STS 225/2015, 22 de Abril de 2015

La sentencia impugnada, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza con fecha 10 de junio de 2014 , condena al recurrente como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa a la pena de Nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Frente a ella se alza el presente recurso del condenado, fundado en cuatro motivos, por quebrantamiento de forma, error de hecho en la valoración de la prueba, vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia e infracción de ley.

En el motivo primero, formalizado al amparo del art. 851.1 LECrim ., se invoca quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo.

1. Considera el recurrente que predeterminan el fallo las siguientes frases consignadas en los hechos probados: "...al objeto de impedir la ampliación de la explotación de los querellantes..."; "Para garantizar la desestimación del Recurso de reposición"; "Para así asegurarse que el recurso fuera desestimado con su voto de calidad..."; "...consciente de su proceder antijurídico y con el propósito de obstaculizar, una vez más, los legítimos propósitos empresariales de los querellantes..."; "consciente el querellado, señor Ignacio de la contravención de la orden judicial de revocación cautelar de la negativa de aquél a otorgar licencia de obras y actividad..."; y "y de que su actuación iba a ser contraria a derecho...".

2. El motivo no puede ser estimado pues para la aplicación de este vicio procedimental una reiterada doctrina jurisprudencial ( SSTS. 23.2.98 , 23.10.2001 , 14.6.2002 , 29.12.2003 , 12.6.2004 , 15.2.2005 ), ha estimado que la predeterminación del fallo exige para su apreciación: a) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado.- b) Que tales expresiones sean por lo general asequibles tan sólo para los juristas y no sean compartidas en el uso del lenguaje común.- c) Que tengan valor causal respecto al fallo.- d) Que suprimidos tales conceptos dejen el hecho histórico sin base alguna.

   La predeterminación del fallo precisa pues la utilización de expresiones técnicamente jurídicas y con virtualidad causal respecto al fallo, o sea, que la descripción del hecho se reemplace por su significación. Ahora bien, en cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, ya que el "factum" es la base de la calificación jurídica de los hechos enjuiciados por lo que tiene que ser lógicamente predeterminante de ésta, salvo manifiesta incongruencia ( SSTS. 24.3.2004 , 26.2.2004 , 10.9.2003 ).

   En este sentido la STS. 7.11.2001 . nos dice: "En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino evitar que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir que no se determine la subsunción mediante un relato histórico, sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados".

   Doctrina reiterada en las SS. 10.9.2003 , 26.2.2004 ,

   24.3.2004 y 31.5.2004 que recuerdan que, por lo demás, "constituye una exigencia de la estructura de la sentencia condenatoria, que la descripción de hechos probados implique la realización del tipo penal que se aplica. Quizás podrá estar falta de los elementos subjetivos del injusto, que deben inferirse en la fundamentación jurídica, salvo confesión sincera del acusado. Pero una vez alcanzada la inferencia, tampoco constituye ningún vicio formal, incluir en la resultancia probatoria tanto los elementos objetivos, como los subjetivos del tipo, siempre claro está, que estos últimos se hayan deducido razonada y fundadamente en la argumentación jurídica".

3. En el caso que nos ocupa, los juicios de inferencia, racionalmente deducidos de datos objetivos y perceptibles, pueden ser revisables en casación por su contenido jurídico pero por la vía del art. 849.1 LECrim , de infracción de ley, sin que se aprecie vicio procesal alguno en que en el hecho probado consten aquellas expresiones, pues no son conceptos que resulten ininteligibles para personas legas en Derecho, esto es no son expresiones de carácter jurídico que se contengan en la descripción del tipo del art. 404 CP (prevaricación) y, siendo un juicio de valor del Juzgador a la vista de las pruebas practicadas, no pueden considerarse como causantes del defecto alegado.

   El motivo, pues, se desestima.

En el motivo segundo, formalizado al amparo del art. 849.2 LECrim ., se invoca error en la apreciación de la prueba. En el motivo cuarto, formalizado al amparo del art. 5.4 LOPJ , y del art. 852 LECrim ., se invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24 CE . Ambos motivos están directamente vinculados, de ahí que los abordemos conjuntamente.

