STS, 6 de Octubre de 2015

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó, con fecha 23 de marzo de 2012, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 380 de 2007 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: « FALLAMOS : PRIMERO. Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo. SEGUNDO.- No hacer expresa declaración sobre el pago de las costas causadas en el presente recurso».

La referida sentencia transcribe literalmente los fundamentos jurídicos segundo a quinto de la sentencia dictada por la misma Sala de instancia con fecha 23 de mayo de 2011 en el recurso contencioso-administrativo número 1518 de 2006 , en el que se impugnó idéntico Plan de Ordenación del Territorio por la entidad mercantil La Reserva de Marbella S.A..

La sentencia recurrida no contiene razonamiento jurídico alguno relativo a los motivos de impugnación, expresamente suscitados en la demanda, relativos a la vulneración del trámite de información pública y a la ausencia de informe sobre impacto por razón de género, mientras que analiza otras cuestiones que no fueron alegadas por la demandante, como la relativa a la vulneración del principio de jerarquía normativa.

Dicha sentencia se basa, entre otros, en los siguientes razonamientos respecto de la naturaleza normativa del Plan de Ordenación del Territorio cuestionado, recogidos en el fundamento jurídico primero de aquélla: «Por lo mismo, la vinculatoriedad de los actuales planes de ordenación del territorio sobre los planes urbanísticos sólo puede significar que aquéllos participan también de la naturaleza normativa de éstos. En consecuencia, el tratamiento de las materias relacionadas no supone el desconocimiento de las previsiones de desarrollo reglamentario que sobre este punto se contienen en el artículo 52.7 de la Ley 7/2002 ».

Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal de la entidad mercantil demandante presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió mediante diligencia de ordenación de fecha 5 de junio de 2012, en la que se mandó emplazar a las partes para que, en el plazo de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrida, la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, representada por la Letrada de la Junta de Andalucía, y, como recurrente, la entidad mercantil La Barca N.V S.A., representada por el Procurador Don Jaime Briones Méndez, quien, con fecha 24 de julio de 2012, presentó escrito de interposición de recurso de casación.

El recurso de casación sostenido por la representación procesal de la entidad mercantil La Barca N.V. S.A. se basa en dos motivos, el primero al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción y el segundo al del apartado d) del mismo precepto; el primero por haber incurrido la sentencia recurrida en incongruencia omisiva y extra petita , al haber omitido pronunciarse acerca de los motivos de impugnación aducidos en la demanda acerca del preceptivo informe del impacto de género en la elaboración del Plan de Ordenación Territorial impugnado y sobre el defecto sustancial alegado respecto del trámite de información pública, mientras que analiza cuestiones que no fueron planteadas por la demandante, como la relativa a la vulneración del principio de jerarquía normativa, por lo que la Sala de instancia ha infringido lo establecido en los artículos 24 y 120.3 de la Constitución , 33 y 67 de la Ley de esta Jurisdicción y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil ; y el segundo por haber conculcado la Sala de instancia lo establecido en el artículo 3.2.a) de la Directiva 2001/42/CE y el principio, recogido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de interpretación conforme con el derecho comunitario; lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico , aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, y en los artículos 217 , 218.2 , 317 , 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento civil , relativos a la valoración de la prueba documental practicada en autos; lo previsto en el artículo 86, en relación con el 62.1.e ) y 63.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , al haberse incumplido el primer trámite de información pública sustanciado en el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación del Territorio, objeto de impugnación, tal y como lo ha declarado esta Sala en sus Sentencias de fechas 15 de marzo de 2012 , 16 de febrero de 2009 y 25 de febrero de 2003 ; los principios de racionalidad y proporcionalidad por los que ha de regirse la ordenación territorial, según lo ha entendido la doctrina constitucional en sentencia del Tribunal Constitucional nº 64/1982, de 4 de noviembre , y la jurisprudencia establecida en sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo de fechas 13 de noviembre de 2000 y 16 de marzo de 1987 , entra otras, y los artículos 217 , 218.2 , 317 , 319 , 326 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento civil , relativos a la valoración de la prueba documental y pericial practicada en autos; y, finalmente, ha infringido también la jurisprudencia sobre el control de la discrecionalidad administrativa, con vulneración del artículo 137 de la Constitución y de la jurisprudencia de esta Sala que delimita los conceptos de ordenación del territorio y urbanismo , recogida, entre otras, en Sentencias de fechas 28 de septiembre de 1990, 17 de mayo de 1993, 11 de octubre de 1994 y 5 de marzo de 1997, infracciones estas que se exponen y desarrollan ampliamente en el escrito de interposición del recurso de casación, para terminar con la súplica de que se declare la nulidad de pleno derecho del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincial de Málaga, y, subsidiariamente, que se declare la nulidad de pleno derecho del mencionado Plan en lo que se refiere a la calificación como espacio libre de la zona adyacente a las Dunas de Artola, ordenando la modificación del ámbito territorial del Parque fluvial « M.1Parque de Artola » en la Memoria de Ordenación, en los planos denominados de « Afecciones » y de « Ordenación General » y en la « Normativa », todo ello del referido Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, y del consiguiente Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, a fin de que los terrenos ostenten la condición de suelo urbanizable programado que tenían antes de la entrada en vigor del instrumento territorial impugnado en la instancia.

Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se remitieron las actuaciones a esta Sección de la Sala por venirle atribuido su conocimiento conforme a las vigentes normas de reparto, donde se convalidaron aquéllas mediante diligencia de ordenación de fecha 14 de noviembre de 2012, en la que se mandó dar traslado a la representación procesal de la Administración autonómica comparecida como recurrida para que, en el plazo de treinta días, formalizase por escrito su oposición a dicho recurso, lo que dicha representación procesal llevó a cabo con fecha 30 de enero de 2013.

La Letrada de la Junta de Andalucía se opone al recurso de casación interpuesto porque, a su parecer, la sentencia recurrida no ha incurrido en incongruencia omisiva ni extra petita ya que ha dado respuesta a las cuestiones planteadas en la demanda y, si no lo ha realizado con precisión, ha sido porque la recurrente no planteó tales cuestiones con claridad, mientras que hubo respuesta a las alegaciones formuladas por la demandante en el periodo de información pública, lo que, en cualquier caso, sería una irregularidad no invalidante, y otro tanto sucede con la ausencia de informe de impacto de género, que lo único que hubiese podido expresar es que no existe tal impacto en las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio impugnado, cuya deficiencia no pasaría de ser igualmente una irregularidad no invalidante conforme a lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992 , pues la demandante no ha señalado los aspectos del Plan de Ordenación Territorial susceptibles de la incidencia en materia de género, sin que se haya vulnerado lo establecido por el artículo 3.2.a) de la Directiva 2001/42/CE ni el principio de interpretación conforme al derecho comunitario y sin que sea aplicable en el caso enjuiciado la Ley 9/2006 ni la Directiva 2001/42/CE, según lo razona la Sala sentenciadora y lo ha declarado esta Sala del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 7 de julio de 2004 , que se transcribe literalmente, como tampoco ha vulnerado el Tribunal a quo lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico ni los artículos 217 , 218.2 , 317 , 319 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento civil , según ya se expresó al contestar la demanda, si bien la referida invocación de dichos preceptos tiene un carácter meramente instrumental para encubrir un desacuerdo con la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal sentenciador, de modo que tal invocación resulta inadmisible, sin que proceda la aplicación analógica del Reglamento de Planeamiento por existir al respecto una específica regulación en la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía 1/1994 en su artículo 12.e), sin que, en cualquier caso, exista identidad de razón con los supuestos contemplados por el artículo 39.2 del Reglamento de Planeamiento , y, finalmente, la Sala de instancia no ha conculcado el resto de los preceptos citados en el recurso de casación como infringidos porque no se prescindió del trámite de información pública y la recurrente intenta cuestionar la valoración de la prueba, mientras que, al invocar el artículo 137 de la Constitución y la doctrina jurisprudencial, trata de imponer su propio criterio frente a lo declarado por la Sala de instancia, y en el caso enjuiciado el Plan de Ordenación del Territorio se limita a establecer un régimen de especial protección, sin clasificar suelo, remitiendose expresamente al planeamiento urbanístico general a tales efectos, de modo que el referido Plan de Ordenación del Territorio ni clasifica suelo ni estorba la posterior clasificación del mismo por el planeamiento urbanístico general, si bien éste queda vinculado por el planeamiento de ordenación territorial, planes ambos que se aprueban en virtud de la remisión hecha por normas de rango legal, y así finalizó con la súplica de que se inadmitan los motivos alegados o, subsidiariamente, se desestime íntegramente el recurso de casación interpuesto, ratificando en todos sus términos la sentencia recurrida.

