ATS, 12 de Enero de 2016
| Ponente | FERNANDO SALINAS MOLINA |
| ECLI | ES:TS:2016:524A |
| Número de Recurso | 3727/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 12 de Enero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a doce de Enero de dos mil dieciséis.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina
Por el Juzgado de lo Social Nº 8 de los de Valencia se dictó sentencia en fecha 19 de noviembre de 2013 , en el procedimiento nº 850/2012 seguido a instancia de D. Cesar contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandante, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 5 de julio de 2014 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 13 de noviembre de 2014, se formalizó por la letrada Dª María José Chornet Soriano en nombre y representación de D. Cesar , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 7 de septiembre de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de relación precisa y circunstanciada, falta de contradicción y falta de cita y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
De acuerdo con el artículo 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social el escrito de interposición del recurso deberá contener una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada en los términos de la letra a) del apartado 2 del artículo 221, evidenciando que concurre la sustancial contradicción de sentencias y argumentando sobre la concurrencia de las identidades del artículo 219. Este requisito exige una comparación de los hechos de las sentencias, el objeto de las pretensiones y de los fundamentos, a través de un examen comparativo que, aunque no sea detallado, resulte suficiente para ofrecer a la parte recurrida, al Ministerio Fiscal y a la propia Sala los términos en que la parte recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos, lo que exige una comparación de los hechos de las sentencias, del objeto de las pretensiones y de los fundamentos de éstas. Así lo ha venido exigiendo esta Sala en multitud de sentencias, entre las más recientes, de 18/02/2013 (R. 1078/2012 ), 13/03/2013 (R. 4346/2011 ), 15/04/2013 (R. 772/2012 ), 16/04/2013 (R. 1331/2012 ), 16/04/2013 (R. 2203/2011 ), 23/04/2013 (R. 622/2012 ), 13/05/2013 (R. 4432/2010 ), 25/06/2013 (R. 2408/2012 ), 16/10/2013 (R. 2736/2012 ), 25/11/2013 (R. 2797/2012 ), 21/01/2014 (R. 1045/2013 ), 24/06/2014 (R. 1200/13 ).
La finalidad y fundamento de esta exigencia de análisis pormenorizado o relación precisa o circunstanciada de la contradicción alegada es la garantía de defensa procesal de la parte recurrida, de suerte que ésta pueda apreciar con claridad los términos de un debate que dista mucho de ser simple, al consistir en la comparación de sentencias en la integridad de sus elementos. El análisis o argumento de contradicción ha de consistir, no ya y no sólo en un examen de las doctrinas en que se apoyan las sentencias comparadas, lo que podría corresponder también a la argumentación de infracción legal, sino, sobre todo, de una comparación de las controversias concretas objeto de enjuiciamiento. La comparación de las controversias comporta normalmente un examen individualizado y pormenorizado de los hechos, los fundamentos, pretensiones y decisiones de las sentencias comparadas, dependiendo el detalle exigible de la argumentación del grado de complejidad y casuismo de la cuestión planteada. El análisis de la contradicción de sentencias exige, en su caso, expresar por qué no son relevantes para el correspondiente juicio de contradicción aquellas diferencias entre las sentencias comparadas que en una primera aproximación puedan plantear dudas sobre la concurrencia de este requisito. Así lo ha venido entendiendo esta Sala, entre otras, por citar las más recientes, en SSTS de 24/09/2012 (R. 3643/2011 ), 25/11/2013 (R. 2797/2012 ), 24/02/2014 (R. 732/2013 ).
De otra parte, según el artículo 225.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social es causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos procesales para interponer el recurso, siendo criterio doctrinal en tal sentido que el incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 224.1 a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social constituye un defecto insubsanable [ SSTS, entre otras, de 28/06/06 (R. 793/2005 ), 21/07/2009 (R. 1926/2008 ), 16/09/2013 (R. 1636/2012 )].
Sin embargo, tal requisito no se cumple en el presente asunto, pues la parte, se limita a hacer una referencia genérica a la existencia de la contradicción alegada, pero sin efectuar la preceptiva comparación de hechos, fundamentos ni pretensiones de las resoluciones.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales", SSTS 16/07/2013 (R. 2275/2012 ), 22/07/2013 (R. 2987/2012 ), 25/07/2013 (R. 3301/2012 ), 16/09/2013 (R. 302/2012 ), 15/10/2013 (R. 3012/2012 ), 23/12/2013 (R. 993/2013 ), 29/04/2014 (R. 609/2013 ) y 17/06/2014 (R. 2098/2013 ).
