STS 525/2014, 31 de Octubre de 2014

Tramitación en primera instancia

1. La procuradora Mª del Mar Rodríguez Gil, en nombre y representación de Jenaro , interpuso demanda de juicio ordinario sobre protección del derecho al honor ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 59 de Madrid, contra la sociedad editora del periódico "Marca" y Feliciano , para que se dictase sentencia:

"por la que se condene al demandado a que abonen a D. Jenaro la cantidad de 75.000 € (setenta y cinco mil euros), en concepto de indemnización por los daños morales sufridos, todo ello con apercibimiento de que no se reincida en intromisiones ulteriores que lesionen el honor del Sr. Jenaro y rectificación de la noticia en el diario Marca en la misma página y con la misma extensión, más costas y gastos de este juicio.".

2. El procurador José Luis Ferrer Recuero, en representación de Feliciano , contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que desestima la demanda presentada contra Don Feliciano al constatarse la ausencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, al tratarse de un ejercicio constitucionalmente legítimo del derecho a la libertad de información, y todo ello con expresa imposición en costas a la parte demandante.".

3. El procurador José Luis Ferrer Recuero, en representación de la entidad Unidad Editorial, S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

"por la que desestime la demanda presentada contra Unidad Editorial por falta de legitimación pasiva y subsidiariamente desestime la misma entrando en el fondo al constatarse la ausencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, al tratarse de un ejercicio constitucionalmente legítimo del derecho a la libertad de información, y todo ello con expresa imposición en costas a la parte demandante.".

4. El Juez de Primera Instancia núm. 59 de Madrid dictó Sentencia con fecha 6 de junio de 2011 , con la siguiente parte dispositiva:

"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Rodríguez Gil en representación de D. Jenaro debo condenar y condeno a D. Feliciano a que abone al demandante la cantidad de seis mil euros en concepto de indemnización por daño moral sufrido, con apercibimiento de que no reincida en intromisiones ulteriores que lesionen el honor del Sr. Jenaro y sin que haya lugar a efectuar expreso pronunciamiento sobre costas. Por su parte, desestimando la demanda formulada por el Procurador Sra. Rodríguez Gil en representación de D. Jenaro contra la mercantil Unidad Editorial S.A., debo absolver y absuelvo en la instancia a dicha codemandada, condenando a la demandante al abono de las costas procesales irrogadas a la misma en la tramitación del procedimiento en esta instancia.".

Tramitación en segunda instancia

5. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones respectivas de Jenaro y Feliciano .

La resolución de este recurso correspondió a la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de 30 de abril de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLO: La Sala, desestimando el recurso de apelación, interpuesto por el Procurador D. José Luis Ferrer Recuero, en representación de D. Feliciano , y estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por el Procurador D. Esteban García Castellano, en representación de D. Jenaro , contra la sentencia dictada en fecha 6 de junio de 2011 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid , en autos de juicio ordinario nº 1453/2010, acuerda revocar dicha resolución en los siguientes términos: 1.-Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Esteban García Castellano, en representación de D. Jenaro , como actor, contra D. Feliciano , como demandado; se condena al demandado a abonar al actor la cantidad de 30.000 € en concepto de indemnización por el daño moral sufrido. 2.-Confirmando al sentencia de instancia en el resto de sus pronunciamientos. Con imposición a D. Feliciano de las costas procesales causadas en esta instancia por el recurso de apelación que él interpuso, no efectuándose pronunciamiento con respecto a las costas originadas por la apelación formulada por D. Jenaro .".

Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

6. El procurador José Luis Ferrer Recuero, en representación de Feliciano , interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 10ª.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"1º) Infracción del art. 24.2 de la CE , derecho a un proceso con las debidas garantías en relación a la exigencia valorativa impuesta por el art. 326 de la LEC .".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 20.1 d) de la Constitución Española , y del art. 7.7 de laLO 1/1982 de 5 de mayo .2º) Infracción del art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo , en relacióncon el art. 20.1 d) de la Constitución Española .".

