STS 365/2013, 20 de Marzo de 2013

1. - El Juzgado de Instrucción núm. Dos de los de Ciudad Real instruyó Sumario con el nº 1/2010, contra Norberto , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sec. Segunda) que, con fecha treinta de marzo de dos mil doce, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:

   Probado y así se declara de forma terminante:

   (1) Que el pasado 16 de mayo de 2010, sobre las 5:30 horas de la madrugada, por motivos no esclarecidos con exactitud y en el local que gira bajo el nombre "Compay", sito en el Pasaje Gutiérrez Ortega de esta capital, se produjo una discusión entre el hoy procesado, Norberto , mayor de edad, con antecedentes penales cuya computación en la presente causa no ha sido solicitada, y los hermanos Emilio y Jeronimo y en la que llegó a intervenir una amiga de estos, Nicolasa . Todo ello motivó que el dueño del establecimiento, Sergio , invitase a los citados hermanos a abandonar el local, lo que efectivamente hacen pero quedándose a la puerta del local esperando la salida del resto de sus amigos, observando entre las 7-7:30 horas, la salida del local de Norberto , acompañado de un conocido de éste, Abelardo , y del propio regente del establecimiento el citado Sergio , quien se ofreció a acompañar al procesado hasta su vehículo en evitación de problemas con el grupo a su salida. (2) Efectivamente, Sergio , conduciendo su propio vehículo, traslada a Norberto y a Abelardo hasta las inmediaciones de la Avenida del Torreón, lugar en el que Norberto había aparcado su vehículo, SEAT LEÓN, matrícula .... YFX , asegurado en la entidad "Mutua Madrileña" (Póliza vigente número NUM001 ), introduciéndose en el mismo, siendo conducido por Norberto y ocupado como copiloto por Abelardo , tomando la Avenida del Torreón, girando a la izquierda por la Calle Madrilas y mediante nuevo giro, toman la Calle La Mata, dirigiéndose hacia la Calle General Rey, peatonal y de acceso restringido a vehículos, momento en el que Norberto se percata de la presencia de un grupo de entre seis y ocho personas entre los que se encuentran los hermanos Emilio Jeronimo , con quienes previamente había discutido, Leopoldo , Justa , Virgilio , Alexander y María Inés , quienes caminan por la zona acerada izquierda de la calle, tomando definitivamente la calle hasta que llega al último tercio de la misma, momento en el que acelera el vehículo, se introduce entre el espacio que queda entre el mobiliario urbano y las fachadas de los edificios, arremetiendo, con ánimo de causar la muerte, contra el grupo de personas, arrollando en primer término a Justa , que queda subida en el capó, a Jose Enrique , peatón que, ajeno al grupo referido, se dirigía a su cochera para desplazarse al trabajo, al que arroja hasta las cercanías de los jardines de la Iglesia de San Pedro, situada enfrente del lugar del atropello, y finalmente a Jeronimo , hasta que al llegar a la confluencia con Calle Paloma, gira bruscamente a la izquierda, provocando que los citados Justa y Jeronimo salgan disparados hasta la acera de enfrente, dándose a la fuga por dirección prohibida.

   Finalmente, a las 7:45 horas, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía procedieron a identificar el vehículo en la Calle Montiel, al apreciar que el mismo tenía daños consistentes en fractura de luna delantera en la parte del copiloto, paragolpes suelto, capó abollado y pérdida de liquido en su parte delantera, reconociendo finalmente su propietario habérselo causado como consecuencia de un atropello.

   (3) Practicada prueba de detección alcohólica, Norberto , arrojó, en la primera, realizada a las 7:53 horas, un resultado de 0,37 mg. por litro de aire espirado, y en la segunda, efectuada a las 8:03 horas, 0,35 mg. por litro de aire espirado, apreciándose por miembros de la Policía Local un aspecto general excitado, mirada brillante, olor a alcohol, comportamiento arrogante y rostro congestionado, siendo normales el resto de aspectos.

   (4) Que como consecuencia de los hechos Justa , debió ser atendida por los servicios médicos de emergencia desplazados al lugar de los hechos y trasladada posteriormente al servicio de urgencias del Hospital Central de Ciudad Real donde se le apreciaron lesiones consistentes en arrancamiento óseo a nivel del maléolo tibial-tobillo izquierdo, esguince cervical y contusión en mano izquierda, precisando recibir asistencia facultativa y tratamiento médico sintomático consistente en reposo, collarín cervical durante un mes, férula de yeso en tobillo izquierdo durante mes y medio, antiinflamatorios, relajante muscular y sesiones de rehabilitación, tardando en curar ciento ochenta y un días, de los que ciento cincuenta y tres lo fueron de impedimento, sufriendo como secuelas artrosis postraumática, síndrome postraumático y trastorno por estrés postraumático.

   Iguales atenciones médicas recibió Jeronimo , a quien le fueron objetivadas lesiones consistentes en policontusiones y posible fractura de arrancamiento de la cabeza del peroné, tributarias de asistencia facultativa y tratamiento médico consistente en reposo, vendaje de miembro izquierdo y antiinflamatorios, tardando en curar ochenta y siete días, de los que cuarenta y cinco lo fueron de impedimento y un día de hospitalización, pese a lo cual sufre como secuelas gonalgia postraumática inespecífica, ligero perjuicio estético y trastorno por estrés postraumático.

   Justa y Jeronimo , mediante comparecencia notarial de fecha 18 de Noviembre de 2011 manifestaron haber sido indemnizados por las lesiones y secuelas sufridas en las sumas de 4.000 € y 2.000 €, respectivamente, declarando encontrarse totalmente resarcidos y renunciando expresamente al ejercicio de acciones civiles y penales derivadas de estos hechos.

   Asimismo, como consecuencia del atropello, resultó lesionado Jose Enrique , nacido el NUM002 de 1983, a quien se le apreciaron fractura diafisiaria de 1/3 medio del húmero izquierdo, fractura-luxación de "Galeazzi" (fractura de diafisiaria de 1/3 medio radio izquierdo más y luxación de la articulación radio-cubital distal), fractura articular marginal externa del 1/3 distal de la falange proximal del dedo gordo del pie izquierdo, herida inciso-contusa en zona occipital y trastorno adaptativo ansioso- depresivo secundario a las secuelas del accidente, que precisaron además de la asistencia facultativa inicial, tratamiento quirúrgico (hasta dos intervenciones en brazo y una en antebrazo izquierdo), ortopédico, médico y psiquiátrico (psicofármacos y psicoterapia), alcanzado la estabilización lesional tras cuatrocientos setenta y ocho días, de los que diez fueron de hospitalización, cuatrocientos veintiocho impeditivos y cuarenta días sin impedimento, padeciendo como secuelas déficit de los últimos grados de extensión del codo izquierdo, déficit de los últimos grados de pronación de antebrazo/muñeca izquierda, material de osteosíntesis en antebrazo izquierdo, material de osteosíntesis en brazo izquierdo, trastorno del estado ansioso- depresivo y perjuicio estético (cicatrices)

   .

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

   FALLO.- Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Norberto , como autor penalmente responsable de tres delitos intentados de homicidio, a las penas siguientes:

   Por el delito intentado de homicidio, en la persona de Jose Enrique , con la concurrencia de la atenuante prevista en el artículo 21.2 º y 7º del Código Penal, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y prohibición de aproximarse a la víctima, en los términos del artículo 48.2 del mismo Código , por el tiempo de duración de la condena, 7 años y 6 meses, y otros 4 años más, a distancia inferior a 500 metros del domicilio de la víctima, lugar de trabajo o lugar o inmueble en que se encuentre, así como mantener con la víctima, por iguales plazos, cualquier tipo de comunicación, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento.

   Por los delitos de homicidio en grado de tentativa en las personas de Justa y Jeronimo , la pena 4 años de prisión por cada uno de los homicidios descritos, en ambos casos con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a la víctimas, en los términos del artículo 48.2 del mismo Código , por el tiempo de duración de la condena, 4 años, y otros 2 años más, a distancia inferior a 500 metros del domicilio de las víctimas, lugar de trabajo o lugar o inmueble en que se encuentren, así como mantener con las víctimas, por iguales plazos, cualquier tipo de comunicación, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento.

   Se decreta el comiso del turismo SEAT LEÓN, matrícula .... YFX , propiedad del procesado, al que se dará el destino legal que corresponda.

   El condenado indemnizará a Jose Enrique en la suma total de 55.917,48 €, cantidad que se verá incrementada con el interés prevenido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

   Responsabilidad civil que se extiende de manera directa y solidaria a la compañía "Mutua Madrileña Automovilista".

   Se absuelve al acusado del resto de hechos que se le imputaban.

   Se imponen al procesado las tres quintas partes de las costas de esta causa, sin incluir las de la Acusación Particular.

   Sirva de abono al condenado el tiempo de prisión preventiva.

   Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por infracción de Ley o quebrantamiento de forma, en el plazo de CINCO DÍAS , a contar desde la última notificación

   .

3. - Notificada la Sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley y vulneración de precepto constitucional, por los recurrentes, que se tuvieron por anunciados; remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso, alegando los motivos siguientes:

   Motivos aducidos en nombre de Norberto .

