STS, 2 de Febrero de 2016

Ponente:NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN
Número de Recurso:3560/2014
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución: 2 de Febrero de 2016
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Febrero de dos mil dieciséis.

La Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, ha visto el recurso de casación número 3560/2014 interpuesto por doña Alicia , representada por la Procuradora doña Asunción Sánchez González, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 de septiembre de 2014 (dictada en el recurso contencioso- administrativo 171/2011 ).

Siendo parte recurrida la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, representada por la Letrada de sus Servicios Jurídicos; y doña Elisa , representada por el Procurador don Gonzalo Santos de Dios.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La sentencia recurrida contiene una parte dispositiva que copiada literalmente dice:

« FALLAMOS:

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Doña Alicia contra la desestimación del recuso de alzada interpuesto el día 3 de septiembre de 2010 (folios 160 y siguientes del expediente administrativo). Sin condena en costas».

SEGUNDO

Notificada la anterior sentencia, la representación de doña Alicia anunció su voluntad de preparar recurso de casación, y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y remitió las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.

TERCERO

La representación de la Sra. Alicia presentó su escrito de interposición del recurso de casación que, después de desarrollar los motivos en que se apoyaba, incluía el siguiente "SUPLICO A LA SALA":

«(...) dicte sentencia por la que, con base en el artículo 95.2 d) de la LJCA , case la resolución recurrida, y anulando la sentencia, se resuelva sobre el fondo en el sentido de estimar que:

1º.- Resolución de la Orden de 17 de diciembre de 2010 de La Consejería de Educación por la que se resuelve el recurso de alzada formulado por Dª Alicia contra las listas de aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden ADM/501/2010, no es ajustada a Derecho y deviene nula de pleno derecho .

2º.- Que se retrotraigan las actuaciones a la fase de concurso, procediéndose a baremar por la Comisión de Valoración o por las personas encargadas de las calificaciones, los méritos y cursos artísticos que a continuación detallamos y que son objeto de reclamación de la presente demanda, que en su día se aportaron por Dª Alicia y que no se han sido objeto de valoración.

3º.- Que tras esa nueva valoración resulta aprobada la actora por obtener puntuación suficiente según los términos de la Convocatoria vea reconocidos sus derechos por la Administración con (...) todos los reconocimientos y derechos inherentes a ello » .

CUARTO

La representación procesal de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, en el traslado que le fue conferido, se opuso al recurso mediante un escrito que finalizó con esta petición:

« SUPLICO A LA SALA (....) tener por efectuada oposición al recurso de casación (...), y previos los trámites legales oportunos lo desestime, confirmando la resolución impugnada, con imposición de costas a la parte recurrente».

QUINTO

La representación procesal de doña Elisa , formalizando el correspondiente trámite, se opuso así mismo al recurso de casación mediante un escrito que pidió sentencia confirmatoria de la recurrida.

SEXTO

Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 20 de enero de 2016.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Doña Alicia participó en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Música y Artes Escénicas, en la Especialidad de Violín, convocado por Orden ADM/501/2010, de 21 de abril, de la Consejería de Administración Autonómica de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA y LEÓN.

La resolución de 29 de julio de 2010 anunció la exposición de las listas de los aspirantes seleccionados, en las que no figuró. Frente a ella planteó recurso de alzada doña Alicia en interés de que, con retroacción del expediente, se procediese a una valoración en la que se tuvieran en cuenta la totalidad de los cursos y méritos artísticos que en su momento fueron aportados; y de que, si resultaba aprobada por obtener puntuación suficiente para ello, le fuesen reconocidos por la Administración sus derechos "en la forma que sea legalmente procedente". Y dicho recurso administrativo le fue desestimado por la Orden de 17 de diciembre de 2010 de la Consejería de Educación.

El proceso de instancia fue promovido por doña Alicia mediante un recurso contencioso-administrativo dirigido frente a la actuación administrativa anterior; y en su demanda dedujo estas pretensiones sustantivas:

(1) La nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa impugnada.

(2) La retroacción de las actuaciones a la fase de concurso para que se le valoraran los siguientes méritos y cursos artísticos:

«2.1- Cursos de Formación Práctica de la Joven Orquesta Nacional de España.

2.2 Cursos de especialización Musical de la Universidad de Alcalá.

2.3 Programas aportados organizados por Aurea, asociación para la Cultura y el Arte "La cultura en el Románico", en catalán, no (...) baremados al no habérsele concedido la posibilidad de subsanar y aportar traducción en Castellano.

2.4 Certificado del Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, (que) no se valora debido a que "no se justifica mediante la aportación de los programas, ejemplares correspondientes"».

