STS 21/2015, 29 de Enero de 2015

Dos motivos articula este recurrente, el primero de ellos por error facti, al amparo del art. 849.2 L.E.Cr ., por entender que se cometió un error en la valoración de la prueba deducida de documentos auténticos.

1. Los documentos invocados son los siguientes:

   1. Informe pericial nº NUM005 elaborado por la Brigada Provincial de Policía Científica de Córdoba, sobre autenticidad de las firmas, en el que se manifiesta que "no es posible posicionarse sobre las firmas atribuidas al Sr. Juan Antonio ".

   2. Cuatro contratos de compraventa donde aparece la firma atribuida al recurrente suscritos con tres adquirentes y con Marí Jose en distintas fechas del año 2008 y 2009.

   Recoge el motivo en su enunciado los términos dubitativos de los peritos y propone como redacción alternativa que en lugar de expresar que el recurrente adquirió, firmó, vendió o suscribió los diferentes contratos, se manifieste que "no se ha podido determinar que los referidos contratos fueran firmados por Cayetano ".

2. Una vez más esta Sala se ve en la obligación de recordar una consolidada jurisprudencia establecida sobre los requisitos o exigencias de un documento, para provocar la alteración factual solicitada.

   Éstos son:

   1. Que se hayan incluido en el relato histórico hechos no acontecidos o inexactos.

   2. Que la acreditación de tal inexactitud tiene que estar evidenciada en documentos en el preciso sentido que tal término tiene en sede casacional. Sobre esta cuestión podemos recordar la STS de 10 de noviembre de 1995 en la que se entienden por tales aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma.

   3. Que el documento en sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.

   4. Que el supuesto error patentizado por el documento no esté a su vez desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad. Al respecto debe recordarse que la ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica y de la valoración en conciencia de conformidad con el art. 741 L.E.Cr .

   5. Que los documentos en cuestión han de obrar en la causa, ya en el sumario o en el rollo de la Audiencia, sin que puedan cumplir esa función impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia.

   6. Finalmente, el error denunciado ha de ser transcendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del asunto, por lo que no cabe la estimación del motivo si este sólo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes. Hay que recordar que el recurso se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o derecho no tengan capacidad de modificarlo ( STS. 765/04 de 14 de junio ).

   7. A los anteriores, ha de añadirse, desde una perspectiva estrictamente procesal, la obligación que compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo - art. 855 L.E.Cr .- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del recurso ( STS 3-4-02 ) pero en todo caso, y como ya recuerda, entre otras la STS 332/04 de 11 de marzo , es obligación del recurrente además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del mismo que demuestren claramente la equivocación en la que se dice incurrió el Tribunal ( STS 465/2004 de 6 de abril y 1345/2005 de 14 de octubre ).

   Sería preciso añadir que el perito o peritos hayan intervenido en juicio, con ocasión de la ratificación del informe y sobre él se les haya formulado preguntas, que ilustran, mantienen o completan su contenido. En tal supuesto la inmediación judicial impediría tener en cuenta el informe pericial atribuyéndole la condición de documento literosuficiente o autosuficiente.

3. El motivo carece del adecuado fundamento por distintas razones.

   En primer lugar los peritos no niegan que las firmas estampadas en los contratos en cuestión sean del acusado, sino que no tienen la plena seguridad de su autoría. Pero al explicar las razones, consideran que el autor de las mismas las ha intentado imitar, lo que significa, que siendo su verdadero autor intentaría deformarlas; o bien que el suscriptor presentaba ciertas dificultades escriturales, propiciadas bien por la edad o bien por la carencia de nivel cultural, que le impedía plasmar las improntas personales con destreza.

   Lo cierto es que se manifiesta en el factum y nadie lo pone en entredicho, que por las limitaciones de la edad tuvo que apoderar en algún caso a Benjamín , coacusado que resultó absuelto, ignorante de la trama urdida por los otros tres implicados.

   Así pues, podemos afirmar que no solo el dictamen pericial no excluye al acusado como autor de las firmas, sino que las dificultades en precisar la materialización de la firma apuntan al acusado.

