STS, 3 de Noviembre de 2014

La Procuradora Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger, en representación de Dª Natalia , mediante escrito con sello de presentación en el Registro General de este Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2013, interpuso recurso contencioso-administrativo en el que identificó como acuerdos recurridos los siguientes:

"1º) (...) acuerdo de 18 de octubre de 2013, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , por el que se publica la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por acuerdo de 28 de enero de 2013 (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2013).

2. ) Lista definitiva general elevada por el Tribunal calificador número 1 de las personas que han superado la oposición base G.2.15 de la convocatoria.

3. ) Bases de la convocatoria apartados F) Tribunal calificador 4- G) Proceso selectivo, G.2 Desarrollo de la oposición 13 y - G) Proceso selectivo, G.2 Desarrollo de la oposición 14 de las pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial para acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y a la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal en adelante la convocatoria) aprobadas mediante acuerdo de 28 de enero de 2013 de la Comisión de Selección (BOE 31 de enero de 2013) (...)".

Turnado el recurso a la Sección Primera de esta Sala, por diligencia de ordenación de 20 de enero de 2014 se tuvo por interpuesto y se admitió el recurso, se tuvo por personada a la mencionada Procuradora y se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA .

Recibido el expediente por diligencia de ordenación de 21 de febrero de 2014 se tuvo por personada y parte a la Administración recurrida y se dispuso su entrega a la recurrente a fin de que en el plazo de veinte días procediera a formalizar la demanda.

La representación procesal de la recurrente evacuó el traslado conferido mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2014 en el que tras alegar cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró conveniente a su derecho, solicitó a la Sala:

" (...) dicte, en su día, Sentencia por la que se declare no ser conformes a Derecho en cuanto a mi representada las resoluciones administrativas y acuerdos impugnados y en consecuencia acuerde, dejar sin efecto por improcedentes y contrarios a los derechos de la demandante, los Acuerdos de la Comisión de Selección y del Tribunal nº 1 que han producido la exclusión de mi representada Dª Natalia de la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos convocado por acuerdo de 28 de enero de 2013 de Comisión de Selección y en su consecuencia, disponga la condena de la Administración a estar y pasar por la inclusión de Dª Natalia en dicha relación con efectos desde 18 de octubre de 2013 y las consecuencias inherentes a dicha inclusión entre ellos de consideración de funcionario en prácticas, cantidades devengadas y con los intereses correspondientes.

Subsidiariamente se solicita poder cubrir la vacante que se hubiera podido producir en la convocatoria 2013 para acceder como alumno a la Escuela Judicial o al Centro de Estudios o, en su defecto, para acceder a una plaza no cubierta en la convocatoria 2014."

Por Otrosí Primero solicitó el recibimiento a prueba en los siguientes términos:

"(...) Que solicito que al amparo de lo previsto en el 60 y concordantes de la LJCA el recibimiento a prueba consistente en la admisión y práctica de la documental aportada y del expediente administrativo y que versará sobre los siguientes puntos de hecho:

1. -Número de opositores convocados por los Tribunales 1 y 2 en los ejercicios 2º y 3º.

2. -Número de opositores presentados y examinados por los Tribunales 1 y 2 en los ejercicios 2º y 3º.

3. - Listas completas correspondientes a los diferentes ejercicios de la oposición.

Al amparo de lo establecido en el art 55 de la LJCA se solicitan los antecedentes correspondientes para completar el expediente administrativo y alegaciones que procedan, solicitud que esta parte considera procedente a los limitados efectos de la constatación y prueba de lo afirmado en los hechos y en los números 1, 2 y 3 de la prueba indicados anteriormente y con respeto de los derechos adquiridos.

A los efectos previstos en el artículo 301, de la LOPJ y en previsión de haberse producido alguna vacante en los términos previstos por la Ley, se solicita de la EXCMA SALA la acreditación, por parte del Servicio de Personal o Habilitación de Personal en el seno del Órgano de Gobierno de los Jueces y de la Fiscalía General, acerca de la existencia o acaecimiento de alguna vacante en la Carrera judicial o Fiscal, por fallecimiento, excedencia voluntaria o forzosa, por inhabilitación o cualquier otra causa, en el lapso temporal que medie entre la convocatoria de la oposición (2/01/2013) y la publicación de la lista de aspirantes admitidos acordada el 8/10/2013 o con posterioridad.

Mas documental consistente en la aportación en su momento la complementaria sobre los extremos anteriormente referidos."

Por Otrosí Segundo y Otrosí Tercero solicitó la celebración de vista y conclusiones.

Por Otrosí Cuarto fijó la cuantía del recurso en indeterminada.

Concedido el oportuno traslado, el Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito con sello de presentación de 9 de mayo de 2014, en el que, tras exponer los antecedentes y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó a la Sala que dictara sentencia:

"(...) declarando la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo a la demandante."

