STS 228/2016, 17 de Marzo de 2016

1. En el motivo primero del recurso denuncia la defensa del acusado, con sustento procesal en el art. 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ), al considerar que no concurre prueba de cargo enervadora de la presunción constitucional.

Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia nos obligan a verificar si se han practicado en la instancia, con contradicción de partes, pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia y a las reglas de la lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).

2. En la sentencia recurrida, en contra de lo que alega la parte recurrente, se exponen detalladamente varios medios probatorios que integraron la prueba de cargo sobre la que se asentó la certeza de la hipótesis fáctica de las acusaciones.

   En efecto, en el primer fundamento de la sentencia argumenta la Audiencia que el documento de 2 de septiembre de 2008 no refleja la situación económica real de la Cooperativa Florex, circunstancia que ha reconocido el propio recurrente y las demás personas que depusieron sobre ese extremo. En concreto, el contable de la entidad y también los peritos, tanto el de las acusaciones como el de la defensa, admitieron que algunas partidas debidas a la cooperativa Tabaco por parte de Florex no figuraban en el referido documento. Se señalan al respecto en el informe pericial de la acusación la deuda por el alquiler de la parcela en la que se ubicaba el invernadero y los intereses del crédito que Tabaco le había concedido en su día a Florex; así como la remuneración de una ingeniera agrícola que, si bien figuraba contratada formalmente por Tabaco, prestaba sus servicios profesionales sólo para Florex, salvo alguna prestación puntual para Tabaco. A tales partidas se suma también la factura de 19.167,25 euros de productos fitosanitarios utilizados en la explotación de flor de corte.

   La Audiencia precisa que ese documento en que se omitían tales partidas se había elaborado para acreditar la situación jurídica y sobre todo económica de la entidad con el fin de ser presentado a los socios de Tabaco para ver si aprobaban la propuesta de absorción de Florex por parte de la querellante. Se ocultaba en él un pasivo real de Florex con respecto a Tabaco que alcanzaba la suma de 71.720 euros, omisión que generaba un perjuicio patente para la querellante.

   Destaca también la Audiencia la declaración de Serafina , quien afirmó que ella misma pagó la factura de 19.167,25 euros como si fuera de Tabaco; sin embargo, precisó la testigo, esos productos que se estaban pagando se habían utilizado en el cultivo de la flor y no del tabaco, siendo el acusado, en la condición de administrador de las dos entidades, la persona que dio la orden de que pagase la factura con cargo Tabaco.

   Y en lo referente al contrato de la ingeniera agrícola, fue el recurrente quien formalizó el contrato laboral con esa trabajadora (folios 62 y ss. de la causa). Ésta manifestó en la vista oral del juicio, según recoge la sentencia, que ella trabajaba en el invernadero y llevaba técnicamente todo lo relacionado con la flor de corte, aunque alguna vez, sólo muy puntualmente, había realizado algún trabajo para Tabaco. Declaró también que la contrataron para aportar sus conocimientos técnicos sobre la plantación de flor.

3. Frente a ese acervo probatorio de cargo plural, diáfano y consistente, se limita la parte a cuestionar el informe que emitió el perito de la acusación Pedro Enrique (folios 92 y ss. de la causa), dictamen que expone con todo tipo de detalles - en cuanto a anualidades, conceptos, partidas y cifras- cuál era el estado real económico de la cooperativa Florex cuando se iba a proceder a la absorción por la querellante. El informe fue después ratificado en la fase de instrucción (folios 449 y 1401) y en la vista oral del juicio.

   La defensa no entra a cuestionar las partidas concretas del informe sino que expresa una serie de generalidades relativas a la forma en que fue confeccionado, por haber recogido la documentación que le aportó la parte querellante sin oír debidamente al contable de Florex ni a otras personas ajenas a la parte que contrató al perito. Y también se queja de la falta de las explicaciones debidas sobre las diferentes partidas, si bien no concreta cuáles son éstas ni tampoco las irregularidades o deficiencias específicas del informe que impugna.

   De otra parte, y tal como se señala en la sentencia impugnada, el perito de la defensa coincidió con el informe de la acusación en algunas de las partidas que se habían omitido en el documento falso a la hora de plasmar la situación económica de la cooperativa Florex, sin que conste una explicación fundamentada de las razones por las que no incluye otras.

   Así las cosas, a la vista de la prueba testifical, documental y pericial de cargo y la inconsistencia y precariedad de la genérica argumentación de la defensa para contrarrestarla, se considera debidamente enervada la presunción de inocencia.

   El motivo no puede, pues, prosperar.

En el segundo motivo invoca la parte recurrente, al amparo del art. 851.1º, inciso primero, de la LECr ., el quebrantamiento de forma consistente en que la sentencia recurrida no expresa clara y terminantemente cuáles son los hechos declarados probados.