Formalizada la oposición al recurso de casación, las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 22 de septiembre de 2015, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jesús Ernesto Peces Morate ,

Solicita la representación procesal de la Administración autonómica recurrida la inadmisión de los motivos de casación alegados, a pesar de que no aduce causa para ello, salvo respecto de algunos argumentos del basado en infracción de ley, pero no de los esgrimidos por haberse conculcado las normas reguladoras de la sentencia, que son los que pasamos seguidamente a examinar.

Denuncia la representación procesal de la entidad mercantil recurrente la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, así como el que haya examinado cuestiones no planteadas por los litigantes, defectos ambos en los que, efectivamente, ha incurrido aquélla, al haber eludido la Sala de instancia cualquier examen o consideración acerca de la omisión del informe de evaluación de impacto de género y de la falta de respuesta de la Administración a las alegaciones formuladas por la entidad recurrente en el periodo de información pública del procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio impugnado, mientras que se extiende en consideraciones acerca del principio de jerarquía normativa, que no fue planteado en la instancia.

Tanto aquella omisión como esta extralimitación resultan evidentes y pudieron obedecer, como señala la representación procesal de la recurrente, a que la Sala sentenciadora se ha limitado a reproducir en la sentencia recurrida los razonamientos empleados para desestimar en una sentencia anterior (fechada el 23 de mayo de 2011) los motivos de impugnación aducidos por otra entidad mercantil frente a idéntico Plan de Ordenación del Territorio .

Cualquiera que sea la causa de tan flagrantes omisión y extralimitación, lo cierto es que, al así proceder, la Sala de instancia ha conculcado los preceptos invocados en el primero de los motivos de casación alegados ( artículos 33 y 67 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil ) con manifiesta indefensión para la recurrente ( artículo 24 de la Constitución ), ya que su análisis debería haber conducido, como indicaremos seguidamente, a la estimación de la acción de nulidad ejercitada, y, en consecuencia, el primero de los motivos de casación alegados debe ser estimado con la consiguiente anulación de la sentencia recurrida, según establece el artículo 95.2.c ) y d) de la Ley de esta Jurisdicción , y nuestro deber de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, que se circunscribe a decidir si la disposición de carácter general impugnada (Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga) está aquejada de alguno de los defectos procedimentales denunciados por la entidad mercantil recurrente, lo que, conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , acarrearía su nulidad de pleno derecho debido a que las infracciones formales de que adolecen las disposiciones de carácter general tienen carácter sustancial, en contra de lo que afirma la representación procesal de la Administración autonómica recurrida, que las califica de meras irregularidades no invalidantes.

En su escrito de demanda, la representación procesal de la entidd mercantil recurrente adujo que se vulneró el trámite de información pública, al no haber prestado atención alguna a las alegaciones formuladas por los interesados en el primer periodo de dicho trámite.

Dentro de ese primer periodo de información pública, abierto por la Administración autonómica en el procedimiento de elaboración del Plan de Ordenación del Territorio en cuestión, la entidad mercantil recurrente formuló una serie de alegaciones que no merecieron la respuesta de la Administración que tramitó y aprobó dicho Plan de Ordenación, ya que aquélla se limitó a contestar a las alegaciones que se presentaron en el segundo periodo de información pública.

Respecto de tal omisión, la representación procesal de la Administración autonómica demanda, y ahora recurrida, se limita a afirmar, al oponerse al recurso de casación, que obra en el expediente administrativo acta provisional de la sesión de la Comisión de Redacción, celebrada el 5 de noviembre de 2005, en la que se recoge, de manera sucinta, informe del Vicepresidente de dicha Comisión, en el que se abunda en pormenores relativos al primer periodo de información pública, exponiendo las alegaciones formuladas en el mismo, que son, a su vez, objeto de sistematización en el Cuadro-Resumen plasmado al folio 557, sugiriéndose asimismo la introducción de modificaciones que también aparecen escuetamente relacionadas, por lo que se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas en la primera información pública, y, en todo caso, no se habría producido efectiva indefensión, dado que la recurrente ha tenido la oportunidad de reproducir aquellas alegaciones en sede jurisdiccional, de modo que tal omisión no pasaría de ser una mera irregularidad no invalidante.

