ATS, 11 de Noviembre de 2014
| Ponente | MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN |
| Número de Recurso | 1206/2014 |
| Procedimiento | SOCIAL |
| Fecha de Resolución | 11 de Noviembre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Noviembre de dos mil catorce.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Luelmo Millan
Por el Juzgado de lo Social Nº 1 de los de Jaén se dictó sentencia en fecha 24 de julio de 2013 , en el procedimiento nº 877/2012 seguido a instancia de Dª Emilia contra CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, sobre reconocimiento de derechos, que estimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 30 de enero de 2014 , que estimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia revocaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 28 de marzo de 2014, se formalizó por el letrado D. Rafael López Montesinos en nombre y representación de Dª Emilia , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de 11 de septiembre de 2014, acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
El artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales ( sentencias de 28 de mayo de 2008, R. 814/2007 ; 3 de junio de 2008, R. 595/2007 y 2532/2006 ; 18 de julio de 2008, R. 437/2007 ; 15 y 22 de septiembre de 2008 , R. 1126/2007 y 2613/2007 ; 2 de octubre de 2008, R. 483/2007 y 4351/2007 ; 20 de octubre de 2008, R. 672/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2637/2007 y 3883/07 ; 12 de noviembre de 2008, R. 2470/2007 ; y 18 y 19 de febrero de 2009 , R. 3014/2007 y 1138/2008 ), 4 de octubre de 2011, R. 3629/2010 , 28 de diciembre de 2011, R. 676/2011 , 18 de enero de 2012, R. 1622/2011 y 24 de enero de 2012, R. 2094/2011 .
Es objeto del actual recurso de casación para la unificación de doctrina la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede en Granada) el 30 de enero de 2014 (R.2234/2013 ), en la que, con estimación del recurso deducido por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, se revoca el fallo combatido que reconoció a la demandante el derecho al plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad. La actora viene prestando servicios como "Monitora de Centro de Menores" en el centro de protección de menores Virgen de la Cabeza de Linares (Jaén), en el que hay un total de 23 educadores de los cuales 11 perciben plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, realizando las funciones que allí se detallan.
La sala de suplicación sustenta su decisión adversa a la pretensión deducida en demanda en el hecho de que la categoría de la actora es la de "Monitora en centro de Menores", lo que comporta un índice de riesgo propio de dicha profesión, teniendo reconocido un complemento específico de 2.728,44 euros, señalando que el art. 58.5 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Andalucía establece que el complemento de puesto de trabajo está destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad, responsabilidad, incompatibilidad y otros factores que comportan conceptuación distinta del trabajo ordinario, excepto los retribuidos por el sistema de pluses. En efecto, las retribuciones del puesto de la actora son superiores a la de otros puestos de tal categoría que no están sometidos a los mismos riesgos, lo que implica que el mismo ya está siendo compensado y, por tanto, la actora no tiene derecho a percibir el plus de peligrosidad, penosidad y toxicidad previsto en el apartado 14 del citado art. 58 del Convenio.
Disconforme la parte actora con la solución alcanzada por la Sala de segundo grado se alza ahora en casación para la unificación de doctrina proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de 19 de junio de 2013 (rec. 824/13 ). En la misma se ventila análoga pretensión deducida por unos trabajadores que en su condición de vigilantes, educadores, limpiadoras, monitores, personal de servicio doméstico y ayudantes de cocina que prestan servicios en un centro de protección de menores dependiente de la Junta de Andalucía y que interesaban asimismo el reconocimiento del plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad. La Sala da a tal cuestión una respuesta positiva, básicamente, porque quedó acreditada la peligrosidad de las funciones desempeñadas a la vista del relato histórico.
No se desconoce que entre las sentencias enfrentadas dentro del recurso concurren evidentes puntos de contacto, pero una atenta lectura de las mismas evidencia que la contradicción en sentido legal es inexistente, porque tan autorizado es haber entendido en la sentencia recurrida que el demandante no tiene derecho al plus que allí se interesa, como en la de contraste alcanzar solución diversa, y ello porque las razones de decidir, son distintas. Así, en la recurrida, se parte de que la demandante ostenta la condición de "Monitora de Centro de Menores", percibiendo al efecto un complemento específico que retribuye las especiales condiciones del puesto de trabajo, y este extremo es ajeno a la sentencia de referencia, en la que, como hemos visto, se trata de trabajadores que como vigilantes, educadores, limpiadoras, monitores, personal de servicio doméstico y ayudantes de cocina prestan servicios en un centro de menores, lo que, como cuida de señalar la recurrida, no es parangonable, sin que conste que perciban ese específico complemento y, lo que es más decisivo, las funciones desempeñadas entrañan los riesgos que allí se relatan, sin percibir superiores retribuciones en relación a otros puestos de igual categoría que no padecen dicha peligrosidad o penosidad.
No son atendibles las alegaciones evacuadas por la parte recurrente tras la precedente providencia que abrió el trámite de inadmisión, al no desvirtuar lo que aquí ha quedado expuesto de manera razonada y sin que aporten extremo alguno no examinado por la Sala a la hora de abordar el juicio positivo de contraste. Por lo tanto, y de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, procede declarar la inadmisión del recurso de acuerdo con el artículo 225 LRJS , y sin que proceda la imposición de costas por tener la recurrente reconocido el beneficio de justicia gratuita.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el letrado D. Rafael López Montesinos, en nombre y representación de Dª Emilia , contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 30 de enero de 2014, en el recurso de suplicación número 2234/2013 , interpuesto por la CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de los de Jaén de fecha 24 de julio de 2013 , en el procedimiento nº 877/2012 seguido a instancia de Dª Emilia contra CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, sobre reconocimiento de derechos.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
