ATS, 5 de Noviembre de 2015
| Ponente | SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2015:9350A |
| Número de Recurso | 2136/2015 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2015 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil quince.
PRIMERO .- Por la Procuradora de los Tribunales, Dña. Enriqueta Salman-Alonso Khouri, designada por el turno de oficio, en nombre y representación de Dña. Begoña , se ha interpuesto Recurso de Casación contra la Sentencia 210/2015, de 13 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , dictada en el Procedimiento Ordinario 806/2014, en materia de empleo.
SEGUNDO .- Mediante Providencia, de 15 de septiembre de 2015, se acordó dar traslado a las partes, por plazo común de diez días, para que en su caso formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: Estar exceptuada del recurso de casación la resolución judicial impugnada, por haber recaído en un asunto cuya cuantía no excede de 600.000 euros, dado que, aun cuando en la instancia fue fijada como indeterminada, se refiere al reconocimiento de la ayuda económica derivada del Programa de recualificación profesional de las personas que su protección por desempleo o Plan PREPARA, cuya cuantía es, como máximo, de 450 euros por un periodo de 6 meses, es decir, 2.700 euros, con lo que notoriamente no supera dicho límite [ artículos 41.1 , 42.1 , 86.2 b ) y 93.2 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y ATS de 13 de marzo de 2014, RC 2522/2013 ]. Trámite que ha sido cumplimentado por las partes.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La Sentencia impugnada desestima el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de Dña. Begoña contra la desestimación presunta del Recurso de Alzada formulado frente a la Resolución, de 22 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se deniega la ayuda económica derivada del Programa de recualificación profesional de las personas que su protección por desempleo o Plan PREPARA.
SEGUNDO .- Como es sabido, el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros (a salvo el procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no hace al caso).
De igual modo, según previene el artículo 41.1 LJCA , la cuantía del recurso contencioso-administrativa vendrá determinada por el valor económico de la pretensión.
Por su parte, el artículo 41.3 de la Ley de esta Jurisdicción precisa que en los casos de acumulación de pretensiones -es indiferente que tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional, según constante jurisprudencia-, aunque la cuantía del recurso venga determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, no comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de casación, a lo que debe añadirse que, con arreglo al artículo 42.1.a) de la Ley Jurisdiccional , para fijar el valor económico de la pretensión se tendrá en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.
TERCERO .- En este asunto, la cuantía litigiosa determinada con arreglo a las normas antes invocadas, no alcanza el límite mínimo establecido para acceder a casación previsto en el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción .
El recurso trae causa de un procedimiento de concesión de una ayuda económica y, si bien no aparece determinado en el expediente el importe concreto de la ayuda solicitada y posteriormente denegada, es determinable, resultando que dista mucho del límite de 600.000 euros para poder recurrir en casación.
El caso que ahora conocemos se refiere a la concesión de una ayuda derivada del denominado Plan PREPARA o Programa de recualificación profesional de las personas que su protección por desempleo que, conforme al Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero (y sus prórrogas llevadas a cabo por los Reales-Decretos Leyes 10/2011, 20/2011, 23/2012 y 1/2013), tiene una cuantía máxima de 450 euros, por un periodo de seis meses, lo que asciende a un total de 2.700 euros .
Por tanto, siendo el importe de la ayuda la cuantía de la pretensión, no alcanza, de forma notoria, la summa gravaminis de 600.000 euros, límite legalmente previsto para acceder a casación.
En consecuencia, procede declarar la inadmisión del recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2.a) de la vigente LRJCA , por no ser susceptible de impugnación la sentencia recurrida.
CUARTO .- No obstan a la anterior conclusión las alegaciones planteadas por la recurrente en el trámite de audiencia conferido, en las que mantiene que la cuantía es indeterminada, ya que el cálculo de la cuantía a que se refiere la Providencia de 15 de septiembre de 2015 puede que finalmente sea o no, ya que dicha prestación puede agotarse o no en esa cuantía; o dicho reconocimiento puede dar lugar a la ampliación de la ayuda o a renovación; o incluso a antecedente necesario o beneficioso para la concesión de nueva o/y otra ayuda.
