STS, 17 de Junio de 2015

Ponente:FRANCISCO JOSE NAVARRO SANCHIS
Número de Recurso:2714/2013
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución:17 de Junio de 2015
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Junio de dos mil quince.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Quinta por los Magistrados indicados al margen, ha visto el recurso de casación registrado con el nº 2714/2013, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA) , contra la sentencia de 2 de mayo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 631/2001 , sobre aprobación de proyecto de reparcelación. Ha comparecido como parte recurrida el Procurador Don Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación de D. Abilio y de la entidad mercantil TAFECSADOS, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se interpuso recurso contencioso-administrativo nº 631/2001 , promovido por D. Abilio y de la entidad mercantil TAFECSADOS, S.L. contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de 29 de enero de 2001, por virtud del cual se aprobó definitivamente el texto refundido del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector Este del Turó de Can Mates-Carretera de Rubí, rectificado en cumplimiento de la sentencia de la misma Sala y Sección de 15 de abril de 1997 . En dicho proceso de instancia fue demandado el AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS e intervinieron, en calidad de codemandadas, la GENERALIDAD DE CATALUÑA, representada y defendida por el Letrado de sus Servicios Jurídicos, y la sociedad mercantil BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

SEGUNDO .- Dicho Tribunal de instancia dictó sentencia el 2 de mayo de 2013 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de D. Abilio y de "TAFECSADOS, SL" contra el acuerdo de acuerdo y proyecto de reparcelación que declaramos NULOS DE PLENO DERECHO EN SU INTEGRIDAD, declarando también la NULIDAD de los acuerdos de 30 de junio y 28 de junio de 1.993, aprobando definitivamente el programa de actuación urbanística y el plan parcial del sector, en cuanto tales figuras de planeamiento no contemplen en su caso y en su integridad, con sus consecuencias inherentes al proyecto de reparcelación, la totalidad de las rieras y de los caminos públicos del ámbito reparcelado, así como la NULIDAD de toda determinación que en ellos se contenga sobre no sujeción del ayuntamiento a la contribución a las cargas de urbanización en proporción a su titularidad del 10 por 100 del aprovechamiento medio del sector, DECLARANDO igualmente que el puente de acceso sobre RENFE, el distribuidor de acceso al sistema viario del Túnel de Vallvidrera desde el sector y el llamado "Parc Central" son sistemas generales y como tales se han de gestionar. Sin imposición de costas".

TERCERO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de D. Abilio y de la entidad mercantil TAFECSADOS, S.L., así como las del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS y de la mercantil BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. presentaron sendos escritos de preparación del recurso de casación, que fueron tenidos por preparados mediante diligencia de ordenación de 1 de julio de 2013, al tiempo que se ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

CUARTO .- Emplazadas las partes, la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló su escrito de interposición del recurso de casación el 17 de septiembre de 2013, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se dictara sentencia que estimase el recurso de casación, casando y anulando la sentencia recurrida, así como desestime el recurso contencioso-administrativo y declare ajustados a Derecho los actos recurridos.

También formalizaron sus respectivos recursos de casación los Procuradores de los Tribunales D. Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación de D. Abilio y TAFECSADOS S.A., de una parte; y Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger, en representación de BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A., recursos ambos que fueron inadmitidos a trámite, como a continuación se especifica.

QUINTO .- El recurso de casación promovido por la representación procesal del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés fue admitido a trámite mediante auto de la Sección Primera de esta Sala de 30 de enero de 2014 , al tiempo que, en la misma resolución, quedaron inadmitidos los otros dos recursos de casación interpuestos, antes citados. Señala la parte dispositiva del meritado auto lo que a continuación transcribimos:

"LA SALA POR UNANIMIDAD ACUERDA: declarar la inadmisión de los recursos de casación interpuestos por D. Abilio y "TAFECSADOS S.A." y "BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A." y declarar la admisión del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés contra la Sentencia de 2 de mayo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" sección 3 ª-, en el recurso ordinario nº 631/2001, con imposición de las costas procesales causadas en este recurso en la forma y cuantía señalada en el último de los razonamientos jurídicos y, para su sustanciación, remítanse las actuaciones a la Sección Quinta de esta Sala de conformidad con las reglas de reparto de asuntos".

Efectuada la remisión del asunto a esta Sección Quinta, se ordenó, también por diligencia de ordenación de 24 de marzo de 2014, entregar copia del escrito de interposición del recurso a la parte comparecida como recurrida, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que llevó a cabo la representación de D. Abilio y de la mercantil TAFECSADOS, S.L., mediante escrito de 30 de abril de 2014, en el que solicitó la inadmisión del recurso de casación articulado de contrario, por la misma razón ya apreciada, en este mismo asunto, para inadmitir el recurso de casación de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A., en el auto ya circunstanciado de 30 de enero de 2014 , toda vez que en él se indica, en relación con el mencionado recurrente, que la sentencia no es susceptible de recurso de casación, al haber sido dictada en un asunto cuyo conocimiento, conforme al régimen competencial vigente al tiempo de dictarse, habría correspondido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Subsidiariamente, se interesa la desestimación del recurso admitido, por ser ajustada a Derecho la sentencia impugnada.

No han formalizado oposición, como recurridos, ni la GENERALIDAD DE CATALUÑA ni la sociedad mercantil BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

SEXTO .- Mediante providencia se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 3 de junio de 2015, fecha en que efectivamente se deliberó, votó y falló, con el resultado que a continuación se expresa.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Jose Navarro Sanchis, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se impugna en este recurso de casación la sentencia que, con sentido parcialmente estimatorio, ha dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 2 de mayo de 2013, en el recurso nº 631/2001 , deducido a instancia de D. Abilio y de la entidad mercantil TAFECSADOS, S.L. contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés de 29 de enero de 2001, que aprobó definitivamente el texto refundido del Proyecto de Reparcelación del Plan Parcial del Sector Este del Turó de Can Mates- Carretera de Rubí, rectificado en cumplimiento de la sentencia de la misma Sala y Sección de 15 de abril de 1997 .

SEGUNDO .- Con carácter previo al examen de los cinco motivos esgrimidos en su escrito de interposición del recurso de casación por el Ayuntamiento de Sant Cugat de Vallés, es obligado analizar la causa de inadmisión del expresado recurso aducida en el escrito de oposición por la representación de D. Abilio y de la entidad mercantil TAFECSADOS, S.L.

A tal efecto, es preciso recordar que el recurso de casación promovido en este mismo asunto por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. ha sido objeto de declaración de inadmisibilidad, en el auto de esta Sala (Sección 1ª) arriba citado, debido a la concurrencia de la misma causa que ahora objeta, en su escrito de oposición, la parte aquí recurrida -posición procesal que deriva, a su vez, de que a esta parte también le fue inadmitido su recurso de casación, aunque por su defectuosa preparación, al no haber efectuado en el escrito de preparación el juicio de relevancia a que se refiere el artículo 89.2, en relación con el 86.4, ambos de la LJCA -.

Dicha causa de inadmisión consiste en la irrecurribilidad de la sentencia, por estar exceptuada del recurso de casación al limitarse a resolver sobre la impugnación de un proyecto de reparcelación, siendo así que la sentencia es de fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998 por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, por lo que resulta aplicable tal reforma, que atribuye la competencia para conocer de tales asuntos, en los términos que seguidamente veremos, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo ( artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional en su nueva redacción).

El auto de 30 de enero de 2014, dictado por la Sección 1ª de esta Sala , en la parte referida al análisis de la causa de inadmisibilidad concurrente en el recurso de casación promovido por la citada sociedad BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. expresa lo siguiente, reproducido de forma literal:

"[...] CUARTO .- En cuanto a la causa de inadmisión del recurso interpuesto por la mercantil BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. consistente en estar exceptuado del recurso de casación al limitarse este recurso al Proyecto de Reparcelación, efectivamente concurre tal causa de inadmisión, pues su recurso se limita a cuestionar la anulación del Proyecto de Compensación declarado por la sentencia recurrida.

El recurso de casación de esta mercantil contiene tres motivos, todos ellos al amparo del epígrafe d) del artículo 88.1 LRJCA , el primero por infracción del artículo 319 en relación con el artículo 317 de la LEC sobre la fuerza probatoria de los documentos públicos, porque la sentencia declara en el FD 10º que el P. de Reparcelación otorga un evidente trato de favor a BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. en tanto en cuanto se le adjudican directamente el 10% del aprovechamiento de titularidad municipal, lo que no es cierto, ya que el P. de Reparcelación adjudica la parcela resultante nº 9, en que se materializa tal aprovechamiento, al Ayuntamiento; el segundo , por infracción del artículo 348 de la LEC sobre valoración de las pruebas periciales, pues la practicada por insaculación no indica, como afirma la sentencia, que el 10% del aprovechamiento de titularidad municipal se adjudicara directamente en el P. de Reparcelación a BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. y el tercero , por infracción de la jurisprudencia sobre valoración arbitraria de la prueba en la conclusión a que llega la sentencia de que la reparcelación otorga un trato de favor al Ayuntamiento y a BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. al adjudicarles a ambos la totalidad de las parcelas con uso industrial y carece de justificación técnica convincente el coeficiente de ponderación entre usos terciarios e industriales.

La sentencia impugnada ha sido dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre , de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, por lo que resulta aplicable tal reforma, con arreglo a la cual y a partir de la entrada en vigor de la misma, los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo conocerán, ex artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional en su nueva redacción, " de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico "; correspondiendo, por lo tanto, el conocimiento de dichas cuestiones en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia -artículo 10.2-.

En este concreto caso, se constata de la lectura del recurso de casación interpuesto, que todo sobre él pivota sobre el contenido del Proyecto de Reparcelación aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles de 29 de enero de 2001, por lo que tal acto administrativo, que es el directamente impugnado en la instancia, queda comprendido en el ámbito de ese artículo 8.1 de la Ley de la Jurisdicción , ya que los proyectos de reparcelación o equidistribución constituyen instrumentos de gestión o ejecución urbanística, careciendo de naturaleza reglamentaria ( Sentencia de esta Sala de 29 de diciembre de 2000 -casación 9007/1995 -), por lo que el conocimiento de su impugnación en primera instancia corresponde, tras la referida reforma legal, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

A partir de ahí, la cuestión a resolver es la referida al tratamiento que a efectos impugnatorios ha de darse a sentencias que, como la aquí recurrida, han sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de aquella Ley Orgánica 19/2003 en procesos pendientes ante ellas que, sin embargo y tras esa reforma, son de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Pues bien, al igual que hemos declarado en numerosas resoluciones respecto de casos en los que se planteaba esta misma cuestión que ahora nos ocupa, el presente recurso de casación debe ser declarado inadmisible, ya que, habiendo sido dictada la sentencia recurrida en fecha 2 de mayo de 2013 , le es plenamente aplicable el régimen de recursos establecido en las normas transitorias de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, así como las de la Ley Jurisdiccional 29/98, de 13 de Julio, pues es doctrina consolidada y uniforme de esta Sala (Autos de 16 de Junio , 30 de Octubre , 13 de Noviembre , 4 y 18 de Diciembre de 2000 , entre otros) que debe aplicarse a esas sentencias la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede -artículo 86.1- contra las recaídas en única instancia.

En aplicación del criterio que acabamos de reseñar, esta Sala ha inadmitido ya por la misma causa numerosos recursos de casación en la específica materia de los proyectos de reparcelación o equidistribución, entre otros en sentencia de 15 de diciembre de 2008 -casación 8157/2004 - y autos de 31 de enero de 2008 -casación 63/2006-, 17 de julio de 2008 -casación 6260/2007-, 7 de noviembre de 2007 -casación 56/2006- y 29 de noviembre de 2007 -casación 4544/06-.

QUINTO .- La conclusión anterior no resulta desvirtuada por el hecho de que se pudiera apreciar -en hipótesis- que en la demanda también se impugnaba indirectamente instrumentos de planeamiento urbanístico, pues, tal y como ha señalado esta Sala en numerosas resoluciones (entre ellas, autos de 15 de enero de 2009 -casación 578/2008 - y 27 de abril de 2006 -casación 8303/2004 -), en los supuestos de impugnación indirecta de instrumentos de planeamiento urbanístico no puede considerarse que la competencia para el conocimiento del recurso estuviese atribuida, aún después de la Ley Orgánica 19/2003, a los Tribunales Superiores de Justicia, dado que ello supondría "la negación en esta materia urbanística del derecho al recurso de apelación reconocido expresamente en el apartado d) del artículo 81.2 de la Ley Jurisdiccional ", precepto que, de modo imperativo y sin excepciones, declara que "serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes: d) las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales". De ello resulta que, si conforme al artículo 10.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , la competencia para conocer del recurso ordinario de apelación corresponde, en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, es claro entonces que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo serán los órganos competentes para conocer de las impugnaciones indirectas de las disposiciones generales, naturaleza de la que, de acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala, participan, los instrumentos de planeamiento referidos en el artículo 8.1 aquí analizado (auto de 10 de julio de 2008 -recurso de casación número 218/2006-). Además, como ha declarado esta Sala reiteradamente, la competencia del Juzgado viene determinada por el acto impugnado directamente (así, autos de 18 de mayo de 2006 -casación 10910/2004-, 27 de octubre de 2005 -recurso de queja número 213/2005-, de 16 de febrero -casación 6965/2004- y de 14 de diciembre -casación 645/2006- de 2006 o de 31 de mayo de 2007 -casación 1017/2006-).

