STS 319/2016, 15 de Abril de 2016

PonenteJUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
ECLIES:TS:2016:1671
Número de Recurso10374/2015
ProcedimientoPENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Número de Resolución319/2016
Fecha de Resolución15 de Abril de 2016
EmisorTribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal

En nombre del Rey

La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercecio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado lo siguiente

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil dieciséis.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Rubén , contra Auto dictado por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Teruel, que acordaba la acumulación parcial de las penas impuestas al recurrente; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Villanueva Camuñar.

ANTECEDENTES

Primero

El Juzgado de Ejecuciones Penales número 1 de Teruel dictó Auto, en fecha 2 de marzo de 2015 , que contiene lo siguientes Antecedentes de Hecho: " PRIMERO.- En las presentes actuaciones, dimanantes del

Procedimiento Abreviada 186/2013, Ejecutoria 502/2013 del JDO. DE LO PENAL n° 1 de Teruel, en el que fue condenado Rubén , se ha solicitado la aplicación al mismo del límite de cumplimiento del articulo 76 del Código Penal , acumulándose a la citada responsabilidad otras a las que se encuentra sujeto y, aportada la documentación del Centro Penitenciario, así como la correspondiente hoja histórico-penal y los testimonios y certificaciones oportunas, las responsabilidades citadas son las siguientes:

  1. ) Ejecutoria 502/13 (PA 186/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel), por un delito de robo con fuerza cometido los días 13 y 14 de Febrero de 2013, y condenado en sentencia firme de fecha 16 de Diciembre de 2013 a la pena de un año y seis meses de prisión.

  2. ) Ejecutoria 948/11 (PA 524/10 del Juzgado de lo Penal n° 11 de Valencia), por un delito de robo con fuerza en las cosas cometido el 31 de Noviembre de 2009, siendo condenado por sentencia firme de fecha 10 de Mayo de 2011 a la pena de cuatro meses de prisión.

  3. ) Ejecutoria 230/13 (PA 60/13 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Teruel), por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y una falta de hurto cometidos las fechas 2 de Septiembre de 2012 y 20 y 21 de Octubre de 2012 , y sentencia firme de 3 de Junio de 2013 en la que fue condenado a dos años de prisión.

  4. ) Ejecutoria 219/13 (PA 40/13 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Teruel), por un delito de atentado a agentes de la autoridad y dos faltas de lesiones cometidas el 4 de Septiembre de 2012, condenado en sentencia firme de fecha 20 de Mayo de 2013 a la pena de seis meses de prisión.

  5. ) Ejecutoria 199/13 (PA 36/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel) por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas por hechos cometidos el 22 de Febrero de 2012, entre los días 2 y 5 de Marzo de 2011, y el 24 de Febrero de .2012 y por los que fue condenado en sentencia firme de fecha 13 de Mayo de 2013 a la pena de dos años de prisión.

  6. ) Ejecutoria 31/12 (Juicio de Faltas 177/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de 'Teruel), resultó condenado en sentencia firme de fecha 9 de Noviembre de 2012 por un delito de estafa a ocho días de localización permanente.

    7') Ejecutoria 30/12 (Juicio de Faltas 193/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Teruel), resultó condenado en sentencia firme de fecha 9 de Noviembre de 2012 por un delito de estafa a cuatro días de localización permanente.

  7. ) Ejecutoria 153/13 (PA 23/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel), por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una falta de lesiones y una falta de hurto cometidos el 18 de Junio de 2012, y por los que fue condenado en sentencia de ocho de Abril de 2013 a las penas de dieciocho meses de prisión y nueve meses de prisión.

  8. ) Ejecutoria 501/11 (PA 171/11 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel), por un delito continuado de estafa y una falta de hurto, cometidos el 22 de Agosto de 2010, y por los que fue condenado en sentencia firme de fecha 7 de Noviembre de 2011 a la pena de un año de prisión y tres meses de prisión; por el delito de estafa a la pena de tres meses de prisión y por la falta de hurto a la pena de quince días de prisión.

  9. ) Ejecutoria 92/13 (DUD 6/13 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Teruel), por hechos cometidos el 26 de Febrero de 2012, siendo condenado en sentencia firme de fecha 28 de Febrero de 201 por un delito de hurto de uso de vehículo a cuatro meses de prisión.

    SEGUNDO.- Pasadas las actuaciones a informe del Ministerio Fiscal, el mismo ha informado en el sentido que es de ver en autos.

    Segundo.- El Juzgado dictó la siguiente PARTE DISPOSITIVA: Se acumulan las siguientes condenas:

    - las impuestas en las Ejecutorias 31 y 30/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Teruel: derivadas respectivamente del Juicio de Faltas 177/12 del. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Teruel, en el que resultó condenado en sentencia firme de fecha 9 de Noviembre de 2012 por un delito de estafa a ocho días de localización permanente, y del Juicio de Faltas 193/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Teruel, resultó condenado en sentencia firme de fecha 9 de Noviembre de 2012 por un delito de estafa a cuatro días de localización permanente.