Por decreto de 12 de mayo de 2014 se fijó la cuantía del recurso en indeterminada.

Por auto de 21 de mayo de 2014 se dispuso admitir la prueba propuesta por la recurrente, la cual se llevó a cabo con el resultado que obra en autos.

Concedido a las partes el término sucesivo de diez días a fin de que presentaran sus conclusiones, la representación procesal de la recurrente y el Sr. Abogado del Estado evacuaron dicho trámite mediante escritos presentados el 29 de julio y el 16 de septiembre de 2014, respectivamente.

Declaradas conclusas las actuaciones por diligencia de ordenación de 14 de octubre de 2044 se señaló para la votación y fallo del recurso el día 30 de octubre de 2014, en que tuvo lugar su celebración, habiéndose observado en la tramitación de este recurso las prescripciones legales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil, Magistrado de la Sala.

Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de los acuerdos de 18 de octubre de 2013, de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , por el que se publica la relación de aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por acuerdo de 28 de enero de 2013 (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2013); la lista definitiva de las personas que han superado la oposición elevada por el Tribunal número 1 prevista en la base G) 2.15 de la convocatoria y el acuerdo de 28 de enero de 2013, de la Comisión de Selección, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y a la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2013), en particular las bases F) 4 y G) 2, apartados 13 y 14.

La recurrente, en los hechos de su escrito de demanda, relata los antecedentes del caso e identifica los actos recurridos que reproduce en los particulares de su interés.

En el hecho que denomina "previo" manifiesta que "(...) La demanda se presenta a los efectos del reconocimiento y reparación de la situación jurídica de la recurrente que se estima perjudicada, como consecuencia de los Acuerdos y actos recurridos, sin alteración de los derechos adquiridos por los aspirantes que constan han superado la primera fase del proceso selectivo y dada la regulación legal contenida en la LOPJ".

I).- Pone su acento en el hecho de que seis alumnos que obtuvieron en el Tribunal número 1 unas notas globales inferiores a la obtenida por ella en el Tribunal número 2 superaron la primera fase del proceso selectivo como consecuencia del incremento de las mismas, lo que considera injusto y discriminatorio; y también en la convocatoria al tercer ejercicio por parte del Tribunal número 2 de ocho opositores más que el Tribunal número 1, que considera le ha perjudicado.

Invoca a continuación el acuerdo de convocatoria del año 2014 (acuerdo de 29 de enero de 2014 de la Comisión de Selección - BOE de 31 de enero de 2014-), en particular la base G) 2. 13, que permite que en la lista general de personas que han superado la oposición, puedan existir opositores con una nota superior a otros que les precedan en dicha lista y suprime, en consecuencia, la elevación de puntuaciones prevista en la base G) 2. 14 de la convocatoria anterior, lo que según su parecer supone el reconocimiento del mantenimiento de la nota global de origen del respectivo Tribunal no permitiendo su modificación.

En los fundamentos de derecho materiales denuncia en primer lugar la vulneración por los actos impugnados del derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad de acuerdo con los principios de mérito y capacidad ( art. 23.2 CE ), a cuyo efecto invoca las sentencias del Tribunal Constitucional 67/1989, de 18 de abril ; 27/1991, de 2 de noviembre y 126/2008, de 27 de octubre .

Aduce que ello en el caso presente supone que no puede favorecerse a unos opositores frente a otros que resultan perjudicados, encontrándose todos ellos en idénticas circunstancias con las mismas bases y temario y además en el ingreso inicial por turno libre.

Insiste la recurrente que no ha sido incluida en las 50 plazas objeto de la convocatoria, pese a haber obtenido una calificación superior (64,36 puntos) a seis opositores sí incluidos en la relación final (números NUM000 ; NUM001 ; NUM002 ; NUM003 y NUM004 ) como consecuencia de la corrección al alza de sus respectivas puntuaciones y de que el Tribunal número 1 convocó para 25 plazas a menos opositores que el Tribunal número 2, lo que supone un tratamiento desigual o discriminatorio al reasignar en el segundo ejercicio a nuevos opositores de forma matemática o medial, a sabiendas de que el Tribunal número 1 había aprobado a menos opositores que el Tribunal 2.

Reconoce que el argumento de que un Tribunal ha puntuado más alto que otro no sería jurídicamente relevante, sin embargo afirma que el dato objetivo del número de opositores examinados por cada Tribunal en el tercer ejercicio tiene mayor importancia ya que afecta al reparto proporcional de las plazas, y en el caso concreto ha supuesto que asignado igual número de plazas (25) a ambos Tribunales, los opositores examinados por el Tribunal número 1 han resultado beneficiados, al serlo en un número inferior a los examinados por el Tribunal número 2, lo que supone un tratamiento desigual.

Añade la recurrente que el criterio de corrección de notas le afecta de manera determinante al excluirla de la nueva fase en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos.

