ajenos a los que deben motivar esa decisión (aunque no parece que la adjudicación del contrato haya sido tenida en cuenta como contenido del delito de prevaricación ni por la acusación ni por la sentencia quizás por considerarla embebida en el cohecho). El delito continuado está correctamente apreciado y el motivo sucumbe.

El siguiente motivo (trigésimo) reclama el favor del principio non bis in idem reproduciendo la queja por la aplicación del delito continuado. Está contestado con la reflexión que acaba de hacerse. Al contrario que las dos decisiones que no son refundibles en una única, los dos motivos sí son realmente una única queja. El único bisin idem se encuentra en la duplicidad de motivos sobre una misma cuestión.

Los motivos duodécimo a décimo cuarto y décimo séptimo de Pablo Jesús plantean cuestiones sustancialmente iguales a las que se acaban de analizar. Los damos por contestados.

Los motivos trigésimo primero y trigésimo segundo no precisan de contestación pues se han visto despojados de contenido.

El trigésimo primero se refiere al cohecho.

El trigésimo segundo y penúltimo del largo escrito de recurso ataca la consideración de la Audiencia sobre la existencia de un delito de malversación que quedó embebido en el delito de cohecho. En la medida en que de los motivos estimados se deduce que no se considera probado que esos 2.500 euros, constitutivos según la sentencia de una dádiva, sean tales, también pierde su base la acusación por malversación y se diluye la apreciación que el recurrente quería combatir.

El motivo trigésimo tercero (último de este recurso) reivindica la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas .

Se alega que desde la incoación de la causa hasta la sentencia han transcurrido más de cinco años.

La atenuante de dilaciones indebidas durante muchos años ha tenido que ampararse en la analogía del anterior art. 21.6º CP (hoy, 21.7º). A partir de diciembre de 2010 cuenta con una tipificación expresa. El actual número 6 del art. 21 CP , dentro del catálogo de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, contempla como tal la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa ( STS 440/2012 , de 29 de mayo).

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010 razonaba la conveniencia de otorgar carta de naturaleza legal a la atenuante de dilaciones indebidas en la necesidad de dar cobertura normativa a una práctica judicial muy extendida. Como es bien sabido la atenuante es de creación jurisprudencial y sus perfiles fueron modificándose a impulsos de los pronunciamientos de esta Sala Segunda. Los requisitos positivizados en 2010 se ajustan en sus contornos esenciales a lo establecido por esa jurisprudencia que la exposición de motivos de la citada ley proclama querer respetar. No hay por tanto cuestión sobre la legislación aplicable. Es similar la vigente en el momento de los hechos a la actual.

El precepto exige unos retrasos extraordinarios y no proporcionados con la complejidad de la causa. Ha cristalizado en esos términos lo que ya exigía la jurisprudencia.

A tenor de la literalidad de la norma la atenuante viene conformada por unos elementos constitutivos: a) una dilación indebida en el sentido de no procedente o no justificable; b) carácter extraordinario de la dilación, en el sentido de inhabitual, inusual; c) sobrevenida durante la tramitación del procedimiento; d) inexistencia deculpa del imputado en los retrasos; y e) desproporción entre la c omplejidad del litigio y el retraso.

El tiempo invertido en la investigación y enjuiciamiento de este asunto excede de lo óptimo e incluso de lo deseable. Pero no se han desbordado unos estándares habituales y moderadamente razonables. La atenuante exige que las dilaciones sean extraordinarias, es decir que estén "fuera de toda normalidad" y de cualquier parámetro usual, lo que no puede predicarse de este caso si atendemos a una valoración global del tiempo invertido y las concretas secuencias y vicisitudes procesales: pluralidad de investigados es factor que sin duda hace inevitable una ralentización del proceso.