(3) Si con la nueva valoración resultaba aprobada la actora, el reconocimiento por la Administración de todos los derechos inherentes a ello.

La sentencia combatida en esta casación desestimó ese recurso jurisdiccional.

El recurso de casación ha sido interpuesto también por doña Alicia .

SEGUNDO

La sentencia recurrida justifica su pronunciamiento desestimatorio en su fundamento de derecho tercero.

Lo hace recordando, en primer lugar, el carácter vinculante que tiene las normas de la convocatoria cuando son firmes y consentidas, y la necesidad, por ello, de ajustarse a dichas normas a la hora de decidir si procede o no acceder a la puntuación de méritos solicitada por la demandante.

Tras lo anterior, examina y da respuesta a cinco cuestiones en los términos siguientes:

« La parte demandante entiende, en primer lugar y como cuestión general, que no existen actas de valoración de los méritos alegando, además, que desconoce los criterios seguidos para puntuarlos y también la composición de la comisión de evaluación.

Este fundamento de derecho alegado por la parte demandante debe rechazarse.

Hay que empezar señalando que, conforme se establece en la base 5.11 de las que rigen la convocatoria, la puntuación que corresponde a los aspirantes según lo previsto en el baremo recogido en el anexo I de las bases de la convocatoria se lleva a cabo por una Comisión de Valoración integrada por personal de la Dirección Provincial de Educación, que realizará la puntuación indicada en nombre del órgano de selección aportando al mismo los resultados que obtenga. Los requisitos formales que deben regir la actuación de los Tribunales y de las Comisiones de Selección no son aplicables a esta Comisión de Valoración por lo que la falta de actas no es, por si mismo, un motivo en el que pueda apoyarse la invalidez de lo actuado por dicha Comisión de Valoración.

A lo anterior hay que añadir que en el expediente administrativo consta un documento firmado por tres personas, que están perfectamente identificadas, en el que se recoge la puntuación otorgada a la demandante por cada uno de los méritos recogidos en el baremo a aplicar. Este documento se considera suficiente para conocer la actuación seguida por la Comisión de Valoración, máxime si se tiene en cuenta que en el folio 155 del expediente administrativo consta la puntuación otorgada en la fase de concurso por cada uno de los méritos y que se ha emitido informe por la Dirección Provincial de Palencia (folio 171 del expediente administrativo) en el que se explican, y así se recoge en la resolución que desestima el recurso de alzada interpuesto, los méritos alegados por la parte demandante que no han sido objeto de valoración y la razón por la que ello ha sido así.

Lo que se acaba de señalar permite entender que la parte demandante ha tenido conocimiento suficiente de la actuación seguida por la Comisión de Valoración respecto a la puntuación otorgada en la fase de concurso a efectos de poder realizar su defensa frente a dicha actuación.

La parte demandante considera, en segundo lugar, que se le deben puntuar los cursos de formación práctica realizados en la Joven Orquesta Nacional de España.

Entiende, en lo esencial, que la formación indicada cumple lo establecido en el apartado 2,5 del anexo I de las bases de la convocatoria dado que el Instituto Nacional de Artes Escénicas, del que depende la Joven Orquesta Nacional de España, está encuadrado en el Ministerio de Educación, que es una Administración con plenas competencias en materia educativa.

Lo alegado por la parte demandante debe rechazarse y, como consecuencia de ello, no procede valorarle, en los términos previstos en el apartado 2,5 del anexo I de las bases de la convocatoria, la actividad realizada en la Joven Orquesta Nacional de España, tal y como la misma aparece acreditada en el folio 120 del expediente administrativo. Esta conclusión se apoya en las consideraciones que se van a realizar seguidamente.

El apartado 2,5 del anexo I de las bases de la convocatoria permite valorar, en el apartado de formación permanente, los cursos de formación permanente y perfeccionamiento que se hayan superado y que cumplan los requisitos que se van a indicar seguidamente.

Atendiendo a su contenido, los cursos deben tener relación con la especialidad a la que se opta, en el presente caso Violín, dentro del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, o, al margen de la especialidad indicada, con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación.

Desde el punto de vista negativo, no se valoran los cursos o asignaturas integrantes de un Título académico, Máster u otra Titulación de Postgrado.

Atendiendo al aspecto subjetivo, los cursos superados deben haber sido convocados por las Administraciones Públicas con plenas competencias educativas o por las Universidades o, en su caso, tratarse de actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados (sic) por entidades colaboradoras con las Administraciones Educativas o actividades reconocidas por la Administración Educativa correspondiente.

