STS, 17 de Enero de 2014

Ponente:MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
Número de Recurso:3685/2011
Procedimiento:RECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución:17 de Enero de 2014
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Enero de dos mil catorce.

Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen anotados el presente recurso de casación con el número 3685/2011 que ante la misma pende de resolución interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que ostenta y las representaciones procesales de las mercantiles Zardoya Otis, S.A. y AIG Europe, contra sentencia de fecha 3 de Diciembre de 2.010 dictada en el recurso 248/2009 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Siendo parte recurrida Dña. Raquel Nieto Bolaño en nombre y representación de Dña. Virtudes y Dña. Clemencia ; D.Guillermo García San Miguel en nombre y representación de "Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A."; D.Eulogio Paniagua García en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios de la CALLE000 núm. NUM000 de Móstoles.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "Que estimando la causa de inadmisibilidad opuesta por la representación de la Comunidad de Madrid y estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de doña Clemencia y doña Virtudes contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2 de abril de 2009 que desestima su reclamación de responsabilidad patrimonial, declara el derecho de doña Clemencia a ser indemnizada en la cantidad de 260.000 euros, y de doña Virtudes a ser indemnizada en la cantidad de 330.000 euros mas los correspondientes intereses legales desde la fecha de notificación de esta sentencia. Importes a cuyo pago condenamos solidariamente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la entidad Zardoya Otis SA y a la compañía aseguradora AIG Europe. Se absuelve a la Comunidad de Propietarios del nº NUM000 de la CALLE000 de Móstoles y a Preventiva, Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A. Y sin imposición de costas a ninguna de las partes"

SEGUNDO

Notificada la anterior sentencia tanto el Abogado del Estado, como las representaciones procesales de AIG Europe, y de Zardoya Otis, S.A., presentaron escrito ante la Audiencia Nacional preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO

Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal de Zardoya Otis, S.A. por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo con fecha 29 de Junio de 2.011 interpuso el anunciado recurso de casación, con los siguientes motivos:

Primero.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1.d ) y 88.3 de la Ley 29/1988 , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, en concreto, por entender vulnerado el art. 140 de la Ley 30/92 en relación con los arts. 348 , 217 y 326 LECivil , al establecer la responsabilidad solidaria con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1.d ) y 88.3 de la Ley 29/1988 , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, en concreto, por entender vulnerado el art. 141 de la Ley 30/92 en relación con los arts. 319 , 348 y 217 LECivil , relativas a la valoración de la carga de la prueba, así como la vulneración de la Jurisprudencia aplicable al efecto, que cita en su recurso.

Tercero.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1.d ) y 88.3 de la Ley 29/1988 , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, en concreto, por infracción del art.139 de la Ley 30/92 y sentencias que cita, sobre la inexistencia de los requisitos para apreciar la responsabilidad objetiva de la Administración.

Cuarto.- Bajo el mismo amparo que los anteriores, por infracción del art. 1902 del Código Civil y jurisprudencia que cita, por entender que no existe relación de causalidad directa entre la caída del ascensor y la actuación del asegurado, ya que entiende el recurrente que la causa principal de la caída es la rotura del contrapeso en la que ninguna responsabilidad cabe atribuir a su representada.

Quinto.- Bajo el mismo amparo procesal que los anteriores, y por entender vulnerado igualmente el art. 1902 del Código civil y jurisprudencia que cita, en cuanto a la solidaridad aplicable a la responsabilidad extracontractual.

Solicitando finalmente sentencia resolviendo en los términos interesados en el recurso.

CUARTO

El Procurador de los Tribunales, D.Evencio Conde de Gregorio, en nombre y representación de AIG Europe, por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo con fecha 29 de Junio de 2.011 interpuso el anunciado recurso de casación idéntico con el interpuesto por Zardoya Otis, S.A.

QUINTO

El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, interpuso recurso de casación que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo con fecha 12 de Abril de 2.012, articulado bajo un único motivo al amparo de lo dispuesto en el art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art. 139.1 de la Ley 30/92 , en relación con el art. 1591 Código Civil y 17.1.a) de la Ley de la Edificación 38/1999, de 5 de Noviembre , por entender cesada la actividad de servicio público de la Administración respecto del proyecto e instalación del ascensor.