Las SSTC 89/2014, de 9 de junio y 99/2014 de 23 de junio insisten en que no toda infracción de los plazos procesales o toda excesiva duración temporal de unas actuaciones judiciales supone una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Serán las circunstancias específicas de cada supuesto sobre las que han de proyectarse los criterios objetivos (complejidad, márgenes ordinarios de

duración de litigios semejantes, intereses arriesgados, conducta de las autoridades...) las que orienten al intérprete. Esas consideraciones guardan sintonía con las apreciaciones que encontramos en la doctrina del TEDH (por todas, STEDH de 21 de abril de 2015, asunto Piper v. Reino Unido : la complejidad del caso es uno de los estándares para evaluar el carácter indebido o no de las dilaciones).

Apreciando de manera conjunta el tiempo global que ha tardado en enjuiciarse la causa y las circunstancias concurrentes no puede hablarse de un retraso desmesurado. Es una duración que rebasa lo ideal e incluso lo legal, pero no tan desproporcionada en relación a la innegable complejidad de la causa y de la investigación como para propiciar una atenuación que, por otra parte, carecería de otra virtualidad que determinar la imposición de la pena en su mitad inferior, lo que se va a hacer en todo caso atendiendo entre otras razones a ese tiempo transcurrido pero con la base del art. 66.1.6 CP pues no se encuentra base suficiente para dar vida a la atenuación.

Sería rechazable excusar las dilaciones con deficiencias estructurales como la imposibilidad para efectuar los traslados a las partes de la forma simultanea (como exige la ley) y no sucesiva. Pero, aún en esa perspectiva, el total tiempo de tramitación no es tan desproporcionado en relación a la relativa complejidad del asunto (pluralidad de imputados, necesidad de recabar y estudiar documentación) y no justifica la atenuante ordinaria -que no tendría repercusiones prácticas-; ni, mucho menos, la cualificada.

El motivo es desestimable. Como lo son los de otros recursos que reclaman también esa atenuante (octavo y décimo octavo de Pablo Jesús y quinto de Benito )

B).- Recurso de Donato .

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Desde el momento en que según se ha expuesto se ha considerado huérfana de prueba la presencia de una dádiva concebida como pago o retribución que se hace al funcionario o autoridad para la realización del acto injusto se desvanece el delito de cohecho único por el que ha sido condenado este recurrente.

Los argumentos del primero de sus motivos (presunción de inocencia) en ciertos puntos abonan y abundan en la estimación del motivo similar del anterior recurrente que acabó con la exclusión del delito de cohecho. Muchos otros se deslizan hacia otras cuestiones, centradas en particular en la posición de padre e hijo en la empresa Rótulos CTM, o en la cuestión de quién elaboró las facturas, aspectos que pierden todo interés una vez descartada la tipicidad del art. 420 CP .

Los motivos segundo y tercero (interpuestos respectivamente por cada una de las dos modalidades de infracción de ley del art. 849 LECrim ) no pueden añadir nada frente a una condena que debe dejarse sin efecto.

El segundo, aunque ajustado al art. 849.1º LECrim , vuelve sobre cuestiones de hecho de las que extrae rendimiento para la faz subjetiva del delito: desconocimiento por su parte de los hechos que la Audiencia ha deducido -sin base suficiente, añadimos-: que existiese un sobreprecio (que discute dada la presentación de otro presupuesto menos económico)- o que estuviese destinado a hacer pagos a funcionarios (lo que el hecho probado tampoco llega a proclamar como dato acreditado: tan solo se dice que los 2.500 euros debían ser la dádiva).

El tercero de los motivos fue desistido en el trámite de formalización al unirse su argumentación al motivo por presunción de inocencia. Pretendía introducir a través del art. 849.2 LECrim el informe pericial invocado también por otros recurrentes en el particular que establece que el coste facturado es acorde con los precios de mercado, en alegato que no tendría capacidad de prosperar por el cauce del art. 849.2 LECrim por la naturaleza de tal opinión, aunque sí como argumento que apoya el motivo por presunción de inocencia al identificar grietas en el itinerario deductivo de la Audiencia.

Por tanto con la estimación del primero de sus motivos se da completa respuesta a este recurrente.