   Motivo primero .-Por Quebrantamiento de forma al amparo de lo dispuesto en el art. 851.5º LECrim ; y vulneración del art. 24.1 CE . Motivo segundo .- Por infracción de ley al amparo del art. 849.2º LECrim , por error en la valoración de la prueba . Motivo tercero. - Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1º LECrim por inaplicación indebida de la eximente incompleta del art. 21.1º en relación con el art. 20.2 CP . Motivo cuarto .- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.2º LECrim . Motivo quinto .- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.1º de la LECrim por indebida inaplicación del art. 152.1 º y 2º CP . Motivo sexto .- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º LECrim por indebida aplicación art. 77 CP . Motivo séptimo (octavo en la enumeración del recurso).- Por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías consagradas en el art. 24 CE .

   Motivo aducido en nombre de Jose Enrique .

   Motivo único .- Por infracción de ley, por vía del art. 849 1º LECrim , denuncia la no aplicación del art. 20 de Ley de contrato de Seguro 50/1980 de 3 de octubre, apartado 3º y 4º.

   Motivo aducido en nombre de Mutua Madrileña.

   Motivo único.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1º LECrim por inobservancia del art. 2.3 del Reglamento del Seguro obligatorio de 12-09 - 2008 , art. 1.1 de la Ley 30/95, RD 29 de octubre de 2004 , art. 3 de la Directiva de la CEE de 24.4.1972 , art. 117 CP , y acuerdo no jurisdiccional de 24 de abril de 2007.

4. - ElMinisterio Fiscal se instruyó de los recursos interpuestos por los recurrentes, interesando lainadmisión de los recursos y subsidiariamente su desestimación ; la Sala admitió los recursos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

5. - Realizado el señalamiento para Fallo se celebró la deliberación y votación prevenidas el día cinco de marzo de dos mil trece.

1. RECURSO DE Norberto

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Norberto , contra Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que condenó al recurrente por un delito intentado de homicidio, condenándole al pago de las costas ocasionadas en este recurso.

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por Jose Enrique , contra Sentencia y Audiencia arriba reseñadas, condenándole al pago de las costas ocasionadas en su recurso.

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por MUTUA MADRILEÑA, contra Sentencia y Audiencia arriba reseñadas, condenándole al pago de las costas ocasionadas en su recurso.

Comuníquese esta resolución al Tribunal Sentenciador, a los efectos procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesándole acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carlos Granados Perez Andres Martinez Arrieta Jose Manuel Maza Martin Francisco Monterde Ferrer Antonio del Moral Garcia T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal________________________________________________

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Antonio del Moral Garcia , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

Voto Particular

FECHA:20/03/2013

VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr. Don Andres Martinez Arrieta, a la Sentencia nº 365/13 dictada en el recurso de Casación nº 1357/2012.

El presente Voto particular no fue anunciado en la impugnación y es concurrente. Estoy de acuerdo con el Fallo de la Sentencia, fiel al resultado de la deliberación, pero entiendo que su motivación adolece de cierta imprecisión y no desarrolla nuestro Acuerdo plenario de 24 de abril de 2007 a cuyo tenor, incluso en el ámbito del seguro obligatorio, para el que el ordenamiento dispone la exclusión de la cobertura cuando el vehículo a motor sea utilizado como instrumento doloso, se genera esa obligación de indemnizar respecto a los resultados no directamente propuestos por el autor, como es el caso de esta casación.

La sentencia desarrolla, a mi juicio, correctamente la interpretación del art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro de 1980 , a cuyo tenor "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero..."

Me interesa destacar que el derecho de repetir que se confiere al asegurador presupone la subsistencia de la obligación de éste de responder a las previsiones del contrato existente. La normativa sobre el contrato de seguro excluye de la obligación de pago al seguro obligatorio, consecuentemente también al Consorcio de seguros, por ese montante de responsabilidad, pero respecto del seguro voluntario, la previsión de la legislación de contrato de seguro es el derecho de repetir contra el asegurado en el caso de que sea debido a conducta dolosa. La sentencia de la mayoría es clara al respecto y a los fundamentos séptimo y siguientes de la sentencia me remito en cuanto refleja los sucesivos cambios legislativos en la materia.

El Reglamento del Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la Circulación de vehículos a motor (RD 1507/2008, de 12 de septiembre) tiene por objeto precisar los conceptos básicos de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Así lo establece el art. 1.4 de la Ley sobre la responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor . El art. 2.1 señala su aplicación: "a los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio se entiende por hecho de la circulación..." [párrafo 3º] "tampoco tendría la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y bienes".

Por lo tanto, la exclusión de la obligación del asegurador es clara respecto al seguro obligatorio cuando el vehículo es utilizado como instrumento para la comisión dolosa de un delito. Cuando se trata de una cobertura voluntaria existe una previsión genérica de no aseguramiento del resultado doloso, y, además, la previsión legal del art. 76 LCS , posibilitar una acción de repetición del asegurador contra el asegurado que actúa dolosamente.

Esta Sala, respetuosa con el principio de legalidad, porque es el contenido esencial de su función: unificar la aplicación de la ley mediante la interpretación de la norma, ha procedido a interpretar los textos legales, en ocasiones como en el caso, no muy precisos. Los cambios legislativos han propiciado, fieles a la observancia del principio de legalidad, cambios en la jurisprudencia. Así, antes de que el legislador dispusiera el concepto de hecho de la circulación como criterio para contener el ámbito del seguro y la responsabilidad del asegurador, la jurisprudencia reservó al seguro obligatorio el contenido de la indemnización por estos hechos. Por ello, el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 6 de marzo de 1997, expresó "las sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos a motor que determinen responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado "con motivo de la circulación".

Las sucesivas reformas del contrato de seguro excluyendo al seguro obligatorio de la cobertura de estos hechos, determinaron otro Acuerdo, de fecha 24 de abril de 2007, ya con la nueva regulación legislativa con el siguiente contenido: "No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito . Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor".

Esta interpretación se realiza desde el examen de la legalidad y desde la perspectiva de la solidaridad en la cobertura de los hechos de la circulación respecto a perjudicados en un delito que son ajenos a su estructura y de la consideración de sujetos pasivos destinatarios directos de la acción dolosa.

Por lo tanto, no es una jurisprudencia zigzagueante, ni sinuosa, sino ajustada a la respectiva previsión legal al tiempo de su adopción.

He subrayado la frase del anterior Acuerdo para destacar un aspecto que considero de especial relevancia en la interpretación de la norma y también para la resolución del presente objeto de esta casación. La jurisprudencia en esta materia, ciertamente tuitiva de las víctimas, ha propendido a favorecer la posición del perjudicado en la reparación de los perjuicios sufridos. Esa interpretación a favor del perjudicado adquiere una especial relevancia en supuestos como el que concurre en el hecho objeto de esta casación. El autor del hecho delictivo dirige su vehículo, como instrumento para causar la muerte, contra un grupo de personas con las que había tenido un altercado momentos antes. Impacta contra tres personas, tres resultados que son subsumidos en tres delitos intentados de homicidio. De las tres personas, dos de ellas eran del grupo con el que se había enfrentado y contra el que dirige el coche. Eran, por lo tanto, destinatarias directas de su actuar delictivo. Con relación a ellas no se plantea ningún problema pues han renunciado al ejercicio de acción civil al haber sido indemnizadas. Sin embargo, la tercera persona, la que no ha sido indemnizada, es una persona completamente ajena al origen de los hechos que desencadenaron la conducta. Es una persona que se encontraba en una marquesina de un autobús, ajena a todo lo acaecido con anterioridad. Su muerte no era buscada, no era de las propuestas por el autor de forma directa. Ciertamente, desde la dogmática penal, los errores en la persona no excluyen el dolo en la subsunción del tipo subjetivo, de manera que quien actúa con intención de matar a una persona, A, y mata a otra, B, la dogmática y la jurisprudencia nos indican, que su conducta es dolosa, aunque B no fuera destinatario de la conducta del autor del hecho. El error en la persona no tiene relevancia penal para la configuración del tipo subjetivo. El hecho probado reseña este supuesto, un error en la persona, no un supuesto de dolo eventual o de consecuencias necesarias. Sin embargo, como hecho generador de responsabilidad civil, la muerte, o las lesiones, en definitiva el resultado se debe a un hecho de la circulación, se trata de "un daño diferente a los propuestos por el autor" sobre el que afirmamos en el Acuerdo plenario de la Sala II del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 2007, que era procedente la responsabilidad civil de la compañía de seguros, sin perjuicio del derecho de repetición que a esta corresponde, pues no era el daño propuesto directamente por el autor.

Se trata de una interpretación de la normativa sobre seguros de la circulación que pretende proteger a los perjudicados de hechos que, al ser ajeno a lo propuesto por el autor, son susceptibles de ser indemnizados y cubiertos por el seguro al tratarse, desde esta perspectiva de ajeneidad al hecho directamente buscado por el autor, de un resultado causal a un hecho de la circulación, aunque, desde la dogmática y jurisprudencia penal, sea considerado como hecho doloso.

Desde la perspectiva penal, el hecho es doloso, y desde la perspectiva del seguro de la circulación, es un hecho de la circulación que debe ser indemnizado en los términos de nuestra interpretación contenida en el mencionado Acuerdo de 24 de abril de 2007. Este Acuerdo, aunque adoptado en relación al seguro obligatorio es trasladable, argumentativamente al ámbito del seguro voluntario, aunque sólo a estos efectos argumentativos pues, como se recoge en la Sentencia no existe una previsión limitativa de la indemnización.