Solicitando finalmente la casación de la sentencia recurrida, interesando se dicte otra sentencia confirmando el acto recurrido y eximiendo de responsabilidad a la Administración.

SEXTO

Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplaza a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días, formalicen escrito de oposición.

SEPTIMO

Evacuado el trámite de oposición conferido, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación y fallo la audiencia el día 14 de Enero de 2.014, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Margarita Robles Fernandez, Magistrada de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Por las representaciones de Zardoya Otis, S.A. y AIG Europe, se interponen sendos recursos de casación, contra Sentencia dictada el 3 de Diciembre de 2.010 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que estimando la causa de inadmisibilidad opuesta por la representación de la Comunidad de Madrid y estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de doña Clemencia y doña Virtudes contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 2 de abril de 2009 que desestimaba su reclamación de responsabilidad patrimonial, se declara el derecho de doña Clemencia a ser indemnizada en la cantidad de 260.000 euros, y de doña Virtudes a ser indemnizada en la cantidad de 330.000 euros mas los correspondientes intereses legales. Se condenaba solidariamente al pago de estas cantidades al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a la entidad Zardoya Otis SA y a la compañía aseguradora AIG Europe. Se absuelve a la Comunidad de Propietarios del nº NUM000 de la CALLE000 de Móstoles y a Preventiva, Cia. de Seguros y Reaseguros, S.A.

La sentencia recurrida, tiene por probados los siguientes hechos:

" Con fecha de 28 de enero de 2005, hacia las 17 horas, las actoras tomaron el ascensor del número NUM000 de la CALLE000 de Móstoles, para dirigirse hasta el NUM001 piso y, al parar en el destino, las puertas del mismo no se abrieron y el ascensor se desplomó a gran velocidad, traspasando los amortiguadores de caída, hasta quedar incrustado en el hueco destinado a los amortiguadores.

El ascensor, propiedad de la Comunidad de Propietarios, había sido instalado en 1975, con posterioridad a que la Delegación de Industria hubiera autorizado su instalación y su puesta en marcha, de acuerdo con lo previsto en los Art. 118 y 120 del Reglamento de Aparatos Elevadores , aprobado por Orden de 30 de junio de 1966.

El ascensor no tuvo un único fabricante sino que los distintos módulos se habían fabricado por empresas distintas, encontrándose autorizado por el Ministerio a la fecha de su instalación (documento 17).

Los tipos utilizados para la fabricación del aparato fueron los ET-591 y ET-780 para el sistema de frenado, si bien para el soporte del contrapeso no se siguió tipo o prototipo alguno.

La empresa Zardoya Otis SA, era la encarga del mantenimiento del ascensor en las condiciones pactadas en el contrato suscrito entre la misma y la Comunidad de Propietarios con fecha de 24 de enero de 1991.

Contrato de mantenimiento que comprende, entre otras prestaciones, las siguientes:

- La verificación de la instalación eléctrica y órganos mecánicos de acuerdo con un programa previamente establecido que tendrá como fin el ajuste, reparación, sustitución de piezas antes de que su estado pueda ocasionar averías o anormalidades en el funcionamiento del aparato.

- Y la reparación o sustitución de piezas sujetas a desgaste cuando sea necesario para mantener la instalación en buenas condiciones de funcionamiento, incluyendo frenos y sus zapatas, poleas de cualquier tipo, dispositivos mecánicos y eléctricos de acuñamiento, aceites del circuito y lubricación, entre otros elementos.

Zardoya Otis tenía a su vez un seguro de responsabilidad civil con la empresa AIG Europe, que cubría los daños personales y materiales y los perjuicios causados a terceros durante el ejercicio de las actividades de instalación, conservación y mantenimiento, hasta un límite máximo de 10.000.000 dólares USA, y por el periodo de 1-1-2005 a 1-1-2006.

Dicha empresa de mantenimiento, el mismo día 28 de enero de 2005, por la mañana, había realizado una visita periódica de inspección rutinaria al referido ascensor (declaraciones de los operarios de Zardoya Otis, folios 49 a 54 del expediente).

