STS 482/2016, 6 de Junio de 2016

Por la representación de sindicato CAU-IAC se presentó demanda sobre conflicto colectivo de la que conoció la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se declare y condene a la Universidad Politécnica de Cataluña al pago íntegro de la pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014, <<ya que estas pagas son de propiedad de cada uno de los trabajadores y pertenece al ámbito de su esfera personal al ser un Derecho inalienable de cada trabajador como persona, y subsidiariamente en la parte devengada y no abonada.-  Subsidiariamente proceder al pago de la diferencia del porcentual que ha perdido el PAS laboral adscrito a la Universidad Politécnica de Catalunya por el hecho de que el convenio colectivo vigente el año 2013 recogía una estructura retributiva anual distribuida en quince pagas (tres de ellas extraordinarias)>>.

Admitida a trámite la demanda, tuvo lugar el acto del juicio, en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada, según consta en acta. Recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas por las partes y declaradas pertinentes.

El día 18 de mayo de 2015, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: <<Que debemos estimar y estimamos la pretensión subsidiaria de la demanda de conflicto colectivo presentada por el SINDICATO CAU-IAC (Colectivos Asamblearios de Universidades - Intersindical Alternativa de Cataluña), contra la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, y debemos declarar y declaramos el derecho del personal afectado por el presente conflicto a percibir por el período de 2013, el 50% de 1/14 de la retribución anual, en la parte meritada por el período comprendido entre el día 1/1/2013 y el día 28/2/2013; y, para el año 2014, el 50 % de la paga extraordinaria de junio 2014, más el 50% de la paga extraordinaria de diciembre de 2014, meritada en el período comprendido entre el día 1/1/2014 y el día 30/1/2014>>.

En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: « 1º.- La presente demanda de Conflicto Colectivo afecta a los trabajadores de todos los centros de trabajo de la Universidad Politécnica de Barcelona en Cataluña.- 2º.- Las partes regulan las relaciones laborales aplicando el Convenio Colectivo de trabajo del Personal de Administración y Servicios (PAS) laboral de las Universidades públicas de Cataluña, publicado en el DOGC de 15/1/2009, con vigencia para los años 2004/2009.- 3º.- El personal que presta sus servicios por cuenta de la entidad demandada ha visto mermadas sus retribuciones en los últimos años en virtud de las normas dictadas por el Gobierno Estatal y el de la Generalitat de Catalunya, en concreto: - En un 50 %, las pagas extraordinarias del año 2013, conforme al Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya 19/2013, de 26/2/2013 (DOGC 28/2/2013), que prorrogaba los presupuestos generales de la Generalitat del año 2012.- -En Un 50 %, las pagas extraordinarias de 2014, de acuerdo con lo que disponía la ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, publicado en el DOGC de 30/1/2014.- 4º.- La parte demandante reclama el derecho a percibir las pagas extraordinarias en su integridad, tanto del año 2013 como del año 2014 y subsidiariamente la parte meritada y no abonada; y subsidiariamente al pago de la diferencia del porcentual que ha perdido el PAS laboral adscrito a la Universidad demandada.- 5º.- Presentada demanda por el SINDICATO CAU-IAC (Colectivo Asamblearios de Universidades-Intersindical Alternativa de Cataluña), se realizó el intento de conciliación ante el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya, el día 9 de enero de 2015, sin llegar a ningún acuerdo».

Por la representación de la Universidad Politécnica de Cataluña, se formaliza recurso de casación contra la anterior sentencia, en el que se formulan los siguientes motivos: Único) Al amparo del artículo 207 e) LRJS , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, artículos 2 y 3.2 del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 19/2013, de 26 de febrero ; artículo 2 a) del Decreto 269/2013, de 23 de diciembre

Personada la parte recurrida y evacuado el trámite de impugnación, se emitió el preceptivo informe del Ministerio Fiscal en el sentido de considerar el recurso improcedente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el día 17 de mayo de 2017, en cuya fecha tuvo lugar.