C) Recurso de Pablo Jesús .

Atribuye la sentencia a este recurrente una implicación en los hechos desde el comienzo hasta el final; sin embargo muestra cierta avaricia motivacional la resolución al detallar la base probatoria que sustenta esa imputación, lo que aprovecha el recurrente en su recurso (fundamentalmente motivos primero a cuarto) para minimizar su intervención en toda la secuencia y presentar sus gestiones frente a Leovigildo (personalmente el 22 de agosto y luego telefónicamente) como un intento conciliador. Tales conversaciones evidencian que llegó a conocer los términos en que estaba planteada la cuestión en aquel momento pero no que hubiese intervenido antes. Sin embargo su activa intervención en la decisión de contratación que no se destaca quizás lo suficiente en la sentencia, está aceptada por él mismo desde sus primeras declaraciones (folios 198 y ss y 210 y ss), así como su directa implicación en la decisión de no abonar las facturas presentadas por Leovigildo . Hay prueba de su intervención causal y directa en las caciquiles decisiones prevaricadoras (vid su propia declaración a los folios 210 y ss, en particular, folio 212) aunque no fuesen de su estricta competencia (lo que llevará a plantearnos una eventual aplicación del art. 65.3 CP ).

Los motivos primero, tercero y cuarto han de ser desestimados.

Los motivos restantes han quedado ya contestados al hilo del anterior recurso como se ha ido reseñando con excepción de tres de ellos.

Los motivos noveno y décimo suscitan quebrantamientos de forma.

No hay contradicción interna o inmanente (que es lo que exige el art. 851.1 LECrim ) ni en la alusión a un único presupuesto (que además es algo sin trascendencia real en lo que atañe a la subsunción jurídica), ni en lo relativo a los trabajos realizados por Rótulos CTM: ni predeterminación cuando se constata un hecho sin valoración jurídica alguna que luego es objeto de examen desde el prisma penal (motivo noveno).

El motivo décimo por su parte, introduce de contrabando en un motivo por falta de claridad una discusión que es propia de la presunción de inocencia (motivación fáctica de la sentencia) o de la subsunción jurídica (si los hechos que se dan como probados colman todos los requisitos de los tipos penales aplicados.

Fenecen ambos motivos.

En el motivo décimo noveno se introducen muchas pretensiones diferentes (con desprecio del principio de separación de motivos) con un denominador común: se reclaman cambios en el factum derivables de los documentos que se designan.

En ninguna de sus diversas vertientes será estimable el motivo.

Muchas de las adiciones que se pretenden son irrelevantes (respecto de algunas se ha argumentado ya): el acuerdo entre las dos empresas privadas; la presentación de otro presupuesto; la división en dos partidas diferentes (que sí está aceptada en la sentencia, aunque no le parezca al recurrente que lo está con la suficiente claridad). Otras no responden a prueba documental (declaraciones de la funcionaria de la intervención del Ayuntamiento) o no se derivan de documentos literosuficientes (acabado o no de los trabajos). Una última, por fin, tampoco sería acogible por este camino, aunque ha servido para decidir las reclamaciones por presunción de inocencia (naturaleza y destino de los tan citados dos mil quinientos euros).

D) Recurso de Benito .

VIGÉSIMO SEXTO.- Todo un abanico de principios procesales y derechos constitucionales son invocados en el primer motivo de este recurso que trata de justificar esa miscelánea (habla incluso de que algunos argumentos serían susceptibles de descansar en el art. 849.2 LECrim ) por el entrelazamiento de todos los aspectos aducidos. Reclama flexibilidad.

Los términos de la impugnación quedan acotados por una previa premisa: el delito de cohecho ha sido expulsado de la condena. Todas las consideraciones del recurrente en torno a él han quedado desprovistas de contenido. La estimación de un motivo de otro recurrente sustenta la idéntica prosperabilidad estimación de las denuncias de este impugnante que discurren en similar dirección.