El ascensor, además, había sido inspeccionado por la Inspección Técnica de la Comunidad de Madrid con fecha de 4 de agosto de 2004 cuyo resultado fue "sin defectos y queda el ascensor en servicio normal" (documento 13, folio 56).

Como consecuencia de la fuerte precipitación del mismo, las recurrentes sufrieron importantes lesiones por las que permanecieron incapacitadas durante 584 días doña Virtudes y durante 509 días doña Clemencia .".

En cuanto a la justificación de los requisitos que determinan la apreciación de la responsabilidad patrimonial, la Sala de instancia señala:

SEXTO.- Así, según resulta de tales pruebas periciales y documentales y demás material probatorio obrante en las actuaciones, considera esta Sala que concurren en el supuesto los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, al haber quedado acreditado que la precipitada caída del ascensor, que ocasiono las lesiones y secuelas por las que reclaman las demandantes, fue debida a que una de las piezas del mismo, concretamente la que unía el anclaje del cableado del aparato al contrapeso del ascensor, se fracturó literalmente. Ello se desprende con claridad del Informe Pericial del Ministerio de Fomento en el que el perito (tras haber efectuado tanto un Ensayo de carga concentrada como un Ensayo de resiliencia) manifiesta con contundencia que se fabricó una pieza que no soportaba el tiempo y la tensión concentrada siempre en el mismo punto, explicando como motivo de tal caída, la falta de placa de reparto de la carga concentrada en el anclaje del contrapeso, y la deformabilidad de la chapa, que era muy fina para el peso que tenia que soportar a diario.

No obstante, y según se desprende también del Informe del Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial (pag 3 in fine), en el accidente, además del anclaje, falló el componente de seguridad en que consiste el paracaídas, sin que el informe pericial haya determinado la idoneidad o no de ese componente. Informe que añade que los sistemas de seguridad y frenado del aparato no funcionaron, porque en caso contrario hubieran detenido el mismo evitando su precipitación.

Informe que resulta asimismo avalado por el testimonio de uno de los imputados en las diligencias penales, el operario de Zardoya Otis que se ocupaba del mantenimiento del ascensor desde hacia 10 ó 12 años, que declara que el sistema de frenado funcionó, pero las cuñas no fueron capaces de sujetar el ascensor en su caída que nunca había presentado avería grave o riesgo de precipitación (folio 49 a 54 del expediente). Y por el propio perito del Ministerio de Fomento, que también estima que el sistema de frenado algo hizo, pero no lo suficiente.

Por otra parte, tal y como resulta de la pericial practicada y contrariamente a las dudas que plantea el Informe del Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial: Tanto la similitud de la tipología de estos perfiles conformados, como su tipo de acero y el aspecto de la pintura de recubrimiento parecen indicar que ambos (de la cabina y del contrapeso) pueden responder a la misma etapa de fabricación del ascensor.

Se desprende pues de todo ello, a juicio de la Sala, la existencia del necesario nexo causal que vincula el defectuoso y peligroso estado en que se encontraba el ascensor (tanto por incluir una defectuosa pieza de fábrica, que no soportaba el tiempo y la tensión concentrada siempre en el mismo punto, como por un funcionamiento inadecuado de los sistemas de seguridad y frenado), y la precipitación de dicho ascensor desde el sexto piso, que fue la que provocó las gravísimas lesiones padecidas por las demandantes."

En cuanto al sujeto al que ha de imputarse la responsabilidad patrimonial dice:

"La responsabilidad administrativa derivada de dicho defecto de fabricación, a juicio de la Sala, es imputable al Ministerio de Industria, pues a pesar de la argumentación del Abogado del Estado (y del Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial) de que en la época de fabricación del ascensor no había obligación de homologar el mismo, ni tampoco sus piezas, se desprende de los artículos 118 a 120 del Reglamento de Aparatos Elevadores , que sí se requería la previa autorización de funcionamiento de los aparatos, que debía otorgar la Delegación Provincial, autorización que tenía que solicitar el titular, acompañando el Proyecto, proyecto que debía incluir la descripción de los elementos de que se componía el aparato, los "tipos" de entre los registrados. Además, también el articulo 114 del repetido Reglamento de Aparatos Elevadores establecía que " para que el uso de los aparatos elevadores... pueda ser autorizado, será preciso que el grupo tractor y sus mecanismos de freno, los limitadores de velocidad, los amortiguadores, los paracaídas así como las puertas con sus enclavamiento de cierre y las cerraduras y mecanismo de cierre, pertenezcan a tipos aprobados por la Dirección General de Industria". E igualmente el articulo 120.II de la misma Orden indicaba que "las Delegaciones de Industria comprobaran por su personal técnico... si la ejecución de la instalación se ajusta la proyecto presentado. En el supuesto de que el resultado de la comprobación sea satisfactorio, se autorizará la puesta en marcha, extendiéndose la correspondiente Acta"

