ATS, 4 de Noviembre de 2014

Ponente:IGNACIO SANCHO GARGALLO
Número de Recurso:175/2013
Procedimiento:CIVIL
Fecha de Resolución: 4 de Noviembre de 2014
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

PETICIÓN DE PLANTEAMIENTO DE CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN. NULIDAD DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. La cuestión de inconstitucionalidad no es un medio concedido a los órganos judiciales para una depuración abstracta del ordenamiento jurídico, sino que representa un instrumento procesal puesto a disposición de aquéllos para conciliar la doble obligación de su sometimiento a la Ley y a la Constitución. Se acuerda no plantear cuestión de inconstitucionalidad.

 
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CONTENIDO

AUTO

En la Villa de Madrid, a cuatro de Noviembre de dos mil catorce.

HECHOS

PRIMERO.- La representación procesal de DON Domingo presentó el día 18 de diciembre de 2012 escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la Sentencia dictada con fecha 8 de noviembre de 2012 por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 783/2012 , dimanante de juicio ordinario nº 734/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Lorca.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de fecha 18 de enero de 2013 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de los litigantes.

TERCERO.-El procurador don Luis Amado Alcántara, en nombre y representación de Don Domingo , presentó escrito ante esta Sala con fecha 8 de febrero de 2013 personándose en calidad de parte recurrente. No se han personado como parte recurrida la mercantil "INPROLOR, S.A.".

CUARTO.- En el escrito de interposición de los recursos presentado por la parte recurrente el día 18 de diciembre de 2012, mediante otrosí digo, se solicita de esta Sala el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad en relación con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses. Fundamenta la parte recurrente su petición en que la mentada norma obstaculiza de forma irrazonable el acceso a la jurisdicción con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución Española .

QUINTO.- Por providencia de fecha 1 de julio de 2014 se acordó dar traslado al Ministerio Fiscal. Mediante dictamen de 15 de julio de 2014 el ministerio público informa en el sentido de que se estime la cuestión de inconstitucionalidad del artículo 7, apartados 1 y 3, relativo al sistema de cálculo y determinación de la cuota tributaria de la tasa en el orden civil para interponer el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal. Se fundamenta en que la excesiva rigidez del modelo y su universalidad no permiten ajustar y/o moderar la tasa a las concretas circunstancias económicas del sujeto pasivo (persona física), dando lugar a cuotas que pueden ser calificadas de desorbitadas y/o excesivamente gravosas, introduciendo una carga que no se ajusta al contenido esencial del derecho de acceso al recurso.

SEXTO.- Por diligencia de ordenación de 21 de julio de 2014 se acuerda pasar el presente rollo al Excmo. Sr. Ponente a fin de resolver lo procedente.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La parte recurrente interesa de esta Sala el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante Ley de Tasas), ya que, en opinión de dicha parte, la referida ley es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución al exigir el pago de una tasa para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil (art. 2.d) y del recurso de casación en el orden civil (art. 2.e).

SEGUNDO.- Debe recordarse que el artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que " cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley" . En consecuencia, la cuestión de inconstitucionalidad constituye un mecanismo de control concreto, que veta el planteamiento de cuestiones abstractas. En tal sentido afirma el ATC 133/2001, de 22 de mayo , que "la cuestión de inconstitucionalidad no es un medio concedido a los órganos judiciales para una depuración abstracta del ordenamiento jurídico, sino que representa un instrumento procesal puesto a disposición de aquéllos para conciliar la doble obligación de su sometimiento a la Ley y a la Constitución" , y el ATC 120/2005, de 15 de marzo , dice que "no cabe convertir la cuestión en un medio de impugnación directa y abstracta de la Ley". La finalidad de la cuestión de inconstitucionalidad se reduce al enjuiciamiento de la conformidad a la Constitución de una norma con rango de ley que sea aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo ( SSTC 157/1990, de 18 de octubre y 114/1994, de 14 de abril , ATC 62/1997, de 26 de febrero ). Asimismo, el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad es prerrogativa, exclusiva e irrevisable, del órgano judicial, conferida por el artículo 35.1 de la Ley Orgánica 2/79, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional , como cauce procesal para resolver las dudas que él mismo pueda tener acerca de la constitucionalidad de una Ley que se revela de influencia decisiva en el fallo a dictar ( Sentencias del Tribunal Constitucional nº 148/1986, de 25 de noviembre y nº 32/2011, de 12 de febrero ). Constituye presupuesto inexcusable que el órgano judicial que promueve la cuestión sea competente y haya, por tanto, de pronunciarse, en principio, sobre el fondo del litigio sometido a su conocimiento ( Auto del Tribunal Constitucional nº 470/1988, de 19 de abril ).

TERCERO.- En el presente caso, y atendidas las circunstancias concurrentes esta Sala considera improcedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Tasas Judiciales en tanto que de la validez de dicha norma no depende el fallo al no constituir el fundamento de las sentencias de instancia la mentada Ley de Tasas. Las mismas se basan para resolver las pretensiones en fundamentos de naturaleza legal en consonancia con las acciones que se ejercitan en la demanda. La aplicación de la Ley de Tasas no ha impedido la interposición de los recursos y por tanto la parte recurrente no ha visto obstaculizado por ello su derecho de acceso a la casación ni al examen por esta Sala de las infracciones procesales denunciadas. En consecuencia, la norma cuya inconstitucionalidad se invoca no es determinante para la validez del fallo, lo que determina la no concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 35.1 de la LOTC para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. En este mismo sentido se ha dictado el auto de pleno de la Sala de fecha 16 de septiembre de 2014 (RCIP 508/2013).

CUARTO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

NO PLANTEAR CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes comparecidas y verificado pasen de nuevo las actuaciones a la Sala de Admisión a los efectos procedentes.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.