ATS, 18 de Marzo de 2015

Ponente:LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Número de Recurso:2286/2014
Procedimiento:SOCIAL
Fecha de Resolución:18 de Marzo de 2015
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social
 
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CONTENIDO

AUTO

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Marzo de dos mil quince.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Fernando de Castro Fernandez

HECHOS

PRIMERO

Por el Juzgado de lo Social Nº 8 de los de Sevilla se dictó auto en fecha 9 de octubre de 2013 , en el procedimiento nº 851/13 seguido a instancia de Prudencio , Luis Manuel , Baldomero , Faustino , Raimunda , Mario , Víctor , Alberto , Donato , Javier , Romulo , UGT y CCOO contra AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, MERCASEVILLA, S.A., y MINISTERIO FISCAL, sobre tutela de derechos fundamentales, que desestimaba el recurso de reposición formulado contra el auto de 17 de septiembre del 2013.

SEGUNDO

Dicha resolución fue recurrida en suplicación por CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA, D. Prudencio y OTROS, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en fecha 27 de febrero de 2014 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba el auto impugnado.

TERCERO

Por escrito de fecha 3 de junio de 2014 se formalizó por el Letrado D. Faustino y D. Víctor en nombre y representación de CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA, D. Donato y OTROS, recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

CUARTO

Esta Sala, por providencia de 30 de enero de 2015, acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción y falta de cita y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO

El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .

Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .

Esta exigencia no se cumple en el presente recurso. En efecto, es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Sevilla) de 27 de febrero de 2014 , recaída en procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales, y combatiéndose en la misma el Auto del Juzgado de lo Social de 18-9-2013 en el que se declaraba la falta de competencia de jurisdicción para conocer de la demandada, previniendo a la parte demandante que podía hacer uso de su derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La sala de suplicación confirma la citada resolución si bien por razones diversas.

En efecto, señala la sentencia que del contenido íntegro de la demanda y especialmente del suplico de la misma, se extrae que el recurrente no impugna el Reglamento de Prestación de Servicio de Mercados Mayoristas de Mercasevilla SA (BOP 11-6-2013), aprobado por los órganos administrativos correspondientes y cuyo objetivo viene fijado en el art. 2 , sino las consecuencias de aplicar dicho Reglamento, erróneamente a las relaciones laborales que la empresa mantiene con los trabajadores a su servicio, imponiendo modo distinto de trabajar e imponiendo unilateralmente condiciones de trabajo, distintas a las anteriores sin negociación, ni con los representas de los trabajadores ni con sindicato alguno. Por lo tanto, no siendo el Reglamento el objeto de impugnación, sino la irregular aplicación que del mismo se está haciendo, por conculcar la legalidad ordinaria en orden a la libertad sindical en el periodo de consultas, es esta jurisdicción social la que resulta competente para el conocimiento de la cuestión debatida. Ahora bien, y a la vista de que se solicita, impetrando la tutela de libertad sindical la nulidad del periodo de consultas que ha derivado en un despido colectivo por ERE, despido impugnado ante la Sala, y como quiera que del art. 124 LRJS se infiere que corresponde a la Sala el conocimiento de las cuestiones atinentes al despido colectivo, incluido el periodo de consultas según el art. 124.2 LRJS , procede en consecuencia declarar la incompetencia funcional del órgano de instancia.

Disconforme la parte demandante --CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CC.OO-- con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala homónima de Las Palmas de 4 de marzo de 2005 (rec. 860/2004 ). En la misma a través de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales se aborda una modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo, cuestionándose si se ha cumplido con el procedimiento de modificación, en concreto si el periodo previo de consultas previsto legalmente se ha realizado en tiempo y con los representantes de los trabajadores afectados y las derivaciones que ello pudiera tener en el ejercicio del derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. La sala tras una profusa labor argumental y en contra del parecer del Juez a quo, concluye que la inexistencia de indicios racionales que puedan generar la sospecha de que la empresa realizó diversos actos para impiden que los representantes de los trabajadores elegidos por el Sindicato participaran en las preceptivas negociaciones previas a una modificación sustancial de condiciones de trabajo, determina la desestimación de la demanda.

Lo expuesto evidencia la ausencia de contradicción entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso, principalmente, porque la sentencia resuelve sobre una cuestión de orden público procesal, a saber, la falta de competencia --de jurisdicción /funcional-- del Juzgado de instancia para conocer de la posible nulidad del periodo de consultas iniciado por la empresa, no obstante hallarse impugnado en despido colectivo por ERE ante la Sala, de ahí que por mor del art. 124.2 LRJS es a dicho órgano jurisdiccional a quien compete el conocimiento de las cuestiones atinentes al despido colectivo. Y nada de esto se cuestiona en la sentencia de contraste, en la que, por lo pronto, se ventila una modificación colectiva de condiciones de trabajo en la versión anterior a la modificación operada por el RDL 3/2012, de 10 de febrero , y lo que es más decisivo, ningún pronunciamiento obra a propósito de la posible falta de competencia del Juzgado de instancia para conocer de la pretensión actuado, al no plantearse ni de oficio ni a instancia de parte dicho extremo.