1. Alega la parte recurrente que la Sala de instancia incurre en varios errores en la valoración de la prueba, comprobables mediante documentos que demuestran el error sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Son los siguientes: la afirmación de que existía una animadversión entre los querellantes y el Alcalde con motivo de que los primeros le denunciaran y el segundo fuera condenado en un juicio de faltas, pues en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aportada por la defensa, la Sala afirma que el Juez de instancia "no aprecia desviación de poder porque exista animadversión entre los solicitantes de la licencia denegada y el Alcalde del Municipio", añadiendo que el Ministerio Fiscal apoyó la petición de sobreseimiento (folios 1033 y 1034) con la indicación de que "sólo existe la afirmación de los querellantes de una situación de animadversión con el Alcalde"; se afirma que el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencia fue ideado por el acusado como medio para impedir a los querellantes la ampliación de granja avícola, cuando lo cierto es que los documentos que cita (memoria justificativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contrato con el Gabinete que elaboró el PGOU, memoria de la incidencia ambiental, informe remitido por el Ayuntamiento de Manchones a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón dando cuenta de los trabajos de redacción del Plan General, factura del Gabinete, escrito de alegaciones y oficio remitido por el Jefe del Área III del INAGA al Ayuntamiento de Manchones) demuestran que la voluntad municipal era crear un nuevo PGOU y evitar que se ubicara una granja porcina (no aviar) en las inmediaciones del casco urbano, y se obvia también que el borrador de concesión de la autorización ambiental integral fue notificado por el INAGA al Ayuntamiento con posterioridad a la fecha en que se adoptó el acuerdo de suspensión; concluye la Sala erróneamente que la excavación de tierras que fue objeto de una Orden de paralización venía amparada (la excavación) por un Auto del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Zaragoza, siendo así que la Orden de paralización (folios 1205 y 1206) se dirigía a las obras realizadas en la parcela 45, en la que se encuentra la granja porcina de los querellantes y no a la parcela 50.

   En el motivo cuarto alega que no existe prueba de cargo suficiente para la condena, argumentando que no está acreditado el supuesto conocimiento del acusado de la solicitud de licencia presentada por los querellantes, ni de que se iba a conceder la resolución ambiental integrada por parte del INAGA cuando convocó el Pleno. Los acuerdos no fueron dictados por el acusado sino por el Pleno del Ayuntamiento, por lo que no pudo cometer el delito que se le imputa y que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

2. El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad. El control casacional se orienta a verificar estos extremos, sin que suponga una nueva valoración del material probatorio, sustituyendo la realizada por el tribunal de instancia.

   El derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 147/2004 , entre otras), muy vinculado aunque diferenciado de la presunción de inocencia, impone al Tribunal la valoración expresa y razonada de la pruebas de cargo y de descargo que tengan un contenido relevante respecto de los hechos cuya acreditación se discute. No se confunden ambos derechos, cada uno con su contenido propio, sino que se destaca que la existencia de prueba en el caso concreto debe explicitarse a través de la motivación.

   Por otra parte, los requisitos que ha exigido la reiterada jurisprudencia de esta Sala para que el motivo de casación por error en la valoración de la prueba pueda prosperar son los siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal; y 4) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

   Consecuentemente, el motivo de casación amparado en el art. 849.2º de la L.E.Crim ., no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto ni hace acogible otra argumentación sobre la misma que pudiera conducir a conclusiones distintas de las reflejadas en el relato fáctico de la sentencia, sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente, declarar probado, cuando su existencia resulte incuestionablemente del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa.

3. En síntesis, en los hechos probados de la sentencia condenatoria se declara probado que el acusado, Alcalde del Ayuntamiento de Manchones propició un acuerdo del Pleno de 28 de marzo de 2009, por el que se aprobaba la suspensión del otorgamiento de licencias de obras en suelo no urbanizable, con el objeto de impedir la ampliación de la granja de explotación avícola que pretendían los querellantes ("FÉLIX BADULES E HIJOS S. C."), ocultando a los concejales la licencia de obras y actividad que habían solicitado al Ayuntamiento el anterior 12 de marzo de 2008 y ocultando también que había una resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) que permitía la ampliación de la granja; en Pleno de 7 de junio de 2009 se desestimó el recurso de reposición con el voto de calidad del Alcalde, posponiendo el acusado, para garantizar la desestimación del recurso, la incorporación de un nuevo concejal (el quinto), a otro Pleno posterior; por Decreto de 24 de enero de 2011 el acusado denegó la concesión de la licencia de obras y actividad de los querellantes, siendo anulado el Decreto por la jurisdicción contenciosa- administrativa y suspendido cautelarmente por Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza de fecha 19 de abril de 2011 ; el Alcalde no obstante ordenó al arquitecto comarcal que fuera a la propiedad de los hermanos Alexis Enrique al objeto de inspeccionar la obra y comprobar la existencia de licencia urbanística, "cuando el Alcalde conocía, desde su notificación, la resolución judicial que había suspendido la resolución de la Alcaldía, y lo hizo sin informar al arquitecto de los antecedentes"; con fecha 30 de mayo de 2011, el acusado ordenó la paralización inmediata de las obras de excavaciones de tierras y el movimiento de las mismas que se estaban realizando en las parcelas 45 y 50, del Polígono 11 del término municipal de Manchones, por parte de "FÉLIX BADULES E HIJOS S. C.", y la suspensión del suministro de energía, agua, gas y telefonía, llamando ese mismo día 30 de mayo a Martin , a quienes los querellados habían contratado para las obras de ampliación de la granja, ordenándole que no fuese a realizar las obras.