Andres Martinez Arrieta

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

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Voto Particular

FECHA:20/03/2013

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Jose Manuel Maza Martin a la sentencia de esta Sala núm 365/13, de 20 de marzo de 2013.

Con el máximo respeto que me merece la opinión mayoritaria de este Tribunal, y sin discrepar de ella en cuanto a las consideraciones vertidas acerca de la desestimación íntegra de los Recursos formulados por la Acusación Particular y el condenado, expreso mi criterio contrario a la decisión adoptada en orden al Recurso de la Compañía Aseguradora, declarada en la instancia como Responsable civil directo, que igualmente se desestima.

Para razonar esa discrepancia con la opinión de la mayoría, en este extremo concreto de la declaración como responsable civil de la Aseguradora, frente a la extensa y, sin lugar a dudas, razonada y sólida argumentación desarrollada a lo largo de los veinticinco folios que integran los Fundamentos Jurídicos Séptimo a Noveno de nuestra Sentencia, sin duda bastará con una extensión algo menor, toda vez que la cuestión, a mi juicio, ha de circunscribirse exclusivamente a determinar si nos hallamos ante un "hecho de la circulación" y, por ende, alojado en la cobertura del seguro automovilístico suscrito por la recurrente o si, por el contrario, situándose el hecho enjuiciado fuera de ese ámbito, resulta de todo punto y "ab initio" improcedente la afirmación de que se trata de un "siniestro" objeto de aseguramiento y, por ende, generador de responsabilidad resarcitoria para quien no aseguraba las consecuencias de un hecho de semejante naturaleza.

Y en este sentido, a mi juicio le asiste plenamente la razón a quien recurre y, en definitiva, hubiera procedido la estimación del Único motivo en el que apoya su pretensión, por haber incurrido el Tribunal de instancia en una infracción de Ley ( art. 849.1º LECr ) ante la incorrecta aplicación de algunos de los preceptos legales de carácter sustantivo que se citan ( art. 2.3 del Reglamento del Seguro Obligatorio aprobado por R.D. 1507/2008, de 12 de Septiembre, art. 1.4 de la LRCSCVM , reformado por la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, art. 1.1 de la Ley 30/1995, R .D. de 29 de Octubre de 2004, Ley 21/2007, art. 19 de la LCS , art. 3.1 de la Directiva de la CEE, de 24 de Abril de 1972 , art. 11 de la Convención Europea sobre Responsabilidad Civil en caso de daños causados por vehículos automóviles , y art. 117 CP ), siendo contrarias además la Resolución de la Audiencia y la de esta Sala que la confirma a los claros antecedentes jurisprudenciales sobre esta materia, incluido el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de fecha 24 de Abril de 2007.

En este Pleno, como luego se volverá a razonar, expresamente se acordó excluir la responsabilidad civil de la Aseguradora, cuando se trate de los perjuicios ocasionados mediante un comportamiento doloso en el que el automóvil es utilizado únicamente como el instrumento para la comisión del delito y con esa exclusiva finalidad. Y aunque tal decisión se adoptara en aquel momento respecto del Seguro Obligatorio, pues ese había sido tradicionalmente el único ámbito objeto de polémica en este punto, en realidad su fundamento no fue otro (ninguno otro podría haber sido) que el de constatar cómo la regulación especial de este tipo de aseguramiento había dejado ya sentado definitivamente, sin lugar a duda, que esa actividad dolosa se encontraba fuera del riesgo asegurado y, por ello, alejada de la previsión del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro . Pronunciamiento que, obviamente, debería entenderse extensible a toda la actividad automovilística y a su aseguramiento, obligatorio o voluntario, ya que de la demarcación de su ámbito ("hecho de la circulación") se trataba.

Pero también se ha de señalar, en esta introducción previa, cómo en el tan citado Acuerdo se hacía la excepción de aquellos supuestos en los que no concurriera un dolo directo en la causación del resultado lesivo o dañoso pues, en efecto, eso volvía a sintonizar con la lógica general de lo acordado en el sentido de que al existir una voluntad de utilización del vehículo propia del mero transporte e independiente de la comisión del ilícito penal, por mucho que ésta se admitiese al menos eventualmente, la cobertura aseguratoria quedaría justificada.

En tal sentido, en la presente ocasión, si mis compañeros de la mayoría simplemente hubieran entendido que el caso del único perjudicado que reclama indemnización en estas actuaciones, que resultó arrollado sin que contra él se dirigiera la intención delictiva del conductor del automóvil, estuviera amparado por la referida excepción del Acuerdo del Pleno de la Sala "in fine", es decir, que sus lesiones no respondían a la "directa" intencionalidad del autor de los hechos, no habría sido necesario plantearse la extensa motivación que en la Sentencia se dedica a este extremo para explicar cómo la aseguradora sí que ha de responder, como respondería en todo caso, según la opinión de mis compañeros, aunque se tratase de un supuesto de dolo directo.

Pero como se parte de la idea, que por otro lado en mi opinión no deja de ser irreprochable, de que, desde el estricto punto de vista de la calificación penal de tal agresión, no puede la misma considerarse como un caso de concurrencia de dolo eventual, como tampoco lo sería aquel en el que con intención de atentar contra una determinada Autoridad se causase así mismo la muerte de los integrantes del servicio de seguridad personal que le acompañasen, me siento en la obligación de salir al paso al pronunciamiento que cuestiono pues desde un comienzo considero, junto con otros argumentos de fondo que más adelante se expondrán, que tal decisión no se corresponde con la coherencia de la línea doctrinal seguida por este Tribunal hasta la fecha, incumpliéndola sin acudir al mecanismo ya aplicado en esta misma materia en diversas ocasiones anteriores, que no habría de ser otro que el escenario del Pleno de la Sala, para que se debatiera en él, una vez más, este asunto al parecer tan reiteradamente conflictivo.

Por todo lo cual resulta necesario comenzar exponiendo, siquiera sucintamente, la evolución sufrida por el tratamiento jurisprudencial de esta cuestión, que viene de lejos y resulta, en este caso, por demás esclarecedora.

I

A tal efecto hay que recordar:

1) Que, inicialmente, a partir de la Ley 122/1962, de 24 de Diciembre, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 3787/1964, de 19 de Diciembre, que inauguran el régimen del Seguro Obligatorio del Automóvil, ninguna duda tuvo la doctrina jurisprudencial acerca de la exclusión de los hechos dolosos de ese seguro específico referido al uso de los vehículos de motor, porque expresamente la norma así lo establecía (art. 24.2 del citado Reglamento).

Régimen que equiparaba esta innovadora especialidad aseguratoria, propia del automóvil, al resto de seguros de responsabilidad civil que respondían, desde siempre, al principio general de la "inasegurabilidad del dolo", por aplicación, entre otras razones, de la proscripción de los contratos con "causa ilícita", consagrada desde casi cien años antes en el propio Código Civil (arts. 1255 y 1257 ).

2) Más tarde, y ya en plena vigencia del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro de 1980 , a cuyo alcance e interpretación luego habremos de referirnos, una pacífica y reiterada doctrina de esta Sala, de la que son exponentes entre otras las Sentencias de 27 de Marzo , 27 de Noviembre y 22 de Diciembre de 1989 , 14 de Marzo de 1991 , 8 de Julio de 1992 y 10 de Julio de 1995 , con la sola y aislada excepción en sentido contrario de la STS de 12 de Noviembre de 1994 , seguía afirmando, con toda claridad y contundencia, la exclusión del seguro automovilístico, especialmente si del de suscripción voluntaria se trataba, de aquellas conductas dolosas, atentatorias contra la vida, la integridad o el patrimonio de terceros, en las que el vehículo era utilizado como mero instrumento para la causación de tales perjuicios.

3) Sin embargo, tras un previo intento infructuoso de cambiar la anterior doctrina en la sesión de 14 de diciembre de 1994 que concluyó sin decisión alguna, el 6 de Marzo de 1997 se convoca el Pleno de la Sala Segunda, con este asunto una vez más en el orden del día, adoptándose, por mayoría, el Acuerdo siguiente: " Las Sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos de motor que determinen responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado "con motivo de la circulación ". Acuerdo que será seguido por la importantísima Sentencia de 29 de Mayo de 1997 y por las de 24 de Octubre de 1997 , 4 de Noviembre de 1998 o 23 de Febrero de 2000 , entre otras varias.

Es decir, a partir de ese momento, se establece la Responsabilidad de la Aseguradora en estos casos pero, importante es resaltarlo, restringida al supuesto exclusivo del Seguro Obligatorio y con la precisión de algo tan trascendental como el que el daño se produzca siempre "con motivo de la circulación". Por lo tanto, cuando se ocasionase el resultado lesivo en un hecho que no sea propiamente "hecho de la circulación" la obligación de resarcimiento de la Aseguradora tampoco nacería, incluso en el caso del aseguramiento obligatorio.

4) Circunscrita tras ese Acuerdo, por tanto, al ámbito del Seguro Obligatorio del Automóvil, puesto que la exclusión por lo que respecta al Seguro Voluntario en ningún momento había sido anteriormente cuestionada, la cobertura aseguratoria en esta clase de supuestos (hechos dolosos) y entendiendo las Sentencias que siguieron (de forma a mi juicio incorrecta) que se cumplía el requisito de ocasionarse el daño "con motivo de la circulación" por el simple hecho de que el vehículo se encontrase en movimiento, no obstante, tras la publicación, en el BOE de 13 de Enero de 2001, del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, de 12 de Enero de 2001, que, en su art. 3.3 dice textualmente: " Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ", que no venía sino a reiterar casi literalmente el contenido del art. 1.4 de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación a Vehículos de Motor, de 8 de Noviembre de 1995 que, reformada por la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ya establecía: " Reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación. En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ", se produce un nuevo Acuerdo del Pleno, de fecha 24 de Abril de 2007, con el siguiente contenido literal: " No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor ".

