ATS, 15 de Octubre de 2014
| Ponente | MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH |
| ECLI | ES:TS:2014:8062A |
| Número de Recurso | 493/2014 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de octubre de dos mil catorce.
"Iniciativas Energéticas Medioambientales Dehesa de Yegua SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Bartolas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Niñas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Los Alcores SL; e Iniciativas Energéticas Qarmuna" interpuso ante esta Sala el presente recurso contencioso-administrativo número 493/2014 contra:
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El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y
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La Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Segundo.- En dicho escrito solicitó por otrosí " interesamos la paralización o suspensión en la ejecución del citado Real Decreto 413/2014 y la citada Orden Ministerial IET 1045/2014, a través del presente otrosí, adoptando la medida cautelar a que hace referencia la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, SIN FIANZA o CAUCIÓN, POR LA BUENA APARIENCIA DE DERECHO Y EL PELIGRO DE MORA PROCESAL, en la resolución del presente caso, (...) ".
Tercero.- El Abogado del Estado presentó sus alegaciones el 8 de octubre de 2014 y suplicó a la Sala acuerde "no haber lugar a la adopción de la medida cautelar que se reclama".
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. María Isabel Perelló Doménech , Magistrada de la Sala
ÚNICO.- En el presente recurso contencioso administrativo las sociedades demandantes "Iniciativas Energéticas Medioambientales Dehesa de Yegua SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Bartolas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Niñas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Los Alcores SL, e Iniciativas Energéticas Qarmuna", han solicitado mediante el correspondiente otrosí de su escrito de interposición del recurso la suspensión del Real Decreto 413/2014 y de la Orden Ministerial 1045/2014 objeto de su impugnación, sin fianza ni caución, por la razón de la "buena apariencia de derecho y el peligro de mora procesal".
En su solicitud, sin embargo, las entidades mercantiles no acompañan ningún dato ni razonamiento específico sobre el caso concreto que fundamente su petición. Las recurrentes únicamente hacen mención a la apariencia de buen derecho y a la mora procesal pero no justifican ni acreditan en forma alguna los perjuicios de imposible reparación que les sobrevendrían de la aplicación de las disposiciones impugnadas, limitándose a ofrecer una escuetísima invocación de los conceptos que hemos reseñado, lo que resulta manifiestamente insuficiente para obtener la suspensión de una disposición general, que cuenta con la presunción de legalidad mientras no se resuelva judicialmente otra cosa.
No obstante, y dado que nos hemos pronunciado en otras ocasiones sobre la suspensión del Real Decreto y la Orden impugnados, conviene hacer referencia a la argumentación jurídica que determinó el rechazo de la solicitudes de medidas cautelares análogas a la presente, que se recoge en los Autos de 8 de octubre de 2014 dictados en los recursos 428/2014 , 432/2014 y 535/2014 . En el último de los autos mencionados dijimos:
[...] No es posible acceder, en los términos con que viene formulada, a la pretensión de suspensión que la parte actora interesa en el presente litigio. La solicitud de suspensión afecta tan sólo a la "refacturación" o reliquidación que, por imperativo legal, ha de realizarse una vez entrada en vigor la Orden IET/1045/2014 y que, afirma la recurrente, supone para ella la obligación de devolver 4.282.638 euros, cuyo inmediato reintegro del saldo deudor determinará que su situación económica se haga insostenible.
Como es bien sabido, el Real Decreto-ley 9/2013 instauró un nuevo sistema retributivo para el entonces denominado "régimen especial", sistema que vino a sustituir al vigente hasta entonces, concretado -en lo que aquí importa- por el Real Decreto 661/2007 y sus modificaciones ulteriores. El Real Decreto-ley 9/2013 permitió, sin embargo ("al objeto de mantener tanto los flujos retributivos a las instalaciones como el resto de procedimientos, derechos y obligaciones") que el anterior sistema retributivo se aplicara con carácter transitorio, en tanto no se desarrollase el nuevo. Y lo hizo disponiendo que las instalaciones perceptoras recibieran liquidaciones a cuenta -al amparo del régimen transitorio- con la advertencia expresa de que, una vez aprobadas las disposiciones normativas necesarias para la aplicación del nuevo régimen económico, debían proceder a la regularización correspondiente por los derechos de cobro u obligaciones de pago resultantes de la aplicación de la nueva metodología, con efectos desde la entrada en vigor del propio Real Decreto-ley.
La concreción de estas reglas se llevó a cabo en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013 , a tenor de la cual -entre otras medidas- el organismo encargado de la liquidación debía abonar, con carácter de pago a cuenta, los conceptos liquidables devengados por las instalaciones de régimen especial, y aquellas de régimen ordinario con régimen retributivo primado al amparo de Real Decreto 661/2007 en aplicación de lo previsto en los referidos reales decretos. Más en concreto aun, las obligaciones de pago resultantes de aplicar la nueva metodología a la energía producida desde el 13 de julio de 2013 "hasta la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para la plena aplicación del nuevo régimen retributivo" han de ser liquidadas en las seis liquidaciones posteriores a la entrada en vigor de la Orden ahora impugnada.
La Disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014 trata acerca del procedimiento y demás cuestiones complementarias relativas al régimen jurídico de aquellas liquidaciones y, en particular, a las obligaciones de ingreso correspondientes a las provisionales -a cuenta- ya realizadas al amparo de la Disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 9/2013 .
Pues bien, la sede adecuada para plantear las cuestiones singulares sobre las tan citadas liquidaciones y su eventual suspensión cautelar no es, pese a lo que afirma la recurrente, el recurso en abstracto contra la disposición general (el Real Decreto 413/2014) que no hace sino dar cumplimiento al mandato legal, una vez que ha culminado el proceso de concreción del nuevo sistema retributivo, cuyo último paso es la Orden IET/1045/2014. Por el contrario, será en el curso de la impugnación singular de aquellas liquidaciones cuando, una vez precisada su cuantía y las circunstancias económicas de cada una de las empresas afectadas, podrá accederse o no a suspenderlas.
[...] No es posible, pues, una declaración de la Sala en la que se declare, a priori, la "no sujeción" de la demandante "a la obligación de abonar la reliquidación de las primas" (en estos términos se formula el suplico del otrosí de la demanda), pues se trata de una obligación precisa y directa que nace del Real Decreto-ley 9/2013. Cosa diferente es, repetimos, que se adopten medidas cautelares de suspensión de las liquidaciones singulares que le puedan ser giradas, como es habitual en los procesos contencioso-administrativos.
Al igual que hacemos en los autos de esta misma fecha resolutorios de los incidentes de suspensión de los recursos 428/2014 y 432/2014 (en ambos casos la medida cautelar se instaba tan sólo respecto de la Orden IET/1045/2014), no es ocioso añadir algunas consideraciones adicionales que pudieran, eventualmente, afectar al desarrollo ulterior de las tan citadas liquidaciones o "refacturaciones".
El grado en que la suspensión cautelar del ingreso o pago inmediato de aquellas cantidades afecta a los intereses generales no es igual que el derivado de suspender, con efectos pro futuro, la aplicación del nuevo régimen retributivo en su conjunto. El propio Abogado del Estado, aun propugnando el rechazo de ambas, distinguía en aquellos recursos entre la medida cautelar relativa a la devolución de las cantidades objeto de reliquidación, por un lado, y la consistente en suspender la Orden en su aplicación general (lo que se podría traducir en la transitoria persistencia del régimen retributivo del Real Decreto 661/2007) por otro.
La medida cautelar limitada a la suspensión de la efectividad de cada una de las liquidaciones y del subsiguiente reintegro no implicaría, en este orden de cosas, sino una demora añadida a la que ya se ha producido entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 (julio 2013) y de la Orden IET/1045/2014 (junio 2014), demora que -de acceder a la medida cautelar- se mantendría hasta la sentencia resolutoria de las pretensiones de nulidad opuestas contra las correlativas liquidaciones, que han de ser llevadas a cabo por el órgano específico al que se refiere el Real Decreto 413/2014.
En su caso, de modo particularizado y ante la existencia de graves perjuicios derivados del inmediato ingreso en efectivo de las cantidades adeudadas (lo que no necesariamente se producirá, dadas las diversas modalidades a las que se refiere la Disposición transitoria octava del Real Decreto 413/2014 , entre las que figura la compensación con los derechos de cobro devengados, y la variedad de las situaciones económicas de los afectados) podrá accederse a la suspensión de las liquidaciones una vez que quede asegurado el pago de las cantidades correlativas, esto es, que los deudores presten las cauciones o garantías de pago correspondientes a los importes liquidados.
Esta última exigencia, para el caso de adoptar la medida cautelar frente a las liquidaciones singulares emitidas por el órgano competente (al "órgano encargado de la liquidación" se refiere, repetimos, la antes citada Disposición transitoria del Real Decreto 413/2014) sería conforme con el criterio rector del artículo 133.1 de la Ley Jurisdiccional pues, en otro caso, se correría el riesgo de que la merma provisional, y meramente cautelar, de los ingresos del sistema se tradujera en pérdida definitiva. En todo caso la decisión corresponderá, como es lógico, al órgano jurisdiccional competente para controlar la adecuación a Derecho de los actos liquidatorios, una vez que se acuerden y sean ante él impugnados.
Siguiendo los criterios de la Sala anteriormente trascritos, y al igual que en dichos recursos, no ha lugar, en conclusión, a acceder a las pretensiones cautelares deducidas en este incidente, con la preceptiva condena en costas a la parte que la ha instado, conforme prescribe el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de mil euros la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte contraria.
No ha lugar a la adopción de la medida cautelar instada por "Iniciativas Energéticas Medioambientales Dehesa de Yegua SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Bartolas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Las Niñas SL, Iniciativas Energéticas Medioambientales Los Alcores SL, e Iniciativas Energéticas Qarmuna", en el presente recurso número 493/2014, interpuesto contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Con imposición de las costas de este incidente a la parte recurrente en los términos precisados en el último de los razonamientos del auto.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