Del primero de los motivos quedan así pues contestadas por remisión todas las alegaciones que se encaminan a atacar la condena por el delito de cohecho. Decaen de esa forma los motivos tercero y parcialmente los motivos séptimo y octavo. No podemos analizar otras posibles tipicidades (436) pues ni fueron alegadas ni pueden ser introducidas sorpresivamente sin merma del principio acusatorio.

Quedan pendientes los argumentos que combaten la condena por los delitos de prevaricación y falsedad.

En cuanto al delito de prevaricación hay prueba suficiente: la conversación mantenida por este recurrente y grabada y la posterior decisión de no pagar las facturas permiten construir esa indisimulable relación entre ambos sucesos e inferir con solvencia que este acusado promovió ese impago, y por tanto un acto administrativo injusto. Sus previas relaciones con el Concejal lo corroboran. Si eso lo enlazamos con el posterior cobro mediante unas facturas falsas gestionadas por este recurrente el robusto cuadro indiciario queda cerrado.

No hay problema de admisibilidad de la intervención de un particular en un delito especial sin perjuicio de lo establecido en el art. 65.3. La jurisprudencia al respecto es conocida. El Fiscal cita un buen grupo de precedentes.

En orden al delito de falsedad es patente que las facturas son totalmente simuladas. Y que las mismas se elaboraron a instancia de este acusado. Que el Ayuntamiento debiese esa cantidad a otra entidad no desvirtúa el carácter falsario de la factura: es obvio. El elemento falsario no se concreta en la realidad de la deuda, sino en el elemento subjetivo: que los trabajos se hubiesen realizado por Sinéresis S.L. Eso es abiertamente contrario a la realidad.

Y tampoco hay afectación alguna de la presunción de inocencia por atribuir al acusado participación en la creación de esas facturas que él mismo decidió que se efectuasen encargándoselas a la coacusada.

El principio de proporcionalidad de las penas no permite la genérica revisión que propone el recurso ( STS 716/2014, de 29 de octubre ) .

El principio de proporcionalidad no está expresamente proclamado en la Constitución Española aunque constituye una exigencia implícita del art. 25 CE según tempranas declaraciones del Tribunal Constitucional. A partir de diciembre de 2009 un texto normativo de aplicación directa en nuestro ordenamiento lo consagra de manera expresa: el art. 49.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. El juicio sobre la proporcionalidad de las penas compete al legislador ( SS TC 55/1996 , 88/1996, de 23 de mayo y 161/1997, de 30 de octubre y STS 466/2012, de 28 de mayo ). Al criterio trasladado a la ley han de atenerse en el ejercicio de sus funciones los jueces y tribunales. En el discernimiento sobre qué sanciones son las más ajustadas para cada conducta ilícita goza el legislativo, respaldado por la legitimidad democrática, de un margen de discrecionalidad que debe ser acatado. Esa libertad no es absoluta. La Constitución impone unos mínimos estándares de proporcionalidad que enlazan con los derechos proclamados en su art. 25.1 . Esa estimación se ve en la actualidad reforzada por la vigencia del citado art. 49.3 de la Carta de Derechos de la Unión Europea. Desde este enfoque una ley penal puede ser fiscalizada por el Tribunal Constitucional: tanto por resultar patentemente innecesaria una reacción de tipo penal; como por estimarse excesiva la carga aflictiva de la pena en relación con la entidad del delito. En este segundo nivel, nos moveríamos en el territorio de lo que se ha denominado desproporción en sentido estricto ( STC 136/1999, de 20 de julio ).

Pero también el Tribunal Constitucional ha de partir del respeto a la potestad del legislador para elegir los bienes dignos de ser penalmente protegidos, y para definir los comportamientos penalmente reprensibles y dosificar tipo y cuantía de las sanciones penales. Esas cautelas le confinan a una posición desde la que solo puede verificar que la norma penal no produce "un patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho" ( STC 55/1996 , fundamento jurídico 8º).