En el aspecto formal, es necesario que los cursos se acrediten mediante certificado expedido por el órgano convocante en el que conste su duración en horas o, en su caso, el número de créditos y también que acredite, de manera fehaciente, el reconocimiento de homologación o que se realiza en convenio con las Administraciones educativas o Universidades, debiendo figurar el sello de Inscripción en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado, en aquellas actividades que deban inscribirse.

La actividad formativa alegada por la parte demandante, y acreditada en los términos que constan en el folio 120 del expediente administrativo, no cumple los requisitos mencionados en el párrafo anterior dado que dicha actividad no puede considerarse un curso de formación permanente y perfeccionamiento de los referenciados en el apartado 2.5 del anexo I de las bases de la convocatoria.

Desde luego no puede entenderse que la participación de la demandante en la Joven Orquesta Nacional de España sea el resultado de la convocatoria de una actividad de formación concreta y determinada. Hay que considerar que esa participación lo es porque la demandante es miembro de dicha Orquesta. A lo anterior hay que añadir que la referencia que se hace en el documento aportado a los "Cursos" no permite entender que los mismos, en su caso, hayan sido convocados por una Administración Pública con plenas competencias educativas. La pertenencia del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música al Ministerio de Educación y Ciencia no significa que dicho Instituto, que tiene personalidad jurídica propia, tenga plenas competencias educativas.

A mayor abundamiento hay que señalar que el certificado aportado por la parte demandante (folio 120 del expediente administrativo) no acredita que haya superado los cursos que se indican en el mismo.

Por último hay que indicar que esos cursos no pueden considerarse "formación Permanente" del profesorado dado que la demandante ha sido habilitada para ser profesora el día 7 de abril de 2008 (folios 104 y 105 del expediente administrativo) siendo la actividad formativa que alega, es decir la realizada en la Joven Orquesta Nacional de España, muy anterior a la fecha indicada dado que la misma se ha realizado entre los años 1998 y 2001.

La parte demandante considera, en tercer lugar, que se le deben valorar los Cursos de Especialización en la Universidad de Alcalá.

Entiende, en esencia, que estos cursos hay que valorarlos con 0,200 puntos al superar, en su conjunto, los 3 créditos (30 horas).

Lo alegado por la parte demandante debe rechazarse y, como consecuencia de ello, no se considera que deba puntuarse la actividad formativa llevada a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares. Esta conclusión se apoya en lo que se va a señalar seguidamente.

La documentación que consta en los folios 142, 143 y 144 del expediente administrativo se refiere a cursos de especialización que comprenden, dentro de la Didáctica de los Instrumentos de Cuerda, diversas materias con una duración propia por cada una de ellas e impartidas por un profesor diferente.

Siendo esto así, se considera que cada actividad es un curso, que no es acumulable con los demás por tener una duración inferior a 20 horas. Hay que tener en cuenta que cada actividad formativa está justificada de manera autónoma e independiente y todas ellas se encuadran dentro de los "Cursos", en plural, de especialización musical.

La parte demandante, en cuarto lugar, entiende que deben ser valorados los programas de Áurea, referidos a la "Cultura en el Románico", sin que sea obstáculo para ello el hecho de que no se haya aportado traducción al castellano.

Entiende que si la Administración consideraba necesaria la traducción indicada, debía de haberle requerido para que subsanara la documentación aportada al resultar aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la LPC, máxime si se tiene en cuenta que esa posibilidad sí que se concedió a otros aspirantes.

Teniendo en cuenta lo pretendido por la parte demandante, que se concreta, en lo que ahora importa, en la anulación de la actuación recurrida con retroacción de lo actuado para que la Administración proceda a valorar y puntuar los méritos solicitados, carece de trascendencia si la Administración demandada debió posibilitar a la demandante la subsanación de la documentación aportada.

Lo importante ahora es decidir si el mérito alegado es merecedor de alguna puntuación conforme al baremo que resulta aplicable.

La respuesta a esta cuestión ha de ser negativa con apoyo en lo que se va a indicar a continuación.

El apartado 3,2 del baremo de méritos posibilita, en lo que ahora importa, que para los Cuerpos de Música, que es al que pretende acceder la parte demandante, se valoren méritos artísticos relacionados con la especialidad. Estos méritos se concretan en composiciones estrenadas, conciertos como solista y otros.

Los citados méritos han de acreditarse aportando los programas, críticas, publicaciones, los ejemplares correspondientes y, en su caso, la acreditación de haber obtenido los premios.

En los folios 121 a 128 del expediente administrativo constan unos programas (trípticos) en los que se referencia un concierto y tres personas, entre las que se encuentra la demandante asociada al violín.