Tal y como se expresa en los hechos probados de la sentencia recurrida, la Administración demandada ha dejado de abonar el importe de una paga extraordinaria correspondiente al año 2.013 al personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Barcelona, por aplicación del Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 26 de febrero de 2.013 y otra paga extraordinaria correspondiente a 2.014 en aplicación de la Llei 1/2014 del Parlament de Catalunya. Planteada demanda de conflicto colectivo por el sindicato CAU-IAC, Col.lectius Assemblearis Univeristaris-Intersindical Alternativa de Catalunya, para la íntegra devolución del importe de tales pagas, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia de fecha 18 de mayo de 2.015 que ahora se recurre en casación, estimó en parte la misma y declaró el derecho del personal afectado a percibir por el periodo de 2.013 el 50% de una catorceava parte de la retribución anual, en la parte ya devengada y correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.013 y el 28 de febrero de 2.013; y para el año 2.014, el 50% del importe de la paga extra de junio de ese año, devengado en el periodo 1 de julio de 2.013 a 30 de enero de 2.014, más el 50% de la de diciembre de 2.014, en el periodo devengado desde el 1 de enero de 2.014 al 30 de enero del mismo año, rechazándose por tanto el derecho al percibo íntegro de las referidas pagas extraordinarias detraídas.

Recurre ahora en casación esa sentencia la Administración demandada invocando para ello un único motivo construido al amparo de lo previsto en el art. 207 e) de la LRJS , por vulneración de lo dispuesto en los artículos 2 y 3.2 del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 19/2013, de 26 de febrero por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los gastos de personal para el ejercicio presupuestario 2013 y por inaplicación del artículo 2.a) del Decret 269/2013, de 23 de diciembre por el que se establecen criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2.012, mientras no estuviesen en vigor los de 2.014.

Realmente la cuestión jurídica que debe resolverse en el recurso viene determinada en primer término por la naturaleza de la supresión salarial adoptada, esto es, si se trata de reducciones acordadas legalmente para que se proyecten sobre las pagas extraordinarias o sobre una parte de los salarios, y en segundo lugar habrá de resolverse si la reducción decidida en esas normas ha de producir sus efectos en los propios términos temporales previstos en ellas, o, por el contrario, ha de respetarse como devengada aquella parte de esas pagas extras que a la fecha de entrada en vigor de las disposiciones limitadoras ya se había devengado.

Para resolver el primero de los problemas apuntados, que incidiría únicamente en la cantidad detraída para el ejercicio del año 2.013, hemos de partir del Acuerdo 19/2013, de 26 de febrero, por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los gastos de personal para el ejercicio presupuestario 2013, fue publicado en el DOGC el 28 de febrero de 2.013 y entró en vigor al día siguiente, 1 de marzo.

En el mismo se establecía lo siguiente:

"1 Ámbito de aplicación 1.1 Este Acuerdo es de aplicación:

2. Al personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat de Cataluña y su sector público incluido dentro del ámbito de aplicación del título III de la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña, así como de las universidades públicas catalanas y de las entidades que dependen.

2 Reducción retributiva

Durante el ejercicio 2013, se reducen las retribuciones anuales del personal incluido dentro del ámbito de aplicación de este Acuerdo en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria y, cuando corresponda, de una paga adicional del complemento específico o equivalente, en conformidad con los criterios de aplicación que se establecen en el punto 3 de este Acuerdo.

3.2 La reducción retributiva del personal laboral a que hace referencia la letra b) del punto 1.1 de este Acuerdo se aplicará mediante la reducción de las retribuciones de los meses de junio y diciembre de 2013 en una cuantía equivalente en mitad del importe que corresponda percibir por cada paga extraordinaria. El personal que, de acuerdo con su régimen retributivo, perciba más de dos pagas extraordinarias o que las perciba mensualmente de manera prorrateada, se le reducirán las retribuciones anuales en una catorceava parte, reducción que se aplicará de forma prorrateada en las mensualidades pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo. No obstante el anterior, en el marco de la negociación colectiva se podrá acordar una distribución diferente de la reducción retributiva".