El acto administrativo impugnado en la instancia es la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se deniega la ayuda económica solicitada, siendo incuestionable que su importe, valor económico de la pretensión, en ningún caso, supera la cifra de 600.000 euros que permite recurrir en casación.
En todo caso, aun cuando se tuviera en cuenta las distintas cuestiones a que hace referencia la parte recurrente en sus alegaciones, el recurso no alcanzaría el límite para acceder a casación, ya que, de una parte, se produciría un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, sin perjuicio de añadir que tales situaciones tendrían la consideración, a lo sumo, de meras expectativas de derecho. Y, de otra, sea como fuere, no resulta en modo alguno razonable que la suma de cualesquiera ayudas públicas que la recurrente pueda obtener en esta materia ascienda al importe de 600.000 euros.
Por último, es preciso añadir que la exigencia legal de que la cuantía del recurso contencioso-administrativo supere el límite establecido para que la resolución impugnada sea susceptible de recurso de casación es materia de orden público procesal que no puede quedar a la libre disposición de las partes, como ha dicho reiteradamente esta Sala (ATS de 9 de mayo de 2005, RC 6399/2001 ), por lo que su fijación inicial no impide la inadmisión del recurso, cuando efectivamente no alcanza, como aquí ocurre, el " quantu m" establecido para que sea recurrible en casación, siendo irrelevante, a los efectos de la inadmisión del expresado recurso, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia como se ha dicho reiteradamente (ATS de 12 de enero de 2012, RC 3738/2011 ; 9 de junio de 2011, RC 7150/2010 y 23 de febrero de 2001, RC 3724/1999 ).
En conclusión, de conformidad con el artículo 93.2.a) de la misma Ley, procede la inadmisión del recurso sometido ahora a examen.
QUINTO .- Finalmente ha de expresarse que las posibles restricciones a la recurribilidad de determinadas resoluciones no son incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución , ni con el principio de seguridad jurídica siempre que se articulen por Ley, siendo doctrina reiterada de esta Sala que no se quebranta dicho derecho porque un proceso contencioso-administrativo quede resuelto en única instancia.
Además, sobre el acceso a los recursos, existe una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional que, reiterada en su Sentencia nº 252/2004, de 20 de diciembre , puede resumirse en lo siguiente: "... como hemos sintetizado en la STC 71/2002, de 8 de abril , "mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( SSTC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( STC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión' que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 " .
Como ha declarado también el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 230/2001, de 26 de noviembre , entendiéndose incorporado el sistema de recursos a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las Leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, "estas leyes pueden establecer distintos requisitos procesales para la admisión de los recursos, cuya interpretación es competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios. Y el respeto que, de manera general, ha de observarse en relación con las decisiones de los órganos judiciales adoptadas en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la legalidad ordinaria, "debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando la resolución que se enjuicia es ... del Tribunal Supremo -a quien está conferida la función de interpretar la ley ordinaria (también, evidentemente la procesal) con el valor complementario del ordenamiento que le atribuye el Código Civil (art. 1.6 )-, y ha sido tomada en un recurso, como el de casación, que está sometido en su admisión a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal" ( SSTC 119/1998, FJ 2 , y 160/1996, de 15 de octubre , FJ 3) ".
SEXTO.- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la citada Ley , fija en 1.000 euros la cantidad máxima a reclamar por la recurrida por todos los conceptos, sin perjuicio de tener presente que conforme al artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero , reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, cuando sea condenado al pago de las costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere en mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1967 del Código Civil y entendiéndose producido ese cambio cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3 de esa Ley o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el mencionado derecho.
Por lo expuesto,
Declarar la inadmisión del Recurso de Casación interpuesto por la representación procesal de Dña. Begoña , contra la Sentencia 210/2015, de 13 de mayo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , dictada en el Procedimiento Ordinario 806/2014, resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este incidente, con el límite fijado en el último de los Razonamientos Jurídicos.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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ATS, 1 de Diciembre de 2016
...de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y AATS de 15 de octubre de 2015, RC 162/2015 , y 5 de noviembre de 2015 (RC 2136/2015 ]. Trámite que ha sido cumplimentado por las partes: la recurrente, HALLMANN ENERGIE, S.L.; y la recurrida, Tesorería General de la......