STS 54/2015, 17 de Febrero de 2015

Ponente:FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
Número de Recurso:3244/2012
Procedimiento:Casación
Número de Resolución:54/2015
Fecha de Resolución:17 de Febrero de 2015
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

AUSENCIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. CAÍDA DE TRABAJADOR DURANTE UNA CONSTRUCCIÓN. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso. Se estima la casación.

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Febrero de dos mil quince.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados al margen reseñados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 335/2011 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 2197/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granollers, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por el procurador don Luis Alfonso Pérez de Olaguer Moreno, en nombre y representación de doña Candida , compareciendo en esta alzada en su nombre y representación la procuradora doña Sara Leonis Parra en calidad de recurrente y compareciendo también el procurador don Isacio Calleja García en nombre y representación de Asemas, Mutua de Seguros a Prima Fija, el procurador don José Ramón Couto Aguilar en nombre y representación de Musaat y el procurador don Enrique Álvarez Vicario en nombre y representación de don Casimiro en calidad de recurrido.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- 1.- El procurador don Francisco de la Cruz Gordo, en nombre y representación de doña Candida , interpuso demanda de juicio ordinario, contra don Casimiro , Asemas y Musaat, Mutuas de Seguros a Prima Fija, y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que «se condene a los demandados conjunta y solidariamente a indemnizar a mi mandante en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (185.315,96 euros), limitando a 91.000 euros de principal la obligación solidaria de la codemandada MUSAAT, por limitación cuantitativa de la póliza, con más los intereses correspondientes que prevé el artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del accidente y al tipo del 20% al haber transcurrido más de dos años desde el siniestro, con los dos tramos preceptivos de cálculo, con más las costas del procedimiento».

  1. - El procurador don Antoni Cuenca Biosca, en nombre y representación de Asemas Mutua de Seguros a Prima Fija, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que «desestimando la demanda por lo que a mi representada se refiere, ASEMAS MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, se absuelva a la misma de todas las peticiones formuladas en su contra, imponiendo las costas del procedimiento a la parte actora por ser preceptivo y justo».

  2. - El procurador don Carles Vargas Navarro, en nombre y representación de Musaat, Mutua de Seguros a Prima Fija, se opuso a la demanda con los antecedentes y fundamentos jurídicos que estimó aplicables solicitando al juzgado que «se sirva dictar sentencia desestimando por completo la demanda absolviendo de la misma a mi representada con expresa imposición de las costas causadas al demandante».

  3. - La procuradora doña Silvia Molina Gaya, actuando en nombre y representación de don Casimiro , se opuso a la demanda con los hechos y fundamentos de derecho que juzgó pertinentes y suplicó al juzgado «dicte en su día sentencia por la que: a) Decrete el sobreseimiento y archivo de la demanda por cosa juzgada material, b) subsidiariamente, y para el improbable caso de que no fuere acogido el pedimento anterior, se absuelva a mi representada de los pedimentos formulados de contrario sobre la base de las excepciones procesales y materiales alegadas y, c) condene, en todo caso, a la actora al pago de las costas procesales del procedimiento por su temeridad al haber dirigido contra mi mandante la demanda que inició el presente procedimiento.

  4. - Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granollers se dictó sentencia, con fecha 25 de noviembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

    FALLO. Que desestimando la demanda promovida por el Procurador D. FRANCISCO DE LA CRUZ GORDO en nombre y representación de D.ª Candida contra D. Casimiro , ASEMAS, MUSAAT, debo absolver y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos vertidos en su contra, condenando a la actora al pago de las costas.

    SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de doña Candida , la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia, con fecha 28 de septiembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

    FALLAMOS. Que estimando parcialmente el recurso de apelación sostenido por el Procurador Don Luis Pérez de Olaguer en nombre y representación de Doña Candida , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Granollers a la que se contrae el presente rollo, debemos revocar y así lo hacemos la expresada resolución y, en su lugar, admitiendo también en parte la demanda deducida debemos condenar a Don Casimiro a que abone a la actora la suma de 120.000.-€ por el fallecimiento de su hijo, con más 5.315,96.- por gastos de entierro, intereses legales desde la interpelación y sin costas en la instancia.

