ATS, 17 de Octubre de 2014
| Ponente | JUAN SAAVEDRA RUIZ |
| Número de Recurso | 20284/2012 |
| Procedimiento | Causa Especial |
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de dos mil catorce.
Dada cuenta. Transcurrido el plazo otorgado a las partes, los anteriores escritos del Ministerio Fiscal y del Procurador Sr. Martínez-Fresneda Gambra, en nombre y representación de IZQUIERDA UNIDA, únanse a la ejecutoria de su razón y se tiene por evacuado el traslado conferido, y a la vista de los siguientes,
Esta Sala dictó sentencia con fecha 30 de julio de 2014 en la causa especial 20284/2012 por la que se condenó a DON Amadeo Y OTRO.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo el 25/9/14, se formuló por la Procuradora Sra. Matud Juristo en la representación que ostenta del Sr. Amadeo incidente de nulidad de actuaciones respecto de la referida sentencia 597/14, de 30 de julio , de conformidad con lo establecido en los arts. 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , en amparo de los derechos fundamentales que se denuncian como infringidos y la nulidad de los pronunciamientos condenatorios de dicha sentencia en lo que concierne al Sr. Amadeo .
En el trámite correspondiente, el Ministerio Fiscal, por escrito de 3/10/14 se opuso a dicha petición interesando la desestimación del incidente de nulidad planteado.
La Acusación Popular IZQUIERDA UNIDA representada por el Procurador Sr. Martínez-Fresneda Gambra, por escrito presentado en el Registro General el 9/10/14 se opuso a la petición interesada pasando las actuaciones al Magistrado Ponente para resolver.
El artículo 241 de la LOPJ , en la redacción dada por la LO 6/2007, dispone: " No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario".
La regulación anterior a la mencionada Ley Orgánica se refería solamente a supuestos de incongruencia del fallo o a los casos en los que se apreciaran defectos de forma que hubieran causado indefensión. La regulación actual amplía la posibilidad de promover el incidente a la vulneración de cualquier derecho fundamental de los mencionados en el artículo 53.2 CE . Esta modificación, responde, como así se expresa con claridad en la Exposición de Motivos de dicha Ley a la finalidad de "....aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria para la tutela de los derechos fundamentales...." y ello porque, como también se dice en dicha Exposición de Motivos: "....la protección y garantía de los derechos fundamentales no es una tarea única del Tribunal Constitucional, sino que los Tribunales ordinarios, desempeñan un papel esencial y crucial en ella....".
La previsión legal, en consecuencia, supone la posibilidad de corregir una vulneración de derechos fundamentales sin necesidad de acudir al recurso de amparo.
Al permitir que la propia jurisdicción ordinaria pueda subsanar cualquier violación de los derechos fundamentales del art. 53-2 de la Constitución , se evita la demora y sobrecarga del Tribunal Constitucional por el innecesario acceso de la cuestión suscitada a la jurisdicción constitucional cuando la ordinaria, como primer garante de los derechos constitucionales, pueda subsanar la vulneración denunciada.
Sin embargo, esta norma no puede interpretarse en el sentido de que venga a otorgar a las partes una especie de recurso de súplica contra la sentencia dictada en única instancia en una causa especial, basado en la pretensión de obtener una modificación del criterio razonadamente expresado en tal resolución.
Por ello, aunque sea denominado "incidente", se trata en realidad de un verdadero proceso de protección de derechos fundamentales, como ha señalado esta Sala en el Auto de 26 de octubre de 2010 , pero que no permite la reiteración del planteamiento de cuestiones ya abordadas y resueltas en la sentencia, para reproducir el mismo debate. El debate se concluyó en la sentencia, y consecuencia de las valoraciones efectuadas por el Tribunal fue el fallo que le puso fin.
Como se ha señalado, esta norma tiene la finalidad de limitar los supuestos de recurso al amparo constitucional, siempre posible con posterioridad con carácter subsidiario, para la solución de una cuestión que, por su naturaleza y características, puede ser resuelta por el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución definitiva en la que se aprecia el defecto.
Pero no autoriza un replanteamiento de lo ya examinado y resuelto en la resolución cuya nulidad se solicita.
Consiguientemente, no puede admitirse a trámite o, en su caso, deberá ser desestimado, el incidente de nulidad contra sentencias de esta Sala no susceptibles de recurso ordinario o extraordinario:
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Cuando se aleguen vulneraciones de derechos fundamentales que pudieron ser denunciadas con anterioridad a la sentencia cuya nulidad se pretende.
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Cuando se pretenda que el Tribunal rectifique el criterio expresado en su resolución sobre las cuestiones propuestas, basándose para ello en argumentos coincidentes con los ya utilizados.
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Cuando se aleguen vulneraciones de derechos fundamentales ya invocadas, y que ya han encontrado respuesta en la sentencia.