En definitiva, en estos casos y cuando se trate de dolo directo, la exclusión alcanza también a la cobertura del Seguro Obligatorio, como desarrollarían ampliamente la ulterior STS de 8 de Mayo de 2007 y sucesivas como la de 3 de Noviembre de 2009 , sin percibir necesidad alguna de afirmar una expresa equiparación, ni diferenciación tampoco, de este régimen respecto del Seguro Voluntario pues, como queda dicho, la exclusión de los hechos dolosos en tal clase de aseguramiento nunca se había cuestionado.

5) Pues bien, tras semejante recorrido doctrinal, desde la inicial denegación, en todos los casos, de la responsabilidad de la Aseguradora del automóvil respecto de los daños personales o patrimoniales causados dolosamente con el vehículo como instrumento, hasta la expresa exclusión, por imperativo explícito e ineludible de la norma específica, de tal responsabilidad, cuando del Seguro Obligatorio se trataba, se inicia una inflexión en el criterio jurisprudencial, a mi juicio de todo punto improcedente entre otras razones por resultar contraria a la doctrina inmediatamente anterior del Tribunal y no ser sometida a deliberación del Pleno de la Sala, como hasta entonces en esta materia singularmente había acontecido, con la STS de 24 de Abril de 2008 , a la que sigue, profundizando aún más en la misma tesis, la de 16 de Abril de 2011 en la que se apoya la Resolución aquí recurrida, según las cuales, excluida la responsabilidad de la Aseguradora cuando nos hallemos ante el aseguramiento Obligatorio, sí que se producirá esa obligación indemnizatoria, no obstante, cuando del Seguro Voluntario se tratase, según continuará afirmando la posterior STS de 8 de Noviembre de 2011 , aunque sobre bases argumentales que, en mi opinión se apartan de la realidad de los precedentes vistos al proclamar, entre otras cosas, que "... la jurisprudencia de esta Sala viene estableciendo un distinto régimen de responsabilidad con motivo de la circulación de vehículos de motor cuando se opera con el seguro obligatorio y el voluntario. Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la "exceptio doli", a tenor de lo que se dispone en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro " (sic).

6) Es decir, y resumiendo todo este proceso jurisprudencial, mientras que en un principio no se consideró la responsabilidad del seguro respecto de los hechos dolosos, ni para el Obligatorio ni para el Voluntario; más adelante se entenderá que sí que ha de responder el Obligatorio aunque no, por su concreta especialidad y naturaleza, el Voluntario y cuando, por ineludible mandato legal, vuelve a excluirse el Seguro Obligatorio, se inicia una línea doctrinal según la cual el Voluntario, a diferencia del Obligatorio, sí que ha de responder de los perjuicios causados por la acción dolosa.

En otro orden de cosas, tan sólo mencionar aquí la STS de 27 de Febrero de 2009 ("caso Maeso") que aplica semejante criterio de la responsabilidad de la Aseguradora frente a los perjuicios lesivos ocasionados por la conducta dolosa de un profesional de la Medicina, aunque allí se calificase la conducta enjuiciada como dolo eventual.

Curioso ejemplo, en definitiva, de deambular "sinuoso", en expresión de la propia recurrente, culminado hasta la fecha por la Resolución a la que este Voto se adjunta, que pudiera poner de relieve a mi juicio una cierta contradicción, pues si tradicionalmente no se cuestionaba la existencia de razones fundadas para excluir de responsabilidad a una de las clases de aseguramiento, la voluntaria, sorprende, cuando menos, el que tras excluirse también la otra (la obligatoria), precisamente por considerar que la conducta lesiva dolosa no es "hecho de la circulación" (riesgo asegurado), se advierta que la que desde siempre se excluyó ahora sí que debe generar responsabilidad para la correspondiente Aseguradora.

Máxime cuando, como desde un principio dijimos, todo se resume a determinar si el hecho productor del daño es, o no, un siniestro amparado dentro de la cobertura del seguro del automóvil, tanto de carácter Obligatorio como Voluntario, es decir, si se trata en efecto de un "hecho de la circulación".

Carácter lógicamente válido y unívoco en su aplicación cualquiera que fuere la clase de Seguro que dé cobertura a la utilización del automóvil, al no apreciarse razón alguna que, desde el punto de vista de la determinación del objeto del contrato de seguro, justifique tal diferenciación.

Y más aún cuando las normas transcritas pocas líneas atrás se refieren, en general, a la "Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de motor", independientemente de la forma en la que esa responsabilidad esté asegurada.

7) Debiendo aludir, por último, a una importante y recientísima Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal, de fecha 11 de Febrero del presente año, en la que, sin abordar expresamente la cuestión que aquí nos ocupa, reafirma criterios generales de extraordinario interés, relacionados con mucho de lo que llevamos dicho, tales como los siguientes:

a) que, " a pesar del distinto espíritu y normativa reguladora del Seguro Obligatorio del Automóvil y del Voluntario, ambas modalidades se configuran como seguros de responsabilidad civil garantes de la responsabilidad del dueño de un vehículo en un hecho de la circulación " (sic).

b) que la diferencia entre ambas modalidades estriba en el título atributivo de la responsabilidad en sendos casos: el riesgo específico de la circulación, en el obligatorio, frente a la responsabilidad por culpa en el voluntario, en el que el título de imputación es la negligencia del causante del daño .

c) que el seguro voluntario de responsabilidad civil cubre el riesgo asegurado (exclusivamente), siempre dentro de los límites legales y contractuales.

d) y ello porque la obligación, en este caso, a la que se compromete el asegurador, lo es frente al asegurado, consistiendo en mantener indemne el patrimonio de éste cuando se vea gravado por la obligación de indemnizar al tercero como consecuencia de que el hecho, en cualquier caso, esté previsto en el contrato y se deba a la conducta negligente, con los requisitos del artículo 1902 del Código Civil .

II

En definitiva, que lo único que cabe, al margen de otros argumentos marginales a los que trataremos de encontrar explicación más adelante, es la decisión, con los preceptos legales a la vista como no puede ser de otro modo desde nuestra estricta función interpretativa de la norma, acerca de si realmente nos encontramos ante un "hecho de la circulación", puesto que ese, y no otro, es el riesgo cuyo aseguramiento fue objeto del contrato en el ámbito de la circulación de vehículos de motor.

Y en tal sentido, la evolución legal relativa a la determinación de lo que es "hecho de la circulación", como objeto de esta clase de contratos, puede describirse del modo siguiente:

1) En los orígenes legislativos del Aseguramiento Obligatorio del Automóvil no admitía discusión alguna la exclusión de la Responsabilidad del Seguro en los supuestos de perjuicios causados dolosamente, a tenor de lo expresamente dispuesto en la ya aludida Ley 122/1962, de 24 de Diciembre, y, más en concreto, en el art. 24 b ) del Reglamento aprobado, en desarrollo de dicha Ley, por Decreto 3787/1964, de 19 de Noviembre.

2) Más tarde, será como consecuencia de la omisión de dicha exclusión en el Texto Refundido, aprobado por Real Decreto legislativo 1301/1986, de 28 de Junio, y del contenido del Reglamento del Real Decreto 2641/1986, de 30 de Diciembre, que en su art. 16 atribuye al asegurador que ha efectuado el pago indemnizatorio a repetir "... contra el conductor, el propietario del vehículo causante del daño y el asegurado, en el caso de que el daño fuera debido a la conducta dolosa de éstos ...", interpretado en mi opinión erróneamente como luego explicaré, en relación con el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ) 50/1980, de 8 de Octubre, cuando empieza a plantearse la duda sobre la exclusión de la responsabilidad del asegurador en estos supuestos, máxime ante la reiterada referencia al derecho de repetición de la Aseguradora, en el art. 7 a), de la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM).

Y todo ello, aunque ya en el "Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", contenido en forma de Anexo a la referida Ley, se dispusiera, de modo harto significativo, en el primero de los "Criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización", que " El presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso ."

3) Pero, en tal estado de cosas, se produciría la publicación, en el BOE de 13 de Enero de 2001, del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, de 12 de Enero de 2001, que, en su art. 3.3 dice textualmente: " Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ."

4) La literalidad de semejante precepto parecería, en un primer momento razón categórica, lo suficientemente clara y tajante, como para zanjar, con carácter definitivo, nuestra ardua contienda. Máxime cuando con anterioridad, admitiendo la sugerencia del propio Consejo de Estado en el sentido de que esta materia debería quedar definitivamente resuelta desde la propia Ley para evitar cualquier problema hermenéutico de orden jerárquico normativo, por Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, sobre "Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social", art. 71, ya se había reformado el propio art. 1.4 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor , que pasará a decir que "... reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación a los efectos de la presente Ley. En todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ."