Según acredita tanto la prueba pericial, como el Informe de la Subdirección de Calidad, e igualmente la declaración del operario de la empresa de mantenimiento que figura en las actuaciones, resulta que en la producción del evento dañoso, además del anclaje, falló el componente de seguridad en que consiste el paracaídas, en definitiva porque el sistema de frenado no funcionó correctamente, dado que las cuñas no fueron capaces de sujetar el ascensor en su caída. Era la empresa Zardoya Otis SA la encarga del mantenimiento del ascensor en las condiciones pactadas en el contrato suscrito con la Comunidad de Propietarios el 24 de enero de 1991, contrato que entre otras prestaciones, obligaba a dicha empresa a la reparación o sustitución de piezas sujetas a desgaste cuando sea necesario para mantener la instalación en buenas condiciones de funcionamiento, por lo que la misma debe también responder de los prejuicios originados por la caída del ascensor, dada su falta de diligencia en la puesta a punto del sistema de frenado, máxime cuando dicha empresa, el mismo día 28 de enero de 2005, por la mañana, había realizado una visita periódica de inspección rutinaria al referido ascensor, sin detectar anomalía alguna.

OCTAVO.- Resta por analizar la imputación en los hechos de las compañías aseguradoras, a cuyo fin es necesario traer a colación la doctrina de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (STS 19-9-2006, Rec. 4858/2002 ) a cuyo tenor la posición jurídica de la compañía aseguradora del (...) demandado en el proceso como codemandada (...) resulta incuestionable tras la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre a los Arts. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 2.e ) y 21.1.c) de la Ley de la Jurisdicción , ya se constituya por la personación en tal concepto en el proceso, en defensa de sus intereses afectados, o bien porque el perjudicadoha ejercitado la acción de reparación no sólo contra la Administración autora del acto perjudicial sino que también ha ejercitado conjuntamente la acción contra dicha aseguradora en su condición de tal y dada su responsabilidad en virtud de la Ley de Contrato de Seguro.

Lo anterior de conformidad con el Art. 73 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre , según el cual el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, responsabilidad que determina el interés de la Compañía aseguradora en el proceso, en cuanto está en cuestión la declaración del derecho a la indemnización a favor del tercero perjudicado por la actuación de la Administración, de la que la compañía debe responder solidariamente , dentro de los límites establecidos en la ley y el contrato, previéndose acción directa del perjudicado en el Art. 76 de dicha Ley ".

Doctrina cuya aplicación al supuesto de autos conlleva que haya de declararse la responsabilidad solidaria de la compañía AIG Europa, teniendo en cuenta la declaración de responsabilidad de su asegurada, Zardoya Otis SA, pero en cambio, y por las mismas consideraciones haya de declararse la ausencia de responsabilidad de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros SA, precisamente por haber sido absuelta de los hechos su asegurada, la Comunidad de Propietarios a la que pertenecía el ascensor.

Se desprende de lo hasta aquí razonado que concurren los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial tanto del Ministerio de Industria, en cuanto responsable de la autorización y puesta en marcha del ascensor, como de la empresa Zardoya Otis (y de su compañía aseguradora) en cuanto encargada del mantenimiento de dicho ascensor, pero que sin embargo no ha sido posible determinar en que grado o porcentaje intervino cada una de dichas causas, y por ende cada una de dicha entidades, en la precipitación del ascensor. En definitiva, que no existe prueba suficiente para determinar cual de las ellas es responsable, por lo que lo prudente es aplicar lo establecido en el Art. 140.2 de la repetida Ley 30/1992 , y declarar la responsabilidad solidaria del Ministerio de Industria y de la empresa Zardoya Otis."