Así entendido, el incidente de nulidad de actuaciones ha de tener un ámbito prácticamente reducido a aquellos casos en que el defecto procesal generador de indefensión sólo es advertido después de la sentencia firme y aquellos otros supuestos en los que la vulneración del derecho fundamental se produce en la sentencia y ésta no es susceptible de recurso ante la jurisdicción ordinaria ( ATS. 4.7.2012 ).
Es obvio que la finalidad de la reforma quedaría desbordada si se intentase convertir este recurso en un nuevo medio para reconsiderar decisiones ya adoptadas en la sentencia que se tacha de vulneradora de los derechos fundamentales. En tal sentido en nuestra sentencia de 18.7.2007 decíamos: "el debate se concluyó en la sentencia y consecuencia de las valoraciones efectuadas por el Tribunal fue el fallo que le puso fin. La única cuestión a considerar, vía el actual recurso, es sí existió vulneración de los derechos fundamentales del art. 53.2 CE , que se remite a los de la Sección I del Capítulo II y más en concreto aquel conjunto de derechos que vertebran el proceso penal en una sociedad democrática y que se articula por un haz de garantías procesales y sustantivas" .
De acuerdo con la doctrina expuesta, comprobamos que el solicitante de la nulidad en su escrito lo que viene a efectuar es un cuestionamiento de todos y cada uno de los asuntos abordados en la sentencia. Y en tal sentido la representación procesal de Amadeo plantea la ausencia de doble instancia; la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por vulneración del principio acusatorio del derecho a la defensa y ser informado de la acusación, motivos primero y segundo; la vulneración del principio de legalidad ( art. 25 CE ) en relación con el art. 404 CP , motivo tercero; la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la presunción de inocencia y del principio de legalidad penal, puesto que la sentencia condena con base en una arbitrariedad que sería previa y ajena al Decreto del Alcalde, motivo cuarto; vulneración del derecho a la presunción de inocencia por motivación irracional e ilógica de la sentencia sobre la que considera evidente arbitrariedad del primero de los Decretos dictados, motivo quinto; por vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación a los posteriores Decretos levantando los reparos; el sexto y el séptimo, igual vulneración en relación con el elemento subjetivo del delito de prevaricación. Por ello el incidente debe inadmitirse a limine, conforme al art. 241.1 in fine LOPJ .
No obstante ello conviene precisar en cuanto a la ausencia de segunda instancia, conforme al art. 14.5 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos , en nuestra sentencia de nueve de febrero de dos mil doce , decíamos:
"En primer lugar, porque aún cuando pueda entablarse discusión o debate acerca de la justificación del procedimiento contra personas aforadas o sobre la preferencia o mejor calidad de unos sistemas procesales sobre otros, el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, luego de disponer en el apartado 1 que toda persona condenada por un delito tiene derecho a que su condena o sentencia sea revisada por un Tribunal superior, contempla excepciones a esta regla en el apartado 2, y, entre ellas, los casos en los que la persona afectada sea juzgada en primera instancia por el más alto Tribunal Y en segundo lugar porque no le corresponde a esta Sala completar la legislación procesal u orgánica estableciendo nuevos recursos, distintos a los previstos o ampliar las competencias de los órganos jurisdiccionales establecidas de forma precisa por las leyes vigentes ".
Y por último conviene recordar que no puede convertirse este incidente en un nuevo recurso para reconsiderar decisiones ya adoptadas en la sentencia que se tacha de vulneradora de los derechos fundamentales, pues el debate se concluyó en la sentencia y consecuencia de las valoraciones efectuadas por el Tribunal fue el fallo que le puso fin.
No ha existido ninguna de las vulneraciones que alega el incidentista, por lo que el incidente de nulidad debe ser inadmitido, ya que en la sentencia se dieron las respuestas a todas las cuestiones suscitadas en el plenario sin que proceda volver sobre ellas, al no ser factible pretender por este medio una revisión de la sentencia dictada en la instancia, como si de un nuevo medio de impugnación se tratare.
LA SALA ACUERDA:
NO HA LUGAR a admitir a trámite el Incidente de Nulidad promovido por la Procuradora Sra. Matud Juristo, en la representación que ostenta de DON Amadeo .
Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario, certifico.
D. Juan Saavedra Ruiz D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Jose Manuel Maza Martin
D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Andres Palomo Del Arco Dª Ana Maria Ferrer Garcia
D. Perfecto Andres Ibañez
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...justamente el principio inverso: solo cabe suscitar cuestiones nuevas" (ver también AATS de 19/05/2015, recurso 2196/2014 ; de 17/10/2014, recurso 20284/2012 ; 20/07/2015, recurso 10496/2014 ; 30/06/2015, recurso 2429/2013 En el auto de 29/07/2015, recurso 1996/2014, en su fundamento de der......
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...el principio inverso: solo cabe suscitar cuestiones nuevas (ver también ATS de 19/05/2015, recurso núm. 2196/2014 ; ATS de 17/10/2014, recurso núm. 20284/2012 ; ATS 20/07/2015, recurso núm. 10496/2014 ; o ATS de 30/06/2015, recurso núm. 2429/2013 ). El cuarto y último motivo del incidente p......