Invoca la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2013 , que dice contemplar un supuesto análogo a éste, cuyos fundamentos tercero y cuarto reproduce en los particulares de su interés.

Concluye que la aplicación de los preceptos, de los principios y de la sentencia referida ha de conducir a la estimación del presente recurso a los efectos de reconocer el derecho de la recurrente a figurar en la lista definitiva de los 50 aspirantes con efectos de 18 de octubre de 2013 y las consecuencias derivadas de dicha admisión.

II).- Denuncia la recurrente en segundo lugar una nueva vulneración del principio de igualdad como consecuencia del establecimiento por parte de la Administración de diferencias carentes de justificación objetiva en el procedimiento.

Con cita del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley ( art. 14 CE ) y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 CE ); reproducción del artículo 301 de la LOPJ y 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público , en los particulares relativos a los principios de mérito, capacidad, idoneidad y suficiencia profesional, objetividad y transparencia del proceso de selección y con cita de las sentencias de esta Sala de 28 de febrero de 2011 , 18 de enero y 21 de marzo de 2012 , sostiene que tales principios no han sido respetados respecto a su persona ya que los criterios establecidos no han sido los mismos y no se ha mantenido el orden de puntuación o calificación de los Tribunales en términos absolutos variándose en la última fase la puntuación, que es donde se ha producido finalmente un criterio correctivo al alza, que ha beneficiado a los aspirantes del Tribunal 1 y perjudicado a aspirantes del Tribunal 2.

Se remite al contenido de la carta de 7 de noviembre de 2013 dirigida a la recurrente por parte del Presidente del Tribunal calificador número 1 y a lo indicado en el motivo anterior.

III).- Denuncia en tercer lugar la inadecuada coordinación de los Tribunales en la aplicación de las bases en lo que se refiere a los consagrados principios de mérito y capacidad, que se concretan en el orden por puntuación existiendo un margen interpretativo para llegar a un resultado diverso si ,en efecto, las notas podían haber sido homogéneas.

IV).- Refiere la recurrente en cuarto lugar la inaplicación del reparto equitativo del número de plazas establecido en la base F) de la convocatoria como consecuencia del distinto número de opositores convocados por cada Tribunal en el tercer ejercicio, pese a ser idéntico el número de plazas (25) asignadas a cada uno de ellos, como consecuencia del llamamiento de nuevos opositores por la admisión de diversas impugnaciones del primer ejercicio, que perjudicó a los opositores del Tribunal número 2.

Insiste nuevamente la recurrente que dada la nota obtenida, de mantenerse aquélla sin variación, debería de haber accedido a la siguiente fase entre los 50 admitidos.

V).- Finalmente en el quinto motivo invoca la recurrente la ausencia de regulación legal y la carencia de respaldo normativo de las bases impugnadas.

Aduce que los criterios aplicados establecidos en las bases recurridas carecen de regulación o soporte en normas de rango superior, e incluso entran en contradicción con los principios constitucionales anteriormente alegados y los desarrollados en el art. 301 de la LOPJ y demás legislación dictada.

Reproduce el fundamento de derecho segundo de la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2013 invocada con anterioridad, a la vista del cual concluye que la regulación de rango legal y reglamentario para el ingreso en la Carrera Judicial y en la Carrera Fiscal es mínimo, debiendo analizarse las bases y su aplicación y corregirlas si el resultado es contrario a Derecho.

Manifiesta en tal sentido que la ausencia de un desarrollo normativo no faculta para el mantenimiento y aplicación de unas bases que en la práctica han producido, en el caso que nos ocupa, un resultado lesivo en la convocatoria 2013 por la combinación del sistema de limitación de plazas, orden por Tribunal y rectificación de notas, todo ello en relación con la nota obtenida por la recurrente, con infracción de los principios constitucionales y legales citados (LOPJ y demás legislación aplicable).

Hasta aquí los motivos de impugnación que la actora expone en su demanda.

El Sr. Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso.

Niega en primer término que el sistema aplicado para fijar la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas no sea el establecido en las bases de la convocatoria.

Afirma que de los términos establecidos en el acuerdo de 28 de enero de 2013 de la Comisión de Selección del Consejo General del Poder Judicial, resulta inequívoco que el sistema aplicado en este punto coincide con el previsto, en el que se toma en consideración la clasificación de cada opositor en cada uno de los tribunales y no la puntuación especifica asignada por cada uno de ellos, a cuyo efecto cita las bases 6.2, puntos 11 y 13, que reproduce en los extremos que resultan de su interés.

Concluye por tanto que los aprobados lo son por cada uno de los Tribunales, en función del número de plazas asignadas y de la ordenación y clasificación de los aspirantes dentro de dicho tribunal.