Por último, y por lo que a la cuantificación del daño causado se refiere, se señala en la sentencia de instancia:

"En el supuesto de autos, existe conformidad entre las partes en cuanto a la entidad y determinación de los padecimientos sufridos por las actoras como consecuencia de su caída en el ascensor. Así, en lo que se refiere a los días de incapacidad temporal, a la descripción de las lesiones permanentes (tanto funcionales como estéticas) padecidas por las Sras . Clemencia y Virtudes , e igualmente a la situación de incapacidad permanente absoluta en la que ambas han tenido que ser declaradas como consecuencia de sus graves secuelas, todo lo cual consta, con detalle, en el informe medico forense que obra en el expediente administrativo y también como documentos 12 a 15 de la contestación de Zardoya..

La demanda, no obstante, no efectúa una valoración detallada de dichas secuelas y lesiones sino que tras describir las mismas reclama, para cada una de las actoras, y a tanto alzado, la suma de 600.000 euros.

De las contestaciones a la demanda, es la de Zardoya Otis (y en idénticos términos la de AIG Europe) la única que efectúa una valoración detallada de dichas secuelas, para cuya determinación atiende a las baremaciones que figuran en la Resolución de 24-1-2006, de la Dirección General de Seguros, sobre cuantía de las indemnizaciones para valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación.

Esta Sala, no obstante, conforme a lo que constituye práctica inveterada en la misma, por motivos de economía procesal y a fin de evitar el cálculo de intereses considera más correcto aplicar, como criterio orientativo, la actualización que de dichas cuantías indemnizatorias resultan de aplicar, para 2010, el sistema de valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación, aprobado por Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de enero de 2010 (BOE de 5 de febrero).

Así, resumiendo dichas lesiones y secuelas indicar que han consistido, respecto de doña Virtudes , en 584 días de impedimento (de ellos 153 días hospitalizada). A quien como principales secuelas le han quedado las de: cojera de 1,1 cm miembro inferior izquierdo, material de osteosíntesis en fémur izquierdo, fractura, acuñamiento molestias flexión ventral y carga de pesos; limitación movilidad muñeca derecha, limitación movilidad muñeca izquierda; y limitación movilidad flexión de rodilla izquierda. Tiene además cicatrices en tercio distal de fémur izquierdo y rodilla izquierda y en muñeca derecha. Y ha tenido que ser declarada en situación de Incapacidad permanente, habiendo pasado de ser inválida permanente total, a inválida permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Reclama además, por gastos médicos, 906,5 euros.

Por lo que se refiere a doña Clemencia , la misma ha permanecido 509 días impedida de los que 105 dias ha estado hospitalizada y le han quedado como secuelas: algias post-traumáticas en ambos glúteos;hipoestesia en nervio femoro-cutáneo izquierdo; acortamiento 0,7 cm en medición externa de espina iliaca; limitación movilidad cadera izquierda, pérdida de 10º de rotación interna y de 12º de abducción; metatarsalgia izquierda de irradiación desde el primer dedo; incontinencia urinaria de esfuerzo o completa. También tiene diversas cicatrices, que se detallan en la pág. 16 de la demanda, ha tenido que ser declarada en situación de Incapacidad permanente, habiendo pasado a ser declarada minusválida con un grado del 71%, lo que se traduce en invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo.

De la aplicación orientativa (que no vinculante), de dichos baremos para 2010, resulta que la cuantía indemnizatoria que procede abonar a doña Virtudes , de 50 años de edad y profesión ama de casa, asciende a la suma total de 330. 000 euros. Cantidad que, por aproximación, se desprende del siguiente desglose: 33.226 euros por los 584 días que tardó en curar; 114. 768 euros por las secuelas funcionales, a razón de 57 puntos más un 10% de factor de corrección; 4.843 euros por 6 puntos de secuelas estéticas; y 150.000 euros por la incapacidad permanente absoluta.