    - Ejecutoria 153/13 (PA 23/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel), por un delito de atentado a agentes de la autoridad, una falta de lesiones y una falta de hurto cometidos el 18 de Junio de 2012, y por los que fue condenado en sentencia de ocho de Abril de 2013 a las penas de dieciocho meses de prisión y nueve meses de prisión.

    - la Ejecutoria 199/13, (PA 36/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel) por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas por hechos cometidos el 22 de Febrero de 2012, entre los días 2 y 5 de Marzo de 2011, y el 24 de Febrero de 2012 y por los que fue condenado en sentencia firme de fecha 13 de Mayo de 2013 a la pena de dos años de prisión.

    - Ejecutoria 219/13 (PA 40/13 del Juzgado de lo Penal n°1 de Teruel), por un delito de atentado a agentes de la autoridad y dos faltas de lesiones cometidas el 4 de Septiembre de 2012, condenado en sentencia firme de fecha 20 de Mayo de 2013 a la pena de seis meses de prisión.

    - Ejecutoria 230/13 (PA 60/13 del Juzgado de lo Penal n° 1 de Teruel), por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas y una falta de hurto cometidos las fechas 2 de Septiembre de 2012 y 20 y 21 de Octubre de 2012 , y sentencia firme de 3 de Junio de 2013 en la que fue condenado a dos años de prisión.

    Se fija como límite máximo a cumplir por el penado Rubén , la pena de 2.190 días, correspondiente al triplo de la más grave impuesta de acumulables.

    Quedan fuera de la acumulación: la Ejecutoria 948/11, Ejecutoria 501/11, Ejecutoria 92/13 y Ejecutoria 502/13.

    Una vez firme, póngase este auto en conocimiento de los Juzgados de lo Penal n° 5 y n' 11 de Valencia y del Director del Centro Penitenciario de Teruel, donde se encuentra recluido el penado.

    Tercero.- Notificado el auto a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por el recurrente que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

    Cuarto.- La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN.

    PRIMERO .- Al amparo del Art. 5.4 LOPJ , vulneración de los Arts 24.1 y 25 CE .

    SEGUNDO .-Al amparo del Art. 849.1 LECr ., vulneración de los Arts 24 y 25 CE en relación con el Art. 76 CP . 1.-

    Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiariamente la desestimación del mismo por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

    Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día doce de abril de dos mil dieciséis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Articula el recurrente contra el auto de acumulación de condenas, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Teruel de fecha 2.3.2015 , dos motivos de casación, el primero por infracción de precepto constitucional tanto del art. 24.1 CE , por indefensión del recurrente por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión- como del art. 25.2 CE -por haberse infringido dos principios fundamentales de la pena, como son la reinserción social y la reeducación-, el segundo por infracción de ley conforme al art. 849.1 LECrim , por considerar infringidos preceptos penales sustantivos y normas jurídicas de igual carácter, existiendo una vulneración de los arts. 24.1 y 25.2 CE , en relación con el art. 76 CP , deben ser analizados conjuntamente por cuento si no se da infracción de los términos y presupuestos del precepto penal no podrá entenderse producida la infracción del precepto constitucional que no incluye un derecho incondicional a la acumulación de todas las penas que estén pendientes de cumplimiento. En este sentido STS. 854/2006 de 12.9 , cuando la refundición no resulta legalmente posible por no permitirlo el art. 76 CP , ello no significa en modo alguno que se quiebren los fines que la Constitución atribuye a las condenas penales, ni tampoco que éstas puedan ser calificadas como inhumanas o degradantes.

Siendo así el recurrente pretende que las ejecutorias excluidas de la acumulación (948/2011, 501/2011, 92(2013 y 502/2013) deberían estar incluidas, conforme lo establecido en el art. 76.2 CP , alegando:

  1. que la inclusión de las ejecutorias 948/2011 y 501/2011 al ser penas menores de dos años de prisión, no aumentarían el triple de los 2190 días.

  2. que las ejecutorias 92/2013 y 502/2013 son de fechas muy cercanas y por el mismo delito que el resto.

  3. las cuatro ejecutorias excluidas son por delitos contra la propiedad y todas ellas son de privación de libertad de menos de 2 años de prisión.

  4. por su temporalidad, podrían haberse juzgado en un único procedimiento penal -en una única causa, ejecutoria 92/2013, con fecha 28.2.2013, siendo todas las ejecutorias con fecha de comisión de hechos anterior a la de referida sentencia-.

  5. todas las ejecutorias se derivan de delitos cometidos en periodos de tiempo de abuso y consumo de drogas.

  6. si no se incluyen todas las ejecutorias el beneficio es mínimo y la acumulación de condenas no es tal, puesto que excluye un periodo muy largo de condena de prisión.