Por diligencia de ordenación de 29 de junio de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 10ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente Feliciano , representado por el procurador Luis Villanueva Ferrer; y como parte recurrida Jenaro , representado por el procurador Esteban García Castellano. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y no se ha personado ante esta Sala la entidad Unidad Editorial S.A.

Esta Sala dictó Auto de fecha 12 de febrero de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:

"Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Don Feliciano contra la sentencia dictada, en fecha 30 de abril de 2012, por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 10ª) en el rollo de apelación nº 799/2011 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1453/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid.".

Dado traslado, la representación procesal de Jenaro y el Ministerio Fiscal, presentaron respectivos escritos de impugnación a los recursos formulados.

Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de septiembre de 2014, en que ha tenido lugar.

Con fecha 10 de septiembre de 2014 se dictó providencia por la que se inadmitía el escrito y documental presentada por la representación procesal de Feliciano .

Con fecha 23 de septiembre de 2014, el procurador Luis de Villanueva Ferrer, en representación de Feliciano , interpuso recurso de reposición contra la providencia anteriormente mencionada.

Dado traslado, el procurador Esteban García Castellano, en representación de Jenaro , presentó escrito de oposición al recurso de reposición formulado de contrario.

La sentencia no se ha dictado en el plazo establecido por estar en trámite el mencionado recurso de reposición.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

i) En el periódico Marca del día 23 de enero de 2010, se publicó un artículo, firmado por Feliciano , en el que se relacionaba a Jenaro con la Camorra napolitana. El artículo, que ocupaba la parte superior de la página 13, se acompañaba de una fotografía en la que, en lo que parecía ser una mesa de un restaurante, aparecían posando, sentados, el demandante y el futbolista Cesareo . Esta fotografía se publicó con el pie « Cesareo con un capo de la Camorra».

El tenor literal del artículo era el siguiente:

"Además de dinero en efectivo, bastantes armas y diversos documentos comprometedores, los miembros de la Camorra -el nombre que toma la mafia en Nápoles y sus alrededores-, guardaban en sus escondites secretos como oro en paño las fotos que se habían realizado junto a sus ídolos del mundo del fútbol.

Entre los jugadores de relumbrón con los que los capos de la Camorra se habían inmortalizado aparecen dos ex futbolistas del Real Madrid: el lateral brasileño Cesareo y el central italiano Fernando , un futbolista nacido precisamente en la ciudad de Nápoles.

En la prensa italiana se publicaron ayer algunas de las imágenes encontradas durante las redadas realizadas por los Carabinieri contra los jefes de la Camorra en Nápoles. En alguna de estas fotografías se ve a los mafiosos junto a los citados futbolistas en un restaurante, como si fueran unos aficionados más que se querían hacer una foto.

Ni que decir tiene que ni Cesareo ni Fernando tenían la más remota idea de con quién se estaban fotografiando. Ambas imágenes se tomaron en la capital de España en la temporada en que ambos futbolistas coincidieron en el Real Madrid -96/97, con Melchor de entrenador-y las ha publicado Il Messaggero de Roma.

Estas fotografías, que jugadores como Cesareo , Fernando o incluso una de las estrellas del Nápoles, el eslovaco Sixto , se hacían sin tener conocimiento de que el hincha era un criminal, eran consideradas un verdadero tesoro para estos mafiosos, que las llevaban consigo durante huidas y de escondite en escondite. De ahí que hayan sido encontradas por la policía italiana entre las pertenencias que la Camorra mantenía ocultas»

ii) En el diario del sábado 30 de enero de 2010, en la parte inferior de su página 12, se publicó la siguiente rectificación:

MARCA RECTIFICA. Cesareo , CON UN AFICIONADO.

No era un miembro de la Camorra

H.C.

En nuestra edición del pasado sábado día 23 apareció reproducida por error una fotografía de Cesareo cuyo pie de foto describía que posaba junto a un capo de la Camorra, la mafia de Nápoles, cuando en realidad era un aficionado madridista dueño del restaurante donde fue tomada la instantánea.