No es ese el parecer expresado en el informe emitido por la Secretaría General de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, obrante en los folios 1093 a 1111 del expediente administrativo, y, ante todo, no cabe aceptar la tesis de que, al tener el interesado oportunidad de repetir sus alegaciones en sede jurisdiccional, el defecto de respuesta es meramente una irregularidad no invalidante, ya que esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en Sentencias de fechas 21 de mayo de 2002 (recurso de casación 5610/1996 ) y 26 de febrero de 2007 (recurso de casación 10412/2003 ), que « el trámite de audiencia, al igual que el recurso administrativo, tiene como finalidad permitir al interesado hacer valer frente a la Administración las alegaciones y pruebas que puedan ser útiles para sus derechos sin necesidad de afrontar los gastos y gravámenes de un proceso jurisdiccional; y, por ello, la eventual posibilidad de acudir a este último proceso no dispensa a la Administración de su obligación de ofrecer y hacer efectivo aquel trámite », y, en consecuencia, « el proceso jurisdiccional puede entablarse también con la exclusiva finalidad de denunciar esa omisión del trámite de audiencia y de reclamar que se declaren las consecuencias invalidantes que por ello puedan resultar procedentes para la actuación administrativa de que se trate. Por lo cual, el proceso jurisdiccional instado con esa sola finalidad no comporta la necesaria subsanación de la invalidez e indefensión que se haya producido en la vía administrativa como consecuencia de la omisión del trámite de audiencia ».

En definitiva, como esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de fechas 25 de febrero de 2003 (recurso de casación 6876/1999 ), 16 de febrero de 2009 (recurso de casación 9414/2004 ) y 15 de marzo de 2012 (recurso de casación 6335/2008 ), la falta de respuesta a las alegaciones presentadas en el trámite de información pública equivale a la privación del derecho de audiencia, lo que supone la omisión de un trámite esencial del procedimiento, ya que el exacto cumplimiento de dicho trámite de información pública requiere no sólo la mera formalización y recepción de las diversas alegaciones de los interesados sino su atenta lectura y contestación específica sobre las razones que lleven a la aceptación o rechazo de tales alegaciones, y exclusivamente así cabe tener por cumplido el trámite de información pública destinado a posibilitar la participación pública en la elaboración del planeamiento, requisitos formales que se omitieron en la tramitación y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga, que fue objeto de impugnación, razón por la que, conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en relación con lo dispuesto en los artículos 68.1.b ), 70.2 , 71.1.a ) y 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , el referido Plan de Ordenación del Territorio es nulo de pleno derecho, dado el carácter sustancial que tienen las reglas de procedimiento para la elaboración y aprobación de las disposiciones de carácter general ( Sentencias de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de fechas 25 de mayo de 2015 - recurso de casación 1699/2013 -, 23 de junio de 2015 -recurso de casación 3117/2013 - y 24 de junio de 2015 -recursos de casación 2182/2014 y 2256/2014 -).

No se limitó la demandante a denunciar en la instancia el defecto procedimiental examinado sino que hizo patente la falta del preceptivo informe de evaluación del impacto de género, que la propia Administración autonómica demandada, y ahora recurrida, admite que no se emitió, si bien sostiene que, al no contenerse en el Plan de Ordenación del Territorio impugnado preceptos que lo pudiesen afectar, su ausencia sólo puede ser calificada como una irregularidad no invalidante, sin que la recurrente haya puesto de manifiesto aspectos o aquella incidencia.

Esto último es tan evidente como la inexistencia del informe de impacto de género, ahora bien lo que hemos de examinar es si tal informe era o no preceptivo como trámite exigible en la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio impugnado, entre cuyos objetivos está, según propia confesión de la Administración autora del Plan, la distribución de equipamientos y servicios de carácter supramunicipal, la ordenación y compatibilización de usos, entre otros.