Linderos todavía más angostos encorsetan la capacidad de los órganos de la jurisdicción ordinaria para valorar una norma penal desde esa perspectiva de proporcionalidad ( STS 466/2012, de 28 de mayo ). Ese principio no queda al margen de sus funciones. De un lado, dentro de los límites legales, el principio de proporcionalidad ha de presidir la tarea de individualización penológica en cada caso atendiendo a los criterios del Código que remiten a esos cánones de proporcionalidad. De otra parte, en los casos excepcionales en que se detecte ese "derroche inútil" de coacción que podría acarrear la ilegitimidad de la norma, podrán reenviar la cuestión al TC, único órgano con poderes constitucionales de enmienda del legislador. Por fin, y esa prescripción representa un indubitado eco legal del principio de proporcionalidad, pueden los órganos judiciales elevar una memoria al Gobierno exponiendo lo conveniente cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la ley resulte penada una acción u omisión que a su juicio no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo ( art. 4.3 CP ).

Pues bien, en el presente supuesto no podemos sino atenernos al criterio del legislador. No se aprecia esa desproporción que genéricamente denuncia el recurrente.

Si el art. 65.3 CP no se ha aplicado es porque se ha elegido la pena de la falsedad que es delito común ( art. 77 CP )

El motivo segundo decae.

El motivo tercero (cohecho) es estimable según se ha visto ya.

El motivo quinto (dilaciones indebidas) no añade nada a idéntica alegación realizada por otros recurrentes. A la contestación de aquél motivo hay que remitirse para fundar su desestimación.

En cuanto al motivo cuarto, ya se citó antes que es doctrina consagrada la posibilidad de que el extraneus responda por el delito especial sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 65.3 CP .

La mendacidad de la factura por su parte, encaja en el art. 390.1.2 (simulación total de un documento). La confección de unas facturas totalmente ficticias en las que se hace figurar que una empresa ha realizado unos trabajos en los que no ha participado para nada con la finalidad de obtener su abono es conducta falsaria encajable en el art. 390.1.2 CP . El delito consistió en " simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad ".

Como recuerda la STS 905/2014 : resulta razonable, por tanto, incardinar en el art.390.1.2º del CP aquellos supuestos, ....., en que la falsedad no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad de algunos de los extremos consignados en el documento, sino al documento en sí mismo, en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico una relación o situación jurídica inexistente. A tenor de lo cual, debe considerarse delictiva la confección de un documento que recoja un acto inexistente, con relevancia jurídica para terceros e induciendo a error sobre su autenticidad (en sentido amplio).

El Pleno no jurisdiccional de la Sala 2.ª del TS de 26 de febrero de 1999 se pronunció a favor de esta tesis, es decir, a favor de incriminar como falsedad ideológica la creación de documentos falsos en su contenido, al reflejar una operación inveraz por inexistente, aunque no concurrieran falsedades materiales en el documento emitido.

La STS. 280/2013 de 2 de abril , recuerda que en las sentencias más recientes dictadas sobre esta cuestión se ha consolidado el criterio de que determinadas falsedades ideológicas siguen estando penadas, si bien con un carácter restrictivo, en el actual texto penal. Y así, en la SSTS 213/2008, de 5 de mayo y 641/2008, de 10 de octubre , se afirma que la diferenciación entre los párrafos 2.º y 4.º del art. 390.1 debe efectuarse incardinando en el párrafo 2.º aquellos supuestos en que la falsedad no se refiera exclusivamente a alteraciones de la verdad en algunos de los extremos consignadosen el documento, que constituiría la modalidad despenalizada para los particulares de faltar a la verdad en la narración de los hechos, sino al documento en sí mismo en el sentido de que se confeccione deliberadamente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una realidad jurídica absolutamente inexistente"

Las alegaciones no son atendibles.

Con el formato del error iuris ( art. 849.1 LECrim ) se lucha por una reindividualización penológica en lo relativo al concurso medial establecido entre el delito de prevaricación y la falsedad (motivo sexto).