   Pero es que además existen pruebas rotundas que sugieren la autoría del recurrente, pues por un lado su intervención se admite por los coacusados; pero por otro lado lo determinante fue la declaración de la letrada de los vendedores, que mereció plena credibilidad al Tribunal, porque en nada le afectaba el conflicto. En el mismo sentido la letrada de otro comprador.

   A todo ello hemos de añadir la firma de los pagarés, a sabiendas de que no iban a ser pagados, dada la total ausencia de saldo, que no permitieron tanto el recurrente y como los coprocesados que se comprobara en la cuenta correspondiente, como exigieron los vendedores de la parcela.

   Así pues, ante la ausencia de capacidad probatoria suficiente del documento en cuestión ( informe pericial en relación a documentos de compraventa) para acreditar que la firma no era del acusado impugnante y la existencia de prueba contradictoria que apuntaba a la autoría de tales firmas, el motivo debe decaer, ya que en tales supuestos la apreciación del Tribunal de origen, dada su inmediación, debe prevalecer, una vez argumentada razonablemente la convicción formada ( arts. 117.3 C.E . y 741 L.E.Cr .).

   El motivo ha de rechazarse.

Con sede procesal en el art. 5.4 L.O.P.J ., en el correlativo ordinal alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 C.E .) y en consecuencia la indebida aplicación del art. 248 y 250.5 C.P .

1. El recurrente anuncia en un mismo motivo dos reproches al Tribunal íntimamente relacionados.

   En el primer aspecto, sostiene ante la debilidad probatoria, que debió aplicarse el principio "in dubio pro reo", con apoyo principalmente en el hecho de que no se ha acreditado que el impugnante firmara los contratos, amén de que se desconoce, según el relato de hechos probados, en qué consistió el engaño producido por éste, o que fuera guiado por ánimo de lucro.

   Añade que la sentencia sigue un "iter discursivo ilógico", ya que en el factum se hace mención a un tal Juan Antonio en varias ocasiones y no hay ningún acusado con este nombre, lo que parece indicar que existieron cinco intervinientes cuando en realidad fueron cuatro.

2. Al recurrente no le asiste razón. Acepta como indubitadamente probada su intervención en la Notaría, pero con ese solo dato considera que no procedía justificar una sentencia de condena.

   El fundamento 4º de la combatida explica las pruebas de cargo existentes y la intervención en los hechos del recurrente creando un engaño, fruto del concierto con los otros acusados. Fue éste el que intervino como hipotético propietario en la enajenación de las parcelas, y quien suscribió los contratos de enajenación salvo los realizados por el apoderado (acusado absuelto), es el impugnante quien concurre a la notaría con el propósito de afianzar la superchería de que eran los auténticos titulares de la parcela, firmando los pagarés sin fondos que no podía ni quería pagar, circunstancias todas que permiten concluir que tuvo una participación activa en la trama defraudatoria, sin importar en qué medida se enriqueció, al desconocer el destino del dinero, pero en todo caso y dentro del concierto de todos los acusados intervino de forma transcendental para el éxito del fraude, provocando en los adquirentes de parcelas la confianza de que las recibirían en su momento, cuando era de todo punto imposible que ello ocurriera, por no haberse así proyectado desde el principio. Los acusados ni tenían capacidad económica para adquirir la parcela, ni tampoco lo pretendían, ya que el dinero lo aplicaron a usos propios no concretados.

   Carece de la menor importancia que el apoderado que designó el recurrente por limitaciones de la edad resultara absuelto, al no haber quedado acreditado que fuera consciente de las finalidades ilícitas perseguidas por los demás.

   Por último, en relación al error material de designar en el cuerpo de la sentencia al acusado con el nombre de Juan Antonio en lugar de Cayetano no constituye sino un simple error de transcripción perfectamente corregible. Ninguna posibilidad de confusión existe con otras personas, pues en el desarrollo del proceso, anterior al juicio y en la sentencia (encabezamiento y fallo), se expresa de forma correcta el nombre, lo que disipa cualquier atisbo de confusión. Se trata de un error material que solo da lugar a la corrección, y que el recurrente pudo haber interesado en una aclaración de sentencia.

   El motivo, en definitiva, debe rechazarse.

   RECURSO DE Edmundo e Marí Jose .

Los motivos del 1º al 5º son todos por error en la apreciación de la prueba ( art. 849.2º L.E.Cr .), apoyados según se dice en documentos obrantes en autos no contradictorios con otras pruebas.