   La Sala de instancia valora razonablemente y conforme a la lógica todo el acervo probatorio para llegar a las conclusiones fácticas que se recogen en el hecho probado. Conjunto de pruebas que se examina exhaustivamente y con rigor en los fundamentos de derecho segundo a sexto de la sentencia impugnada. La testifical acredita que el Alcalde ocultó a los concejales y les negó varias veces y abiertamente que hubiera alguna licencia de obras solicitada y que pudiera verse afectada por el acuerdo del Pleno, cuando conocía perfectamente que se había presentado poco antes una licencia por los querellantes. La documental acredita que los acuerdos fueron anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa, declarando que había "desviación de poder", lo que implica de por sí una actuación dictada groseramente fuera del ordenamiento jurídico.

   Es claro, y la documental así lo advera, que los querellantes solicitaron la licencia el 12 de marzo de 2008, sin que existiera impedimento alguno para su concesión, y obtuvieron la autorización medioambiental autonómica a través del INAGA, no obstante lo cual y ocultando esa realidad el acusado consiguió que se adoptara una resolución que venía a impedir de facto las obras de ampliación planeadas.

   La intención de perjudicar en todo momento a los querellantes en la conducta del acusado resulta patente y evidente. Con conocimiento de la suspensión cautelar de la resolución de la alcaldía, el acusado ordena a sabiendas de su arbitrariedad la paralización inmediata de las obras y ordena que se les corte el suministro, con la manifiesta intención de perjudicar a los querellantes, pues ello no sólo afectaría a la ampliación, sino directamente a la propia subsistencia de la explotación aviar preexistente.

   Por lo tanto, ha existido prueba de cargo y ha sido valorada de forma racional por el Tribunal de instancia. Las inferencias realizadas sobre la concurrencia de una animadversidad, son razonables, pues el empecinamiento del Alcalde, de ocultación al resto de los concejales de datos relevantes para la decisión de suspender las licencias, o las maniobras realizadas para poder desestimar el recurso, forzando la demora en la incorporación de un nuevo concejal que podía alterar la mayoría, mantenido exclusivamente por su voto de calidad, ponen de manifiesto una voluntad empeñada en sostener una decisión que se debe a un exclusivo abuso de autoridad, lo que en lenguaje coloquial se conoce como una "alcaldada"

   El recurrente se limita en su recurso a mostrar su discrepancia con la valoración que ha hecho el Tribunal de instancia del conjunto de pruebas practicadas a su presencia, por lo que no resulta posible entender demostrado sobre tales bases un error al establecer los hechos probados, en tanto que no se designa un documento de cuyo particular, sin que existan otras pruebas, resulte tal error de forma incontrovertible.

   En fin, el motivo por error facti no es susceptible de ser admitido, pues no se citan documentos que tengan capacidad para demostrar por sí mismos, es decir literosuficientes, el error en la valoración de la prueba que se dice cometido, ni para modificar o alterar el relato de hechos probados que se asume como probado ni para variar el fallo de la sentencia.

   Y los motivos por vulneración constitucional carecen de fundamento porque se ha practicado una prueba de cargo suficiente, valorada razonablemente.

En el motivo tercero, formalizado al amparo del art. 849.1 LECrim ., se invoca infracción de ley por indebida aplicación de los arts. 404 y 74 CP , así como de los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992 ; 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril ); 47 y 48 del Real Decreto Legislativo nº 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las disposiciones en materia de régimen local; 7, 12, 77, 78, 80, 82, 99 y 146 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales; y 30, 48, 70, 265 y 274 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