La documentación indicada acredita la participación de la demandante en los conciertos anunciados pero no que los mismos se hayan celebrado y, sobre todo, que la demandante haya sido solista o que haya estrenado una composición musical, que son los méritos valorables según el apartado 3,2 citado en el párrafo anterior.

Por último la parte demandante pretende que se le valore su participación en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, según el certificado aportado por el Director.

Entiende, en lo esencial, que el certificado mencionado es suficiente para poder valorar el mérito indicado.

Este mérito tampoco puede ser objeto de valoración.

Se debe dar por reproducido lo señalado anteriormente respecto a la participación de la demandante en las actividades organizadas por Áurea añadiendo que el certificado que consta en el folio 118 del expediente administrativo acredita que la demandante ha formado parte de la programación del 32 Festival de Teatro Clásico de Almagro con un concierto de violín el día 4 de julio de 2009.

El documento indicado no acredita que la demandante haya sido solista en dicho concierto ni tampoco que haya estrenado alguna composición musical. Desde luego el haber "formado parte" en el festival no puede considerarse un mérito valorable en el apartado 3,2 del baremo».

TERCERO

El recurso de casación de Doña Alicia es formalizado implícitamente por el cauce de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción (LJCA ), pues aunque no cita este precepto legal encabeza su apartado de "MOTIVOS" con esta rúbrica: "Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".

Y por dicho cauce, desde una invocación inicial de la doctrina jurisprudencial sobre el control de la discrecionalidad técnica, formula los tres reproches siguientes.

  1. Ausencias de actas de calificación por parte de la Comisión de valoración.

    Se combate aquí, en primer lugar, lo razonado por la sentencia recurrida sobre por qué se niega eficacia invalidante a la ausencia de actas de valoración y se considera suficiente, a los efectos de considerar motivada dicha valoración, la documentación obrante en el expediente (folios 155 y 171) y lo explicado en la resolución desestimatoria del recurso de alzada. Y se dice respecto del documento obrante en la última página del expediente que figuran en él tachones y enmiendas y se aleja la mínima exhaustividad que resulta exigible.

    A continuación se censuran las declaraciones de la Sala de Valladolid sobre el mérito consistente en los programas organizados por Áurea. Lo que el principalmente el recurso esgrime con esta finalidad es que la no puntuación lo fue porque estaban en catalán y no se le permitió subsanar este posible defecto por la vía del artículo 71 de la ley 30/1992 . Y denuncia de contradictoria la afirmación de la sentencia de instancia de que ello no era necesario; contradicción que debe apreciarse, sobre todo, desde el momento en que no existieron actas de valoración.

    Finaliza este reproche con unas consideraciones sobre la significación que tienen las actas en un proceso selectivo para comprobar si ha sido o no correcta la actuación administrativa.

  2. Falta de motivación por inexistencia de las actas e imposibilidad por ello de determinar la exclusión de la recurrente, constitutiva de otro motivo de invalidación del proceso selectivo.

    El desarrollo argumental comienza exponiendo la extrañeza de que el órgano jurisdiccional de instancia, siendo lego en la materia de valoración de méritos, entre a determinar cuestiones tan técnicas como si un concierto lo fue a modo de solista o no o si un programa es valorable en función de que se haya o no estrenado una composición musical.

    Se añade que si no había actas que estableciesen el criterio la Sala de Valladolid debía haber sentenciado en función de esa omisión y no entrar en cuestiones técnicas.

    Y se sostiene después que la referida Sala se ha extralimitado en sus funciones.

    Más adelante se invocan varias sentencias de esta Sala y Sección que se han pronunciado sobre la necesidad de motivación en las valoraciones de los procesos selectivos y sobre el contenido que ha de tener la misma, como también sentencias sobre esta misma materia de las Salas de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional.

  3. Vulneración de la doctrina de la discrecionalidad técnica, por haberse dejado de valorar las comisiones de valoración méritos que eran reglados y no susceptibles calificación discrecional.

    La justificación de este reproche comienza con una invocación de la doctrina judicial que ha establecido que el error manifiesto y los elementos reglados son límites al espacio de apreciación que es inherente a la discrecionalidad técnica (se citan de nuevo a este respecto sentencias de las Salas de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional).

    Luego se realizan concretas críticas directamente referidas a los méritos no puntuados.

    3.1. La referida a los cursos de formación en la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) consiste en lo siguiente: que se ignora el carácter constitucionalmente pedagógico que la JONDE realiza a través de esos cursos; que el mérito derivado de dicho curso consiste en su realización y no en su superación, porque no consisten en un examen; y que la exigencia de que los cursos de formación sean posteriores a la adquisición de la condición de profesora no figura en las bases.

