STS 576/2016, 28 de Junio de 2016
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 576/2016 |
| Fecha | 28 Junio 2016 |
SENTENCIA
En Madrid, a 28 de junio de 2016
Esta Sala ha visto el recurso de casación para unificación de doctrina, interpuesto por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -INSS-, contra la sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de 2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso de suplicación nº 2486/14 , formulado por el ahora recurrente frente a la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo , en autos nº 1053/13, seguidos a instancia de MUTUA UMIVALE MATEPSS Nº 15 contra DON Gonzalo , INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre reclamación de REVISIÓN INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.
Se ha personado en concepto de recurrida la Letrada Doña Nieves Gómez Trueba, en nombre y representación de UMIVALE, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 15.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Luis Gilolmo Lopez.
Con fecha 29 de septiembre de 2014 el Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que estimando la demanda presentada por la Mutua UMIVALE contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y D. Gonzalo , debo declarar y declaro que la Mutua demandante no es responsable de las prestaciones derivada de la incapacidad permanente total reconocidas al citado trabajador, las que son a cargo exclusivamente del Instituto demandado, condenando a las partes demandadas a estar y pasar por tal declaración, con todas las consecuencias legales inherentes a la misma.»
En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos:
PRIMERO.- D. Gonzalo , afiliado al Sistema de la Seguridad Social con el n° 33/ prestó servicios para la empresa EFREN GARCÍA FERNÁNDEZ-MINA MIRAVALLES 2ª, la que tenía asegurados los riesgos profesionales con la Mutua UMIVALE, empresa en la que cesó el 23-07-76 al diagnosticársele una silicosis de primer grado, habiendo pasado a la situación de jubilado el 01-04-84.
SEGUNDO.- El citado trabajador fue declarado afectado de una incapacidad permanente total por resolución del Inss de fecha 01-03-12 derivada de enfermedad profesional por padecer una silicosis de primer grado con enfermedad intercurrente (cardiopatía), imputando la responsabilidad a la Mutua IBERMUTUAMUR, la que interpuso reclamación previa que fue estimada por resolución de fecha 10-05-12 declarando a la Mutua UMIVALE responsable de la prestación, la que procedió a ingresar el capital-coste por importe de 75.655,85 € incluidos los intereses.
TERCERO.- Por la Mutua UMIVALE se presentó con fecha 0208-13 solicitud a fin de que se le eximiese de toda responsabilidad en la prestación reconocida al trabajador, que le fue desestimada por resolución de fecha 12-09-13.
Interpuesto recurso de suplicación contra la referida sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 2014 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de Oviedo en los autos seguidos a instancia de MUTUA UMIVALE contra dicho recurrente, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Gonzalo , sobre responsabilidad de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional, y, en consecuencia, confirmamos la resolución recurrida.»
Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó por la representación procesal del INSS, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en fecha 12 de noviembre de 2013, recurso nº 200/13 ; y la infracción por vulneración de lo dispuesto en los artículos 43 de la LGSS y 9.3 de la CE .
Por providencia de esta Sala de fecha 3 de junio de 2015 se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formulara su impugnación en el plazo de diez días.
Evacuado el trámite de impugnación, se dió traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminando en el sentido de considerar procedente el recurso. Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el 28 de junio de 2016, fecha en que tuvo lugar.
1. La sentencia impugnada (TSJ Asturias 19-12-2014, R. 2486/14 ) confirma la dictada en la instancia y declara que la responsabilidad en el pago de las prestaciones de muerte y supervivencia derivadas del fallecimiento por enfermedad profesional del causante, antes en IPT por la misma contingencia, corresponde exclusivamente al INSS, sin responsabilidad alguna de la Mutua demandante (UMIVALE), a la que se le deberá reintegrar por el INSS y TGSS el capital coste de renta que aquélla ingresó en su día.
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La Sala del TSJ admite la posición defendida por la Mutua, razonando, muy en síntesis, que si bien puede caducar la acción, la defensa del derecho, mientras no prescriba, permite reproducir el procedimiento administrativo, ya que en caso contrario se estaría otorgando a las resoluciones administrativas un efecto reservado a las judiciales firmes, y la fuerza de cosa juzgada, lo que, a su entender, no se desprende del art 71 de la LRJS , pudiendo, por tanto, instarlo de nuevo la Mutua.