SEGUNDO

La resolución del recurso hace conveniente reiterar la doctrina general de esta Sala sobre los criterios aplicables en materia de refundición o acumulación de condenas, contenida entre otras en SSTS. 226/2015 de 17.4 y 367/2015 de 11.6 .

Por lo que se refiere, en primer lugar, a los principios generales, la doctrina de esta Sala (SSTS. 880/2014 de 30 de diciembre , 650/2014 de 16 de octubre , 567/2014 de 9 de julio , 497/2014 de 24 de junio , 571/2013 de 1 de julio STS 116/2015, de 10 de marzo ), estima que la acumulación de condenas prevenida en el artículo 988 de la LECrim tiende a hacer efectivas las previsiones del art 76 del Código Penal sobre tiempos máximos de cumplimiento efectivo en caso de condenas diferentes por varios delitos.

Estos límites son de gran relevancia pues tienen un fundamento constitucional ya que responden a la necesidad de evitar que una excesiva prolongación de la privación de libertad pueda producir un efecto contrario a la reeducación y reinserción social prevenidas en el artículo 25.2 de la Constitución como finalidad esencial a la que están orientadas las penas privativas de libertad.

La resocialización del delincuente constituye un objetivo imprescindible en la ejecución de las penas, aunque es compatible con la prevención general y especial como finalidades perseguidas con la imposición de la pena.

La interpretación de los límites punitivos del art 76 CP debe hacerse, en consecuencia, en forma preordenada al efectivo cumplimiento de los diversos fines de la pena, favoreciendo la reinserción del penado en la sociedad, y evitando al mismo tiempo que puedan generarse situaciones de impunidad o actuaciones criminógenas respecto de posibles delitos futuros.

El límite establecido en el artículo 76 del Código Penal , consiste, en términos relativos, en un tiempo de cumplimiento equivalente al triple de la más grave de las penas impuestas.

El límite absoluto, que eran de 20 años efectivos en el Código Penal de 1995, salvo excepciones que podían alcanzar como máximo los treinta años, se ha incrementado de forma muy relevante en sucesivas reformas legislativas tendentes a alargar el máximo de cumplimiento de las penas privativas de libertad, especialmente en supuestos de terrorismo, pudiendo alcanzar en la actualidad los cuarenta años de prisión efectiva.

No hay que olvidar que la reciente LO 1/2015, de 30 de marzo, reintroduce en nuestro ordenamiento, bajo la denominación de prisión permanente revisable, una pena de prisión de duración indeterminada, o perpetua ya que puede prolongarse hasta el fallecimiento del penado, y que, con carácter general, exige un mínimo de 25 años para acceder a la primera revisión (art 92 a), y en los supuestos más graves de treinta y cinco años (art 78 bis).

Por lo que se refiere a los límites relativos, que son los aquí aplicables, ha de tomarse con consideración que el sistema de acumulación jurídica contenido en el art 76 CP viene a corregir los excesos punitivos que pudieran resultar de la aplicación estricta del modelo de acumulación matemática que establece el art 73 CP , unido al sistema de cumplimiento sucesivo establecido en el art 75 CP .

A diferencia de otros ordenamientos, que establecen una sola pena para diversos delitos enjuiciados en un mismo proceso, exasperando la pena del delito más grave, en el nuestro se sigue un sistema de acumulación matemática pura, que puede conducir en caso de multiplicidad de condenas a la vulneración del principio de proporcionalidad, alcanzando la suma de todas las penas legalmente correspondientes a los delitos cometidos, aun cuando fuesen delitos menores o menos graves, cantidades desorbitadas, reñidas en su cumplimiento total y sucesivo con el principio constitucional de rehabilitación de las penas, e incluso con la duración de la vida del penado.

En concreto, cuando se trata de una multiplicidad de delitos menores cometidos por el acusado en un determinado período de su juventud, en ocasiones vinculados al consumo de estupefacientes, o a otras circunstancias vitales, la regla legal establecida en el art 76 CP que limita el tiempo de cumplimiento efectivo al triple de la pena más grave, trata de evitar que quien solamente ha cometido delitos menores pueda sufrir, como consecuencia de la aplicación draconiana del sistema de acumulación matemática, una pena desproporcionada, que le mantenga en prisión durante un período tan prolongado de su vida que impida definitivamente su eventual rehabilitación.

Y, al mismo tiempo, se trata de evitar que la acumulación de numerosos delitos menores acabe determinando el cumplimiento de una pena superior a la eventual comisión de delitos de mayor entidad, por ejemplo contra la vida humana.

TERCERO

Es por ello por lo que esta Sala ha realizado una interpretación flexible del art. 76 CP , para evitar que vicisitudes procesales diversas puedan frustrar el propósito del Legislador, provocando la superación de los límites legales y la vulneración de los principios constitucionales, en el caso de que delitos menores cometidos en una misma época de la vida del penado determinen la imposición de penas globales desproporcionadas, simplemente por haber sido enjuiciados separadamente.