Las penas en efecto, deberán ser redimensionadas, en efecto acogiéndose con ello este motivo sexto.

Por un parte el recurrente da por acogida la atenuante cualificada (o no) de dilaciones indebidas. No ha sido así, lo que priva de sustento a esta faceta del motivo. Adviértase en todo caso que la pena se impuso en su mínimo lo que convertiría en irrelevante la atenuante si no es cualificada.

Pero además se queja por la aplicación que se ha hecho del art. 77 CP sin tener en cuenta lo establecido en el art. 65.3, siendo así que uno de los delitos abrazados en concurso medial es especial, siendo un extraneus el recurrente.

Olvida, como se advirtió antes, que la penalidad se construye sobre la fijada al delito común (falsedad) en concurso medial (art. 77).

Desviándonos de los perfiles concretos de la queja y acogiéndonos a la voluntad impugnativa manifestada, se deja notar cierta deficiencia en la motivación penológica basada en el art. 77 CP . Se opta por elegir la pena más grave en su mitad superior (falsedad), pero no se razona en absoluto esa elección de entre los dos caminos posibles (art. 77.2 o art. 77.3). Podría aducirse que si se penasen por separado también se hubiese fijado esa extensión (un año, nueve meses y un día) añadiendo además la pena de la prevaricación (inhabilitación especial). Pero no parece fácil de encajar en pautas racionales esa opción cuando penando conjuntamente no se ha subido el mínimo ni un solo día. Y todavía se torna menos inteligible la concreción punitiva si atendemos a que la autora de ese delito del que el acusado es inductor ha sido castigada con la pena mínima (seis meses de prisión) . No hay motivación, explícita, ni tampoco racionalidad implícita, lo que nos lleva a estimar este motivo y reformular la penalidad en la segunda sentencia en la forma que se dirá.

El art. 849.1 LECrim acoge una queja por la cuantía de las multas (motivo séptimo) .

La multa asociada al delito de cohecho será dejada sin efecto como consecuencia de la estimación de motivos anteriores.

En cuanto a la multa derivada de la falsedad se alega que no se ha razonado por qué se elige una cuota de diez euros en lugar de la mínima de dos euros. Se solicita que se opte por ésta, o, en todo caso, o que se atempere.

Los parámetros que han de regir la cuantificación de la cuota de multa están enumerados en el art. 50.5 CP invocado en el recurso. Ciertamente era deseable una motivación ad hoc en la sentencia que fuese más lejos, aunque sea mínimamente, de la pura decisión. Pero si la cuota tiene un máximo de 400 euros, moverse en una franja tan inferior disculpa de consignar unas razones que, por evidentes, saltan a la vista. Se ha superado en ocho euros el mínimo, cuando podía haberse superado en 398 euros.

No siendo una eximente la pobreza, también los indigentes pueden ser merecedores de una pena de multa. Habrá que reservar para esos casos los tramos mínimos de cuota evitando la injusticia de equiparar situaciones económicas muy diferentes. La misma secuencia de hechos probados demuestra que el acusado es un profesional liberal, que tiene negocios, que maneja dinero. Cifrar la cuota en menos sería despreciar su capacidad y valía profesional de forma casi insultante.

Hagámonos eco de lo que ya razonaba la STS 847/2007, de 18 de octubre : " Recordamos que el art. 50.5 CP nos ordena para esa determinación tener en cuenta "exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo". Cuando, como aquí ocurre, la sentencia recurrida nada nos dice sobre el porqué de esa cuota de 12 euros, no nos queda otra opción que examinar las diligencias practicadas para buscar datos objetivos que nos permitan llegar a conocer las razones tenidas en cuenta para tal determinación". A continuación la sentencia desvela algunos datos dimanantes de las diligencias que desmienten la posibilidad de encontrarse ante un indigente (uso de un coche, una profesión...).

El motivo no es acogible.