Y corresponde a doña Clemencia , de 59 años de edad y profesión ama de casa, como cuantía indemnizatoria total, la de 260.000 euros, que resulta, también por aproximación, de la aplicación del siguiente desglose: expuestos en los fundamentos jurídicos que anteceden. razón de 45 puntos más un 10% de factor de corrección; 6.102 euros por 7 puntos de secuelas estéticas; y 130.000 euros por la incapacidad permanente absoluta.

De todo lo cual se desprende que procede la estimación parcial de la demanda, en los términos 28.609 euros por los 509 días que permaneció en incapacidad; 67.672 euros por las secuelas funcionales, a razón de 45 puntos más un 10% de factor de corrección; 6.102 euros por 7 puntos de seucelas estéticas; y 130.000 euros por la incapacidad permanente absoluta".

SEGUNDO

La representación de Zardoya Otis, S.A. formula cinco motivos de recurso:

El primero al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por supuesta vulneración del art. 140 de la Ley 30/92 en relación con los artículos 348 , 217 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuestionando que la sentencia establezca una responsabilidad solidaria con el Ministerio de Industria, siendo así que, en el peor de los casos solo le sería atribuible en una concurrencia muy menor con ese Ministerio, que sería el verdadero responsable de la causa directa y eficiente de la caída del ascensor, al haber aprobado la chapa del contrapeso que se rompió, no siendo aceptable equiparar, como hace la sentencia recurrida, el fallo del sistema de frenado con la rotura de la pieza del contrapeso, cuando de la documental aportada resulta que se habían revisado los sistemas de frenado con total diligencia.

El segundo motivo, al amparo del art. 88.1.d) alegan vulneración del art. 141 de la Ley 30/92 , en relación con los arts. 319 , 348 y 217 de la LECivil , relativo a valoración de la carga de la prueba, reputando ilógicas y arbitrarias las cantidades fijadas como indemnización a las Sras. Clemencia y Virtudes . Se alega igualmente vulneración de las sentencias de esta Sala que cita.

En el tercer motivo, al amparo del art. 88.1.d), se aduce vulneración del art. 139 de la Ley 30/92 y sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 1.998 , 25 de febrero de 1.995 y 10 de febrero de 1.998 , sobre la inexistencia de requisitos para apreciar la responsabilidad objetiva de la Administración, reiterando que no hay vínculo entre el daño producido y su actuación, manteniendo en esencia la misma argumentación del primer motivo.

En el cuarto motivo, al amparo del art. 88.1.d) se alega vulneración del art. 1902 Código Civil , en relación con el art. 139 de la Ley 30/92 y 348 y 326 de la LECivil , al no existir una causalidad directa entre la caída del ascensor y la actuación de la recurrente, reiterando nuevamente los razonamientos de los motivos primer y tercero.

En el quinto motivo, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se reitera la vulneración del art. 1902 Código Civil y de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo que se citan, estimando que no cabe apreciar responsabilidad solidaria en el caso concreto.

La Aseguradora AIG Europa formula idénticos cinco motivos de casación.

TERCERO

Para la adecuada resolución de los motivos primero, tercer y cuarto del recurso, es necesario tener en cuenta que según reiteradísima jurisprudencia, de la que citaremos por todas la sentencia de 3 de Mayo de 2.011 (Recurso 120/2007 ) la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.

La jurisprudencia de esta Sala (por todas la STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

En esa misma línea, reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación 2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

Se insiste STC 19 de junio de 2007 , rec. casación 10231/2003 con cita de otras muchas que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".

Y también repite la jurisprudencia (por todas SSTS 7 de febrero 2006 recurso de casación 6445/2001 , 19 de junio de 2007, recurso de casación 10231/2003 , 11 de mayo de 2010, recurso de casación 5933/2005 ) que la apreciación del nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso, o la ruptura del mismo, es una cuestión jurídica revisable en casación, si bien tal apreciación ha de basarse siempre en los hechos declarados probados por la Sala de instancia, salvo que éstos hayan sido correctamente combatidos por haberse infringido normas, jurisprudencia o principios generales del derecho al haberse valorado las pruebas, o por haber procedido, al haber la indicada valoración de manera ilógica, irracional o arbitraria.