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Acude ahora en casación unificadora el INSS, denunciando la infracción del art. 43 de la LGSS , en relación con el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución , y del art. 71 de la LRJS , proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja de 12 de noviembre de 2013 (R. 200/13 ).
1. La contradicción requerida por el art 219.1 de la LRJS ha de apreciarse, ya sea sólo referida al problema de la caducidad de la instancia por abandono o no ejercicio en plazo de la reclamación previa, tal como esta Sala ha admitido con reiteración en asuntos prácticamente idénticos a éste, en los que se invocaba la misma sentencia referencial del TSJ de La Rioja, porque en las sentencias comparadas se parte de relatos fácticos semejantes, de prestaciones derivadas de enfermedad profesional reconocida antes del posterior fallecimiento del trabajador/causante, con reclamación de las prestaciones familiares subsiguientes, considerándose inicialmente responsables del pago a la Mutua que, en principio, se aquietó con todo ello, aunque varios años después reclama por entender que no le incumbirle dicho pago prestacional, a lo que se ha dado respuesta opuesta en cada una de dichas sentencias.
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El recurso debe ser favorablemente acogido porque la cuestión, que, de nuevo, se centra en determinar si las resoluciones del INSS reconociendo unas prestaciones de incapacidad permanente y luego por muerte y supervivencia, derivadas todas de enfermedad profesional y declarando responsable de su abono a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales son susceptibles de impugnación y revisión en vía judicial una vez que aquéllas han adquirido firmeza administrativa por no haber sido recurridas en tiempo y forma y haber sido ya asumidas las prestaciones por aquélla, ha sido resuelta con reiteración, desde las sentencias de Pleno de 15 de junio de 2015 ( RR. 2648 y 2766/14 ), seguidas ya, por citar las más recientes, por las de 20-10-2015 ( R. 3927/14 ), 15-12 - 2015 [2] (RR. 288 y 291/15 ), 16-12-2015 ( R. 441/15 ), 2-3-2016 [ 2] (RR. 1448/15 y 2029/15 ), 2-3-2016 ( R. 3945/14 ) y 7-4-2016 ( 27/15 ), señalándose en las primeras que:
Hemos de partir de la base de que conforme a muy pacífica -hasta la fecha- doctrina de la Sala, el defectuoso agotamiento de la vía administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, por inobservancia del plazo de treinta días que establece el art. 71.2. 71.2 LRJS [antes, el art. 71.2 LPL ], no afecta al derecho material controvertido y no supone prescripción alguna, sino que únicamente comporta la caducidad en la instancia y la correlativa pérdida del trámite, por lo que tal defecto no resulta obstáculo para el nuevo ejercicio de la acción, siempre que la misma no estuviese ya afectada por el instituto de las referidas prescripción o caducidad. Así lo viene entendiendo unánimemente la doctrina jurisprudencial desde la STS 07/10/74 Ar. 3903, dictada en interés de ley, y en la que se entendió que la indicada caducidad limita sus efectos a cerrar un procedimiento individualmente considerado y no afecta a las acciones para reivindicar los derechos de Seguridad Social objeto del expediente "caducado", que pueden promoverse de nuevo en cualquier momento siempre que la acción no haya decaído por el transcurso del tiempo, puesto que resulta inadmisible que el incumplimiento de un plazo preprocesal puedan comportar la pérdida de acción para hacer valer un derecho sustantivo cuya prescripción se determina por años (así, entre otras muchas anteriores, 19/10/96 -rcud 3893/95-; 21/05/97 -rcud 3614/96-; 03/03/99 -rcud 1130/98-; 25/09/03 -rcud 1445/02-; y 15/10/03 -rcud 2919/02-).
Y esta doctrina -como con acierto destaca el Ministerio Fiscal en su bien argumentado informe- se ha positivizado en el art. 71.4 de la vigente LRJS , a cuyo tenor «... podrá reiterarse la reclamación previa de haber caducado la anterior, en tanto no haya prescrito el derecho... ».