MARCA se hizo eco de la información que aparecía publicada en el prestigioso rotativo italiano Il Messagero

.

El artículo se acompañaba de la misma fotografía antes descrita, pero con un pie de foto diferente en el que se podía leer: « Cesareo , junto a un aficionado madridista en el restaurante de éste».

2. Jenaro interpuso demanda de protección de su derecho al honor contra Unidad Editorial, S.A., entidad editora del diario «Marca» , y contra el periodista que firmó el artículo, Feliciano . En la demanda solicitaba una indemnización de 75.000 euros por los daños morales sufridos, con apercibimiento de no reincidir en intromisiones posteriores, y la rectificación de la noticia en el citado diario, en la misma página y con la misma extensión.

En apoyo de sus pretensiones, el demandante adujo, en síntesis, que las imputaciones que se hacían en el artículo, en las que se usaron calificativos dirigidos al demandante (cuyo nombre sin embargo no se dio en la citada información) como «capo de la Camorra» o «criminal» y en las que se le acusaba de tener bajo su poder armas, documentos comprometedores y dinero en efectivo, eran objetivamente ofensivas, insultantes para su persona, en tanto que suponían implicarle en una organización criminal como la mafia. Se trataba de acusaciones completamente falsas (inveraces) y por tanto, no amparadas por la libertad de información, por ser el demandante en realidad un conocido empresario en el mundo de la restauración, que solo trataba de complacer a su fiel clientela y de mantenerse bien relacionado socialmente en beneficio de su negocio. Añadía que el demandado Sr. Feliciano había desaprovechado la oportunidad de rectificar al hacerlo en la edición del día 30 de enero de 2010 mediante un escrito de 14 líneas (frente a las 61 del artículo anterior) y con una dimensión y resalte menor, y que tampoco el periódico se había brindado a paliar o indemnizar el daño ocasionado a pesar de la repercusión mediática de la noticia.

En su defensa el demandado Sr. Feliciano alegó que el artículo debía enmarcarse en el legítimo ejercicio de la libertad de información. Por su parte, la mercantil Unidad Editorial S.A., excepcionó falta de legitimación pasiva ad causam , y, en todo caso, y en cuanto al fondo, la ausencia de intromisión ilegítima en el honor del actor por entender que el artículo estaba amparado por la libertad de información, en concreto, por tratarse de una información veraz y de un reportaje neutral en el que se habían limitado a hacerse eco de una información aparecida en medios de comunicación italianos tras una redada policial, sin mencionar el nombre del demandante ni el de su restaurante, entendiendo también excesiva la cuantía de la indemnización solicitada.

3. El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda con relación con el demandado Sr. Feliciano , a quien condenó por la intromisión ilegítima en el honor del actor a satisfacer una indemnización de 6.000 euros, y absolvió a la codemandada Unidad Editorial, S.A. Sus razones fueron, en síntesis, las siguientes: i) se aprecia falta de legitimación pasiva de Unidad Editorial S.A. porque no es esta la editora del diario «Marca» sino la mercantil Unidad Editorial Información Deportiva, S.L.U.; ii) el autor de la información omitió la diligencia en su comprobación que resultaba exigible a un profesional (más aun, ante la gravedad de los calificativos y de las imputaciones realizadas), al limitarse a publicar una fotografía con la imagen del demandante con la excusa de que había sido publicada en otros medios de comunicación italianos, lo que no consta que así fuera (porque el oficio dirigido al diario «Il Messagero» acredita que este medio no publicó en papel fotografía alguna o información relativa a lo que fue objeto del artículo controvertido) y sin contrastar mediante fuentes fidedignas -como la propia policía italiana-, si dicha foto estaba o no referida a la investigación contra la mafia napolitana que se estaba llevando a cabo por tales funcionarios, conteniéndose en el artículo vagas referencias a fuentes extranjeras; iii) no es obstáculo para apreciar la intromisión ilegítima la circunstancia de que en el artículo no se mencionase al demandante por su nombre ni el de su establecimiento ya que la fotografía que ilustra la noticia y el texto de la misma se interrelacionaban para formar un todo, tratándose de una información inveraz en lo esencial; iv) tampoco es óbice la rectificación posterior por insuficiente ya que no todos los lectores del artículo ofensivo tuvieron la posibilidad de leer la rectificación; v) de acuerdo con los criterios de valoración del art. 9.3 Ley 1/82 , la indemnización se fija en