Reproduce a continuación el punto 13 de la base 6.2 de la convocatoria e insiste en que resulta claro que la relación de aspirantes que hayan superado la oposición se realiza tribunal por tribunal, en función de las plazas asignadas a cada uno de ellos, sin perjuicio de la hipótesis de que uno o varios tribunales hubieran aprobado a un número menor de personas opositoras al de plazas inicialmente asignadas y que la integración de los opositores aprobados por cada tribunal se realiza atendiendo a la posición ordinal que a cada uno de ellos le hubiera correspondido en el respectivo tribunal.

Añade que las modificaciones incluidas en la convocatoria para el año 2014 no afectan a lo relativo a que la relación de aspirantes se efectuará tribunal por tribunal, de acuerdo con el puesto obtenido en cada tribunal y conforme al número de plazas asignadas a cada uno de ellos, como resulta con toda claridad de lo establecido en la base 6.2 puntos 11 y 13 del acuerdo de la Comisión de Selección del CGPJ de 29 de enero de 2014, estableciendo este último punto la integración en función del puesto ordinal que haya correspondido a cada candidato en su respectivo tribunal.

Defiende el defensor de la Administración en segundo lugar la legalidad del sistema diseñado por las bases de la convocatoria.

Indica que sobre esta cuestión se ha pronunciado la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2013 (recurso n° 644/2012 ), que ha analizado expresamente la misma cuestión que suscita la actual reclamante, referida en aquel caso a las bases 15 y 16 de las oposiciones convocadas por acuerdo de la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal de 26 de marzo de 2009 (BOE de 3 de abril), llegando a la conclusión de la plena legalidad y corrección del sistema establecido.

Señala como la base 15 de la convocatoria allí analizada, cuyo contenido reproduce, recogida también en la convocatoria a la que se refiere el presente recurso, establece el principio de que la determinación de los opositores aprobados se realizará por cada tribunal en función del respectivo orden obtenido y teniendo en consideración el número de plazas asignadas a cada uno de ellos, sistema que resulta expresamente aceptado como razonable por la citada sentencia del Tribunal Supremo, que reproduce en los particulares de su interés.

Manifiesta no obstante que la referida sentencia no alcanza esa misma conclusión respecto de la base 16 relativa a la integración de los aspirantes seleccionados, que carece en el informe de la Escuela Judicial de ningún elemento sobre su razonabilidad y cuyo alcance es enormemente limitado, ya que solo contempla el ajuste de la puntuación final en la previsión de que el orden no coincida con el de la puntuación obtenida, considerando la sentencia que dicho ajuste no puede considerarse ajustado a derecho, pues encierra en su aplicación un incremento de puntuación sin la necesaria cobertura.

Sostiene el defensor de la Administración que esta cuestión es totalmente ajena a la que aquí se discute, en la que no se plantea la integración de los aspirantes seleccionados, sino la determinación de quiénes deben de ser éstos, extremo sobre el que, insiste, la sentencia de 3 de octubre de 2013 , declara la corrección y razonabilidad del sistema previsto, que atiende al puesto logrado en cada tribunal, de manera que quedaría fuera de la lista quien, con independencia de su calificación, ocupase un lugar en la relación de su Tribunal que exceda del asignado como máximo a cubrir por cada uno, aunque su puntuación sea superior a la de otros que figuren como aprobados en la relación de otro Tribunal calificador.

Son antecedentes de interés para la resolución del recurso, cronológicamente ordenados, los siguientes:

1. ) Dª Natalia , parte demandante en el actual recurso, tomó parte en las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 28 de enero de 2013, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la provisión de 50 plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y a la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2013).

2. ) Según el acuerdo de convocatoria (folios 1 a 29 del expediente administrativo), de las 50 plazas convocadas, 35 correspondían a plazas de alumnos/as de la Escuela Judicial y 15 a plazas de alumnos/as del Centro de Estudios Jurídicos, y de ellas tres se reservaban para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

   El proceso selectivo consistía [base A) apartado 1] en la superación de una oposición libre y un curso teórico práctico a seguir en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos.

   La fase de oposición constaba de tres ejercicios teóricos, todos ellos de carácter eliminatorio [base G)1.1], siendo el primero de ellos de carácter escrito y el segundo y tercero de carácter oral, constituyendo la puntuación global obtenida por cada persona opositora la suma de las calificaciones obtenidas en los ejercicios segundo y tercero [base G) 2.10].

3. ) Por acuerdo de 3 de abril de 2013 de la Comisión de Selección prevista en el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 84, de 8 de abril), se aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos para tomar parte en el proceso de referencia, y se nombró el Tribunal calificador número 1. El número de opositores admitidos definitivamente al proceso selectivo fue de 3925 (Anexo I de los acompañados al oficio remitido por el Consejo General del Poder Judicial de 3 de julio de 2014 -fase de prueba-).