    TERCERO .- 1.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 14 de enero de 2014 se acordó inadmitir el recurso de casación interpuesto por don Casimiro y admitir el interpuesto por doña Candida a excepción del motivo segundo que se inadmite y dar traslado a las partes recurridas personadas para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días.

    La representación procesal de D.ª Candida interpuso recurso de casación basado en los siguientes motivos admitidos:

    Motivo primero.- Al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3º, en relación con el 477.3, LEC 2000 por interés casacional: Infracción del artículo 1902 del Código Civil .

    Motivo segundo numerado en la interposición.- No admitido.

    Motivo segundo (numerado tercero en la interposición).- Al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3º, en relación con el 477.3, LEC 2000 por interés casacional: Vulneración del art. 20.4 de la Ley del Contrato del Seguro .

  5. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador don José Ramón Couto Aguilar, en nombre y representación de la entidad Musaat, y el procurador don Isacio Calleja García, en nombre y representación de Asemas, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, presentaron escritos de oposición a los motivos del recurso de casación admitidos.

  6. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de enero del 2015, en que tuvo lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Son hechos no controvertidos:

1. A las 11:40 horas del 25 de julio de 2002 D. Jose Daniel , cuando estaba trabajando en la construcción de una vivienda unifamiliar, encontrándose en la parte derecha de la primera planta, componiéndose la construcción de garaje, planta baja, planta primera y cubierta en fase de cerramientos, se precipitó desde una altura de 6 metros desde el borde del perímetro del forjado al suelo, produciéndose su muerte.

2. La Inspección de Trabajo emitió un informe en el que se indicaba que el operario se encontraba trabajando en la planta primera de una casa unifamiliar y al borde del perímetro del forjado sin ningún tipo de protección; la caída a distinto nivel fue de aproximadamente seis metros, y se impuso una propuesta de sanción de 400.000 euros y se levantó Acta de infracción interesando un recargo del 50% de todas las prestaciones económicas que se satisfagan como consecuencia del accidente de trabajo a CONSTRUCCIONES MANUEL GÓMEZ MARTÍN, por la infracción del art. 187 de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción aprobada por Orden de 28 de agosto de 1970 en relación con el Anexo IV Parte C.3 a) y b) del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

  1. El accidentado era trabajador de CONSTRUCCIONES MANUEL GÓMEZ MARTÍN contratista principal de la obra encargada por D. Claudio .

    4. El arquitecto director de la obra D. Gabriel y el aparejador D. Justo tenían concertados seguros de responsabilidad civil profesional con las entidades Asemas y Musaat, respectivamente.

  2. Incoadas las correspondientes diligencias penales por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores se dictó sentencia absolviendo a D. Casimiro , D. Justo , y a D. Claudio .

    6. La Sección 7ª de la AP confirmó la sentencia basándose en cuestiones procesales al entender que no podía entrar a valorar la culpabilidad de los acusados sin haber sido oídos y sin recibir con inmediación las pruebas de las que se hace depender el delito que se les imputa.

    7. Por su parte el Juzgado Penal n° 2 de Granollers consideró, en síntesis, que, no habiéndose infringido las normas sobre prevención de riesgos laborales ni que de la conducta de los acusados, constructor y arquitecto técnico se haya derivado una situación de peligro para la vida e integridad física de los trabajadores ya que ese día D. Casimiro había encargado a D. Jose Daniel que limpiase el interior de la planta. Por ello la caída de D. Jose Daniel y su consiguiente fallecimiento habida cuenta la forma en que se produjo -que no cayó desde su zona de trabajo- y cayó desde un punto donde se encontraba por causas que se desconocen, no pueden imputarse a los acusados, siendo imprevisible para el constructor -quien ordenó que limpiara el interior de la planta- que el finado fuese a la zona de los palés se colocase en medio -donde se halló la pala- y cayera al vacío. Por ello no puede imputarse penalmente a la conducta de los acusados la caída y consiguiente fallecimiento de D. Jose Daniel , lo que conlleva a absolver a los acusados del delito de homicidio imprudente por el que se les acusa.