La norma que acabamos de transcribir literalmente es cierto que desde un punto de vista abstracto o contemplada de manera aislada en su propia literalidad, sin tener en cuenta ningún otro elemento, podría dar a entender que la reducción retributiva se habría de proyectar "sobre una cuantía equivalente" a la de la mitad de dos pagas extraordinarias, pero basta con leer el precepto en la integridad de su contexto y con tener en cuenta las referencias a los periodos en los que las detracciones se producen, casualmente en junio y diciembre, para llegar a la conclusión de que realmente se establecía la minoración de las pagas extraordinarias en sentido estricto y precisamente en los meses en que correspondía percibirlas completas. Así lo asegura con absoluta corrección la sentencia recurrida cuando además afirma que de esa forma se está "... ocultado con la denominación de ser un equivalente a la paga extra que trata de soslayar la ya doctrina consolidada al respecto sobre dicho tema [la irretroactividad de las detracciones en las percepciones de las pagas extras] , por lo que carece de base alguna para impedir su aplicación".

En cuanto al problema del posible efecto retroactivo que pretenden las normas que se afirman en el recurso de casación como denunciadas, con base en las que se procedió a la eliminación de las discutidas pagas extras, la Sala ha de concluir ahora, una vez más, en los mismos términos que se expresaron a la hora de abordar este mismo problema en relación con el RDL 20/2012 y la paga extraordinaria de 2.012, o de 2.013 en alguna Administración autonómica como Galicia, con la tesis que sostiene acertadamente la sentencia recurrida y que habremos de compartir y confirmar en su integridad.

Esta Sala en numerosísimas sentencias que abordan el mismo problema ya ha sentado doctrina tan absolutamente reiterada como uniforme en el sentido de que el artículo 31 ET contiene un mandato que no puede desconocerse: deben existir pagas extraordinarias, quedando al alcance de la negociación colectiva su prorrateo. Ello significa que dentro del arco temporal correspondiente (de doce o menos meses) se irá devengando progresivamente el importe pactado para tales gratificaciones y no sería admisible, por tanto, una norma que desvirtuase tal construcción e hiciera depender el cobro de la paga extra de lo que sucede determinado día y neutralizase los servicios previos. Puesto que la competencia para aprobar la legislación laboral corresponde en exclusiva al Estado ( art. 149.1.7ª CE ), ninguna disposición emanada de la Comunidad Autónoma podría válidamente alterar ese perfil retributivo.

En consecuencia, tanto la dogmática conceptual de las gratificaciones extraordinarias ( art. 31 ET ) cuando el sistema de distribución competencial ( art. 149.1.7ª CE ) impiden que pueda prosperar la interpretación postulada en el recurso e imponerse sobre los razonamientos de la sentencia recurrida, en la que no existe vulneración alguna de los preceptos denunciados, desde el momento en que lo que se hace en la sentencia recurrida es impedir que el Acord de Govern de 26 de febrero de 2.013 , que entró en vigor el 28 de febrero de ese mismo año, produzca efectos retroactivos no previstos en ninguna norma y desde el 1 de enero de ese año; por el contrario, el percibo día a día de las pagas extras previstas en el Convenio Colectivo con carácter anual, exige que la norma no proyecte sus efectos sobre la porción de la paga extra ya devengada -desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2.013- y sobre la que la disposición referida no puede lícitamente pretender extenderse.

Como antes decíamos, la doctrina de la Sala sobre esta materia se ha elaborado fundamentalmente sobre la interpretación que hubiera de hacerse de las previsiones del artículo 2 del RDL 20/2012 , con motivo de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2.012, y en relación con ello hemos razonado muchas veces que al no preverse en la norma disposición de efectos transitorios o retroactivos -como ocurre en el caso que ahora resolvemos-- sabido es que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario" ( art. 2.3 CC ), lo que concuerda con la prohibición constitucional de retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales prevista en el art. 9.3 CE .