Así las cosas, y en los términos que resultan de la sentencia recurrida y que se han transcrito, contenidos en sus fundamentos jurídicos quinto y sexto de la sentencia, debe concluirse que la Sala de instancia no ha hecho una valoración irracional, arbitraria o ilógica de las pruebas practicadas (la pericial del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de Formento y el Informe del Subdirector General de la Calidad y Seguridad Industrial) que le llevan a concluir, no solo la responsabilidad del Ministerio de industria, sino también de Zardoya Otis, S.A. apreciando un funcionamiento inadecuado de los sistemas de seguridad y frenado que incluso la recurrente viene a admitir aunque dotándole de menor entidad, funcionamiento que estaba obligada a supervisar a la vista del contrato de mantenimiento suscrito con la Comunidad de propietarios dueña del ascensor y que no realizó adecuadamente, como se pone de relieve por el hecho que se declara probado por la Sala y que resulta relevante y no se ha combatido, de que el mismo día del accidente, operarios de la actora, realizaron una visita rutinaria de mantenimiento, en la que a la vista del resultado lesivo que se produjo solo horas más tarde, no verificaron ninguna comprobación de algo tan relevante como el sistema de frenado y más en un ascensor, que como puso de relieve la prueba pericial practicada en el procedimiento penal seguido en su día por estos hechos y que aparece documentado en autos, tenía treinta años de antigüedad, con los consiguientes desgastes, añadidos a la deficiencias de las piezas.

En definitiva, el tenor de los informes periciales citados es claro en relación al fallo del sistema de frenado del ascensor, por lo que su interpretación por la Sala no puede reputarse ni irracional, arbitraria ni ilógica.

Los motivos primero, tercero y cuarto deben ser desestimados, pues ni hay esa valoración irracional o arbitraria de la prueba practicada y concurren los requisitos que hemos citado, necesarios para configurar la responsabilidad de la recurrente y por ende de su compañía aseguradora. Y esa responsabilidad debe ser, como bien dice la Sala de instancia, de carácter solidario, pues no puede pericialmente precisarse si hubo una causa determinante de la caida del ascensor, habiendo contribuido a ello las dos concurrentes, a saber, la existencia de una pieza defectuosa y el fallo del sistema de frenado, no detectado por la ahora recurrente pese a que contractualmente, estaba encargada de velar por el mantenimiento del ascensor.

CUARTO

Igual suerte desestimatoria debe correr el motivo quinto, que en la práctica viene a reiterar los motivos antes examinados. En efecto, tal y como tiene por probada la Sala de instancia, a la vista de la prueba practicada, y adecuadamente valorada por esta, los daños ocasionados trajeron su causa, tanto por la existencia de una defectuosa pieza de fábrica, como por el inadecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad y frenado, cuyo control y mantenimiento correspondía a Zardoya Otis. Razona bien el tribunal "a quo" al entender, en aplicación del art. 140.2 de la Ley 30/92 que es procedente la responsabilidad solidaria de dicha compañía (y por tanto de su aseguradora) y del Ministerio de Industria, al no haber prueba suficiente de cual habría sido la causa determinante.

No cabe consiguientemente a los efectos de este recurso, tener por vulnerado el art. 1902 del Código Civil y sentencias de la Sala Primera que se citan, sin olvidar además que como dicen entre otras muchas la sentencia de 7 de julio de 2.001 (Rec.Casac.1649/2007) no resulta invocable la doctrina emanada de la Sala Primera del Tribunal Supremo al desenvolverse en ámbitos distintos la responsabilidad basada en los arts. 1902 y 1903 Código Civil y la responsabilidad patrimonial de la Administración apoyada en los arts. 139 y ss de la Ley 30/92 .

QUINTO

En el segundo de los motivos de casación, formulado por los recurrentes, se alega la vulneración del art. 141 de la Ley 30/92 en relación con los arts. 319 , 348 y 217 de la LECivil y de la jurisprudencia que citan, al estimar que la valoración de la prueba efectuada es ilógica y arbitraria, por lo que a las cantidades fijadas como indemnización se refiere, argumentando que "la Sala no valora los informes médicos forenses, según la sana crítica ya que si bien indica que se recurre con carácter orientativo a los baremos de tráfico, la remisión al mismo no se explica ni fundamenta". Igualmente señala que no se desarrollan los motivos por los que se aprecian los puntos de secuela a cada lesionada, ni los criterios para señalar la indemnización por incapacidad permanente absoluta.