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales, SSTS 14/05/2013 (R. 2058/2012 ), 23/05/2013 (R. 2406/2012 ), 13/06/2013 (R. 2456/2012 ), 15/07/2013 (R. 2440/2012 ), 16/09/2013 (R. 2366/2012 ), 03/10/2013 (R. 1308/2012 ), 04/02/2014 (R. 677/2013 ) y 01/07/2014 (R. 1486/2013 ).
La sentencia recurrida, del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana de 15-7-2014 (R. 429/2014 ), desestima el recurso de suplicación interpuesto por el actor y confirma la sentencia de instancia, igualmente desestimatoria de su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente absoluta, habiendo sido declarado por resolución del INSS de abril de 2012 en situación de incapacidad permanente total.
Indica la Sala de suplicación que al amparo del art. 193.c) LRJS (aunque no se dice expresamente), imputa el recurrente infracción del art. 137.1.c) LGSS . Y tras referirse a la doctrina aplicable a la declaración del grado postulado, viene a considerar que en el presente caso, al no haberse instado la revisión fáctica de la sentencia de instancia por el cauce del art. 193.b) LRJS , habrá de estarse a los hechos probados que en ella constan, en concreto en su hecho tercero, y del que se desprende que las principales dolencias que aquejan al actor son: estenosis espinal región lumbar, fibromialgia y sintomatología ansioso-depresiva, si bien también presenta dolencias a nivel de raquis cervical, dorsal y lumbar; y dichas dolencias ocasional al actor limitaciones para la realización de actividades que sobrecarguen de manera intensa el raquis, así como para aquéllas que requieran de intensos esfuerzos físicos y psíquicos, por lo que las mismas resultan compatibles con el desarrollo de actividades livianas y sedentarias que no impliquen un alto grado de concentración o memoria, por lo que no se encuentra privado de su capacidad laboral. Conclusión que coincide con la alcanzada por la sentencia de instancia, de ahí que se confirme.
El recurso de casación para unificación de doctrina se interpone por el beneficiario y en él se imputa a la sentencia recurrida no haber entrado en el fondo del asunto por no haberse procedido a una previa solicitud de modificación de los hechos probados; alegándose infracción del art. 137.1 LGSS por ser acreedor el actor de incapacidad permanente absoluta.
El recurrente en su escrito de formalización del recurso alegó diversas sentencias de contraste. Fue requerido por la Sala por Diligencia de Ordenación de 19-1- 2015, para que seleccionara una sentencia por punto de contradicción con la advertencia de que, de no hacerlo en el plazo fijado, podría entenderse que optaba por la más moderna. No habiendo contestado en el plazo señalado, por Diligencia de 11-3-2015, se tuvo por seleccionada la sentencia más moderna de las citadas, la del Tribunal Supremo de 25-6-2001 (R. 3791/2000 ), que es, pues, la que se debe tomar como sentencia de contraste.
En los autos de la indicada sentencia de contraste, del Tribunal Supremo de 25-6-2001 (R. 3791/2000 ), la sentencia de instancia estimó la demanda interpuesta por el actor y le declaró en situación de invalidez permanente total para su profesión habitual. Frente a este pronunciamiento recurrió en suplicación el INSS con un motivo por error de hecho para revisar los hechos probados y otro por infracción del artículo 134.4 LGSS . La Sala de suplicación rechazó el motivo por error de hecho y al examinar el motivo por infracción legal, argumenta que no puede "prosperar el examen del derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima correlación de ambos presupuestos, que es lo que aquí acontece". Por ello, concluye que, "estimándose correcta la aplicación de la norma que como infringida se cita", procede la desestimación del motivo.