1. En el motivo primero se pretende eliminar el carácter simulado otorgado al documento de compraventa suscrito en noviembre de 2008, pretendiendo llegar a otras conclusiones distintas a las alcanzadas en el fundamento jurídico 2º. El principal argumento es un resguardo de ingreso en efectivo en Caja Extremadura por importe de 156.000 euros de 14-11-2008 en la cuenta de Unión Promosanz 2016, S.L.

   En el motivo segundo se intenta eliminar, dentro del fundamento jurídico sentencial 2º, que la inactividad en la Sociedad Parcelas del Sur, S.L. la deduce de una nota del Registro mercantil.

   En el motivo 3º, ataca la afirmación de que la concurrencia en la firma del contrato con los iniciales vendedores fue a requerimiento de ellos en cuanto propietarios de la finca matriz (fecha 31 de julio de 2009). Pretende que la expresión "requerimiento para la firma" se suprima, decayendo las consecuencias que de él se derivan sin concretar cuáles.

   En el cuarto motivo no admite la expresión contenida en el factum referida al carácter simulado de la compraventa, reiterando lo dicho en el motivo 1º. En esta ocasión lo relacionan con el fundamento jurídico 1º y 3º, rechazando las consecuencias que puedan extraerse de la combinación de ambos relatos concatenados entre sí dentro de la fundamentación jurídica.

   En el quinto motivo alega que el Tribunal de instancia no ha valorado el conjunto de toda la prueba documental en relación con las declaraciones testificales del plenario y las sumariales, de forma lógica y racional.

2. El enunciado de los motivos y partiendo de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la prosperabilidad de un motivo de esta naturaleza no permiten su acogimiento.

   En algunos motivos se trata de afirmaciones de la fundamentación jurídica (1º y 2º), en otros se pretende argumentar en contra de tales afirmaciones con apoyo en otros datos o elementos probatorios o argumentales, sustituyendo los razonamientos, apreciaciones y conclusiones del Tribunal de origen por los propios de los recurrentes, a la vez que se ignora la prueba contradictoria.

   No se propone relato de hechos probados alternativo, y en algunos casos no se obtienen consecuencias, como en el supuesto del requerimiento para la firma del contrato de compraventa, con los iniciales vendedores, a los que se le habría dejado en deber una importante cantidad, independientemente de que se realizara el requerimiento a instancias de unos o de otros.

   Sobre la simulación del contrato existen pruebas contradictorias valoradas por el Tribunal de instancia. Si se pretendía aparentar una venta o transmisión, no resulta extraño que recurrieran los acusados a resortes o mecanismos para plasmar documentalmente una transmisión que no llega a consolidarse, desconociéndose el origen del dinero y su posterior destino.

   Por último en el motivo 5º, se lleva a cabo una valoración conjunta de la prueba alternativa a la de la Audiencia, alegando que el Tribunal sentenciador no la hizo, lo que no es cierto, como lo demuestra el tenor de la sentencia.

   Por todo ello el motivo ha de claudicar.

En los motivos 6º y 7º con sede procesal en el art. 5.4 L.O.P.J ., estima vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, el ser el resultado valorativo de la prueba practicada arbitrario y no acredita el engaño suficiente como elemento de la estafa ( arts. 248 y 250. 1. 5º C.P .).

1. Los recurrentes excluyen el dolo o intencionalidad ilícita en las transacciones, alegando que el propósito único era el de culminar civilmente las transmisiones previamente concertadas.

2. En la causa existieron pruebas suficientes para acreditar el engaño bastante, dando vida al denominado contrato jurídico criminalizado, en el que de antemano los acusados no pensaban cumplir con las obligaciones asumidas frente a terceros, induciéndoles a celebrar un contrato de compraventa y pagar el precio de una vivienda enclavada en una parcela, cuando era imposible materializar la venta porque la parcela en su mayor parte no la habían pagado y carecían de numerario para hacerlo y el dinero obtenido con las ventas lo aplicaron a usos propios y no al cumplimiento del contrato.