Y por ello esta Sala ha dicho reiteradamente (SSTS. 91/2008 de 18 de febrero , 1249/97 de 17 de octubre ; 11/98 de 16 de noviembre ; 109/98 de 3 de febrero ; 216/98 de 20 de febrero ; 328/98 de 10 de marzo ; 1.159/2000 de 30 de junio ; 649/2004 de 12 de mayo , entre otras) que era necesario adoptar un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de conexidad que exigían los arts. 988 LECrim y 76 CP para la acumulación jurídica de penas, estimando que para la aplicación de la refundición, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal", es decir que los hechos pudiesen haberse sido enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión ( SSTS. 548/2.000 de 30 de marzo , 722/2.000 de 25 de abril , 1.265/2.000 de 6 de julio , 860/2.004 de 30 de junio , 931/2.005 de 14 de julio , 1.005/2.005 de 21 de julio , 1.010/2.005 de 12 de septiembre , 1.167/2.005 de 19 de octubre , entre otras).

Este criterio fue asumido legislativamente en la LO. 7/2.003 de 30 de junio, al referirse expresamente el apartado 2º del art. 76 CP reformado a la posibilidad de aplicar la limitación a hechos que no fueren conexos pero si susceptibles de haberse enjuiciado en un mismo proceso atendiendo al momento de su comisión .

En la reciente reforma de 2015 se abandona definitivamente la exigencia de conexión entre los hechos delictivos para la aplicación de los límites previstos en el art 76 (nuevo párrafo segundo del art 76 reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo , que entra en vigor el 1 de julio próximo).

El nuevo texto establece, de forma un tanto oscura, que "La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar".

De esta norma se deduce, en primer lugar, la plena asunción de la doctrina jurisprudencial, eliminando la exigencia de conexidad para la refundición de condenas, al acoger un criterio exclusivamente temporal.

En segundo lugar la fecha que determina el límite para la refundición; la STS. 100/2015 de 4.3 , precisó que: es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, como señaló la STS. 1005/2005, de 21.7 , no tuvo la uniformidad deseada en relación a la cuestión de exigir sólo la existencia de la sentencia o, además, la firmeza de esta, pues se podían contabilizar resoluciones en todos los sentidos:

  1. exigían la firmeza de la sentencia, entre otras las SSTS. 729/2003 de 16.5 , 322/2003 de 12.5 , 1732/2002 de 14.10 , 1383/2002 de 19.7 .

  2. otras resoluciones para nada se referían a la firmeza de la sentencia y en consecuencia no se tenían en cuenta SSTS. 1828/99 de 29.12 , 109/2000 de 4.2 , 1684/2000 de 7.10 , 1228/2001 de 15.6 , 852/2003 de 9.6 , y el auto de 5.6.2003 .

  3. sentencias que no solo exigían la firmeza de la sentencia, sino que además, razonaban el porqué de la inexistencia de este requisito: SSTS. 1547/2000 de 2.10 , 836/2000 de 15.5 .

En la primera de las sentencias citadas se concreta que la fecha a tener en cuenta es la de la sentencia condenatoria y no la de firmeza. De la segunda sentencia se puede retener la siguiente reflexión "... sin embargo en las más recientes sentencias ya se elimina el requisito de la firmeza porque nada añade al hecho básico de que los hechos sean posteriores a la última sentencia que determine la acumulación, pues, de un lado, es evidente la imposibilidad de enjuiciamiento conjunto, y de otro, el argumento relativo a la evitación del sentimiento de la impunidad... que habría de exigirse el requisito de la firmeza, al prolongarse indefinidamente en el tiempo la posibilidad de la acumulación hasta tanto recayese firmeza...", reiterándose que "aún cuando en alguna resolución precedente de este mismo tribunal se haya hecho referencia a la fecha de la firmeza de la sentencia en supuestos de acumulación... no es menos evidente que, identificar semejante límite temporal con la fecha de la firmeza en casos como el presente, se venía burlado el requisito expreso establecido en la norma penal... cual es la obligación posibilidad de enjuiciamiento conjunto de los delitos cuyas penas se refunden..."

Doctrina ésta última que fue expresamente recogida en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda, de fecha 24 de noviembre de 2005 que adoptó el siguiente acuerdo: "no es necesaria la firmeza de la sentencia para el límite de la acumulación". Acuerdo que ha sido seguido en la STS. 579/2006 de 23.5 que declara que la firmeza de la sentencia nada añade a la imposibilidad de acumular hechos ya sentenciados, y reiterado entre otras, en STS. 605/2008 de 6.10 , 797/2013 de 5.11 .