6.000 euros por falta de prueba del beneficio del causante del daño, porque la información fue rectificada mediante un artículo de relevancia similar y porque, desde la óptica de su gravedad, aunque se alegaron perjuicios tanto personales como patrimoniales (pérdida de clientes del restaurante, desconfianza de entidades bancarias), no consta prueba ni de estos ni de los perjuicios morales causados a los miembros de su familia, siendo dicha suma suficiente para compensar los daños morales del ofendido.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación del demandado y estimó en parte el deducido por el demandante. Revocó en parte la sentencia apelada en el sentido de incrementar la indemnización del daño moral hasta la suma de 30.000 euros, sobre las base de las siguientes razones: i) de acuerdo con la doctrina sobre la ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto, honor y libertades de expresión e información, el artículo litigioso constituyó una clara intromisión ilegítima en el honor de D. Jenaro al referirse a él como «un capo de la Camorra» y «criminal» , imputándole acciones de carácter delictivo; ii) aunque la noticia tuviera gran trascendencia en el ámbito deportivo por la notoriedad de los futbolistas Cesareo y Fernando , se trató de una información que no gozaba de veracidad alguna, siendo prueba de ello la rectificación de la misma siete días después; aunque en el reportaje se aludía a la publicación de la noticia en la prensa italiana, concretamente en el periódico « Il Messagero », no se entrecomillaron las frases y expresiones vertidas en este medio, siendo la referencia a dichas fuentes sumamente vaga, de tal modo que en realidad la información se ofrece por el periodista de manera «propia y personal», sin haber antes agotado los medios a su alcance para contrastarla, máxime ante la gravedad de las imputaciones que se realizaban; iii) en cuanto a la indemnización del daño moral, se incrementa hasta los 30.000 euros por el descrédito personal (entorno familiar y social) y profesional (como dueño de un restaurante frecuentado por personas relacionadas con el club de fútbol «Real Madrid» ) que supuso la publicación de una noticia con imputaciones tan graves (acusación de pertenecer a una organización delictiva) en un diario de difusión nacional y de gran relevancia y prestigio en el ámbito deportivo.

Contra esta sentencia interpuso D. Feliciano recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El Ministerio Fiscal no apoya el recurso y solicita su desestimación.

Recurso extraordinario por infracción procesal

6. Formulación del único motivo . El motivo se funda en la «Infracción de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la CE , derecho a un proceso con las debidas garantías en relación con la exigencia valorativa impuesta por el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fuerza probatoria de los documentos privados, en concreto los aportados por esta parte al escrito de contestación a la demanda bajo los ordinales núms. 3 a 8».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida ha valorado erróneamente la prueba documental, por no tomar en consideración los citados documentos de cuyo tenor resulta, en sentido contrario a las conclusiones recogidas en aquella, que las expresiones «capo de la Camorra», «jefe de la Camorra en Nápoles», «criminal» y «mafioso» , no fueron términos que se utilizaran por vez primera en el artículo litigioso ya que este se limitó a reproducir las expresiones previamente recogidas por otros medios de comunicación italianos en publicaciones que vieron la luz el día anterior a que se publicara el artículo de Marca.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