Sobre el vicio procesal relativo a la falta de claridad de los hechos probados ( art. 851.1 LECr .), reiterada doctrina de esta Sala sostiene que la sentencia debe anularse, prosperando por lo tanto este motivo, cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total en la descripción fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión, bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que imposibiliten saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzca a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no; siendo necesario además que los apuntados defectos no permitan calificar jurídicamente los hechos ( SSTS 1610/2001, de 17-9 ; 559/2002, de 27- 3 ; y 131/2009, de 12-2 ).

Y también tiene establecido este Tribunal que concurre este vicio procesal cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa e imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarse en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o ambigua, puede conducir a subsunciones alternativas, de modo que queda prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; sin que el laconismo o concisión en el relato de hechos esté reñido con la claridad ( SSTS 260/2004, de 23-2 ; y 766/2008, de 27-11 ).

Pues bien, en el presente caso la parte recurrente no especifica ningún apartado o inciso del "factum" de la sentencia recurrida incomprensible o difícilmente inteligible, bien por una omisión total en la descripción fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión, bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que imposibiliten saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado. Ni tampoco se citan en el recurso expresiones dubitativas o ambiguas que integren el vicio procesal que se denuncia.

En realidad la parte limita sus alegaciones a quejarse genéricamente de la falta de motivación probatoria de la sentencia, cuestión que nada tiene que ver con el motivo que formula y que, además, ya ha sido tratada en el fundamento precedente.

Siendo así, el motivo no puede acogerse.

1. En el motivo tercero , por la vía procesal del art. 849.1º de la LECr ., se denuncia la infracción del art. 290 del C. Penal por su aplicación indebida al supuesto enjuiciado.

Aduce el recurrente que desde el primer momento todos los departamentos de la Cooperativa Tabaco trabajaban para el proyecto de Florex con el conocimiento y el consentimiento del Consejo Rector de aquélla. Y lo mismo ocurría con la ingeniera técnico agrícola Eloisa , contratada por Tabaco en el Consejo Rector de 29 de julio de 2004 con el fin de que realizara su labor en la cooperativa, siendo también despedida por el Consejo Rector de Tabaco de 24 de octubre de 2006. Pese a lo cual la Audiencia consideró sus salarios un gasto de Florex.

La parte recurrente considera por tanto que no concurría ninguna falsedad en el documento conflictivo de 2 de septiembre de 2008, dado que toda la situación de hecho que concurría era conocida por el Consejo Rector de Tabaco y no se intentaba ocultar por el acusado extremo alguno para que se aprobara la absorción de Florex por la cooperativa querellante.

De otra parte, alega también el impugnante que ni actuó con dolo falsario ni tenía intención de causar perjuicios a la cooperativa querellante. Dice que sería ilógico que intentara ocultar la situación económica de la Cooperativa Florex puesto que antes o después se conocería la situación real. Y señala también que ante las deudas de Florex, todas ellas con la misma acreedora (Tabaco), sería absurdo instar un concurso de acreedores o vender el activo de Florex a un tercero con el fin de pagar con ese dinero a la Cooperativa Tabaco. Por todo lo cual, aduce el acusado que no realizó una conducta dolosa orientada a perjudicar a la entidad querellante ocultando las deudas reales de Florex.

2. En las sentencias 655/2010, de 13 de julio , 194/2013, de 7 de marzo , y 822/2015, de 14 de diciembre , se afirma que el tipo descrito en el art. 290 del C. Penal consiste en el falseamiento de las cuentas anuales o de otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. El falseamiento puede serlo de las "cuentas anuales" o de "otros documentos". El objeto material sobre el que debe recaer este delito, con el que se trata de fortalecer los deberes de veracidad y transparencia que en una libre economía de mercado incumben a los agentes económicos y financieros, se determina en la definición legal con un "numerus apertus" en el que sólo se singularizan, a modo de ejemplo, las cuentas anuales, esto es, las que el empresario debe formular al término de cada ejercicio económico y que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Entre los demás documentos cuyo contenido no puede ser falseado so pena de incurrir en el tipo del art. 290 del C. Penal se encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del delito, los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en el mercado ( STS 1458/2003, de 7-11 ).

   El delito se comete cuando se falsean las cuentas "de forma idónea" para causar "un perjuicio económico". Y en todo caso, se distinguen dos subtipos: uno de mera actividad (la falsedad documental para subsumirse en esta figura delictiva) cuando el perjuicio no llega a producirse (Párr. 1º), y otro de resultado, cuando se ha producido (Párr. 2º).

   La doctrina señala como bienes jurídicos a tutelar tanto el tráfico mercantil como los intereses económicos de las sociedades, de sus socios y de las personas que se relacionan con ellos.

   La condición de sujeto activo la define el dominio sobre la vulnerabilidad jurídico-penalmente relevante del bien jurídico, lo que exige considerar que en este tipo de delitos especiales, la característica constitutiva es "el dominio que los sujetos activos ejercen sobre la concreta estructura social en la que el bien jurídico se halla necesitado de protección y el Derecho penal, a través de semejantes tipos, protege".

   Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , "falsear" en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

3. Pues bien, en el caso que se juzga el acusado, en contra de lo que alega en su recurso, sí elaboró un documento mediante el que ocultó en el ámbito jurídico la situación económica que de facto se había estado produciendo en la relación entre ambas cooperativas. Y ello porque, aun siendo posible que el Consejo Rector de la Cooperativa Tabaco estuviera autorizando de hecho préstamos a la Cooperativa Florex y le prestara también servicios sin hacer liquidación alguna de su coste, es claro que esto no significaba que le estuviera aportando gratuitamente el importe de las sumas prestadas ni el coste de los servicios de los que se estaba aprovechando una cooperativa que era distinta y autónoma de la querellante, ya que ambas se hallaban integradas por distintos socios.

   Por consiguiente, una cosa es que se hubiera creado una situación de hecho en la que la querellante prestaba dinero a la nueva cooperativa, le proporcionaba servicios provisionalmente y le arrendaba algún terreno, y otra cosa muy distinta es que cuando se hace una liquidación del activo y pasivo de la cooperativa favorecida por esa situación meramente de hecho (Florex), liquidación que se formaliza en un documento como trámite previo a la absorción de esa última por parte de la querellante, el acusado omita en el documento en que se plasma el activo y el pasivo una parte importante del saldo deudor que se había generado en los años precedentes por los préstamos y prestaciones de Tabaco a Florex. Ocultación que en la práctica suponía el impago de una deuda que en modo alguno había sido condonada, por lo que su falta de constancia en la formalización de la absorción conllevaba necesariamente un claro perjuicio económico para la sociedad cooperativa querellante.

   Frente a ello no cabe esgrimir como argumento excluyente del delito falsario la circunstancia de que algunos integrantes del Consejo Rector de la querellante conocieran la situación claramente acreedora de su entidad, ya que aquí no se está condenando por una conducta engañosa propia de un delito de estafa, sino por un delito falsario que requiere simplemente alterar la realidad económica de una cooperativa en perjuicio de los socios de otra mediante la creación de un documento idóneo para ello. Idoneidad que no se desvanece por el hecho de que alguno de los integrantes de la cooperativa querellante pudieran conocer y reaccionar frente a la presentación del documento falsario, que, en principio, sí era idóneo y apto para perjudicar a la cooperativa querellante. De hecho, ésta tardó en reaccionar y en percatarse del notable perjuicio que se le estaba infringiendo mediante una absorción que anidaba en el apartado de la contabilidad una falsedad que ocultaba importantes deudas de cuyo pago se libraba la cooperativa Florex en perjuicio de Tabaco. Pues lo cierto es que la propuesta formulada en el documento falso fue aprobada por mayoría en la asamblea de Tabaco celebrada el 26 de septiembre de 2008 (folios 157 y ss. de la causa).

   Por lo demás, una persona que elabora ese documento con unas patentes ocultaciones falsarias tiene conocimiento de la manipulación que realiza, y también lo tiene del perjuicio que con ello está ocasionando a la querellante. No puede, pues, con tales conocimientos alegar en su defensa que no tiene voluntad de causar unos perjuicios que se derivan claramente de la elaboración y aportación de ese documento con motivo de una operación de absorción que acaba así produciendo efectos perjudiciales para el patrimonio de la querellante.

   Si a todo ello le sumamos que el acusado era el administrador y gestor de ambas sociedades cooperativas, y que en tal condición las gestionaba de hecho, sólo cabe concluir que se cumplimentan todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para considerarlo autor del tipo penal del art. 290 del C. Penal .

   A tenor de lo que se acaba de exponer, es claro que el motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso reivindica la parte recurrente, por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECr ., la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas .

Tiene establecido esta Sala que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; 338/2010, de 16-4 ; 877/2011, de 21-7 ; y 207/2012, de 12-3 ).

Pues bien, en el presente caso el procedimiento tardó en tramitarse desde su inicio hasta la sentencia un tiempo superior a cuatro años, plazo que si bien no es ni el ideal ni modélico tampoco puede considerarse concluyentemente irrazonable a tenor de que se trató de una causa con cuatro acusados y que contenía dos clases de imputaciones bastante dispares y que complicaban la instrucción y la fase de juicio oral, aunque finalmente el segundo capítulo de los hechos no derivó en condena.

En otro orden de cosas, la parte recurrente no señala en su escrito de recurso periodos concretos de paralización que justifiquen su subsunción en el concepto de dilación indebida, que, además, según el tenor literal de la reforma del C. Penal de 2010, ha de ser una dilación extraordinaria, condición que debe quedar debidamente reflejada en la sentencia de la Audiencia. Y lo cierto es que aquí ni aparece especificada por la parte recurrente ni tampoco descrita en la resolución cuestionada.

A todo ello debe añadirse que al acusado se le impuso la pena privativa de libertad en su cuantía mínima, lo que significa que la aplicación de la atenuante carecería de toda operatividad práctica en el apartado punitivo.

Siendo así, el motivo no puede atenderse.

En consonancia con lo razonado en los apartados precedentes, se desestima el recurso de casación, imponiéndole a la parte recurrente las costas de esta instancia ( art. 901 de la LECr .).