    En el Fundamento de derecho tercero de la sentencia de la Audiencia Provincial se hizo constar:

    Entrando en el fondo de los hechos y su enjuiciamiento, encontramos una prueba sólida, esencialmente reflejada en el informe de la Inspección de Trabajo y también en parte por la investigación de la patrulla de Mossos d'Esquadra actuante tras el luctuoso suceso, quienes además precintan el espacio conservándolo en igual estado hasta que la autoridad laboral realiza su tarea, en cuya virtud se demuestra que la seguridad en la obra estaba sometida a condiciones muy precarias. Cierto es que algún testigo refiere que existían cascos protectores que el fallecido de ordinario despreciaba o no usaba, así como disponían de arneses, pero lo cierto y relevante es que en la fecha del accidente no existían vallas protectoras y la Sra. Inspectora no pudo acceder al interior de la dependencia por el riesgo que suponía hacerlo por el sistema de escalera y andamios para subir.

    El dato objetivo que comportan estas manifestaciones, revelan que el riesgo de daño era previsible y, pese a ello, no se aseguró el perímetro de la terraza a pretexto de facilitar el depósito a esa altura del espacio, para almacenar temporalmente "palets" de ladrillo con destino al cerramiento de paredes. Si en algún momento se instalaron lo que denominan "sargentos con tablas" no eran más que meros "quitamiedos" que fueron retirados al admitir la carga que en el lugar reposaba.

SEGUNDO

En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se desestimó la demanda interpuesta contra el constructor y contra las aseguradoras del arquitecto y del arquitecto técnico, al no poder determinar la causa del accidente, pues que se quitaran puntualmente las barandillas utilizadas para poder introducir material de obra, no podía conllevar la declaración de ausencia de medidas de seguridad.

Por la Audiencia Provincial se estimó parcialmente el recurso de apelación, condenando al constructor y desestimando la demanda contra las aseguradoras, al entender que no se protegió el perímetro de la terraza so pretexto de facilitar el depósito de materiales, siendo precaria la seguridad de la obra. Pese a ello no condenó a las aseguradoras de los profesionales, pues entendía que "su obligación no es más que denunciarlo al constructor". Se añade en la sentencia de apelación que no se ha probado que "en el libro de obras no se hicieran constar las prevenciones a adoptar en esta materia, pues ello sólo resultaría demandable en caso de que el proyecto reclamara de algún tipo inusual o especial de maniobra".

TERCERO

Motivo primero. Al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3º, en relación con el 477.3, LEC 2000 por interés casacional: Infracción del artículo 1902 del Código Civil .

Se estima el motivo .

Se alega por la recurrente que debe declararse la responsabilidad del arquitecto y del arquitecto técnico, condenando a sus aseguradoras, de acuerdo con el art. 1902 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, entre otras, sentencia de 20 de mayo de 2008 , citada en base a que se recurre por interés casacional.

La sentencia de 20 de mayo de 1998, recurso 1394/2001 , declaró:

Ciertamente, es doctrina de esta Sala que al arquitecto autor del proyecto no le alcanza el deber de velar por el cumplimiento de las concretas medidas de seguridad durante la ejecución de la obra ( SSTS 22 de noviembre de 1971 , 27 de noviembre de 1993 , 1 de febrero de 2001, rec. 73/1996 , 22 de enero de 2003 , 27 de mayo de 2003 , 16 de junio de 2003, rec. 3173/1993 , 25 de noviembre de 2004 , 16 de marzo de 2005, rec. 4001/1998 ).