4. ) De ellos 474 opositores superaron el primer ejercicio de la fase de oposición. Tras la resolución de las impugnaciones formuladas contra la calificación del primer ejercicio, el número de opositores que lo superaron fue de 498 (Anexos I y II de los acompañados al oficio remitido por el Consejo General del Poder Judicial de 3 de julio de 2014 -fase de prueba-).

5. ) De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 304 de la LOPJ y lo dispuesto en la base F) apartado 4) de la convocatoria por acuerdo de 29 de abril de 2013, de la Comisión de Selección (BOE núm. 105, de 2 de mayo), se publicó la relación de aspirantes que superaron el primer ejercicio, y visto el número de candidatos que llevarían a cabo el segundo, se procedió al nombramiento del Tribunal calificador número 2.

6. ) A cada uno de los dos Tribunales calificadores se les asignaron 25 plazas de las 50 del proceso selectivo (folio 35 del expediente).

7. ) Para la celebración del segundo ejercicio se asignó a cada uno de los dos Tribunales calificadores 249 opositores, distribuyéndose entre ellos por igual (a razón de 12) los 24 opositores que superaron el primer ejercicio como consecuencia de la resolución de las impugnaciones formuladas contra el mismo.

   Coincide también el número de opositores dispensados de la realización del segundo ejercicio asignados a cada uno de los referidos Tribunales (a razón de 24).

   De los 225 opositores efectivamente convocados por cada Tribunal a la realización del segundo ejercicio, lo superaron 80 en el caso del Tribunal número 1 (56 aprobados, más 24 dispensados) y 88 en el del Tribunal número 2 (64 aprobados, más 24 dispensados). [Anexos II y IV de los acompañados al oficio remitido por el Consejo General del Poder Judicial de 3 de julio de 2014 -fase de prueba-].

8. ) El número de aprobados en el tercer ejercicio de la fase de oposición fue de 34 opositores en el caso del Tribunal número 1 y de 36 opositores en el caso del Tribunal número 2 [Anexos III y V de los acompañados al oficio remitido por el Consejo General del Poder Judicial de 3 de julio de 2014 -fase de prueba-].

9. ) Terminada la fase de oposición [base G) 2.11], el Tribunal calificador número 2, ante el que actuó la ahora recurrente, confeccionó la relación de las personas aspirantes que aprobaron los tres ejercicios ordenada en función de la puntuación global obtenida, ocupando la Sra. Natalia el número NUM005 de orden, con una puntuación global de 64,36 puntos (folio 39 del expediente).

10. ) En la relación de aspirantes que aprobaron los tres ejercicios de la fase de oposición confeccionada por el Tribunal calificador número 1 de acuerdo con los criterios establecidos en la base G) 2.13 de la convocatoria, la recurrente ocupó el puesto número NUM006 (folio 41 del expediente), lo que determinó su exclusión de la lista general de personas que superaron la oposición al no poder incluir en ningún caso un número de personas superior a las plazas convocadas, que eran 50 en total.

11. ) La relación definitiva de aspirantes que superaron la primera fase de las pruebas selectivas fue publicada por acuerdo de 18 de octubre de 2013 de la Comisión de Selección (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2013) -folio 43 del expediente-.

Planteado el debate en los términos que resultan de los precedentes fundamentos, la cuestión que en el actual recurso se somete a la decisión de la Sala viene constituida en definitiva por la necesidad de determinar si se ha vulnerado el derecho de la recurrente a acceder a la función pública en condiciones de igualdad de acuerdo con los principios de mérito y capacidad como consecuencia de la aplicación de las bases F) 4 y G) 2, apartados 13 y 14, del acuerdo de 28 de enero de 2013, de la Comisión de Selección, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez y a la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal (BOE núm. 27, de 31 de enero de 2013), en las que tomó parte la Sra. Natalia .

El contenido de las citadas bases es el siguiente:

" F) Tribunal calificador.

4. La Comisión de Selección podrá nombrar varios Tribunales calificadores para la evaluación de los ejercicios orales en función del número de aspirantes, distribuyendo equitativamente entre los mismos el número de personas opositoras y de plazas convocadas, salvo quienes participen por el turno de reserva para personas con discapacidad, que serán todas examinadas por el Tribunal calificador número 1. En tal caso, todos los Tribunales calificadores actuarán bajo la dirección y coordinación del Tribunal designado en primer lugar, al que corresponderá como Tribunal número 1 la resolución de cuantas consultas, interpretaciones o criterios de valoración y unificación puedan plantearse por los restantes Tribunales, los cuales, sin embargo, actuarán con autonomía en cuanto a la selección de las personas opositoras que les correspondan. A tal efecto, los presidentes o las presidentas de los Tribunales calificadores serán convocados por el presidente o la presidenta del Tribunal número 1 para la adopción de los acuerdos pertinentes que garanticen la unidad de actuación de los Tribunales, en lo que se refiere al desarrollo del proceso selectivo. Los Tribunales con numeración impar serán presididos por un Magistrado o una Magistrada del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia y los de numeración par por un Fiscal o una Fiscal de Sala o del Tribunal Supremo o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia. La composición, proposición y nombramiento de estos Tribunales respetará lo establecido en los preceptos anteriores."