    3.2. La planteada en relación con el mérito de los programas ÁUREA insiste en la contradicción de que no se calificaran por estar en catalán y no se le ofreciese una posibilidad de subsanar este defecto; y censura que no se valoraran desde el criterio de que la recurrente no actuó como solista ni estrenó una composición, aduciendo para ello que nada se fundamenta a este respecto y tampoco se establece en las bases que se entiende como solista.

    3.3. La formulada respecto de la participación en el festival de Teatro Clásico de Almagro viene a decir que el certificado aportado era bastante para acreditar la actuación como solista; y reitera que en las bases no hay una definición donde se diga que se entiende por actuación en concierto como solista y por esta razón debió motivarse y existir un acta donde se fundamente por qué no se puntuaron estos méritos.

CUARTO

Esos reproches de casación, como resulta de lo expuesto, se pueden sintetizar en estas tres críticas fundamentales: (i) al no existir acta que formalice la actuación del órgano calificador no se puede considerar debidamente cumplido el requisito de motivación que resulta necesario para que se pueda considerar válida la calificación que, efectuada en un proceso selectivo, haya sido determinante para que un aspirante no lo supere; (ii) la Sala de instancia se ha excedido en el control únicamente jurídico que le corresponde, por decidir qué es lo que ha de entenderse como actividad de solista en un concierto; y (iii) no ha interpretado ni aplicado correctamente el concepto de "Administraciones públicas con plenas competencias educativas" que figura en el Baremo de valoración de méritos de la convocatoria litigioso.

Ninguna de esas tres críticas puede ser acogida por lo que seguidamente se explica.

Lo decisivo en un proceso selectivo para que se considere debidamente cumplido el requisito de motivación y descartado, a causa de ello, el incumplimiento del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución-CE -), es que las actuaciones administrativas de que se trate hagan constar cuales son las causas que han determinado la calificación otorgada al aspirante; y con la claridad y concreción suficiente para que este pueda articular frente a ellas la impugnación que juzgue conveniente para su intereses y, de esta manera, ejercitar su defensa en aras de su derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE ).

El examen de las actuaciones administrativa permite conocer, en lo que hace a la recurrente, cuales son las concretas causas que determinaron la no calificación o puntuación de cada uno de los méritos que en el litigio han sido objeto de discusión. Así consta, como señala la sentencia recurrida, primero en el informe emitido por la Dirección Provincial de Palencia y, finalmente, en la resolución desestimatoria del recurso de alzada (que incorpora y asume dicho informe).

Es, pues, acertado, el razonamiento de la sentencia recurrida de que se ofreció a la recurrente un conocimiento suficiente para ejercitar su defensa frente a la calificación que fue otorgada a sus méritos.

No es de compartir el exceso que se imputa a la Sala recurrida de invadir terrenos propios de la discrecionalidad técnica en lo que se refiere a calificar si un concierto fue o no efectuado como "solista" , pues éste es un concepto no técnico sino gramatical cuya significación es la que le otorga cualquier Diccionario lingüístico (como el de la Real Academia de la Lengua).

Tampoco es justificada la impugnación que se hace de la decisión de la sentencia recurrida de no considerar valorable el mérito referido a la "Joven Orquesta Nacional de España", pues es acertado el criterio de la Sala de Valladolid de que es necesario que cumpla el requisito subjetivo, exigido en el baremo aplicable, de su convocatoria o reconocimiento por una Administración educativa, o su realización en el marco de un Plan Permanente por otra entidad colaboradora de dicha Administración. Como también han de compartirse esos otros requisitos formales que la sentencia de Valladolid considera exigibles, pues guardan una relación directa con lo que expresamente se establece en el baremo sobre los documentos justificativos de esta clase de méritos.

QUINTO

Procede, de conformidad con todo lo antes razonado, declarar no haber lugar al recurso de casación; y, al ser desestimatorio el recurso, todas las costas deberá abonarlas la parte recurrente, por no concurrir circunstancias que justifiquen apartarse de la regla general de la imposición del artículo 139.2 de la LJCA .

Pero la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese artículo 139 de la LJCA , señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por honorarios de abogado la de tres mil euros (a distribuir por mitad entre las dos partes demandadas); y para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en atención a las circunstancias del asunto y a la dedicación requerida para formular la oposición.

FALLAMOS

  1. - No haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Alicia contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 22 de septiembre de 2014 (dictada en el recurso contencioso-administrativo 171/2011 ).

  2. - Imponer a la parte recurrente las costas correspondientes a este recurso de casación con la limitación que se expresa en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.-