Hemos de partir del hecho de que la aprobación del Plan de Ordenación en cuestión por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio, tuvo lugar cuando la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, había establecido, en su artículo 139.1 , que todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objeto de igualdad por razón de género, y, a tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género del contenido de las mismas, precepto desarrollado por el Decreto del propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 93/2004, de 9 de marzo, cuyo artículo 2 establece que el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma afectará a todos los proyectos de ley y reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, regulándose seguidamente, en sus artículos 3 y 4, el órgano competente para emitirlo y su contenido, disposición que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 12 de marzo de 2004, con lo que, cuando se tramita y aprueba el Plan de Ordenación del Territorio que nos ocupa , resultaba de obligado cumplimiento.

Además, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, modificó el artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997 para introducir en su apartado 1.b) la exigencia de informe de impacto por razón de género en el procedimiento de elaboración de reglamentos, y, si bien la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no contiene un precepto equivalente, en su Disposición Transitoria 2 establece que es de aplicación la legislación del Estado, supletoria o analógicamente, para el régimen jurídico procesal, de modo que tanto por remisión de esta Ley autonómica a la legislación del Estado cuanto por expresa disposición legal y reglamentaria propias del ordenamiento jurídico autonómico, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Ordenación del Territorio, objeto del pleito seguido en la instancia, en el procedimiento para su elaboración debería haberse emitido un informe de evaluación del impacto por razón de género.

La referencia a los reglamentos que se hace en las citadas normas lo es, dado el preámbulo de las mismas, en el sentido amplio de disposiciones administrativas, emanadas del Consejo de Gobierno, que conforman el ordenamiento jurídico, según se ha definido por la doctrina jurisprudencial al diferenciarlo de los actos administrativos, de modo que en la ya remota sentencia de fecha 1 de diciembre de 1986 (recurso de apelación R.J. 415 de 1987 ), seguida por otras hasta llegar a las de fechas 19 de diciembre de 2007 (recurso de casación 4508/2005), 11 de mayo de 2011 (recurso de casación 1789/2007) y 31 de marzo de 2014 (recurso de casación 4647/2011), se declaró que « Es, pues, el procedimiento un importante límite al ejercicio de la potestad reglamentaria -de planeamiento, en lo que ahora importa- establecido precisamente para asegurar "la legalidad, acierto y oportunidad" de las disposiciones generales - artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo -. Esta intensificación de la importancia del requisito procedimental se justifica porque los Reglamentos -aquí los Planes- se integran en el Ordenamiento jurídico, con virtualidad por tanto para determinar una conformación general de la convivencia mediante la pluralidad de sus aplicaciones ».

En el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio cuestionado, la propia Administración autonómica que lo aprueba admite que es en cumplimiento de una norma con rango de ley y declara, una y otra vez, que lo actuado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , con lo que viene a reconocer el carácter reglamentario de procedimiento establecidas para su aprobación, entre otras, la emisión del informe de evaluación de impacto de género requerido por las disposiciones legales y reglamentarias a que nos hemos referido.

La Sala de instancia en el fundamento jurídico primero de la sentencia recurrida, parcialmente transcrito en el antecedente cuarto de esta nuestra, analiza correctamente la cuestión relativa al carácter o naturaleza de disposiciones de carácter general que tienen los planes de ordenación territorial al igual que los urbanísticos, siguiendo así doctrina jurisprudencial consolidada recogida en las Sentencias de esta Sala citadas en el precedente fundamento jurídico.

Esa equiparación de los planes de ordenación a los reglamentos en cuanto al procedimiento para su aprobación y concretamente respecto a la emisión de un informe de evaluación del impacto de género viene hoy expresamente reconocida en la Ley del Parlamento de Andalucía 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, en cuyo artículo 6 se dispone la obligatoriedad de que se incorpore de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género en todos los proyectos de ley, reglamentos y planes que apruebe el Consejo de Gobierno, y, a tal fin, establece que en el procedimiento para la aprobación de esas disposiciones deberá emitirse un informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

Se podría argüir que, como la Ley vigente al aprobarse el Plan de Ordenación del Territorio cuestionado era la Ley andaluza 18/2003, de 29 de diciembre, cuyo artículo 139.1 se refería exclusivamente a los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, no resultaba exigible el informe de evaluación del impacto de género para los planes aprobados por dicho Consejo de Gobierno, interpretación que, desde un sistema de principios, no podemos aceptar dada la naturaleza de disposiciones reglamentarias o de carácter general que tienen éstos, según hemos expuesto también anteriormente.