1. Alega la parte recurrente que no concurren los elementos del tipo delictivo por el que se condena. Argumenta que varias de las resoluciones a las que se refiere la sentencia son acuerdos del Pleno y no resoluciones adoptadas por el acusado, lo que impide imputar a éste haber dictado resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia, dado que el acusado no es el autor de dichas resoluciones. Por otra parte la declaración de nulidad aún de pleno derecho de una resolución no supone que se haya cometido un delito de prevaricación. Menos aún concurre el requisito del conocimiento de su arbitrariedad o ilegalidad, pues la sugerencia de suspender el otorgamiento de licencias vino de los técnicos en la materia y el acusado tiene un bajo nivel formativo (enseñanza primaria), que impide concluir que pudiera ser consciente de que actuaba arbitrariamente. Respecto a la resolución de la Alcaldía de 24 de enero de 2011, denegatoria de la licencia urbanística de obras para la nave de ampliación de la explotación aviar de los querellantes, se defiende que pese a que fue anulada en primera instancia por la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, dicha sentencia todavía no es firme por estar recurrida. En lo que atañe a la Orden de paralización de obras sin licencia, dictada por el Alcalde el 30 de mayo de 2011, alega que la Sala incurre en el error de considerar que se dirigía a las obras de construcción de nave de ampliación avícola amparada por Auto del Juzgado Contencioso, resultando que la Orden se refería a las obras de excavación que los querellantes estaban realizando en la parcela 45 y en la que se ubica su granja porcina, para realizar una nueva fosa de "purines". Por tanto, dice, no concurre en dicha orden ninguno de los elementos del tipo de prevaricación: no era arbitraria, no era injusta y no desobedecía ninguna resolución judicial. Además se estimó por resolución del Alcalde de 22 de julio de 2011 el recurso que contra la orden interpusieron los querellantes. Respecto a la llamada que realizó el acusado a quien iba a realizar las obras, se postula su atipicidad puesto que no ordenó nada al Sr. Martin sino que le informó de que las obras se iban a paralizar.

2. Como ha señalado esta Sala en reiteradas ocasiones (SSTS. 8.3.2006 , 20.7.2005 , 25.2.2003 , 22.10.2002 ), el motivo por infracción de Ley del art. 849.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal , es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, conforme a lo previsto en el art. 884.3 LECrim .

3. Como hemos dicho en sentencia de esta Sala 49/2010 de

4.2, recordando, entre otras las sentencias 28.3.2003 y 4.12.2003 , el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación. Garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de Derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas, respetando coetáneamente el principio de intervención mínima del ordenamiento penal. Por ello -como expresa la STS. 941/2009 de 29.9 - el artículo 404 del CP , castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Se trata de una figura penal que constituye un delito especial propio, en cuanto solamente puede ser cometido por los funcionarios públicos ( art. 24 CP ) y cuyo bien jurídico protegido no es otro que el correcto funcionamiento de la Administración pública, en cuanto debe estar dirigida a la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho (v. arts. 9.1 y 103 CE ), de modo que se respete la exigencia constitucional de garantía de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 CE ), bien entendido que no se trata de sustituir a la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública por la Jurisdicción Penal a través del delito de prevaricación, sino de sancionar supuestos limites, en los que la actuación administrativa no solo es ilegal, sino además injusta y arbitraria, como es el caso.

La acción consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Ello implica, sin duda su contradicción con el derecho, que puede manifestarse, según reiterada jurisprudencia, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder, esto es la desviación teleológica en la actividad administrativa desarrollada, una intención torcida en la voluntad administrativa que el acto exterioriza, en definitiva una distorsión entre el fin para el que se reconocen las facultades administrativas por el ordenamiento jurídico y el que resulta de su ejercicio concreto, aunque el fin perseguido sea de interés público.

Ahora bien no es suficiente la mera ilegalidad, la mera contradicción con el Derecho, pues ello supondría anular en la práctica la intervención de control de los Tribunales de orden contencioso administrativo, ampliando desmesuradamente el ámbito de actuación del Derecho Penal, que perdería su carácter de última "ratio". El principio de intervención mínima implica que la sanción penal solo debería utilizarse para resolver conflictos cuando sea imprescindible. Uno de los supuestos de máxima expresión aparece cuando se trata de una adecuada reacción orientada a mantener la legalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. El Derecho penal solamente se ocupa de la sanción de los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas conductas que superan la mera contradicción con el Derecho para suponer un ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretende proteger, como ha puesto de relieve repetidamente esta Sala, al declarar que el Derecho tiene medios adecuados para que los intereses sociales puedan recibir la suficiente tutela, poniendo en funcionamiento mecanismos distintos de la sanción penal, menos lesivos para la autoridad o el funcionario y con frecuencia mucho más eficaces para la protección de la sociedad, pues no es deseable como estructura social que tenga buena parte de su funcionamiento entregado en primera instancia al Derecho Penal, en cuanto el "ius puniendi" debe constituir la última ratio sancionadora.