Sin embargo, esta Sala tiene reiteradamente declarado que corresponde a los arquitectos, entre otras funciones, la superior dirección de la obra, de tal suerte que incurren en responsabilidad cuando se aprecia en su conducta una negligencia en el deber de vigilancia inherente a las funciones de dirección sin la cual no podría explicarse el incumplimiento grave o generalizado de las medidas de seguridad o cuando, habiendo asumido funciones concretas de coordinación o vigilancia en la adopción de las medidas de seguridad, incurren en negligencia al ejercerlas.

La sentencia de 16 de octubre de 2009, recurso 1409/2005 , declaró:

Por la que se refiere a la jurisprudencia de esta Sala, es cierto que la representada por las sentencias citadas en el motivo exime en general al arquitecto superior de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo o de las normas sobre prevención de riesgos laborales. Pero no lo es menos que excluir de sus deberes profesionales esa vigilancia no equivale a exonerarle de responsabilidad cuando, como en el caso enjuiciado, el arquitecto, además de autor del proyecto, sea director de la obra y el incumplimiento en ésta de las más elementales medidas de seguridad resulte tan patente que necesariamente hubiera tenido que advertirlo en sus visitas periódicas a la obra y, en consecuencia, dar las órdenes oportunas para evitarlo en lo sucesivo .

A la vista de la mencionada doctrina y poniéndola en relación con los hechos analizados es forzoso hacer constar que la ausencia de la valla protectora no solo afectaba al lateral desde el que se cayó el trabajador, sino que el perímetro de los tres niveles estaba totalmente desprotegido.

Es decir, no estamos ante una momentánea retirada de las vallas de protección sino ante la ausencia de las mismas en todo el perímetro (Inspección de Trabajo), por lo que como se declara en la sentencia recurrida "el riesgo de daño era previsible". El empresario demandado, como consta en el acta de la Inspección de Trabajo "no conocía la Ley de Prevención de Riesgos... ni había realizado el Plan de Seguridad de la obra".

En la misma sentencia recurrida se declara que para la seguridad laboral "hay algo muy elemental y, no es otra cosa que la defensa de las aberturas, blindando cualquier contingencia o amenaza de precipitación de operario que discurre por zona elevada respecto al suelo".

En el presente caso el arquitecto, ostentaba la dirección de la obra y el arquitecto técnico, por razón de su función, la dirección de la ejecución de la obra, sin que velaran por la existencia de una medida de seguridad tan básica como el vallado para impedir la caída de los trabajadores.

El art. 14 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre , por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, establece:

Artículo 14 . Paralización de los trabajos.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.

En concreto los profesionales, de acuerdo con el art. 14 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre , estaban obligados a la paralización de los trabajos ante la inexistencia de medidas de seguridad con existencia de riesgo grave e inminente, como ocurría en este caso y estaban igualmente comprometidos por la norma a dar cuenta a la Inspección de Trabajo, nada de lo cual hicieron ninguno de los dos.

Resulta contradictorio, en la sentencia recurrida, la condena del constructor por ausencia de las más elementales medidas de seguridad y que se exonere a los profesionales en un caso de grave incumplimiento de dichas medidas ( art. 1902 del C. Civil ).

En conclusión, procede la condena de las aseguradoras del arquitecto y del arquitecto técnico, ante la manifiesta y grave omisión, por parte de los profesionales, de las medidas de seguridad adecuadas, cuya ausencia determinó el fallecimiento del trabajador.

Por lo expuesto, asumiendo la instancia, procede la condena de ambas aseguradoras ( art. 73 LCS ), hasta el límite de la cobertura de sendas pólizas, que en la de MUSAAT es de 91.000 euros, incluida en esa suma todos los gastos y la defensa jurídica, como expresamente consta en las condiciones particulares.

La condena a las aseguradoras es de 120.000 euros, que deberán abonar a la actora por el fallecimiento de su hijo, mas 5.315,96 euros por gastos de entierro, hasta el límite de la cobertura de sendas pólizas, de la que responderán solidariamente con D. Casimiro , ya condenado, al no ser posible la individualización de responsabilidades, por cuanto todos ellos coadyuvaron a la producción del accidente mediante la omisión de medidas de seguridad o de la vigilancia de su cumplimiento y de la relación de hechos de la sentencia recurrida no se infiere que sea posible una clara diferenciación del grado de contribución causal de las respectivas conductas ( Sentencia de 20 de mayo de 2008 , antes citada).