   Las pruebas fueron abundantes, entre las cuales pueden citarse:

   1. Mutua implicación de los acusados atribuyendo unos a otros y viceversa la trama urdida y ejecutada. Los recurrentes no vendían las parcelas, sino que fue simple apariencia, como ha demostrado la testifical, particularmente porque estaban implicados en las ventas y recibían el dinero (todo o parte del mismo) lo que no habría sucedido si hubieran vendido dichas parcelas a la empresa de Cayetano .

   2. El testimonio de ambas letradas indicaba la connivencia de los tres acusados en el engaño a terceros, ocultándoles que compraban una parcela que nunca tendrían, porque no eran los dueños los vendedores, circunstancia que era desconocida para los compradores. Es más, les presentan una prueba documental integrada por el falseamiento de una compraventa inexistente.

   3. La Audiencia en el fundamento jurídico 2º desarrolla valorativamente todos los datos o indicios que apuntan a la apariencia creada y voluntad de incumplimiento, que determina que los adquirentes se quedaran sin la cosa y sin el precio.

3. Desde luego no trataron estos acusados de culminar las transmisiones previas, ya que si su condición de comprador fue ocupada por Cayetano , asumiendo éste el pago del resto del precio y abonado lo pagado a los recurrentes, no se explica el interés en las ventas y la recepción del dinero de los compradores. Además no poseía activo para regularizar las transacciones, ni querían realizarlas, ya que, insistimos, en todo caso correspondería a Parcelas del Sur que les había comprado sus derechos.

4. Por otro lado el engaño era bastante, ya que exhibir un contrato que acredita la compra del terreno, y una parcelación material, que no jurídica, distribuyendo las parcelas, que estaban vendiendo, unido al precio rebajado en relación al de mercado, permite racionalmente entender, que pagado el precio el vendedor debía entregarles las parcelas, lo que resultaba excluido de antemano, porque el vendedor lo era en virtud de contrato simulado, y las ventas realizadas no hubieran podido originar la adquisición, porque el bien inmueble figuraba a nombre de los iniciales vendedores, a los que por no pagar el precio, ejercitaron las acciones para recuperar la propiedad y dar por resuelto el contrato.

   El objeto contractual nunca hubiera sido transferido a los adquirentes engañados, porque no era de los acusados, ni tenían posibilidades económicas de que lo fuera, ni querían asumir obligación alguna, sino lucrarse a costa del cumplimiento de los engañados compradores.

   El motivo ha de rechazarse.

En el motivo 8º, con base en el art. 5.4 L.O.P.J . y 852 L.E.Cr ., considera infringido el art. 66.1.6 y 120 C .E., en orden a la individualización de la pena.

1. Nos dice que no concurriendo atenuantes y agravantes consideran excesiva la pena impuesta de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión, discrepando de la individualización del Tribunal de instancia.

2. La Audiencia Provincial en el juicio de subsunción realizado en el fundamento primero califica los hechos como integrantes de los delitos de los arts. 249 y 250.1.5º del C. Penal, en relación al 74 C.P .

Pues bien, superando el conjunto de las defraudaciones los 50.000 euros, cuantía más favorable para los acusados que la anteriormente vigente y aplicable a la fecha de los hechos, hace que la pena nueva de la que se ha de partir sea de 1 a 6 años.

Dentro de ésta el art. 74, conforme al acuerdo no jurisdiccional de esta Sala de fecha 30 de octubre de 2007, cuando existen dos defraudaciones superiores a 50.000 euros (bastaría con una) permite aplicar la continuidad delictiva, de tal suerte que una infracción por 51.000 euros integraría por sí sola el subtipo agravado del art. 250.1.5, y todas las demás actuarían como elementos de reiteración para alumbrar la continuidad delictiva ( art. 74.2 C.P .).

Ello hace que la pena marco deba imponerse en su mitad superior, es decir, a partir de 3 años 6 meses y 1 día.

La pena errónea, que nadie ha atacado, sería la del otro recurrente, Cayetano , que no puede ser objeto de una modificación "in peius" cuando el Fiscal no la ha atacado.

Por otra parte concurre un dato que agrava la reprochabilidad de la conducta y es la falsificación cometida, que el Tribunal ha entendido consumida en la estafa.

Consiguientemente el motivo debe rechazarse.

La desestimación de los motivos hace que las costas le sean impuestas a los acusados recurrentes de conformidad al art. 901 L.E.Cr .