Esta Sala IV razona que en cualquier litigio la discrepancia puede plantearse exclusivamente sobre la aplicación del Derecho y esto es claro en el recurso de suplicación, ya que el artículo 191.c) LPL establece que puede tener por objeto la aplicación del Derecho, sin condicionarlo a la previa revisión de los hechos probados. Y la calificación del grado de la incapacidad permanente es una cuestión jurídica, que se basa en unos datos fácticos, pero que exige, partiendo de esos datos, llevar a cabo un análisis y llegar a una conclusión de indiscutible contenido jurídico" y "por ello, aunque permanezcan inalterados los hechos probados de la resolución de instancia, el Tribunal de suplicación puede examinar si es correcta o no la calificación efectuada en esa resolución de instancia". Consecuentemente, estima el recurso para casar y anular la sentencia recurrida con devolución del rollo de suplicación y las actuaciones de instancia a la Sala de lo Social de procedencia para que, con libertad de criterio, dicte nueva sentencia resolviendo los dos motivos formulados.
De acuerdo con la doctrina antes indicada no puede apreciarse la existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la que se cita como término de comparación al no concurrir las identidades que exige el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , toda vez que los hechos acreditados tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal son distintos, lo que justifica las diferentes consecuencias jurídicas alcanzadas por las dos resoluciones.
En efecto, en primer lugar, por lo que hace a la denuncia procesal relativa a que la Sala de suplicación no ha entrado a dar respuesta jurídica al recurrente por no haber procedido a una previa revisión fáctica, debe indicarse que no es posible apreciar dicha infracción, toda vez que lo único que la sentencia recurrida indica es que el recurrente no invoca el art. 193.c) LRJS , al amparo del cual construye su recurso; y, contrariamente a lo alegado por la parte, dicho Tribunal señala que, "al no haberse instado la revisión fáctica de la sentencia de instancia por el cauce del apartado b del art. 193 de la LJS, se habrá de estar a la declaración de hechos probados a fin de determinar si el demandante es o no acreedor del grado de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo cuyo reconocimiento postula". Con anterioridad la Sala ha indicado el alcance del art. 137.5 LGSS y seguidamente entra a analizar las dolencias y limitaciones del actor según constan en el hecho tercero, para concluir, que las mismas no le hacen acreedora del grado que solicita. Mientras que en la sentencia recurrida sí consta claramente que la Sala de suplicación al examinar el motivo por infracción legal, argumenta que no puede "prosperar el examen del derecho cuando no se hayan alterado los supuestos de hecho que en la resolución en cuestión se constatan y entre una y otra dimensión de la sentencia exista una íntima correlación de ambos presupuestos, que es lo que aquí acontece".
Y, en segundo lugar, tampoco puede apreciarse la necesaria contradicción en el plano sustantivo toda vez que la sentencia de contraste no entra a resolver sobre el fondo del asunto al declarar la nulidad de actuaciones y la retroacción al momento de ser dictada la Sala de Suplicación. En efecto, no puede existir contradicción entre la sentencia recurrida, que entra en el fondo del asunto, con la que se ha establecido como término de comparación, que no contiene decisión ni doctrina alguna en su parte dispositiva, toda vez que no entra en el fondo del asunto.
A lo que debe añadirse que la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado la Sala, por citar la más reciente, en STS de 16/09/2014 (R. 2431/2013 ). De hecho, en este sentido las SSTS de 23/06/2005 (R. 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2/11/2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» [ SSTS de 13/11/2007 (R. 81/2007 ), 22/01/2008 (R. 3890/2006 ), 17/02/2010 (R. 52/2009 )].
El recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y por eso el escrito de interposición del recurso debe contener "la fundamentación de la infracción legal cometida por la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia", de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ha señalado con reiteración que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» [ SSTS, entre otras, 22/04/2013 (R. 1048/2012 ), 02/12/2013 (R. 3278/2012 ) y 14/01/2014 (R. 823/2013 )].
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
Concurre la falta de denuncia y fundamentación de la infracción legal cometida respecto del motivo de infracción procesal alegado pues la única referencia a este punto que contiene el escrito de recurso es la relativa al derecho sustantivo aplicable [ art. 137.1.c) LGSS ].
De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y con lo informado por el Ministerio Fiscal, sin que conste escrito de alegaciones de la parte en contestación a la providencia de esta Sala de 7 de septiembre de 2015, procede declarar la inadmisión del recurso, sin imposición de costas por tener la parte recurrente reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada Dª María José Chornet Soriano, en nombre y representación de D. Cesar , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 5 de julio de 2014, en el recurso de suplicación número 429/2014 , interpuesto por D. Cesar , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Valencia de fecha 19 de noviembre de 2013 , en el procedimiento nº 850/2012 seguido a instancia de D. Cesar contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre incapacidad permanente.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