5) Sin embargo, y a pesar de la vigencia y rotunda claridad de tales preceptos, casi simultáneamente, el 7 de Febrero de 2001, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, llegaría a considerar, en forma a mi juicio considerablemente forzada, que la alusión legal excluyente de los perjuicios derivados de acciones dolosas habría de entenderse, restrictivamente, tan sólo referida a las conductas "exclusivamente" dolosas y que las mismas no alcanzan, en ningún caso, a aquellos supuestos en los que el vehículo se encontraba circulando al tiempo de la comisión del ilícito causante de los perjuicios a indemnizar. Concretamente, en el caso objeto de enjuiciamiento en esa Resolución, cuando el autor del hecho, que transitaba con su vehículo por la vía pública, al advertir la presencia de una persona con la que había mantenido anteriores diferencias caminando junto a la calzada, desvía su automóvil con el fin de atropellarla, lo que consigue.

En el mismo sentido otras Sentencias como la de 2 de Julio de 2005, por ejemplo.

Circunstancia en la que se convoca y celebra el Pleno de la Sala Segunda que habría de pronunciarse sobre esta cuestión tan debatida, para interpretar la novedad legislativa que suponían los preceptos introducidos con las reformas de 2000 y 2001 y valorar su incidencia en la doctrina del Tribunal, aunque no lo haría hasta el 24 de Abril de 2007, aprobando el Acuerdo, ya anteriormente transcrito, en el sentido de que " No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor ".

III

Como vemos, tal desarrollo legal que acaba de describirse, y las respuestas que sucesivamente ha ofrecido la doctrina de esta Sala, se han producido hasta ahora en el ámbito del Seguro Obligatorio esencialmente. Pero ello, lejos de suponer su inaplicación cuando ante un Seguro Voluntario nos hallemos como en el caso que ahora nos ocupa, significa, muy al contrario, el reforzamiento de una exclusión semejante en cuanto a esta clase de aseguramiento por dos razones evidentes.

En primer lugar porque, al no haberse abordado la cuestión relativa al Seguro Voluntario, ha de entenderse que subsisten las razones que, desde siempre y sin cuestionamiento previo alguno, avalaban dicha exclusión.

Razones tales como las de la vigencia del principio general de la "inasegurabilidad del dolo" contenida en los preceptos legales (vid. art. 19 LCS ) o la imperatividad de la voluntad de los contratantes que, de forma expresa, excluyen esa responsabilidad del objeto del contrato, por no mencionar el hecho de que con la interpretación mayoritaria se estaría dando carta de naturaleza legítima a unas consecuencias contractuales derivadas de "causa ilícita", de acuerdo con lo establecido en los arts. 1255 y 1257 del Código Civil .

Si el dolo no es asegurable, como mis propios compañeros expresamente reconocen, de ello se deriva de forma ineludible que las acciones dolosas se encuentran fuera del ámbito del seguro y que, por consiguiente, no pueden originar responsabilidad civil alguna para quien no tenía ninguna relación contractual con ellas.

Carece de sentido, así mismo, el que mientras que un sistema de aseguramiento, como es el Obligatorio del Automóvil, que se rige por criterios de "socialización" del riesgo y de su cobertura, haya de quedar eximido de responsabilidad en estos casos de conductas dolosas (argumento reiteradamente utilizado en aquellas Resoluciones que tan reticentes se mostraron ante esta interpretación mientras que la literalidad de la norma ofrecía alguna posibilidad a la posición contraria), por el contrario, en aquel régimen, el Voluntario, esencialmente configurado por el contenido de la voluntad de las partes contratantes, sí que deba sin embargo responderse de hechos expresamente excluidos por éstas en el correspondiente clausulado, tanto general como particular, que integra el pacto que debe ser cumplido.

Y, por otra parte, porque no existe justificación alguna para que la exclusión de las acciones dolosamente cometidas de la categoría de "hecho de la circulación", expresamente recogida en sede del Seguro Obligatorio, no se aplique igualmente al otro tipo de Seguro del Automóvil, cuando el objeto de éste es, desde un principio, el mismo del anterior.

Dicho de otra forma: si la conducta dolosa no ha de ser considerada "hecho de la circulación", ese carácter lo ostenta a todos los efectos, quedando siempre fuera del Seguro del Automóvil, cualquiera que fuere su clase.

IV

En consecuencia, si ha de afirmarse, de acuerdo con la Ley y con el desarrollo de su interpretación por la propia Jurisprudencia, que la conducta dolosa (al menos en la forma de dolo directo) no tiene cabida en el concepto de "hecho de la circulación" que, como "siniestro" asegurable, es el único objeto posible de la cobertura de un contrato de esta clase, no nos encontramos ante una cuestión de "excepciones alegables" frente al perjudicado, en los términos del art. 76 de la LCS , sino de la exclusión del "ámbito del aseguramiento" y, por consiguiente, de su producción no puede seguirse consecuencia alguna que vincule a la Aseguradora.

Del mismo modo que, afirmada la exclusión de dicho ámbito, a mi juicio no resulta equívoco, alternativo o ambiguo, prestándose a interpretaciones contradictorias, como afirman mis compañeros de la mayoría, el contenido del art. 117 del Código Penal cuando afirma que " Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda ", pues, en efecto, la Aseguradora, en estos casos y por definición, no asumió nunca el riesgo derivado de tal conducta dolosa ajena al "hecho de la circulación", verdadero objeto de su aseguramiento, ya que el "uso" asegurado respecto del vehículo de motor no es en ningún caso el referido a su utilización como instrumento para causar intencionadamente daños corporales o patrimoniales, ni esa "actividad" es el objeto del aseguramiento ni tal "evento" constituye el "riesgo asegurado".

Sí que lo serán, por otra parte, las infracciones imprudentes o, incluso, los delitos contra la Seguridad vial (por ej. la conducción bajo la influencia de substancias tóxicas) pues es claro que estamos ante verdaderos "hechos de la circulación", aunque constitutivos de infracción penal calificable como dolosa, ya que, en estos casos, no se trata de dolo directo respecto de la causación del resultado lesivo ni, por lo tanto, es utilizado intencionalmente el vehículo como instrumento para su producción.

Por lo que la mención literal de tales ilícitos contenida en el meritado art. 3.3 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor no contradice el proclamado principio de la "inasegurabilidad del dolo" y en ellos sí que tiene perfecta cabida tanto lo dispuesto en el art. 117 del Código Penal como las previsiones del art. 76 LCS .

Antes bien, semejante cita constituye una nueva demostración precisamente de la necesidad advertida por el Legislador de precisar la existencia de responsabilidad de la Aseguradora en aquellos supuestos en los que, a pesar de la duda que pudiera suscitar su carácter doloso, tal atribución de responsabilidad sí que procede.

V

En realidad nos hallamos, dicho sea desde mi humilde y solitaria opinión con el máximo respeto hacia la mayoritaria, ante una interpretación voluntarista que persigue una finalidad sin duda comprensible, aunque distante del sentido de las normas aplicables, cual es la de favorecer la más pronta y efectiva reparación de los perjuicios para quien resultó víctima o perjudicado de un grave delito, incumpliendo para ello lo dispuesto en el art. 1 de la propia LCS que obliga al Asegurador "... para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados ...".

Y el propio art. 19 del mismo Texto legal que dispone que " El asegurador estará obligado al pago de la prestación salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado ." Tanto más cuando esa "mala fe", que siempre ha de ser un acto "intencional y malicioso", alcance la categoría de "dolo".

Se evidenciará con claridad meridiana tal vocación en favor exclusivo del perjudicado por ejemplo cuando mis compañeros aluden expresamente a la principal finalidad de la "... obtención de una indemnización ágil para la víctima ..." (FJ 9º), como argumento interpretativo de la norma.

Y, en última instancia, se busca apoyo para ello en la literalidad del ya citado art. 76 LCS , de clara intención protectora del perjudicado sin duda, pero condicionado siempre a un presupuesto previo ineludible: que nos encontremos dentro del ámbito de la actividad asegurada, es decir, de un verdadero "siniestro", en definitiva de un "hecho de la circulación".

Pero para ello se incurre, de nuevo según mi modesto entender, en un apartamiento de los preceptos legales hoy vigentes en la materia y de los argumentos doctrinales a los que hemos hecho mención, ante todo porque ha de tenerse en cuenta y no puede obviarse el que los preceptos citados, que excluyen estas acciones del concepto de "hecho de la circulación", son posteriores en el tiempo al referido artículo 76 de la Ley de 1980 y rigen además, como norma especial frente a la LCS , en materia de responsabilidad civil automovilística.

Cuando tampoco debe olvidarse que, en delitos como los enjuiciados en las presentes actuaciones, existe una legislación específica para el resarcimiento de las víctimas por parte del Estado, incluso en supuestos de insolvencia del victimario (Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas de Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual), según nos recuerda la propia Resolución mayoritaria que, por cierto, incorpora diversos comentarios que sugieren crítica al hecho de que el Legislador, a juicio de mis compañeros, mantenga en este punto el régimen de responsabilidad de la Aseguradora.

En el fondo lo que se produce es un desplazamiento del último afectado por la obligación de resarcimiento de la víctima de semejantes acciones violentas, desde los fondos públicos, que todos los ciudadanos contribuimos a formar, a los propios asegurados que, con el abono de sus primas, son finalmente quienes van a soportar, no lo olvidemos si se realizan interpretaciones jurídicas con la mente puesta en consideraciones referentes a sus consecuencia económicas, la satisfacción de esta clase de indemnizaciones.