De manera que es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito. A pesar de que se trata de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación.

La jurisprudencia de la Sala II, por todas STS de 2 de abril de 2.003 y de 24 de septiembre de 2002 , exige para rellenar el contenido de la arbitrariedad que la resolución no sólo sea jurídicamente incorrecta, sino que además no sea sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley. En particular la lesión del bien jurídico protegido por el art. 404 CP se ha estimado cuando el funcionario adopta una resolución que contradice un claro texto legal sin ningún fundamento, para la que carece totalmente de competencia, omite totalmente las formalidades procesales administrativas, actúa con desviación de poder, omite dictar una resolución debida en perjuicio de una parte del asunto administrativo ( STS 647/2002 ); esto debe ser más propiamente analizada bajo el prisma de una actuación de interpretación de la norma que no resulta ninguno de los modos o métodos con los que puede llevarse a cabo la hermenéutica legal. Dicho de otro modo, sin que pueda sostenerse bajo contexto interpretativo alguno un análisis del significado de la norma como la que se realiza por el autor.

Además, es necesario que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución. Los términos injusticia y arbitrariedad, como antes dijimos, deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución. De conformidad con lo expresado en la STS núm. 766/1999, de 18 mayo , como el elemento subjetivo viene legalmente expresado con la locución «a sabiendas», se puede decir, en resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo ( STS. 443/2008 de 1.7 ). Ello es lo que aquí sucede.

En el caso actual la argumentación de que los acuerdos no son propiamente resoluciones ni tienen carácter decisorio, no puede ser asumida. Como hemos dicho en STS. 723/2009 de 1.7 , recogiendo la doctrina de la STS. 939/2003 de 27.6 , según el Diccionario de la Real Academia Española, resolver es "tomar determinación fija y decisiva". Y en el ámbito de la doctrina administrativa, la resolución entraña una declaración de voluntad, dirigida, en última instancia, a un administrado para definir en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta. Así entendida, la resolución tiene carácter final, en el sentido de que decide sobre el fondo del asunto en cuestión. La adopción de una decisión de este carácter debe producirse conforme a un procedimiento formalizado y observando, por tanto, determinadas exigencias de garantía.

También hemos recordado que por resolución debe entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno ( SSTS. 38/98 de 29.1 , 813/98 de 12.6 , 943/98 de 10.7 , 1463/98 de 24.11 , 190/99 de 12.2 , 1147/99 de 9.7 , 460/2002 de 16.3 , 647/2002 de 16.4 , 504/2003 de 2.4 , 857/2003 de 13.6 , 927/2003 de 23.6 , 406/2004 de 31.3 , 627/2006 de 8.6 , 443/2008 de 1.7 , 866/2008 de 1.12 ). Por tanto, en principio son posibles las resoluciones orales pues si bien el principio general en el procedimiento administrativo es la manifestación de los actos en forma escrita, la verbal no está excluida y así se infiere del art. 55 de la Ley del Reglamento Jurídico de las Administraciones Públicas . Asimismo es factible la resolución por omisión, si es imperativo para el funcionario dictar una resolución, su omisión tiene efectos equivalentes a la denegación ( STS. 190/99 de 12.2 , 65/2002 de 11.3 , 647/2002 de 16.4 , 1093/2006 de 18.10 ).

El motivo se construye al margen del hecho probado al que resulta ahora obligado atenerse, teniendo en cuenta que no existen méritos para que prosperen los motivos precedentemente examinados, de los que éste es dependiente. Los acuerdos del Pleno fueron propiciados por las maniobras fraudulentas del acusado, que no informó correctamente a los concejales de los antecedentes necesarios y de la existencia del borrador de autorización emitido por el INAGA, e incluso uno de los acuerdos salió adelante por el voto de calidad del propio Alcalde, al no cubrir previamente la plaza de concejal vacante antes del Pleno con esa finalidad. A esos efectos, pues, es equiparable el acuerdo a una propia resolución del Alcalde. En el aspecto subjetivo es evidente que el acusado actuó dolosamente y a sabiendas de la arbitrariedad de sus decisiones, como ya se ha razonado, impulsado por una animadversión manifiesta y el hecho de hacer prevaler exclusivamente su voluntad.

El motivo, por tanto, debe ser desestimado, y con él la totalidad del recurso interpuesto, con imposición a la parte recurrente de las costas del mismo, por ser preceptiva.