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- Ahora bien, en lo que ya no coincidimos con el citado Organismo público, es en su afirmación de que la claridad del precepto referido y el principio de legalidad impiden «acoger, por irrazonable, la desigualitaria interpretación ofrecida por la sentencia referencial», puesto que ni el precepto ni la jurisprudencia tradicionales, en ningún momento limitan «la posibilidad de reiniciar la reclamación previa a los beneficiarios de las prestaciones ni impide utilizar la misma a las entidades colaboradoras». Y nuestra discrepancia se sustenta en las siguientes consideraciones:
a).-En primer lugar, no ha de perderse de vista que la previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]. Y si se excepciona de tal consecuencia a la «materia de prestaciones de Seguridad Social», hoy en el art. 71 LRJS y antaño en nuestra más temprana jurisprudencia [desde la citada resolución en interés de Ley], muy posiblemente ello sea atribuible al presumible desvalimiento jurídico de los beneficiarios y a la consideración de que ciertos mecanismos protectores -frente a su desconocimiento legal- no solamente no están privados de justificación, sino que incluso responden más adecuadamente al principio de irrenunciabilidad de los derechos al que en ocasiones alude el Tribunal Constitucional (así, SSTC 120/1984, de 10/Diciembre ; 14/1985, de 1/Febrero ; y 97/1987, de 10/Junio ) y que en todo caso ha sido consagrado por nuestra más antigua doctrina.(vid., por ejemplo, las SSTS 07/05/53 Ar. 1217 ; 14/02/61 Ar. 1596 ; 04/04/61 Ar. 1419...).
b).- De otra parte, una cuidada lectura del referido art. 71 LRJS nos induce a pensar que la excepción va exclusivamente referida al «reconocimiento» de las prestaciones, que era precisamente a lo que se limitaba la jurisprudencia que el precepto ha positivizado, y que la misma -la excepción- tiene por destinatario implícito al «beneficiario», no a las Entidades colaboradoras, las que incluso se contemplan -apartado 3- como sujetos pasivos de la reclamación previa. Así, las expresiones utilizadas por la norma [«materia de prestaciones»; «alta médica»; «solicitud inicial del interesado»; «reconocimiento inicial»; «modificación de un acto o derecho»; y -sobre todo- «en tanto no haya prescrito el derecho»], resultan del todo ajenas a la reclamación efectuada por la Mutua Patronal frente al INSS, casi tres años después de dictada la resolución, pretendiendo que se deje sin efecto no los términos de la «prestación», sino la imputación de su responsabilidad, y que con su consentimiento había adquirido firmeza, pero que se pretende impugnar ahora tras novedoso criterio jurisprudencial en la materia.
c).- Finalmente, tampoco cabe argumentar la literalidad de la DA Sexta LRJAP /PAC [«La impugnación de los actos de la Seguridad Social y Desempleo en los términos previstos en el artículo 2º ... de la Ley de Procedimiento Laboral ... se regirán por lo dispuesto en dicha Ley»], para extender un comprensible privilegio procesal de los beneficiarios a quien no disfruta de tal cualidad. De un lado, porque la referida DA nada añade a la cuestión, puesto que no comporta interpretación alguna del art. 71 LRJS , que es de lo que aquí se trata; y de otra parte, casi parece ocioso recordar -frente al argumento del Fiscal, sobre la «desigualitaria interpretación»- que en materia de igualdad son criterios básicos: 1) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución , sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; 2) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas; 3) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; y 4) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos (entre las más recientes, SSSTC 63/2011, de 16/Mayo , FJ 3; 117/2011, de 4/Julio , FJ 4; 79/2011, de 6/Junio , FJ 3; -Pleno- 41/2013, de 14/Febrero, FJ 6 ; ;- Pleno- 61/2013 ) .
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Así pues, de acuerdo con dicha jurisprudencia y con el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, que, en su cumplimiento, entiende procedente el recurso, ha de concluirse casando y anulando la sentencia impugnada y, resolviendo el debate de suplicación, estimar el de tal clase en su día interpuesto por INSS, desestimando la demanda en su integridad. Sin costas.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Estimar el recurso de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2014 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el recurso de suplicación núm. 2486/2014 , formulado frente a la sentencia dictada en los autos nº 1053/13 del Juzgado de lo Social núm. 6 de Oviedo , seguidos a instancia de la MUTUA de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional nº 15, UMIVALE, contra dichos recurrentes y OTROS, sobre RESPONSABILIDAD DEL PAGO DE PRESTACIÓN. Casar y anular la sentencia recurrida y resolviendo el debate de suplicación estimar el recurso de suplicación interpuesto y en consecuencia desestimar la demanda en su integridad. Sin costas.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.
Así se acuerda y firma.
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