Debiendo precisar, a partir de aquí, el verdadero y actual sentido de la referencia legal al "derecho de repetición" del Asegurador contra el asegurado respecto de indemnizaciones prestadas en reparación de perjuicios ocasionados por conductas dolosas, que habrá de reservarse para aquellas ocasiones en que o bien se trate de un verdadero "hecho de la circulación" de este carácter, como los delitos contra la seguridad vial a los que hemos hecho referencia, o cuando la Aseguradora, antes de alcanzarse el definitivo pronunciamiento judicial declarando la concurrencia del dolo y para evitar consecuencias futuras más perniciosas para ella como las derivadas de la mora en el pago (intereses del art. 20 LCS , por ej.), haya abonado indebidamente la cantidad indemnizatoria al perjudicado.

Observemos finalmente, para apreciar las dificultades aplicativas de la interpretación literal del indicado precepto que por mis compañeros se sostiene que ese "derecho de repetición" tan sólo se reconoce en la norma frente al "asegurado", por lo que aquellos supuestos en los que el autor de la acción dolosa fuera un tercero distinto del contratante del seguro quedarían al margen de este régimen. Cuestión no obstante resuelta por el ya transcrito art. 117 CP "in fine", pero que revela las limitaciones técnicas del precepto de la LCS y su relativa obsolescencia.

Ha de tenerse presente, por otro lado, que el artículo 76 tiene una aplicación generalizada, que puede justificar plenamente la referencia a ese derecho de repetición sin que ello suponga que el mismo alcance a los supuestos de la circulación automovilística pues pensemos, por ejemplo y para una mejor comprensión de lo que se viene sosteniendo, en los supuestos en los que el seguro de responsabilidad civil lo fuera de incendios y resultase finalmente acreditado que fue el propio asegurado el autor del que afectó al inmueble de su propiedad, pero también al patrimonio e integridad física de terceros.

En este caso el objeto del aseguramiento, que no es una actividad humana como la conducción de vehículos, sino un hecho como tal, los estragos causados por el fuego, sí que daría lugar a la reparación por la aseguradora a los terceros, sin posibilidad de argumentar frente a ellos la denominada "exceptio doli", puesto que lo asegurado es el incendio, independientemente del componente humano que en este supuesto se da, es decir, el hecho se encuentra dentro del ámbito contractual, aunque la actuación dolosa del causante del siniestro otorgue lógicamente a la aseguradora que inicialmente hizo frente a la reparación de los perjuicios causados, puede que incluso a los producidos en los bienes del propio responsable. el ulterior derecho a repetir contra el autor intencionado del evento asegurado.

Sin embargo, hipótesis distinta y más merecedora del régimen que se viene sosteniendo aquí para el seguro de circulación de automóviles sería la del seguro de responsabilidad civil doméstica, que cubra los resultados lesivos o dañosos producidos como consecuencia de la caída de objetos a calles, patios, etc., pues aquí lo asegurado es la "caída", imprudente, fortuita o por causa de fuerza mayor, pero no cuando en vez de "caer" el objeto es "arrojado" intencionadamente desde la vivienda, ya que ese "lanzamiento doloso" no constituye el objeto del aseguramiento y, por consiguiente, no es que se trate de la posibilidad, o no, del ejercicio frente a terceros de la "exceptio doli" respecto de la reparación de los perjuicios causados a terceros por el "hecho asegurado" aunque fuere producido mediando conducta dolosa, como en el caso del incendio, sino de que esos perjuicios se produjeron como consecuencia de un origen causal que no se encontraba incluido en el ámbito del objeto contractual.

Y, por tanto, no resultaba de aplicación el tan repetido art. 76 LCS, sino el 1 de la misma Ley (en relación también con el 117 CP ), que delimita el objeto del contrato, estableciendo, como contenido del mismo, la obligación de indemnizar el daño producido "... para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados... ". O, dentro de la categoría específica del seguro de responsabilidad civil, el 73, que dispone esa obligación resarcitoria con cargo al asegurador sólo en el caso de que los daños y perjuicios causados al tercero lo sean "... por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado ..."

Porque, siguiendo con el ejemplo, el incendio es incendio, cualquiera que fuere su causa y no puede excluirse mediante pacto el que, aún tratándose de un hecho de esa clase, se prive al tercero eventualmente perjudicado de la privilegiada posición que nuestro ordenamiento ha querido dispensarle frente al asegurador en el art. 76, toda vez que el incendio es el "evento asegurado".

En tanto que el lanzamiento intencionado de un objeto no puede identificarse con su caída accidental, de igual modo que el empleo del automóvil como instrumento exclusiva y dolosamente dirigido a causar daños, lesiones o muerte no se identifica tampoco con el hecho de circular haciendo uso de ese medio de transporte causando, sin intención de ello, perjuicios a terceros.

Por lo que, en conclusión, sostengo que en esta ocasión, con base en los anteriores argumentos y puesto que tampoco prosperó la propuesta de trasladar este asunto al conocimiento del Pleno de la Sala, lo que a mi juicio hubiera sido sin duda lo más procedente, debería haberse estimado el Recurso del Responsable civil directo y, como consecuencia de ello, dictarse la correspondiente Segunda Sentencia, que le eximiera de dicha responsabilidad.

Jose Manuel Maza Martin

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Antonio del Moral Garcia , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

FECHA:20/03/2013

VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr. Don Andres Martinez Arrieta, a la Sentencia nº 365/13 dictada en el recurso de Casación nº 1357/2012.

El presente Voto particular no fue anunciado en la impugnación y es concurrente. Estoy de acuerdo con el Fallo de la Sentencia, fiel al resultado de la deliberación, pero entiendo que su motivación adolece de cierta imprecisión y no desarrolla nuestro Acuerdo plenario de 24 de abril de 2007 a cuyo tenor, incluso en el ámbito del seguro obligatorio, para el que el ordenamiento dispone la exclusión de la cobertura cuando el vehículo a motor sea utilizado como instrumento doloso, se genera esa obligación de indemnizar respecto a los resultados no directamente propuestos por el autor, como es el caso de esta casación.

La sentencia desarrolla, a mi juicio, correctamente la interpretación del art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro de 1980 , a cuyo tenor "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero..."

Me interesa destacar que el derecho de repetir que se confiere al asegurador presupone la subsistencia de la obligación de éste de responder a las previsiones del contrato existente. La normativa sobre el contrato de seguro excluye de la obligación de pago al seguro obligatorio, consecuentemente también al Consorcio de seguros, por ese montante de responsabilidad, pero respecto del seguro voluntario, la previsión de la legislación de contrato de seguro es el derecho de repetir contra el asegurado en el caso de que sea debido a conducta dolosa. La sentencia de la mayoría es clara al respecto y a los fundamentos séptimo y siguientes de la sentencia me remito en cuanto refleja los sucesivos cambios legislativos en la materia.

El Reglamento del Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la Circulación de vehículos a motor (RD 1507/2008, de 12 de septiembre) tiene por objeto precisar los conceptos básicos de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Así lo establece el art. 1.4 de la Ley sobre la responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor . El art. 2.1 señala su aplicación: "a los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio se entiende por hecho de la circulación..." [párrafo 3º] "tampoco tendría la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y bienes".

Por lo tanto, la exclusión de la obligación del asegurador es clara respecto al seguro obligatorio cuando el vehículo es utilizado como instrumento para la comisión dolosa de un delito. Cuando se trata de una cobertura voluntaria existe una previsión genérica de no aseguramiento del resultado doloso, y, además, la previsión legal del art. 76 LCS , posibilitar una acción de repetición del asegurador contra el asegurado que actúa dolosamente.

Esta Sala, respetuosa con el principio de legalidad, porque es el contenido esencial de su función: unificar la aplicación de la ley mediante la interpretación de la norma, ha procedido a interpretar los textos legales, en ocasiones como en el caso, no muy precisos. Los cambios legislativos han propiciado, fieles a la observancia del principio de legalidad, cambios en la jurisprudencia. Así, antes de que el legislador dispusiera el concepto de hecho de la circulación como criterio para contener el ámbito del seguro y la responsabilidad del asegurador, la jurisprudencia reservó al seguro obligatorio el contenido de la indemnización por estos hechos. Por ello, el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 6 de marzo de 1997, expresó "las sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos a motor que determinen responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado "con motivo de la circulación".

Las sucesivas reformas del contrato de seguro excluyendo al seguro obligatorio de la cobertura de estos hechos, determinaron otro Acuerdo, de fecha 24 de abril de 2007, ya con la nueva regulación legislativa con el siguiente contenido: "No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito . Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor".

Esta interpretación se realiza desde el examen de la legalidad y desde la perspectiva de la solidaridad en la cobertura de los hechos de la circulación respecto a perjudicados en un delito que son ajenos a su estructura y de la consideración de sujetos pasivos destinatarios directos de la acción dolosa.

Por lo tanto, no es una jurisprudencia zigzagueante, ni sinuosa, sino ajustada a la respectiva previsión legal al tiempo de su adopción.