   " G) Proceso selectivo.

   G.2 Desarrollo de la oposición.

13. Recibidas las listas, el Tribunal número 1 procederá a confeccionar la lista general de personas que han superado la oposición, sin que en ningún caso pueda incluir un número de personas superior al total de plazas que hubieran sido convocadas.

    Para la confección de la lista general se comenzará por las personas opositoras números 1 de cada Tribunal, ordenados según la puntuación obtenida, decidiendo los empates acudiendo a la nota obtenida por las personas empatadas en el primer ejercicio, en su defecto, por la obtenida en el segundo y, en último término, por sorteo entre los interesados; a continuación, se colocarán las personas aprobadas en segundo lugar, ordenados según el mismo criterio, y así sucesivamente hasta la formación completa de la lista.

    La relación final de personas que han superado la oposición deberá incluir al menos tres personas procedentes del turno de reserva para personas con discapacidad, siempre que hubieran superado los tres ejercicios del proceso, aunque para ello se haya de desplazar a aspirantes del turno libre con mejor nota final.

14. Para ajustar las puntuaciones a los puestos obtenidos de tal manera, y corregir las diferencias de criterio en el caso de que el orden en dicha lista no coincida con el orden en la puntuación obtenida, se adecuarán las puntuaciones, elevándolas en los casos en los que resulte procedente para que ninguna persona opositora tenga una puntuación inferior o igual a la de quien le siga en la expresada lista general."

La cuestión apuntada en el precedente fundamento, en relación con unas bases de contenido idéntico a la base G) 2. 13 y 14 aquí impugnada, fue analizada en la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2013 (RCA nº 644/2012 ) citada por ambas partes litigantes, si bien mientras que en aquel caso se cuestionaba el escalafonamiento de las contendientes tras la superación de la totalidad del proceso selectivo para el ingreso en la Carrera Judicial, en el caso actual la controversia se produce en un momento anterior, como es el de la confección de la lista general de las personas que superaron la fase de oposición, circunstancia diferenciadora que justifica la respuesta parcialmente distinta que la Sala debe dar al supuesto presente, especialmente en el particular relativo a la base G) 2.14 aquí impugnada.

Señalamos en la citada sentencia (FD 2º) cómo las bases de la convocatoria de la oposición constituyen la única regulación a considerar para resolver las controversias surgidas en el procedimiento de ingreso en la Carrera Judicial, ante la ausencia en la LOPJ y el Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011, aplicable aquí por razón del tiempo, de previsión alguna sobre el sistema y criterios de puntuación, y lo que es más importante sobre los criterios de homogeneización de puntuaciones en caso de constitución de varios tribunales, punto este último que calificamos expresamente "de máxima trascendencia para la garantía de la igualdad de acceso a la función pública, que, tratándose del acceso a la Carrera Judicial, es de especial imperiosidad".

En este caso, como en aquél otro, existe un marco de mínima regulación de rango legal y reglamentaria del ingreso en la Carrera Judicial, en el que debe analizarse el alcance jurídico de las bases F 4) y G) 2, apartados 13 y 14 impugnadas, para decidir si su aplicación puede justificar, desde la clave constitucional y legal del mérito, el resultado que la recurrente cuestiona.

Dicho resultado viene constituido, según explica la Sra. Natalia , por el hecho de que una opositora (ella misma) que obtuvo en la fase de oposición, ante el Tribunal calificador número 2, una puntuación global de 64,36 puntos, se ve postergada en la lista general de personas que han superado la oposición por seis opositores que obtuvieron, ante el Tribunal calificador número 1, una puntuación global inferior a la suya, como consecuencia en el caso de cinco de ellos de la rectificación al alza de la puntuación real obtenida, lo que originó su exclusión.

Digamos ya que toda la argumentación de la parte demandante arranca de una idea equivocada, porque no es cierto que su exclusión se produjera como consecuencia de la rectificación al alza de la puntuación real obtenida por otros opositores, sino que se produjo en un momento anterior, al no estar ella incluida -comparando todas las notas reales del Tribunal nº 2- entre los 25 primeros aprobados en ese Tribunal.

No fué el sistema de ensamblaje de los aprobados en los dos Tribunales (que fue, en efecto, por puesto en cada Tribunal y no por notas) lo que excluyó a la actora, sino el hecho cierto e indiscutible de que ella, antes de esa mezcla, sacó el nº NUM005 en su Tribunal, es decir, fuera de los 25 primeros.