7. Desestimación del motivo . Conviene recordar que la jurisprudencia de esta Sala viene exigiendo la necesidad de indicar en la formulación del recurso en cuál de los motivos tasados se sustenta la infracción que denuncia. De ahí que, como declara la STS 59/2014, de 24 de febrero (entre las más recientes) constituya causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal ( art. 470.2 LEC en relación con art. 469.1 LEC ) la falta de indicación por el recurrente de alguno de los concretos motivos contemplados en el artículo 469.1 LEC en que puede basarse el recurso (también AATS, 10 y 17 de septiembre de 2013 ). Causa de inadmisión que además, dado el carácter provisorio del auto de admisión, permite ahora apreciarla como causa de desestimación ( SSTS 281/2012 , de 30 de abril; 699/2010, de 5 de noviembre ; 449/2002, de 17 de mayo ; 90/2007, de 1 de febrero ; 1131/2007, de 5 de noviembre ; 72/2009, de 13 de febrero ) . Esta exigencia formal debe enlazarse con la necesidad de claridad y precisión en la identificación de la infracción, que es una exigencia común tanto al recurso de casación como al extraordinario por infracción procesal, la cual se traduce, entre otras, en la necesidad de dar tratamiento separado a cada infracción mediante el motivo correspondiente ( STS 856/2009, de 11 de enero de 2010 , con cita de la 649/2005, de 20 de julio ), evitando planteamientos vagos, ambiguos o poco precisos pues no es función de la Sala averiguar donde se halla la infracción (por todas, SSTS 142/2010, de 22 de marzo ; 289/2011, de 14 de abril ; 651/2011, de 20 de septiembre ; 620/2012, de 10 de octubre y 676/2012, de 31 de octubre ).

El recurso no se ajusta a esta exigencia desde el momento que en su formulación se limita a indicar el precepto procesal infringido ( art. 326 LEC ), sin especificar el concreto párrafo, pese a que solo el primero contiene una regla de valoración probatoria, pero, sobre todo, sin hacer expresa indicación del concreto cauce o motivo del art. 469.1 LEC en el que se funda. Este aspecto es trascendente en todo caso y más concretamente, en supuestos como el presente, en el que la fundamentación del motivo revela que lo que se pretende no es otra cosa que revisar la valoración probatoria pues constituye también doctrina constante que dicha revisión probatoria solo es posible a través del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC , y no puede ampararse en cita de normas reguladoras de la sentencia ni en el correspondiente ordinal 2.º del artículo

469.1 LEC (entre muchas, SSTS 1069/2008, de 28 de noviembre ; 458/2009, de 30 de junio ; 731/2010, de 15 de noviembre y 282/2013, de 22 de abril ).

Junto a este argumento formal, existen también razones de fondo para desestimar el motivo, pues no se cumplen los requisitos que han de concurrir para que proceda revisar por esta Sala la valoración probatoria efectuada en la instancia.

Constituye doctrina reiterada que cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos fundamentales esta Sala no puede partir de una incondicional aceptación de las conclusiones probatorias obtenidas por las sentencias de instancia, sino que debe realizar, asumiendo una tarea de calificación jurídica, una valoración de los hechos en todos aquellos extremos relevantes para apreciar la posible infracción de los derechos fundamentales alegados ( SSTS, entre las más recientes, 375/2013, de 5 de junio ; 818/2013, de 17 de diciembre ; 769/2013, de 18 de diciembre y 797/2013, de 3 de enero de 2014 ). Pero esa tarea no puede prescindir de los hechos concretos de carácter objetivo que el tribunal sentenciador declara probados a través de un juicio fáctico fundado en una valoración conjunta de los medios de prueba.

La valoración probatoria solo puede excepcionalmente tener acceso al recurso extraordinario por infracción procesal por la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba o por la infracción de una norma tasada de valoración de prueba que haya sido vulnerada, al amparo del artículo

469. 1. 4.º LEC en cuanto, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, la valoración de la prueba no supere conforme a la doctrina constitucional el test de la racionabilidad exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE ( SSTS 1069/2008, de 28 de noviembre ; 458/2009, de 30 de junio ; 736/2009, de 6 de noviembre ; 713/2010, de 15 de noviembre , 785/2012, de 4 de enero ; 502/2013, de 30 de julio y 739/2013, de 19 de noviembre ; entre otras muchas). A falta de estos requisitos, la valoración de la prueba es función de la instancia y debe ser mantenida en esta sede frente a la defensa por la parte recurrente de una valoración alternativa, incurriendo en ese caso el motivo en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento del art. 473.2.2.º LEC ( STS 59/2014, de 24 de febrero ).