Planteado así el motivo de recurso no cabe olvidar la doctrina reiteradísima de esta Sala, que sintetiza por todas la Sentencia de 27 de Septiembre de 2.001 (Rec. 6288/2009 ) donde señala como dijimos en nuestra Sentencia de 20 de septiembre de 2011, recurso 5568/2008 , que constituye también doctrina reiterada de esta Sala, expresada en la sentencia de 9 de junio de 2009, recurso 1822/2005 , que "la cuantificación de la indemnización, que ha de calcularse con arreglo a los criterios establecidos en el art. 141 de la Ley 30/92 , se viene considerando como una cuestión de hecho que corresponde fijar al Tribunal de instancia y por lo tanto, como señala la sentencia de 10 de junio de 2002 , citada por la de 18 de enero de 2005 "sólo podría tener acceso a la casación esta controversia en la forma en que los hechos declarados probados por la sentencia impugnada puedan ser combatidos en la misma a través de la invocación de infracción de normas o jurisprudencia en la apreciación de las pruebas - sentencias de esta Sala y Sección de 20 y 24 de enero , 14 y 23 de marzo , 14 y 25 de abril , 6 de junio , 19 de septiembre , 31 de octubre , 10 y 21 de noviembre y 28 de diciembre de 1998 ; 23 y 30 de enero , 27 de febrero , 3 de julio y 25 de septiembre de 1999 ; 18 de octubre de 2000 , y 23 y 30 de julio de 2001 " , añadiendo la sentencia de 2 de marzo de 2005 que "como valoración de hecho está excluida de control en vía casacional al no existir en el recurso de casación contencioso administrativo la posibilidad de cuestionar los hechos y su valoración realizada por la Sala de instancia si no es con invocación de infracción de preceptos sobre prueba tasada o cuando el resultado de la valoración de la Sala resulte contrario a la lógica o irracional", o como señalan las sentencias de 2 de octubre de 2003 y 27 de mayo de 2004 , cuando se trate de una valoración absurda o arbitraria o se haya omitido algún concepto indemnizatorio.".

SEXTO

Tal y como se ha transcrito, la sentencia recurrida describe detalladamente las lesiones y secuelas de las perjudicadas, recogidas en los informes médico-forense emitidos, previos examenes detallados de las lesionadas que la Sala asume, y especifica que toma como criterio orientativo para fijar las indemnizaciones, la actualización que de las cuantías indemnizatorias, fijadas en la Resolución de 24 de Enero de 2006 de la Dirección General de Seguros (que la propia Zardoya Otis, S.A. consideró de aplicación en su contestación a la demanda) resultaban de aplicar para 2.010, el sistema de valoración de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación aprobado por Resolución de la Dirección General de Seguros de 31 de Enero de 2.010.

Es evidente por tanto que la valoración realizada por la Sala de instancia, ni infringe preceptos sobre prueba tasada, ni es irracional o contraria a la lógica, pues toma como referencia para cuantificar las indemnizaciones la misma que la Compañía hoy recurrente adujo, en la contestación de la demanda, lógicamente con la adecuación correspondiente. El motivo por tanto ha de ser desestimado.

SEPTIMO

La desestimación de los recursos interpuestos determina, en aplicación del art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , la imposición de una condena en costas a las recurrentes, si bien, en uso de la facultad prevista en el número 3 de ese precepto, vista la naturaleza del asunto, procede fija en un máximo de cuatro mil euros (4.000€), en relación a cada uno de los recurrentes, la cantidad a repercutir por todos los conceptos, por las partes recurridas que han ejercitado efectiva oposición.

FALLAMOS

No haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las representaciones de Zardoya Otis, S.A y AIG Europe contra Sentencia dictada el 3 de Diciembre de 2.010 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , con condena en cosas a los recurrentes en los términos establecidos en el fundamento jurídico séptimo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Excma. Sra. Magistrada Ponente Dña.Margarita Robles Fernandez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.