He subrayado la frase del anterior Acuerdo para destacar un aspecto que considero de especial relevancia en la interpretación de la norma y también para la resolución del presente objeto de esta casación. La jurisprudencia en esta materia, ciertamente tuitiva de las víctimas, ha propendido a favorecer la posición del perjudicado en la reparación de los perjuicios sufridos. Esa interpretación a favor del perjudicado adquiere una especial relevancia en supuestos como el que concurre en el hecho objeto de esta casación. El autor del hecho delictivo dirige su vehículo, como instrumento para causar la muerte, contra un grupo de personas con las que había tenido un altercado momentos antes. Impacta contra tres personas, tres resultados que son subsumidos en tres delitos intentados de homicidio. De las tres personas, dos de ellas eran del grupo con el que se había enfrentado y contra el que dirige el coche. Eran, por lo tanto, destinatarias directas de su actuar delictivo. Con relación a ellas no se plantea ningún problema pues han renunciado al ejercicio de acción civil al haber sido indemnizadas. Sin embargo, la tercera persona, la que no ha sido indemnizada, es una persona completamente ajena al origen de los hechos que desencadenaron la conducta. Es una persona que se encontraba en una marquesina de un autobús, ajena a todo lo acaecido con anterioridad. Su muerte no era buscada, no era de las propuestas por el autor de forma directa. Ciertamente, desde la dogmática penal, los errores en la persona no excluyen el dolo en la subsunción del tipo subjetivo, de manera que quien actúa con intención de matar a una persona, A, y mata a otra, B, la dogmática y la jurisprudencia nos indican, que su conducta es dolosa, aunque B no fuera destinatario de la conducta del autor del hecho. El error en la persona no tiene relevancia penal para la configuración del tipo subjetivo. El hecho probado reseña este supuesto, un error en la persona, no un supuesto de dolo eventual o de consecuencias necesarias. Sin embargo, como hecho generador de responsabilidad civil, la muerte, o las lesiones, en definitiva el resultado se debe a un hecho de la circulación, se trata de "un daño diferente a los propuestos por el autor" sobre el que afirmamos en el Acuerdo plenario de la Sala II del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 2007, que era procedente la responsabilidad civil de la compañía de seguros, sin perjuicio del derecho de repetición que a esta corresponde, pues no era el daño propuesto directamente por el autor.

Se trata de una interpretación de la normativa sobre seguros de la circulación que pretende proteger a los perjudicados de hechos que, al ser ajeno a lo propuesto por el autor, son susceptibles de ser indemnizados y cubiertos por el seguro al tratarse, desde esta perspectiva de ajeneidad al hecho directamente buscado por el autor, de un resultado causal a un hecho de la circulación, aunque, desde la dogmática y jurisprudencia penal, sea considerado como hecho doloso.

Desde la perspectiva penal, el hecho es doloso, y desde la perspectiva del seguro de la circulación, es un hecho de la circulación que debe ser indemnizado en los términos de nuestra interpretación contenida en el mencionado Acuerdo de 24 de abril de 2007. Este Acuerdo, aunque adoptado en relación al seguro obligatorio es trasladable, argumentativamente al ámbito del seguro voluntario, aunque sólo a estos efectos argumentativos pues, como se recoge en la Sentencia no existe una previsión limitativa de la indemnización.

Andres Martinez Arrieta

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

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Voto Particular

FECHA:20/03/2013

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Jose Manuel Maza Martin a la sentencia de esta Sala núm 365/13, de 20 de marzo de 2013.

Con el máximo respeto que me merece la opinión mayoritaria de este Tribunal, y sin discrepar de ella en cuanto a las consideraciones vertidas acerca de la desestimación íntegra de los Recursos formulados por la Acusación Particular y el condenado, expreso mi criterio contrario a la decisión adoptada en orden al Recurso de la Compañía Aseguradora, declarada en la instancia como Responsable civil directo, que igualmente se desestima.

Para razonar esa discrepancia con la opinión de la mayoría, en este extremo concreto de la declaración como responsable civil de la Aseguradora, frente a la extensa y, sin lugar a dudas, razonada y sólida argumentación desarrollada a lo largo de los veinticinco folios que integran los Fundamentos Jurídicos Séptimo a Noveno de nuestra Sentencia, sin duda bastará con una extensión algo menor, toda vez que la cuestión, a mi juicio, ha de circunscribirse exclusivamente a determinar si nos hallamos ante un "hecho de la circulación" y, por ende, alojado en la cobertura del seguro automovilístico suscrito por la recurrente o si, por el contrario, situándose el hecho enjuiciado fuera de ese ámbito, resulta de todo punto y "ab initio" improcedente la afirmación de que se trata de un "siniestro" objeto de aseguramiento y, por ende, generador de responsabilidad resarcitoria para quien no aseguraba las consecuencias de un hecho de semejante naturaleza.

Y en este sentido, a mi juicio le asiste plenamente la razón a quien recurre y, en definitiva, hubiera procedido la estimación del Único motivo en el que apoya su pretensión, por haber incurrido el Tribunal de instancia en una infracción de Ley ( art. 849.1º LECr ) ante la incorrecta aplicación de algunos de los preceptos legales de carácter sustantivo que se citan ( art. 2.3 del Reglamento del Seguro Obligatorio aprobado por R.D. 1507/2008, de 12 de Septiembre, art. 1.4 de la LRCSCVM , reformado por la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, art. 1.1 de la Ley 30/1995, R .D. de 29 de Octubre de 2004, Ley 21/2007, art. 19 de la LCS , art. 3.1 de la Directiva de la CEE, de 24 de Abril de 1972 , art. 11 de la Convención Europea sobre Responsabilidad Civil en caso de daños causados por vehículos automóviles , y art. 117 CP ), siendo contrarias además la Resolución de la Audiencia y la de esta Sala que la confirma a los claros antecedentes jurisprudenciales sobre esta materia, incluido el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de fecha 24 de Abril de 2007.

En este Pleno, como luego se volverá a razonar, expresamente se acordó excluir la responsabilidad civil de la Aseguradora, cuando se trate de los perjuicios ocasionados mediante un comportamiento doloso en el que el automóvil es utilizado únicamente como el instrumento para la comisión del delito y con esa exclusiva finalidad. Y aunque tal decisión se adoptara en aquel momento respecto del Seguro Obligatorio, pues ese había sido tradicionalmente el único ámbito objeto de polémica en este punto, en realidad su fundamento no fue otro (ninguno otro podría haber sido) que el de constatar cómo la regulación especial de este tipo de aseguramiento había dejado ya sentado definitivamente, sin lugar a duda, que esa actividad dolosa se encontraba fuera del riesgo asegurado y, por ello, alejada de la previsión del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro . Pronunciamiento que, obviamente, debería entenderse extensible a toda la actividad automovilística y a su aseguramiento, obligatorio o voluntario, ya que de la demarcación de su ámbito ("hecho de la circulación") se trataba.

Pero también se ha de señalar, en esta introducción previa, cómo en el tan citado Acuerdo se hacía la excepción de aquellos supuestos en los que no concurriera un dolo directo en la causación del resultado lesivo o dañoso pues, en efecto, eso volvía a sintonizar con la lógica general de lo acordado en el sentido de que al existir una voluntad de utilización del vehículo propia del mero transporte e independiente de la comisión del ilícito penal, por mucho que ésta se admitiese al menos eventualmente, la cobertura aseguratoria quedaría justificada.

En tal sentido, en la presente ocasión, si mis compañeros de la mayoría simplemente hubieran entendido que el caso del único perjudicado que reclama indemnización en estas actuaciones, que resultó arrollado sin que contra él se dirigiera la intención delictiva del conductor del automóvil, estuviera amparado por la referida excepción del Acuerdo del Pleno de la Sala "in fine", es decir, que sus lesiones no respondían a la "directa" intencionalidad del autor de los hechos, no habría sido necesario plantearse la extensa motivación que en la Sentencia se dedica a este extremo para explicar cómo la aseguradora sí que ha de responder, como respondería en todo caso, según la opinión de mis compañeros, aunque se tratase de un supuesto de dolo directo.

Pero como se parte de la idea, que por otro lado en mi opinión no deja de ser irreprochable, de que, desde el estricto punto de vista de la calificación penal de tal agresión, no puede la misma considerarse como un caso de concurrencia de dolo eventual, como tampoco lo sería aquel en el que con intención de atentar contra una determinada Autoridad se causase así mismo la muerte de los integrantes del servicio de seguridad personal que le acompañasen, me siento en la obligación de salir al paso al pronunciamiento que cuestiono pues desde un comienzo considero, junto con otros argumentos de fondo que más adelante se expondrán, que tal decisión no se corresponde con la coherencia de la línea doctrinal seguida por este Tribunal hasta la fecha, incumpliéndola sin acudir al mecanismo ya aplicado en esta misma materia en diversas ocasiones anteriores, que no habría de ser otro que el escenario del Pleno de la Sala, para que se debatiera en él, una vez más, este asunto al parecer tan reiteradamente conflictivo.

Por todo lo cual resulta necesario comenzar exponiendo, siquiera sucintamente, la evolución sufrida por el tratamiento jurisprudencial de esta cuestión, que viene de lejos y resulta, en este caso, por demás esclarecedora.

I

A tal efecto hay que recordar:

1) Que, inicialmente, a partir de la Ley 122/1962, de 24 de Diciembre, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 3787/1964, de 19 de Diciembre, que inauguran el régimen del Seguro Obligatorio del Automóvil, ninguna duda tuvo la doctrina jurisprudencial acerca de la exclusión de los hechos dolosos de ese seguro específico referido al uso de los vehículos de motor, porque expresamente la norma así lo establecía (art. 24.2 del citado Reglamento).

Régimen que equiparaba esta innovadora especialidad aseguratoria, propia del automóvil, al resto de seguros de responsabilidad civil que respondían, desde siempre, al principio general de la "inasegurabilidad del dolo", por aplicación, entre otras razones, de la proscripción de los contratos con "causa ilícita", consagrada desde casi cien años antes en el propio Código Civil (arts. 1255 y 1257 ).