Por esta razón el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece, al regular de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas », precepto desarrollado por la indicada Ley andaluza 12/2007, de 26 de noviembre, incluyendo los planes, y lo mismo el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género, en cuya exposición de motivos o preámbulo se declara que el artículo 114 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la necesidad de atender al impacto que las principales disposiciones generales emanadas de los poderes públicos de Andalucía tienen en la igualdad entre mujeres y hombres, atendiendo al principio de transversalidad de género, principio dirigido a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas generales de la Comunidad Autónoma, criterio idéntico al que inspiró la promulgación del artículo 139 de la Ley andaluza, ya citada, 18/2003, de 29 de diciembre, y el Decreto, también citado, 93/2004, de 9 de marzo, ambos vigentes cuando se tramitó y aprobó el Plan de Ordenación del Territorio cuestionado.

En el preámbulo de este Decreto 93/2004 se invoca la necesidad de atender al principio de transversalidad como actuación necesaria a implementar por los Estados Miembros de la Unión Europea dirigida a integrar las perspectivas de género en todas las políticas y programas generales, y se cita la entrada en vigor, el 1 de mayo de 1999, del Tratado de Amsterdam, que formaliza el objetivo explícito de que todas las actividades de la Unión Europea deben dirigirse a eliminar las desigualdades y a promover la igualdad entre hombres y mujeres (artículos 2 y 3).

Es cierto, como hemos apuntado anteriormente, que la representación procesal de la entidad mercantil demandante no ha expresado a lo largo del pleito la incidencia que las determinaciones del Plan de Ordenación Territorial combatido puedan tener para esa igualdad propugnada entre hombres y mujeres, mientras que la representación de menos cierto que, como esta misma reconoce, el informe a emitir así lo debería haber expresado, lo que se ignora al no haberse cumplido ese trámite.

El propio Decreto 17/2012, de 7 de febrero, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para regular la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género, prevé, en su artículo 5.2 , esa eventualidad, y así establece que « En el caso en que la disposición no produzca efectos, ni positivos ni negativos, sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se reflejará esta circunstancia en el informe de impacto de género, siendo en todo caso necesario revisar el lenguaje del proyecto para evitar sesgos sexistas ».

Aunque este precepto careciese de vigencia al tiempo de aprobarse el Plan de Ordenación, es revelador de la lógica inherente a la exigibilidad de cualquier informe preceptivo, por lo que esta Sala no comparte la tesis de la Administración autonómica demandada relativa a que, como no existen en dicho Plan determinaciones con incidencia en materia de género, resultaba innecesario el informe de evaluación de impacto de género, ya que sería en el informe a emitir donde se debería explicar tal circunstancia, lo que, además, podría ser objeto de controversia, que no se ha podido suscitar al faltar el preceptivo informe atendido el carácter reglamentario o de disposición de carácter general del Plan de Ordenación impugnado, lo que implica, por las razones ya expresadas al examinar el otro vicio procedimental denunciado, la nulidad radical de la norma recurrida conforme a lo dispuesto concordadamente en los artículos 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , 68.1.b ), 70.2 , 71.1.a ) y 72.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , como, además, ha venido a declarar esta Sala del Tribunal Supremo en supuestos de falta del indicado informe (Sentencias de fechas 16 de abril de 2013 -recurso de casación 6470/2011 - y 8 de enero de 2014 -recurso de casación 2651/2012 -).

La estimación del primer motivo de casación hace innecesario examinar el segundo esgrimido, por infracción de ley y de jurisprudencia, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , al igual que, estimados los motivos de impugnación basados en los defectos formales en que se incurrió al elaborar y aprobar por el Consejo de Gobierno el Plan de Ordenación del Territorio, resulta improcedente analizar el resto de los alegados en la instancia.

La declaración de haber lugar al recurso de casación comporta que no formulemos expresa condena al pago de las costas procesales causadas, conforme a lo establecido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , sin que existan méritos para imponer las de la instancia a cualquiera de las partes, al no apreciarse en su actuación temeridad ni mala fe, conforme a la redacción aplicable del artículo 139.1 de la misma Ley , en relación con los artículos 68.2 y 95.3 de la propia Ley Jurisdiccional .

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 y 107.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa .