ATS, 14 de Abril de 2015

Ponente:FERNANDO SALINAS MOLINA
Número de Recurso:2319/2014
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:14 de Abril de 2015
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
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CONTENIDO

AUTO

En la Villa de Madrid, a catorce de Abril de dos mil quince.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina

HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 6 de los de Bilbao se dictó sentencia en fecha 10 de enero de 2014 , en el procedimiento nº 873/13 seguido a instancia de ELA contra E. ERHARDT Y CIA, S.A., sobre conflicto colectivo, que estimaba la pretensión formulada.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 13 de mayo de 2014 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.

TERCERO

Por escrito de fecha 26 de junio de 2014 se formalizó por el Letrado D. Guillermo Alonso-Olarra en nombre y representación de E. ERHARDT Y CIA, S.A., recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 22 de enero de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 13 de mayo de 2014 (rec. 785/14 ), recaída en proceso de conflicto colectivo, y en la que, con estimación de la demanda, se declarada nula la comunicación empresarial remitida el 9-7-2013, así como el derecho de personal de la demandada a disfrutar de las condiciones contenidas en el Convenio Colectivo para Empresas Consignatarias de Buques, Estibadores y Transitorios de Bizkaia, (BOP 23- 6-2008). En el caso, consta que la empresa demandada (ERHARDT Y CÏA, SA) remite a su personal el 9-7-2013 una comunicación en la que declara la inaplicación del CCET, así como su reemplazo por ET y demás disposiciones normativas, señalando que es su voluntad que hasta el 31-12-2013 los trabajadores tengan las condiciones que regirían tras el cese de la ultraactividad del Convenio Colectivo de empresas consignatarias de buques estibadores y transitarias de Bizkaia, afectantes a las materias que allí se detallan afectantes a jornada, salario, vacaciones, seguro de accidentes, entre otras. La demandada señala asimismo que de no resultar aplicable un nuevo convenio, dicha decisión sería revisada por la empresa a 31-12-2013.

La sala de suplicación, como hemos anticipado, comparte el parecer del Juez a quo estimatorio de la demanda, y declara que la decisión empresarial constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que ha de ser declara nula, por entender que teniendo en cuenta la reforma operada en el art. 86.3 ET por la Ley 3/2012, de 6 de julio, cuando no existe pacto de ultraactividad, la prórroga se limita al año natural ulterior al fin de su vigencia natural, perdiendo vigencia con posterioridad el convenio colectivo, sin que ello implique que la pérdida de vigencia del convenio autorice a la empresa a regular los aspectos que regulaba el convenio colectivo decaído, ya que en el ordenamiento jurídico laboral, el contenido de la relación laboral se fija por la legislación, el convenio colectivo y el contrato de trabajo, sin que sólo con el contrato y el ET se alcancen todos los aspectos del sinalagma de derechos y obligaciones bilaterales que conforman el contenido de la relación laboral; en atención a ello, fundamenta su decisión la Sala en que no puede interpretarse la reforma legislativa del año 2012 en el sentido de menoscabar derechos constitucionales (como el de negociación colectiva o libertad sindical), sin que se pueda deducir del nuevo tenor del art. 86.3 ET que cuando ni el ET ni el contrato determinen el contenido de la relación laboral, pueda ser el empresario el que fije el mismo. Teniendo ello en cuenta, la Sala confirma la estimación de la demanda, por cuanto al incidir la comunicación remitida en materias consideradas como sustanciales según el art. 41.1 ET , y al no haberse seguido el procedimiento del art. 41.4 ET para su implementación, debe declararse la nulidad de la modificación operada.

Disconforme la demandada con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina denunciando la aplicación errónea de los arts,. 41 y 86.3 ET , en relación con el art. 3 de la misma Ley con el principio de jerarquía normativa, proponiendo como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de 25 de septiembre de 2013 (rec. 77/2012 ). En la misma, se desestima el recurso de casación ordinaria presentado por los sindicatos en que cuestionaban que la Ley de la Comunidad de Madrid 6/2011, de 23 de diciembre, (dictada en aplicación de lo establecido en el RD-Ley 20/2011, de 30 de diciembre), por la que se alteraba el régimen de jornada laboral y retribuciones del personal laboral de dicha Comunidad Autónoma, era contraria a la Constitución porque invadía competencias exclusivas del Estado, vulneraba el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva, además de haberse adoptado la medida sin seguir el procedimiento previsto en el art. 41 ET en relación con arts. 7 , 32 , 37.1 m ) y 47 EBEP . Argumenta la Sala: 1) La norma autonómica no invade competencias exclusivas del Estado porque los términos de dicha normativa son idénticos a la adoptada a nivel estatal (RD Ley 20/2011); 2) No se vulneran los derechos de libertad sindical y negociación colectiva por cuanto las disposiciones legales prevalecen sobre cualquier fuente de la relación laboral, 3) No es preciso acudir al procedimiento del art. 41 ET para dar cumplimiento a lo dispuesto en normativa autonómica porque no se trata de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo acordadas unilateralmente por el empresario, prevaleciendo la ley sobre el convenio colectivo.

No puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, por cuanto no existe identidad ni en las pretensiones de las partes, ni en las razones de decidir de las Salas, que resuelven las cuestiones planteadas y debatidas en atención a preceptos del ET con redacción distinta, sin que los fallos puedan considerarse contradictorios. En efecto, en la sentencia recurrida, el Sindicato actor deduce proceso de conflicto colectivo en impugnación de modificación sustancial de condiciones de trabajo adoptada por la empresa mediante comunicación a su personal en la que procede a fijar jornada laboral, salario, complementos de IT, vacaciones, entre otras condiciones de trabajo, y ello como consecuencia de que el convenio colectivo de aplicación perdió su vigencia, entendiéndose automáticamente denunciado a partir de 01-10-2009, iniciándose negociaciones para la adopción de un nuevo convenio colectivo que terminaron sin que éste se adoptara, fallando la Sala en atención a la interpretación que haya de dar al art. 83.6 ET en redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, y en particular, fallando en atención a cómo debe entenderse que actúa la ultraactividad y cómo deben concretarse las condiciones de trabajo cuando ha transcurrido más de un año desde la denuncia del convenio cuya vigencia ha expirado. Este debate es totalmente ajeno a la sentencia de contraste, y ello no sólo por cuanto en el momento en que se dicta la misma no podía ser de aplicación el art. 86.3 ET en redacción dada por Ley 3/2012, por cuanto no existía en dicho momento, sino sobre todo porque en la sentencia de contraste, en un procedimiento de conflicto colectivo, examina las medidas allí adoptadas por la CAM y acordadas en el marco de una Ley Estatal y para todo el ámbito de la Administración Pública, en los términos ya relatados. Por lo tanto, la contradicción es inexistente.

SEGUNDO

Por lo razonado, no habiendo la recurrente formulado alegaciones en el trámite oportuno, y de conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 225 LRJS y con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso, y sin que proceda en este caso la imposición de costas, al traer causa la sentencia recurrida de un procedimiento de conflicto colectivo.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Guillermo Alonso- Olarra, en nombre y representación de E. ERHARDT Y CIA, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 13 de mayo de 2014, en el recurso de suplicación número 785/14 , interpuesto por E. ERHARDT Y CIA, S.A., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 de los de Bilbao de fecha 10 de enero de 2014 , en el procedimiento nº 873/13 seguido a instancia de ELA contra E. ERHARDT Y CIA, S.A., sobre conflicto colectivo.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.