Y ese sistema de colocación de los aprobados en la lista común no por notas sino por puesto (en primer lugar, los números 1 de cada Tribunal, en segundo lugar, los números 2 de cada Tribunal, etc.) es el que prescribe la Base 6.2.13, párrafo segundo, de la convocatoria, que fué considerado conforme a Derecho por nuestra sentencia de 3/10/2013 .

Y a propósito de ese sistema de homogeneización diremos lo siguiente: la existencia de dos Tribunales, con la necesaria subjetividad que la actividad calificadora conlleva, hace necesaria la aplicación de una homogeneización, y la elección del sistema de aprobación por puesto obtenido en cada Tribunal y no por nota (sistema por puesto que es el aquí aplicado, y el que prescribía también el art. 29.2 del Reglamento de la Carrera Judicial nº 1/1995, de 7 de Junio , aquí no aplicable por razones temporales, al serlo el Reglamento 2/2011, de 28 de Abril), es razonable y no discriminatorio.

En consecuencia, la operación de elevación de la nota global a determinados opositores resulta inocua para la actora, ya que ella había sido ya antes implícitamente excluida en la confección de la lista de aprobados del Tribunal nº 2, al no estar, por nota de ese Tribunal, entre los 25 primeros, sino en el nº NUM005 ; de forma que aunque la actora aprobara en el Tribunal nº 2 los tres ejercicios (como otros 10 opositores, que también excedían de los 25 primeros), del hecho de tener el nº NUM005 se deducía necesariamente que no iba a encontrarse en la lista final conjunta de los dos Tribunales, pues sólo podían ser llamados a la fase de Escuela Judicial los 25 primeros de cada Tribunal, con independencia de la nota. Así se comprueba de forma clara que la elevación al alza de la nota de ciertos opositores no afectó ya a la actora, que repetimos, había quedado implícitamente excluida al obtener un número que excedía de los 25 primeros de su Tribunal.

El efecto que puede producir este sistema (a saber, existir opositores de un Tribunal que tienen mejor puesto que otros que tienen la nota más alta) es inherente al sistema de homogeneización utilizado, y es el previsto en las Bases de la oposición, (por cierto, previamente conocidas por la interesada); resultando ser un criterio razonable para confeccionar la lista definitiva con la mezcla de los resultados de los dos Tribunales, por puesto y no por nota; cuyo sistema (base G.2-13, párrafo segundo de la convocatoria) fué considerado conforme a Derecho por la sentencia de 3 de Octubre de 2013 , como también hemos dicho más arriba.

Por lo demás, dejando aparte la doctrina general que incorpora (y a que después nos referiremos), la citada sentencia se ocupa de un caso concreto distinto en todo al que ahora estudiamos. En efecto, en aquél caso el problema estaba planteado entre opositores que habían aprobado los tres ejercicios de la oposición y también el curso en la Escuela Judicial (no discutiéndose la homogeneización por puesto y no por nota, sino sólo la elevación de ésta), es decir se trataba de opositores que se encontraban dentro del cupo de plazas a cubrir por cada Tribunal, mientras que en este caso, repetimos una vez más, la actora se encontraba ya fuera de cupo del Tribunal nº 2, al tener el nº NUM005 .

Afirmamos en el fundamento tercero de esa sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2013 la justificación y razonabilidad de la base I.15, allí enjuiciada, de contenido idéntico a la base G) 2.13 impugnada en el actual recurso, a causa de la necesidad de homogeneizar las notas o puntuaciones de los distintos Tribunales calificadores en los siguientes términos:

" Las anteriores razones del informe trascrito tratan de justificar la homogenezación que se establece en la Base I.15ª, por la existencia de distintos Tribunales Calificadores y no de uno sólo, debido a la gran cantidad de opositores y que de esa existencia, se derivaría la necesidad de corregir las distintas apreciaciones de los mismos, partiendo de la presunción de que unos enjuician con mayor rigor las pruebas selectivas que otros, lo que se acreditaría por el resultado medio de las calificaciones de cada Tribunal Calificador.

Por eso, aún sin contar con cobertura normativa, en virtud de la Base 15 son ordenados los opositores, no por la puntuación obtenida en cada Tribunal, sino por el puesto logrado, con la consecuencia de que quedarán fuera de la lista general de aprobados quienes, con independencia de su calificación, ocupen un lugar en la relación de su Tribunal que exceda del asignado como máximo a cubrir por cada uno (previsión que igualmente carece de cobertura normativa), y ello aunque su puntuación sea superior a otros que sin embargo figuran en mejor posición en la lista de otro Tribunal Calificador. Esta base por tanto, sí encierra un criterio de homogeneización pues, prescinde de la calificación obtenida, que se presume legítima, en virtud de los artículos 56 y 57 de la ley 30/1992 , al integrar las notas obtenidas en los distintos Tribunales, por el orden obtenido en cada uno. (...)."