CUARTO

Motivo segundo, numerado como tercero en el recurso. Al amparo de lo previsto en el art. 477.2.3º, en relación con el 477.3, LEC 2000 por interés casacional: Vulneración del art. 20.4 de la Ley del Contrato del Seguro .

Se estima el motivo .

Se solicita la imposición de los intereses marcados en el art. 20 de la LCS .

Consta que las aseguradoras no han consignado cantidad alguna en el presente procedimiento, ni tampoco en el previo proceso penal.

Esta Sala viene declarando que:

Según el artículo 20.8 de la LCS , el recargo de los intereses por mora del asegurador tiene lugar cuando no se produce el pago de la indemnización por causa no justificada o imputable a la aseguradora. En su interpretación, tanto en su primitiva redacción, como en el texto vigente dado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, esta Sala ha declarado en reiteradas ocasiones que la indemnización establecida en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro tiene desde su génesis un marcado carácter sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o interés legítimo del perjudicado. La mora de la aseguradora únicamente desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia existente entre las partes al respecto, en tanto dicha incertidumbre no resulta despejada por la resolución judicial, nada de lo cual se da en el caso ( SSTS 13 de junio de 2007 ; 26 de mayo y 20 de septiembre 2011 ).

STS, Civil sección 1 del 25 de Enero del 2012, recurso: 455/2008 .

Sobre la incertidumbre también ha declarado la Sala que no la integra la mera discrepancia en las cuantías reclamadas. STS 17 de mayo de 2012, rec. 1427/2009 .

A la vista de la referida doctrina hemos de concluir que procede imponer el pago de los intereses del art. 20 de la LCS a ambas aseguradoras, dado la ausencia de consignación, pese a la manifiesta negligencia de sus asegurados, en un caso de incumplimiento grave de medidas de seguridad.

No justifica la conducta de las aseguradoras, la absolución en vía penal, dada la diferente naturaleza de la acción ejercitada, ni la desestimación de la demanda en dos instancias, pues ello obedece a una exitosa defensa jurídica de sus posiciones, ante el Juzgado y la Audiencia, que queda en entredicho ante la contradicción con constante doctrina jurisprudencial, antes mencionada.

QUINTO

Estimado el recurso de casación, no procede imposición de costas ( art. 398 LEC ).

Estimada parcialmente la demanda y el recurso de apelación no procede expresa imposición de costas. En ambas instancias se solicitó una condena, en cuantía, superior a la ahora sostenida en casación ( arts. 394 Y 398 LEC ).

Procédase a la devolución del depósito para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

  1. ESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por D.ª Candida , representada por la Procuradora D.ª Sara Leonis Parra, contra sentencia de 28 de septiembre de 2012 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona .

  2. Casar la sentencia recurrida en el sentido de condenar a las aseguradoras MUSAAT y ASEMAS al pago a la actora de 120.000.- euros, más 5.315,96.- euros por gastos de entierro, hasta el límite de la cobertura de sendas pólizas, sumas de las que responderán solidariamente con D. Casimiro , ya condenado. Igualmente responderán, solidariamente, las aseguradoras del interés marcado en el art. 20 de la LCS , desde la fecha del siniestro.

  3. Se ratifica como doctrina jurisprudencial la emanada de la sentencia de 16 de octubre de 2009, recurso 1409/2005 .

  4. No procede imposición en las costas del recurso de casación al recurrente.

  5. No procede expresa imposición de costas en las instancias (1ª y 2ª).

  6. Procédase a la devolución del depósito para recurrir.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan, Jose Antonio Seijas Quintana, Antonio Salas Carceller, Francisco Javier Arroyo Fiestas, Eduardo Baena Ruiz, Xavier O'Callaghan Muñoz. Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.