Por lo tanto, no puede apreciarse la contradicción que se alega porque las cuestiones sobre las que deciden las sentencias son distintas, al pronunciarse una sobre la jurisdicción y otra sobre el fondo del asunto. La Sala ha declarado con reiteración que cuando se trata de recursos de casación para la unificación de doctrina que denuncian infracciones procesales es necesario que "habiéndose propuesto en las dos sentencias como tema de decisión la existencia de una infracción procesal", las resoluciones comparadas "lleguen a soluciones diferentes", de forma que "el tema procesal constituya el núcleo de la argumentación o "ratio decidendi" de las sentencias» (sentencias de 4.12.1991 , 21.11.2000 , 19.2.2001, rec. 2098/00 , 26.3.2001, rec. 4352/99 ; 7.5.2001, rec. 3962/99 , 20.3.2002, rec. 2207/01 , 16.7.2004, rec. 4126/03 , 19.9.2006 , 25.7. 2007, rec. 2704/2007 y 17.10. 2007, rec. 5086/2006 ). Esta exigencia no se cumple en casos como el presente, en los que una sentencia decide directamente sobre una cuestión procesal y otra, sin entrar en ella, resuelve sobre el fondo, porque mientras que en un caso el problema procesal es objeto inmediato y directo de enjuiciamiento, en el otro no ha entrado en el ámbito de la decisión, ni ésta se ha manifestado como tal a efectos doctrinales. No puede entenderse que hay una doctrina implícita que sea necesario unificar cuando esa doctrina no se ha manifestado como tal en una sentencia».

SEGUNDO

El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso extraordinario que debe estar fundado en un motivo de infracción de ley ( artículo 222 de la LPL , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 205 del mismo texto legal ). Por ello, resulta plenamente aplicable en este recurso el artículo 477 de la LEC , a tenor del cual ha de fundarse en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso y el artículo 481 de la misma Ley que exige que en el escrito de interposición del recurso se exponga, con la necesaria extensión, sus fundamentos. Por otra parte, el artículo 483.2.2º de la LEC establece que será causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de los requisitos establecidos para el escrito de interposición y así lo ha declarado reiteradamente esta Sala en sentencias de 10 de octubre de 1992 , 16 de julio de 1993 y 3 de febrero de 1998 , y autos de inadmisión de 14 de marzo de 2001 (R. 1589/2000), 9 de mayo de 2001 (R. 4299/2000), 10 de enero de 2002 (R. 4248/2000) y de 27 de febrero de 2002 (R. 3213/2001), y Sentencias de 25 de abril de 2002 (R. 2500/2001 ), 11 de marzo de 2004 (R. 3679/2003 ), 19 de mayo de 2004 (R. 4493 / 2003 ), 8 de marzo de 2005 (R. 606/2004 ) y 28 de junio de 2005 (R. 3116/04 ).

También advertíamos en nuestra precedente Providencia que se apreciaba "falta de cita de la infracción legal a través del correspondiente motivo de casación", pues no existe en todo el cuerpo del escrito de formalización del recurso mención alguna que de forma clara e indubitada haga referencia al precepto o preceptos que el recurrente considere vulnerados por la sentencia que se impugna, ni menos aún existe el imprescindible razonamiento en orden al fundamento o por qué de la infracción atribuida.

TERCERO

De conformidad con los argumentos anteriores, la decisión congruente es la de que el recurso aquí planteado no puede ser admitido, siendo en dicho sentido en el mismo en que se ha manifestado el Ministerio Fiscal, sin que el escrito de alegaciones de la recurrente tenga contenido suficiente para dejar sin efecto las apreciaciones que en el mismo sentido les fueron puestas de manifiesto por la providencia precedente que abrió el trámite de inadmisión. Por lo razonado, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS . No procede la imposición de costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

LA SALA ACUERDA:

Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Faustino y D. Víctor , en nombre y representación de CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA, D. Donato y OTROS contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de fecha 27 de febrero de 2014, en el recurso de suplicación número 3254/13 , interpuesto por CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA, D. Prudencio y OTROS, frente al auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Sevilla de fecha 9 de octubre de 2013 , en el procedimiento nº 851/13 seguido a instancia de Prudencio , Luis Manuel , Baldomero , Faustino , Raimunda , Mario , Víctor , Alberto , Donato , Javier , Romulo , UGT y CCOO contra AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, MERCASEVILLA, S.A., y MINISTERIO FISCAL, sobre tutela de derechos fundamentales.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.

Así lo acordamos, mandamos y firmamos.