ATS, 27 de Enero de 2016
| Ponente | EDUARDO BAENA RUIZ |
| ECLI | ES:TS:2016:419A |
| Número de Recurso | 201/2015 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 27 de Enero de 2016 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil dieciséis.
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Por la representación procesal de Alberto , con domicilio en Tarrasa se presentó con fecha de 20 de febrero de 2015 impreso cumplimentado de demanda sucinta de juicio verbal contra la mercantil GRUPO FOMENTO MULTIMEDIA, S.L. con domicilio den Vigo (Pontevedra), solicitando el desestimiento de curso a distancia de fontanería suscrito con devolución de la matrícula abonada por importe de 250 euros.
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La demanda fue turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Tarrasa y, antes de resolver sobre la admisión a trámite de la demanda, el Juzgado acordó oír a la parte demandante y el Ministerio Fiscal para que alegaran sobre la posible falta de competencia territorial.
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Con fecha de 29 de junio de 2015, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Tarrasa dictó un auto por el que declaraba la incompetencia territorial de ese Juzgado para conocer del asunto, por considerar que la competencia correspondería a los Juzgados de Primera instancia de Vigo , localidad correspondiente al domicilio de la demandada.
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Remitidas las actuaciones al Juzgado Decano de esa ciudad, y turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Vigo, mediante auto de fecha de 3 de noviembre de 2015 , declaró su incompetencia y planteó un conflicto negativo de competencia.
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Recibidas las actuaciones en esta Sala, que las registró con el número 201/2015, el Ministerio Fiscal informó que la competencia correspondía al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Tarrasa, en aplicación del fuero imperativo determinado en el art. 52.2 LEC .
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Baena Ruiz .
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El presente conflicto negativo de competencia territorial se plantea entre un Juzgado de Tarrasa y otro de Vigo (Pontevedra), respecto de una demanda de juicio verbal que tiene por objeto el desestimiento de un curso a distancia de fontanería, con reclamación del importe abonado en concepto de matrícula por importe de 250 euros.
El Juzgado de Tarrasa considera competente al Juzgado de Vigo, atendiendo a la aplicación general del art. 58 LEC .
Por su parte, el Juzgado de Vigo entiende que rige la regla prevista en el art. 52.2 LEC , y que la competencia para el conocimiento del pleito corresponde al juzgado del domicilio del consumidor.
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Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia territorial debemos partir de la consideración de que en el juicio verbal no es válida la sumisión expresa ni tampoco la tácita, según resulta de lo dispuesto en el art. 54.1 LEC . Cualquiera que sea la pretensión ejercitada en esta clase de juicio, la competencia territorial se determina siempre de forma imperativa con arreglo a los fueros legalmente establecidos para cada caso: en primer lugar, el fuero especial que corresponda conforme a las previsiones del art. 52 LEC ; y, en su defecto, los fueros generales relativos al domicilio o residencia del demandado ( art. 50 LEC para las personas físicas y art. 51 para las personas jurídicas y entes sin personalidad).
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También debemos tener presente el criterio seguido en casos anteriores, en concreto en los Autos de 17 de mayo y 5 de noviembre de 2004 (conflictos nº 24 y nº 73/2004, respectivamente) o de 24 de junio o de 15 de julio de 2015, ( conflictos nº 102/2015 y 89/2015), entre los más recientes.
En estos precedentes las demandas de juicio verbal tenían por objeto reclamaciones derivadas de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles, precedidos de oferta pública. El conflicto negativo de competencia territorial se suscitó entre el tribunal del domicilio de la persona jurídica demandada, art. 51.1 LEC , y el del domicilio del aceptante de la oferta, el del demandante, por aplicación del art. 52.2 LEC . La competencia se atribuyó al tribunal del domicilio de quien había aceptado la oferta. Las resoluciones destacan que la finalidad del fuero contenido en el mencionado art. 52.2 LEC es la de proteger a los asegurados, compradores, prestatarios y aceptantes de servicios o bienes muebles. En concreto, estas resoluciones señalan la necesidad de aplicar con todo su rigor el art. 58 LEC en relación con sus arts. 54 y 59 LEC para, de este modo, lograr el fin de todo el conjunto normativo, que es impedir privilegios procesales para las empresas dedicadas a la contratación en masa o por vías o medios que la sitúan en una posición inicialmente más ventajosa que la del aceptante de sus ofertas.
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Si seguimos la doctrina que emana de las citadas resoluciones, en el supuesto de autos debemos atribuir la competencia, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal y lo interesado por el propio actor mediante escrito de 29 de junio de 2015 (folio nº 11 de las actuaciones), al Juzgado nº 7 de Tarrasa, en aplicación de la regla imperativa de competencia prevista en el art. 52.2 LEC .
El art. 52 LEC contiene, en materia de competencia territorial, una lista de supuestos en los que no se aplican las reglas de los artículos anteriores -fueros generales de los arts. 50 y 51 LEC -, sino una serie de fueros especiales que la casuística del precepto recoge. El apartado 2 del mencionado art. 52 LEC contiene un fuero basado en el domicilio del asegurador, comprador, prestatario y de quien hubiera aceptado la oferta, conforme al cual "[c]uando las normas del apartado anterior de este artículo no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente."
Aun cuando pueda ser dudoso el factor de la oferta pública precedente al contrato en el caso concreto, no lo es que la demanda tiene por objeto una reclamación de un consumidor contra una empresa en relación a la prestación de un servicio de formación a distancia. Lo decisivo es que en la demanda se ejercita la acción individual de un consumidor, factor determinante de una interpretación favorable a dicho consumidor, conforme a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril (cuya trasposición al Derecho interno, tras la STJUE de 9 de septiembre de 1994 , se llevó a cabo por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios). Seguir otro criterio podría mermar el derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor demandante, que para una reclamación de reducida cuantía, se vería obligado, tras haber presentado su demanda en Tarrasa, lugar de su domicilio, a tener que dirigirse a un Juzgado de Vigo, por encontrarse allí el domicilio de la demandada, situación que los tribunales deben evitar, en atención a las normas tuitivas de protección de consumidores y usuarios.
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Declarar que la competencia territorial para conocer del asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Tarrasa.
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Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
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Comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Vigo (Pontevedra).
Contra esta resolución no cabe recurso.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