En el octavo motivo se denuncia error en la valoración de la prueba ( art. 849.2 LECrim ) que resultaría de varios documentos obrantes en la causa. Se dice que va conectado al motivo séptimo. Es un lapsus pues la temática es totalmente ajena al motivo séptimo que acabamos de examinar. Más bien enlaza con el largo motivo primero (presunción de inocencia) como confirmó en la vista oral el letrado que ostenta la dirección técnica de este recurrente. Hay que remitirse al estudio ya hecho de aquel primer motivo (fundamento de derecho vigésimo cuarto). Como sucedía con anteriores recurrentes éste trae a colación ciertos informes periciales y documentación administrativa tendente a negar la presencia de sobreprecio. Falta literosuficiencia. Pero, desde luego, son elementos que ayudan a poner de manifiesto la falta de carácter concluyente de la inferencia que hizo la Sala de instancia tal y como se ha razonado sobradamente en fundamentos anteriores.

El motivo ha de ser igualmente rechazado.

V) Costas .

Las costas de todos los recursos han de declararse de oficio ( art. 901 LECrim ) en la medida en que algunos de sus motivos han sido estimados total o parcialmente.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitución, esta Sala ha decidido:

1. - DECLARAR HABER LUGAR al recurso de casación interpuestos por Luis Angel , contra Sentencia nº 260/2015 de fecha 15 de junio de 2015, dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante en causa seguida por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y falso testimonio por estimación de los motivos tercero, octavo, noveno y undécimo de su recurso y en su virtud casamos y anulamos la Sentencia dictada por dicho Tribunal de instancia con declaración de las costas de este recurso de oficio.

2. - DECLARAR HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Pablo Jesús , contra Sentencia y Audiencia arriba reseñadas por estimación del motivo quinto de su recurso con declaración de las costas de este recurso de oficio.

3. - DECLARAR HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Benito , contra Sentencia y Audiencia arriba reseñadas por estimación de los motivos primero y sexto de su recurso con declaración de las costas de este recurso de oficio.

4. - DECLARAR HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por

Donato , contra Sentencia y Audiencia arriba reseñadas por estimación del motivo primero y sexto de su recurso con declaración de las costas de este recurso de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos procesales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Julián Sánchez Melgar Francisco Monterde Ferrer Antonio del Moral García

Andrés Palomo Del Arco Joaquín Giménez García

1511/2015

Ponente Excmo. Sr. D.: Antonio del Moral García

Vista: 08/06/2016

Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

SEGUNDA SENTENCIA Nº: 699/2016

Excmos. Sres.:

D. Julián Sánchez Melgar

Presidente.

D. Francisco Monterde Ferrer

D. Antonio del Moral García

D. Andrés Palomo Del Arco

D. Joaquín Giménez García

En nombre del Rey

La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Septiembre de dos mil dieciséis.

En la causa que en su día fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número Nueve de Alicante, fallada posteriormente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Décima) y que fue seguida por delitos de cohecho, prevaricación, falsedad y falso testimonio, contra Luis Angel , Pablo Jesús , Jorge , Benito , Donato y Pilar , se ha dictado sentencia que ha sido casada y anulada por la dictada el día de la fecha por esta Sala integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado el Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.

Tal como se deriva de la alteración efectuada, los hechos no son constitutivos de un delito de cohecho, sin que sea factible por impedirlo el principio acusatorio (no hay homogeneidad) indagar sobre otras eventuales tipicidades ( arts. 436 o 439 CP que se citan ejemplificativamente, sin querer con ello sugerir que esos preceptos abracen cumplidamente los hechos). La sentencia de casación explica por qué la prueba sobre la que se sustentaba la consideración de esos 2.500 euros como dádiva dista mucho de ser concluyente. Procederá por ello la absolución de todos los acusados por tal delito.