En el mismo sentido, sobre el alcance temporal del RDL 20/2012 sobre la paga extra de 2012, el Tribunal Constitucional en diversos autos ( AATC 179/2011, de 13 de diciembre ; 180/2011, de 13 de diciembre ; 35/2012, de 14 de febrero ; 128/2012, de 19 de junio y 162/2012, de 13 de septiembre ) ha rechazado admitir cuestiones de inconstitucionalidad en las que se denunciaba que las normas en cuestión que ordenaban reducciones salariales incidían sobre retribuciones ya devengadas por funcionarios o por personal laboral, señalando que "no puede admitirse que la norma cuestionada incida en retribuciones devengadas, e incluso percibidas, correspondientes a un ejercicio presupuestario ya vencido. Por tanto, no cabe entender que la norma cuestionada vulnere el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de los derechos individuales ( art. 9.3 CE ), toda vez que la Ley [ se refiere a la ley cuestionada] no establece que tenga efectos retroactivos, y las leyes carecen de efectos retroactivos si no disponen lo contrario ( art. 2.3 del Código civil )".

En consecuencia y en relación con el año 2.013, si hemos de partir de la doctrina expuesta y de que el Acuerdo entró en vigor el día 28 de febrero de 2013, la parte de una paga anual ya devengada desde el día 1/1/2013 no podría verse afectada por una ilícita retroactividad y ha de ser abonada por tanto en la proporción que se reclama, tal y como explica con acierto la sentencia recurrida y en la forma en la que se establece en su parte dispositiva.

Por lo que se refiere al año 2.014, partiendo también de la misma doctrina anterior, podemos afirmar que el instrumento normativo por el que se decidió suprimir una paga extraordinaria, fue la Ley 1/2014, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2.014, la cual se publicó el día 30 de enero de 2014, con lo que quedaría consolidada también la parte proporcional a los periodos respectivos de las pagas, devengados en el periodo anterior a la entrada en vigor, tal y como se argumenta con acierto y detalle en la sentencia recurrida, en la que además se sale al paso de las alegaciones que se reproducen en el recurso de casación en el sentido de que no fue la Ley 1/2014 de Presupuestos la que decidió la eliminación completa de la paga discutida, sino el Decreto 269/2013, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, por el que se establecen criterios de aplicación de la prórroga de presupuestos para el año 2.012, en tanto no entrasen en vigor los presupuestos del año 2.014, publicado el 27 de diciembre de 2.013, con lo que, a decir de la parte recurrente, estaría legitimada la supresión de la paga desde el 1 de enero de 2.014.

Pero la realidad es que el instrumento que la Administración utilizó, como no podía ser de otra forma, una vez desaparecida la provisionalidad de la situación de prórroga de los presupuestos del 2.012, con la aprobación y entrada en vigor de los de 2.014 a partir del 30 de enero de 2.014, la norma provisional, redactada como criterios para regular distintas situaciones -como la que nos ocupa-- mientras no entrasen en vigor dichos presupuestos, carecía de virtualidad para abordar esa decisión en orden a la paga suprimida para el año 2.014, una vez terminada esa provisionalidad, sobre el que la nueva Ley producía todos sus efectos definitivos.

En consecuencia, los trabajadores afectados que vieron suprimida la totalidad de esa paga sufrieron ilícitamente los efectos retroactivos a la hora de aplicar la Ley 1/2014, cuando dichos efectos se fijaron por la Administración desde el 1 de enero de 2.014, lo cual, como se afirma en la sentencia recurrida, y al igual que para el año 2.013, tal y como antes se ha razonado, no podía hacer de manera lícita la demandada, por haberse ya devengado dicha paga en la parte comprendida entre el 1 de enero y el 30 del mismo mes de 2.014.

De todo lo razonado hasta ahora se desprende que no hubo infracción legal alguna por parte de la sentencia recurrida, lo que determina entonces que haya de desestimarse el recurso de casación planteado por la Universidad Politénica de Cataluña y confirmarse la referida sentencia en todos sus extremos.

Sin costas, de conformidad con lo que establece el artículo 235.2 LRJS .