También en los Autos de 2 de diciembre de 2010, casación 1122/2009 y de 29 de abril de 2010, casación 1152/2009, en los que en la instancia se impugnaron de forma directa resoluciones fijando el justiprecio expropiatorio e indirectamente el planeamiento urbanístico que prestaba cobertura a la expropiación, inadmitimos el recurso de casación en cuanto a los motivos en que se cuestionaba el importe del justiprecio- por no superar el límites casacional previsto en el artículo 86.2.b) LRJCA - admitiendo el recurso únicamente respecto de los motivos en que se cuestionaba la legalidad de la disposición general".

Los anteriores razonamientos condujeron a la inadmisión del recurso de casación mencionado, esto es, el interpuesto por BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

TERCERO .- Debemos llegar, en este asunto, a la misma conclusión jurídica alcanzada en el auto que hemos reproducido en la parte pertinente, toda vez que los dos recursos de casación, el mencionado en el auto y el que suscita ahora la Corporación local impugnante son idénticos -como también lo es el tercero de los planteados, igualmente inadmitido por la concurrencia de una causa distinta, en relación con las exigencias procesales de la preparación del recurso-, identidad que es preciso apreciar en la situación jurídica de todos los recurrentes, puesto que deriva inexcusablemente de la circunstancia de que la sentencia impugnada está exceptuada del recurso de casación, por las razones expresadas en el auto de inadmisión. No siendo pues, recurrible la sentencia, tal impedimento lo es, por fuerza, para todos los recurrentes.

Además, es constante y reiterada la jurisprudencia de esta Sala que declara que resulta irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación, que se haya tenido por preparado dicho recurso en la instancia o su ofrecimiento al notificarse la sentencia impugnada, siempre que concurra una causa de inadmisión, pudiendo citarse, por todas, la Sentencia de 10 de noviembre de 2004 (recurso de casación nº 6647/1999 ), a la que se remite la de 26 de julio de 2011 (recurso de casación nº 3032/2010 ).

Asimismo, es reiterado el criterio de nuestra jurisprudencia según el cual para apreciar esta causa de inadmisibilidad no es obstáculo que no se hubiera denunciado expresamente, pues si esta Sala ha de revisar de oficio y puede apreciar el carácter no recurrible de las resoluciones o la concurrencia en la formalización del recurso de casación de alguna de las causas de inadmisibilidad legalmente previstas, ningún obstáculo hay para que tal apreciación pueda efectuarse en trámite de sentencia, aun cuando mediante resolución previa el recurso en cuestión hubiera sido admitido. Lo contrario supondría resolver un recurso de casación en un supuesto en el que está vedado por el legislador, en contra de la ley que legitima y regula la actuación de los tribunales y de la finalidad de protección de la norma que tiene el recurso de casación.

Cabe añadir que la posibilidad de declarar en la sentencia la inadmisión del recurso de casación está específicamente prevista en el artículo 95.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , a cuyo tenor "...la sentencia que resuelva el recurso de casación podrá declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los motivos previstos en el art. 93.2" , como es el caso examinado, máxime cuando la apreciación acerca de la concurrencia en el presente caso de la causa de inadmisión esgrimida en el escrito de oposición al recurso se proyecta sobre la recurribilidad misma de la sentencia objeto de impugnación casacional, siendo además pertinente adoptar dicha solución jurídica por imperativos lógicos de coherencia y tratamiento igual a todas las partes comparecidas en el recurso, al haber sido ya declarado inadmisible otro recurso de casación suscitado contra la misma sentencia, precisamente por no ser ésta susceptible de impugnación, al entenderse que la Sala a quo ha conocido del presente asunto en segunda instancia, lo que priva a la sentencia del acceso al control casacional, reservado para aquéllas resoluciones - autos o sentencias- dictadas en única instancia ( art. 86.1 LJCA ).

CUARTO .- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 139.2, en relación con el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139.3 de la citada Ley , fija en 3.000 euros la cantidad máxima que puede reclamar la parte recurrida por todos los conceptos.

Por todo ello, en nombre de S. M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso de casación nº 2714/2013, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÉS (BARCELONA) , contra la sentencia de 2 de mayo de 2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso nº 631/2001 , con imposición de las costas procesales causadas en el recurso de casación a la parte recurrente, hasta el límite cuantitativo expresado en el último fundamento jurídico.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernandez Valverde Jose Juan Suay Rincon Cesar Tolosa Tribiño Francisco Jose Navarro Sanchis Jesus Ernesto Peces Morate Mariano de Oro-Pulido y Lopez PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don. Francisco Jose Navarro Sanchis, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.