Doctrina que no debe verse alterada por la nueva redacción del párrafo 2º art. 76 ("antes de la fecha en que fueron enjuiciados"). En efecto la referencia cronológica sobre la que hay que levantar la barrera para acumulaciones es la fecha de la primera sentencia, no la de su firmeza. En este sentido la STS. 833/2015 de 12.12 , que insiste en la doctrina reiterada de esta Sala, ha de estarse a la fecha de las sentencias iniciales y no a la de la firmeza que eventualmente podría alcanzarse días, semanas o meses después. Partir de la fecha de firmeza acarrea un alargamiento del periodo en el que cabe agrupar las condenas recaídas. Potencialmente es más beneficioso para el condenado; pero no puede ser acogido a tenor del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 29/11/2005, pues una vez que se haya dictado sentencia , subsiguiente al plenario, ya no resulta posible la acumulación debido a la inviabilidad de enjuiciamiento conjunto. Ha de atenderse por tanto a la fecha de la primera sentencia (y no la de apelación/casación) a los efectos de cómputos y entrecruzamiento de datos cronológicos para decidir sobre la viabilidad de la acumulación ( SSTS 240/2011, de 16-3 ; 671/2013, de 12-9 ; 943/2013, de 28-12 ; y 155/2014, de 4-3 ).

En efecto lo decisivo no es la fecha del juicio oral -que puede prolongarse durante semanas o meses- sino la de la sentencia. Una perspectiva teleológica apoya este criterio, este referente temporal es más seguro (es una única fecha) y respeta la literalidad del art. 76.2 actual por cuanto "el termino enjuiciados" -se lee en la STS. 697/2015 de 10.11 , no implica una diferencia esencial y necesaria respecto del mismo término, siquiera en singular, utilizado en la redacción anterior del artículo 76.2 del Código Penal . En ambos casos el significado no remite ineludiblemente al momento del acto del juicio oral. En efecto conforme al diccionario RAE la misma voz enjuiciar puede significar "instruir, juzgar o sentenciar". Además evita un problema burocrático, pues en los registros públicos no consta la fecha del juicio que habría que buscar en los antecedentes de la sentencia (donde no siempre figura). Criterio que prevaleció en el Pleno de 3.2.2016 que acordó que "a los efectos del art. 76.2 CP , hay que estar a la fecha de la sentencia dictada en la instancia y no la del juicio".

Y en tercer lugar una interpretación que puede ser perjudicial para el reo, en la determinación de la sentencia, que marca la acumulación, pues concretándose necesariamente en la primera cabe la posibilidad de excluir de la aplicación del límite legal hechos cometidos en una misma época, pero posteriores a la primera condena. Hechos que podrían haberse incluido en la refundición si se escogiese, para determinarla, la sentencia que resultase más favorable al reo, es decir la que pudiera abarcar un mayor número de hechos delictivos.

La doctrina de esta Sala, SSTS. 742/2014 de 13.11 , 706/2015 de 19.11 , 153/2016 de 26.2 , ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de la conexidad que se exige en los artículos 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal", es decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión. Como destaca la STS 30/2014 de 29 de enero , se trata de ajustar la respuesta punitiva en fase penitenciaria, a módulos temporales aceptables que no impidan el objetivo final de la vocación de reinserción a que por imperativo constitucional están llamadas las penas de prisión ( Art. 25 de la Constitución ).

De esta manera los únicos supuestos excluidos de la acumulación son los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el período de acumulación contemplado, es decir, cuando se comete el delito enjuiciado en esa sentencia que determina la acumulación; y los cometidos con posterioridad a tal sentencia" . Pues, efectivamente, cuando ya se ha dictado una sentencia condenatoria es claro que los hechos delictivos cometidos con posterioridad a tal sentencia no pudieron ser objeto de aquel otro proceso anterior en que ya ésta había sido dictada, por lo que resulta imposible la acumulación.

En la norma no se contenían otras limitaciones, por lo que era posible entender, como había venido haciendo parte de la jurisprudencia, que cabía cualquier operación tendente a hacer efectivo un máximo de cumplimiento efectivo no solo más favorable para el reo, sino también mejor ajustado a las finalidades de tal previsión legal.

El artículo 76.2, en su redacción actual dispone que las limitaciones que se establecen en el apartado primero se aplicarán aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en la que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.

Aunque la redacción del precepto pudiera haber sido más clara, ha de interpretarse en el sentido de que la acumulación deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las demás sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia.

La redacción del precepto no impide que se examinen con el mismo criterio las demás sentencias que pudieran resultar no acumulables a esa primera, partiendo nuevamente de la más antigua de las restantes, procediendo así a conformar nuevos bloques de acumulación. Procediendo en la misma forma en lo sucesivo, si fuere posible.

Parece lógico, igualmente, que las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello. Es claro que la acumulación no es posible cuando las fechas lo impidan. Puede ser dudoso si también lo es cuando su eventual resultado no permite el establecimiento de un límite máximo de cumplimiento efectivo, por ser mayor éste que la suma de las penas efectivamente impuestas. Pero no se aprecian obstáculos insuperables para entender que acumular supone, en realidad, la realización de la operación completa prevista en el artículo 76, y no solo la posibilidad de considerarla. De esta forma, no cabrá la acumulación a la sentencia más antigua, que es la que primero se debe examinar, cuando el límite máximo sea superior a la suma de las penas impuestas, lo que permitiría la reconsideración de todas las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta. Esta deberá limitarse a las condenas que, dadas las fechas de los hechos y de las sentencias, sean acumulables entre sí, como antes se ha dicho.

Entendiendo precisa la STS. 153/2016 de 26.2 "...que cabría rechazar cualquier acumulación cuyo resultado fuera menos favorable que otra posible, la interpretación de la nueva regulación no debería impedir que, tras un primer intento de acumulación, (o varios, en su caso), se acuda a otras distintas posibilidades, si resultan más favorables para el penado, criterio que resultaría aplicable en atención a la finalidad de la norma, orientada a reducir a un límite máximo racional la extensión de privación de libertad de una persona por hechos cometidos en un determinado lapso temporal. Siempre respetando el límite antes mencionado, es decir, siempre que todos los hechos por los que han recaído las distintas condenas sean anteriores a la sentencia más antigua de las que concretamente se acumulan".

En este extremo es muy significativa la STS. 139/2016 de 25.2 , que razona como "la nueva redacción actualmente vigente del artículo 76.2, ha suscitado recientemente la reinterpretación del alcance de la acumulación cuando se trata de penas impuestas en distintos procesos, que la propia sentencia mencionada más arriba (706/2015 ) considera que "pudiera haber sido más clara". Ello ha determinado la reunión del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda de 03/02/2016, que aprobó el siguiente Acuerdo en aras a la interpretación del apartado controvertido: "la acumulación de penas deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las otras sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia.- Las condenas cuya acumulación proceda respecto de esta sentencia más antigua, ya no podrán ser objeto de posteriores operaciones de acumulación en relación con las demás sentencias restantes. Sin embargo, si la acumulación no es viable, nada impediría su reconsideración respecto de cualquiera de las sentencias posteriores, acordando su acumulación si entre sí son susceptibles de ello".

Debemos observar que el Tribunal Supremo lo que establece no es un principio sustantivo penal sino una regla práctica y metodológica sobre el modo de proceder en la acumulación jurídica de las penas, fijando un criterio uniforme para su realización práctica, de forma que ello no debe impedir, a partir de dicho esquema, la posibilidad de su reconsideración teniendo en cuenta los principios sustantivos que deben tenerse en cuenta en esta materia, lo que desde luego no puede excluir otras posibilidades combinatorias siempre y cuando no se traspasen las reglas fijas e inamovibles establecidas por la Sala desde siempre: que los hechos sean siempre anteriores a la sentencia que sirve de referencia a la acumulación, que los mismos no estén sentenciados con anterioridad a la misma y que la operación debe ser completa porque como afirma la STS ya citada (706/2015 ) "acumular supone, en realidad, la realización de la operación completa prevista en el artículo 76, y no solo la posibilidad de considerarla". De ahí la necesidad de establecer una regla metodológica que recoja en principio el punto de partida de la totalidad de las penas potencialmente acumulables.

Según ello, cuando el apartado 2 del artículo 76 se refiere a que los hechos objeto de acumulación hayan sido cometidos antes de la fecha en que hubieren sido enjuiciados los que sirven de referencia, ello no significa necesariamente que esta sentencia deba ser la de fecha más antigua de todas las potencialmente acumulables sino anterior a las que hayan enjuiciado los hechos que sean objeto de acumulación en relación con la que sirve de referencia en cada caso.

De la misma forma, cuando el límite máximo sea superior a las penas impuestas, podrá reconsiderarse la combinación de las descartadas en la primera operación para el examen de otra posibilidad de acumulación distinta, siempre que se cumplan las reglas fijas señaladas más arriba.

En relación con lo que hemos denominado patrimonio punitivo es claro que el sistema acogido por nuestro Código Penal no puede sellar la posibilidad del mismo de manera absoluta pues ello es consecuencia del funcionamiento del propio sistema que limita la suma aritmética que representa la acumulación material introduciendo un límite cuantitativo que abarca penas impuestas en distintos procesos por hechos no enjuiciados y sentenciados con anterioridad a una sentencia precedente que se tome como referencia. La función de garantía a estos efectos está constituida por las reglas fijas que hemos establecido.

Debemos señalar que la interpretación sustantiva del sistema de acumulación jurídica no puede prescindir de determinados valores constitucionales como son los principios proclamados en el artículo 15 CE relativo a las penas inhumanas, el artículo 25 que proclama que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social y el propio artículo 10.2 que obliga a la interpretación conforme a los tratados y acuerdos internacionales y a la Declaración Universal de Derechos Humanos (así, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 49.3, proclama que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción).

Por último, apuntaremos dos argumentos que inciden directamente en el tratamiento de esta cuestión. Una aplicación rígida y cerrada de nuestro sistema de acumulación jurídica, sin prever distintas posibilidades combinatorias, arrojaría unos resultados contrarios a cualquier principio retributivo y proporcional de la pena como sería que una multiplicidad de delitos menores contra la propiedad fuesen castigados a la postre más severamente que delitos mucho más graves contra la vida o integridad de las personas. Y en segundo lugar, que el enjuiciamiento de los hechos pende en muchas ocasiones de circunstancias o contingencias aleatorias y por ello ajenas a la responsabilidad de los propios penados y que incluso pueden conculcar el principio de igualdad en la aplicación de la ley ( artículo 14 CE ). Ello tampoco puede corregirse absolutamente pero cuanto más flexible sea la posibilidad combinatoria se reducirá el margen de aleatoriedad. La aplicación de la norma requiere previamente su interpretación, lo que también sucede en ocasiones con la jurisprudencia en todos aquellos casos en los que no es posible la identificación absoluta del sentido de la norma (o de la jurisprudencia en el caso) a través exclusivamente de su literalidad, de ahí la complejidad de la función interpretativa ( artículo 3.1 CC ).

CUARTO

En el caso presente hay que partir del siguiente cuadro de ejecutorias relacionadas por su orden de antigüedad.

EJECUTORIA FECHA HECHOS FECHA SENTENCIA PENA

1- 948/2011 30.11.2009 10.5.2011 4 meses prisión

2- 501/2011 22.8.2010 7.11.2011 3 meses prisión y 15 días

3- 30 y 31/2012 -- 9.11.2012 4 y 8 días localización permanente

4- 92/2013 26.2.2013 28.2.2013 4 meses prisión

5- 153/2013 18.6.2012 8.4.2013 18 meses y 9 meses prisión

6- 199/2013 22.2.2012 13.5.2013 2 años prisión

7- 219/2013 4.9.2012 20.5.2013 6 meses prisión

8- 230/2013 21.10.2012 3.6.2013 2 años prisión

9- 502/2013 14.2.2013 16.12.2013 1 año y 6 meses prisión.

Fijado el cuadro que antecede y siguiendo el criterio señalado más arriba el fundamento jurídico tercero del auto recurrido, es en principio correcto.

Primera sentencia condenatoria: Ejecutoria 948/11, en la que fue condenado por sentencia firme de fecha 10 de Mayo de 2011 a la pena de cuatro meses de prisión; a ella es acumulable la Ejecutoria 501/11 por la que se le impusieron las penas de un año y tres meses de prisión, tres meses de prisión y quince días: en este caso no procede realizar la acumulación conforme al art. 76 CP ya que el triple de la mayor es superior a la suma aritmética de las penas impuestas.

Segunda sentencia condenatoria: Ejecutoria 501/11, por un delito continuado de estafa y una falta de hurto, y por los que fue condenado en sentencia firme de fecha 7 de Noviembre de 2011 a la pena de un año y tres meses de prisión, a tres meses de prisión y a la pena de quince días de prisión; a ella no es acumulable ninguna de las causas en estudio en atención a las fechas de comisión de los hechos ejecutados con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia referida.

Tercera sentencia condenatoria: Ejecutorias 30 y 31/12 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Teruel en las que fue condenado a cuatro días de localización permanente y ocho días de localización permanente respectivamente; a ellas son acumulables la Ejecutoria 153/13 en la que fue condenado en sentencia de ocho de Abril de 2013 a las penas de dieciocho meses de prisión y nueve meses de prisión; la Ejecutoria 199/13 en la que resultó condenado en sentencia firme de fecha 13 de Mayo de 2013 a la pena de dos años de prisión; Ejecutoria 219/13 por la que se le impuso la pena de seis meses de prisión; y Ejecutoria 230/13 en la que fue condenado a la pena de dos años de prisión.

En este caso el triple de la mayor (dos años) supone un total de 2.190 días; la suma aritmética de las diferentes penas impuestas suma 2.462 días, lo que significa que aplicando la regla del art 76 CP , el penado obtiene un beneficio de 272 días.

Cuarta Sentencia condenatoria: Ejecutoria 92/13, por la que se le impuso la pena de cuatro meses de prisión; a ella es acumulable la Ejecutoria 502/13 por la que se le condenó a un año y seis meses de prisión, estableciendo que en este caso la acumulación jurídica no es más beneficiosa para el reo que la acumulación material de las penas impuestas.

No obstante lo anterior la acumulación que pretende el recurrente -aunque no en su totalidad- es más beneficiosa para el penado.

En efecto si tomamos como referencia la ejecutoria siguiente en antigüedad, la 92/2013, a las que según el auto determinan la acumulación, 30 y 31/2012, resultarían acumulables a la 92/2013 -fecha sentencia 28.2.2013 - por hechos acaecidos el 26.2.2013, las ejecutorias 153/2013, hechos 18.6.2012, 199/2013, hechos 22.2.2012, 219/2013, hechos 4.9.2012, 230/2013, hechos 21.10.2012, y 502/2013, hechos 14.2.2013, al ser los hechos de todas anteriores a la fecha de sentencia ejecutoria, 28.2.2013, sin que estuviesen sentenciados con anterioridad, y ser la suma total de las penas impuestas, 8 años y 7 meses superior al límite del triple de la pena más grave, 2 años impuestas en las ejecutorias 199/2013 y 230/2013, y en contra de lo sustentado en el recurso, quedarían fuera de la acumulación las ejecutorias 948/2011, 501/2011, 30 y 31/2012 al haber recaído en las misas, sentencias, respectivamente, de fechas 10.5.2011 , 7.11.2011 y 9.11.2012 , anteriores a la fecha de comisión de los hechos de la sentencia de la ejecutoria 92/2013 de 26.2.2013, por lo que faltaría el requisito indispensable de la comisión temporal, dado que hechos sentenciados ya en los años 2011 y 2012, no podrían ser juzgados en un procedimiento incoado por hechos acaecidos en el año 2013.

Esta alternativa combinatoria más favorable al penado que la del auto recurrido, cumple las reglas fijas señaladas anteriormente, pues todos los hechos son anteriores a la sentencia de referencia para la acumulación y ninguno de ellos ha sido sentenciado con anterioridad, no es compatible con la regla 2ª del art. 76.2, como hemos señalado y se ve reforzada por el hecho de que en la acumulación acordada por el Juez de instancia. Tomando como referencia las ejecutorias 30 y 31/2012, a las que acumule las ejecutorias 153/2013 y 199/2013, 219/2013, 230/2013, dejando fuera a las ejecutorias 948/2011, 501/2011, 92/2013 y 502/2013, las sentencias recaídas en aquellas ejecutorias 20 y 31/2013, impuestas penas de 8 y 4 días de localización permanente y esta pena, según doctrina mayoritaria de esta Sala Segunda (ver SS. 207/2014 de 11.3 , 388/2014 de 7.5 , 408/2014 de 14.5 , 520/2014 de 25.,6, aunque privativa de libertad ( art. 35 CP ), aunque se considerara acumulable, dada su diferente naturaleza y sobre todo, posibilidad de cumplimiento simultaneo ( art. 75 CP ), solo debería ser acumulada, en su caso, a otras penas de localización permanente y no a las de prisión o responsabilidad personal subsidiaria por multa convertida.

Consecuentemente como referidas ejecutorias 30 y 31/2012 solo conllevan penas de localización permanente, no deben servir de referencia para la acumulación de penas de prisión impuestas en el resto de las ejecutorias.

Siendo así la siguiente ejecutoria, en orden de antigüedad para determinar la ejecución seria 92/2013 que es la señalada en el recurso y es la opción más favorable para el penado, pues excluidas las ejecutorias que la anteceden 948/2011, 501/2011, 30 y 31/2012, comprende la totalidad de las ejecutorias pendientes. Ello implica la estimación parcial del recurso.

QUINTO

Conforme el art. 901 LECrim , las costas del recurso se declaran de oficio.

FALLO

Que debemos declarar haber lugar parcialmente al recurso de casación, interpuesto por la representación del penado Rubén por infracción de Ley y precepto constitucional, contra el auto de acumulación de condenas del Juzgado de lo Penal nº 1 de Teruel de fecha 2 de marzo de 2.015 , CASANDO Y ANULANDO el mismo, declarando de oficio las costas del recurso

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Andres Martinez Arrieta D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Andres Palomo Del Arco D. Perfecto Andres Ibañez

SEGUNDA SENTENCIA

En nombre del Rey

La sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída por los Excmos. Sres. mencionados al margen, en el ejercecio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado lo siguiente

En la Villa de Madrid, a quince de Abril de dos mil dieciséis.

Por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Teruel, se dictó auto de fecha 2 de marzo de 2015 , que ha sido casado y anulado por sentencia pronunciada el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre , se hace constar lo siguiente:

  1. ANTECEDENTES

    Se aceptan los del auto recurrido.

  2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Unico.- Se dan por reproducidos los fundamentos de nuestra sentencia precedente.

  3. FALLO

    Debemos declarar haber lugar a la acumulación de las ejecutorias pendientes de cumplimiento del penado Rubén núm. 92/2013, 153/2013, 219/2013, 230/2013 y 502/2013, se fija en 6 años el tiempo de cumplimiento de todas ellas, debiendo cumplir independiente las penas correspondientes a las ejecutorias núm. 948/2011, 501/2011, 30/2012 y 31/2012.

    Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Andres Martinez Arrieta D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Andres Palomo Del Arco D. Perfecto Andres Ibañez

    PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.

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