No existiendo prueba que sobrepase la mera conjetura de la participación de Luis Angel y Pablo Jesús en la ideación y elaboración de las facturas totalmente simuladas, procede su absolución por el delito de falsedad en documento mercantil. El conocimiento posterior a la consumación no puede constituir una forma de participación. A esta razón se une además la constatación de que ninguno de estos dos imputados fueron acusados con la exigible claridad como partícipes en tales hechos. Se les atribuía una falsedad en documento oficial derivada de las órdenes de impago de unas facturas previas que la Sala de instancia no ha considerado constitutivas de delito.

Excluida tal infracción debe reindividualizarse la pena a imponer por el delito de prevaricación que subsiste aisladamente sin estar ligado por relaciones concursales con ningún otro delito. Siendo continuado el delito, la pena habrá de imponerse en su mitad superior ( art. 74.1 CP ) lo que arroja una horquilla comprendida entre ocho años y seis meses (prescindiendo de los dos días que señalaba el Fiscal en una aplicación escrupulosa de la división por la mitad a partir de 365 días y no doce meses) y diez años (manejamos la pena establecida en el momento de comisión de los hechos). No superaremos la mitad inferior: ocho años y seis meses de inhabilitación especial para todo cargo electivo que viene a coincidir con la petición del Fiscal con esa divergencia de dos días.

Igual pena se va a imponer a Pablo Jesús . Es verdad que respecto de él ( STS 277/2015, de 3 de junio ) sería planteable una reducción ( art. 65.3 CP ), pues siendo funcionario, no entraba en sus competencias el dictado de la resolución, lo que le convierte en extraneus. Pero el hecho de que efectivamente colaborase con tal acción desde un puesto público (asesor del Concejal) y su protagonismo aconsejan obviar esa rebaja que es meramente facultativa. Se le asignará igual penalidad.

Se hace preciso igualmente reindividualizar la pena a imponer a Benito como consecuencia de la estimación de alguno de los motivos de su recurso. Su condena versa sobre un delito de falsedad en documento mercantil de los arts. 392 y 390.1.2 CP en concurso medial del art. 77 CP con un delito continuado de prevaricación (con penalidad susceptible de ser reducida por mor del art. 65.3 CP ). En teoría cabría penar conjuntamente lo que nos llevaría a la pena de la falsedad en su mitad superior (entre un año, nueves meses y un día a tres años de prisión además de la multa). Esa fue la opción de la Audiencia aunque ayuna de justificación ( art. 72 CP ). Suponía un notable incremento no justificado. En efecto, si se pena por separado la pena privativa de libertad podría quedar reducida a seis meses, mientras que la prevaricación aparejaría una inhabilitación especial relacionada con empleos públicos que a la vista de la dedicación profesional del acusado no parece que sea singularmente gravosa. Si, además, se advierte que a la autora directa de tal delito la Sala le ha impuesto el mínimo legal (seis meses de prisión), parece lógico optar por la doble penalidad ( art. 77.3 CP ) que en conjunto resultará más favorable.

Por el delito de falsedad se le impondrán las penas de siete meses de prisión (su responsabilidad como inductor de la conducta y además directo beneficiario de la misma es superior a la de Pilar ), y multa de siete meses. Se mantendrá la cuota fijada en la instancia según se razonó en la anterior sentencia. Hay que añadir una pena separada por el delito de prevaricación aunque rebajada en un grado conforme al art. 65.3 CP : inhabilitación especial inferior a ocho años y seis meses (mitad superior de la pena tipo por mor del art. 74.1). Se opta por la mitad inferior: cuatro años y seis meses.

Han de hacerse los correspondientes ajustes en cuanto a las costas. El Fiscal acusaba por cinco delitos. Por tres de ellos (malversación, cohecho, falso testimonio) se ha decretado la absolución lo que supone que 3/5 partes de las costas deben declararse de oficios además de las correspondientes a los acusados absueltos de los dos delitos que han pasado a la condena (prevaricación y falsedad). Luis Angel y Pablo Jesús deben abonar cada uno 1/20 del total de costas; Pilar , 1/25 parte; y Benito 1/20 más 1/25, lo que equivale a 9/100 del total de las costas.