También constituye un criterio jurisprudencial consolidado que la valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto de los restantes medios de prueba y que una cosa es el valor probatorio de los documentos privados en cuanto a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación efectuada por la sentencia recurrida acerca del contenido de los documentos, puesto que la expresión «prueba plena» del artículo 326.1 LEC no significa que el tribunal de instancia no deba valorar el contenido de las mismas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en el conjunto de las pruebas aportadas ( SSTS 47/2012, de 17 de julio , con cita de las STSS 458/2009 . de 30 de junio y 403/2009, de 15 de junio, y 785/2011, de 27 de octubre).

A la luz de esta jurisprudencia, el motivo carece de fundamento, pues más allá del defecto formal al que se hizo referencia, de que en la formulación del recurso no se mencionara el cauce del ordinal 4º del art. 469.1 LEC lo que se pretende es sustituir la valoración conjunta de la prueba efectuada por el tribunal de apelación por las concretas conclusiones que la parte extrae a partir su propia valoración del contenido de los documentos 3 a 8 de la contestación, y todo esto, sobre un punto de partida erróneo, cual es considerar que los documentos privados no impugnados tienen valor de prueba plena, tasada y vinculante para el tribunal, o, cuanto menos, un valor superior al que resulta del resto de medios probatorios, lo que no es cierto. De esta forma, la mera alegación de la parte recurrente de que los documentos dicen otra cosa distinta de lo que entendió la Audiencia no es bastante para apreciar un patente error o una valoración arbitraria, ilógica o ilegal de la prueba practicada, además de que, en puridad, su argumentación va referida a una cuestión no procesal sino propiamente sustantiva, y por ende, objeto de examen en casación, cuál es la apreciación de la figura del reportaje neutral, para lo que se hace preciso verificar si el medio demandado se limitó a ser un mero transmisor de lo que ya aparecía publicado en otros medios, apreciación que no puede descansar únicamente en el contenido de los artículos periodísticos que se mencionan sino que también ha de depender (y así lo consideró la Audiencia) del tratamiento informativo que se haya dado a esa información previa por parte del periodista y medio demandados. Aspecto este último, que el tribunal de apelación no juzga apoyándose únicamente en tales documentos -lo que no significa que no los valorase-sino en el resto de pruebas, en particular, la valoración que le merece el tenor literal del propio texto litigioso y la falta de entrecomillados que impedían apreciar la neutralidad del informador en la comunicación de la noticia elaborada por un tercero (la razón decisoria radica en que las referencias a otros medios fue vaga y en que la falta de entrecomillados permitía entender que el Sr. Feliciano ofreció la información de manera «propia y personal» ).

En definitiva, sin perjuicio del juicio que merezca dicha apreciación, se trata de una conclusión jurídica, asentada en el conjunto de la prueba, que no puede revertirse mediante el solo intento de revisar la valoración de determinados documentos privados, además de que, por guardar estrecha relación con la cuestión de fondo (veracidad de la información y doctrina del reportaje neutral), ha de ser objeto de examen en el recurso de casación.

Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Feliciano , contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2012 por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) en el rollo de apelación nº 799/2011 , con imposición de las costas al recurrente.

Estimamos el recurso de casación interpuesto contra la referida sentencia, que dejamos sin efecto. En su lugar, acordamos la estimación del recurso de apelación en su día interpuesto por D. Feliciano contra la sentencia de primera instancia, que revocamos en el sentido de desestimar la demanda formulada por D. Jenaro .

No ha lugar a imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni las del recurso de apelación, imponiéndose las de primera instancia a la parte demandante. Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo , ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como secretario de la misma, certifico.