Estos razonamientos conducen al rechazo de la tesis sostenida por la actual recurrente, pues la ordenación de los opositores por el puesto logrado en cada Tribunal, con independencia de la concreta puntuación obtenida, a que se refiere la Base impugnada, no vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución , que se afirma infringido.

Por esa razón, para superar la oposición es necesario encontrarse, en este caso, (en consonancia con lo dispuesto en el artículo 306.2 de la LOPJ que impide seleccionar un número de candidatos superior al de las plazas convocadas), entre las veinticinco mejores puntuaciones globales de cada Tribunal, no bastando con haber aprobado los tres ejercicios de que aquélla se compone; y la Sra. Natalia , ocupó el puesto número NUM005 del Tribunal número 2, sin que ninguno de los aspirantes por ella mencionados, pese a tener una puntuación global inferior a la suya, superaran el puesto número NUM007 en la relación de aspirantes confeccionada por el Tribunal número 1.

Nos resta por analizar la vulneración del mismo derecho fundamental antes referido como consecuencia del mayor número de aprobados y examinados por parte del Tribunal número 2.

Las alegaciones de la recurrente sobre el particular carecen de la trascendencia jurídica que ésta pretende anudarles.

El relato de antecedentes efectuado en el precedente fundamento cuarto, especialmente en sus apartados 5º) a 8º), evidencia que se respetó el principio de distribución equitativa del número de opositores y plazas convocadas establecido en la base F) 4 de la convocatoria para el momento previo a la celebración de los ejercicios orales del proceso selectivo (el segundo y el tercero), al ser idéntico el número de unos y otras asignados a cada Tribunal, lo que incluye el número de opositores admitidos a la celebración del segundo ejercicio de la fase de oposición como consecuencia de la resolución de las impugnaciones planteadas en relación con el primero, y el número de los dispensados de su realización [apartado 7º)].

Y debe tenerse presente que si bien es verdad que el Tribunal nº 2 (que corresponde a la interesada) examinó a mas opositores que el Tribunal nº 1 (en concreto en aquél aprobaron el segundo ejercicio 88 opositores por 80 en el nº 1, que pasaron al siguiente ejercicio tercero), es lo cierto también que el Tribunal nº 2 aprobó también a más opositores en ese tercer ejercicio, (a saber, 36 frente a 34).

Cuestión distinta a la anterior es que como consecuencia del propio desarrollo del proceso selectivo y gozando cada uno de los Tribunales calificadores, según dispone expresamente la base analizada, de autonomía en cuanto a la selección de las personas opositoras que les correspondan, cada uno de ellos, tras la celebración del segundo y del tercer ejercicio aprobaran a un número distinto de aspirantes, aspecto este que sólo podría tener trascendencia jurídica en el caso de que se cuestionara la utilización por cada uno de ellos de distintos criterios de valoración o una desigual aplicación de las bases, lo que aquí no sucede, centrándose la argumentación de la recurrente sobre el particular en el hecho de haber sido excluida de la lista general de personas que superaron la oposición pese a haber obtenido en el Tribunal número 2 una puntuación global superior a la de otros aspirantes procedentes del Tribunal número 1 sí incluidos en aquélla, cuestión que ya hemos analizado y resuelto en sentido contrario a la tesis de la recurrente.

Resta añadir a todo lo anterior un dato de gran importancia, cual es que no existe en las bases previsión alguna que autorice, fuera del momento inicial, establecido en la base F) 4 de la convocatoria, sucesivos repartos de los aspirantes o de las plazas convocadas con base en el número de aprobados que lleve cada Tribunal, como parece postular la recurrente en su demanda.

Y respecto de la alegada falta de coordinación entre los Tribunales 1 y 2 que actuaron en estas pruebas selectivas, (condición exigida por la Base F.-4 de la convocatoria), debemos consignar que esa condición se refiere a procurar "la unidad de actuación de los Tribunales, en lo que se refiere al desarrollo del proceso selectivo" , lo cual no podrá perjudicar a la autonomía de cada Tribunal "en cuanto a la selección de las personas opositoras que les corresponda" . De forma que la necesaria coordinación no puede suponer una limitación de la potestad de cada Tribunal para calificar a sus opositores (según las normas establecidas) ni puede llegar a alterar el orden de los mismos en el momento en que cada Tribunal confeccione la lista referida en la Base G.2-12, (que sí es por orden de nota), en la cual la actora resultó tener el nº NUM005 ; la elevación posterior de puntuación es problema distinto (regulado en la Base G.2-13 y 14) y que afecta sólo a los primeros 25 opositores de cada Tribunal.

Procede, en atención a todo lo expuesto, desestimar el recurso contencioso- administrativo, con imposición de las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido por el artículo 139.1 de la LJCA . A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala como cifra máxima que puede reclamar la parte demandante por todos los conceptos la de 3.000 euros. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,