2) Más tarde, y ya en plena vigencia del artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro de 1980 , a cuyo alcance e interpretación luego habremos de referirnos, una pacífica y reiterada doctrina de esta Sala, de la que son exponentes entre otras las Sentencias de 27 de Marzo , 27 de Noviembre y 22 de Diciembre de 1989 , 14 de Marzo de 1991 , 8 de Julio de 1992 y 10 de Julio de 1995 , con la sola y aislada excepción en sentido contrario de la STS de 12 de Noviembre de 1994 , seguía afirmando, con toda claridad y contundencia, la exclusión del seguro automovilístico, especialmente si del de suscripción voluntaria se trataba, de aquellas conductas dolosas, atentatorias contra la vida, la integridad o el patrimonio de terceros, en las que el vehículo era utilizado como mero instrumento para la causación de tales perjuicios.

3) Sin embargo, tras un previo intento infructuoso de cambiar la anterior doctrina en la sesión de 14 de diciembre de 1994 que concluyó sin decisión alguna, el 6 de Marzo de 1997 se convoca el Pleno de la Sala Segunda, con este asunto una vez más en el orden del día, adoptándose, por mayoría, el Acuerdo siguiente: " Las Sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos de motor que determinen responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado "con motivo de la circulación ". Acuerdo que será seguido por la importantísima Sentencia de 29 de Mayo de 1997 y por las de 24 de Octubre de 1997 , 4 de Noviembre de 1998 o 23 de Febrero de 2000 , entre otras varias.

Es decir, a partir de ese momento, se establece la Responsabilidad de la Aseguradora en estos casos pero, importante es resaltarlo, restringida al supuesto exclusivo del Seguro Obligatorio y con la precisión de algo tan trascendental como el que el daño se produzca siempre "con motivo de la circulación". Por lo tanto, cuando se ocasionase el resultado lesivo en un hecho que no sea propiamente "hecho de la circulación" la obligación de resarcimiento de la Aseguradora tampoco nacería, incluso en el caso del aseguramiento obligatorio.

4) Circunscrita tras ese Acuerdo, por tanto, al ámbito del Seguro Obligatorio del Automóvil, puesto que la exclusión por lo que respecta al Seguro Voluntario en ningún momento había sido anteriormente cuestionada, la cobertura aseguratoria en esta clase de supuestos (hechos dolosos) y entendiendo las Sentencias que siguieron (de forma a mi juicio incorrecta) que se cumplía el requisito de ocasionarse el daño "con motivo de la circulación" por el simple hecho de que el vehículo se encontrase en movimiento, no obstante, tras la publicación, en el BOE de 13 de Enero de 2001, del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, de 12 de Enero de 2001, que, en su art. 3.3 dice textualmente: " Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ", que no venía sino a reiterar casi literalmente el contenido del art. 1.4 de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación a Vehículos de Motor, de 8 de Noviembre de 1995 que, reformada por la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ya establecía: " Reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación. En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ", se produce un nuevo Acuerdo del Pleno, de fecha 24 de Abril de 2007, con el siguiente contenido literal: " No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor ".

En definitiva, en estos casos y cuando se trate de dolo directo, la exclusión alcanza también a la cobertura del Seguro Obligatorio, como desarrollarían ampliamente la ulterior STS de 8 de Mayo de 2007 y sucesivas como la de 3 de Noviembre de 2009 , sin percibir necesidad alguna de afirmar una expresa equiparación, ni diferenciación tampoco, de este régimen respecto del Seguro Voluntario pues, como queda dicho, la exclusión de los hechos dolosos en tal clase de aseguramiento nunca se había cuestionado.

5) Pues bien, tras semejante recorrido doctrinal, desde la inicial denegación, en todos los casos, de la responsabilidad de la Aseguradora del automóvil respecto de los daños personales o patrimoniales causados dolosamente con el vehículo como instrumento, hasta la expresa exclusión, por imperativo explícito e ineludible de la norma específica, de tal responsabilidad, cuando del Seguro Obligatorio se trataba, se inicia una inflexión en el criterio jurisprudencial, a mi juicio de todo punto improcedente entre otras razones por resultar contraria a la doctrina inmediatamente anterior del Tribunal y no ser sometida a deliberación del Pleno de la Sala, como hasta entonces en esta materia singularmente había acontecido, con la STS de 24 de Abril de 2008 , a la que sigue, profundizando aún más en la misma tesis, la de 16 de Abril de 2011 en la que se apoya la Resolución aquí recurrida, según las cuales, excluida la responsabilidad de la Aseguradora cuando nos hallemos ante el aseguramiento Obligatorio, sí que se producirá esa obligación indemnizatoria, no obstante, cuando del Seguro Voluntario se tratase, según continuará afirmando la posterior STS de 8 de Noviembre de 2011 , aunque sobre bases argumentales que, en mi opinión se apartan de la realidad de los precedentes vistos al proclamar, entre otras cosas, que "... la jurisprudencia de esta Sala viene estableciendo un distinto régimen de responsabilidad con motivo de la circulación de vehículos de motor cuando se opera con el seguro obligatorio y el voluntario. Con respecto a este se considera que no puede oponerse frente a las víctimas la "exceptio doli", a tenor de lo que se dispone en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro " (sic).

6) Es decir, y resumiendo todo este proceso jurisprudencial, mientras que en un principio no se consideró la responsabilidad del seguro respecto de los hechos dolosos, ni para el Obligatorio ni para el Voluntario; más adelante se entenderá que sí que ha de responder el Obligatorio aunque no, por su concreta especialidad y naturaleza, el Voluntario y cuando, por ineludible mandato legal, vuelve a excluirse el Seguro Obligatorio, se inicia una línea doctrinal según la cual el Voluntario, a diferencia del Obligatorio, sí que ha de responder de los perjuicios causados por la acción dolosa.

En otro orden de cosas, tan sólo mencionar aquí la STS de 27 de Febrero de 2009 ("caso Maeso") que aplica semejante criterio de la responsabilidad de la Aseguradora frente a los perjuicios lesivos ocasionados por la conducta dolosa de un profesional de la Medicina, aunque allí se calificase la conducta enjuiciada como dolo eventual.

Curioso ejemplo, en definitiva, de deambular "sinuoso", en expresión de la propia recurrente, culminado hasta la fecha por la Resolución a la que este Voto se adjunta, que pudiera poner de relieve a mi juicio una cierta contradicción, pues si tradicionalmente no se cuestionaba la existencia de razones fundadas para excluir de responsabilidad a una de las clases de aseguramiento, la voluntaria, sorprende, cuando menos, el que tras excluirse también la otra (la obligatoria), precisamente por considerar que la conducta lesiva dolosa no es "hecho de la circulación" (riesgo asegurado), se advierta que la que desde siempre se excluyó ahora sí que debe generar responsabilidad para la correspondiente Aseguradora.

Máxime cuando, como desde un principio dijimos, todo se resume a determinar si el hecho productor del daño es, o no, un siniestro amparado dentro de la cobertura del seguro del automóvil, tanto de carácter Obligatorio como Voluntario, es decir, si se trata en efecto de un "hecho de la circulación".

Carácter lógicamente válido y unívoco en su aplicación cualquiera que fuere la clase de Seguro que dé cobertura a la utilización del automóvil, al no apreciarse razón alguna que, desde el punto de vista de la determinación del objeto del contrato de seguro, justifique tal diferenciación.

Y más aún cuando las normas transcritas pocas líneas atrás se refieren, en general, a la "Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de motor", independientemente de la forma en la que esa responsabilidad esté asegurada.

7) Debiendo aludir, por último, a una importante y recientísima Sentencia de la Sala Primera de este Tribunal, de fecha 11 de Febrero del presente año, en la que, sin abordar expresamente la cuestión que aquí nos ocupa, reafirma criterios generales de extraordinario interés, relacionados con mucho de lo que llevamos dicho, tales como los siguientes:

a) que, " a pesar del distinto espíritu y normativa reguladora del Seguro Obligatorio del Automóvil y del Voluntario, ambas modalidades se configuran como seguros de responsabilidad civil garantes de la responsabilidad del dueño de un vehículo en un hecho de la circulación " (sic).

b) que la diferencia entre ambas modalidades estriba en el título atributivo de la responsabilidad en sendos casos: el riesgo específico de la circulación, en el obligatorio, frente a la responsabilidad por culpa en el voluntario, en el que el título de imputación es la negligencia del causante del daño .

c) que el seguro voluntario de responsabilidad civil cubre el riesgo asegurado (exclusivamente), siempre dentro de los límites legales y contractuales.

d) y ello porque la obligación, en este caso, a la que se compromete el asegurador, lo es frente al asegurado, consistiendo en mantener indemne el patrimonio de éste cuando se vea gravado por la obligación de indemnizar al tercero como consecuencia de que el hecho, en cualquier caso, esté previsto en el contrato y se deba a la conducta negligente, con los requisitos del artículo 1902 del Código Civil .

II

En definitiva, que lo único que cabe, al margen de otros argumentos marginales a los que trataremos de encontrar explicación más adelante, es la decisión, con los preceptos legales a la vista como no puede ser de otro modo desde nuestra estricta función interpretativa de la norma, acerca de si realmente nos encontramos ante un "hecho de la circulación", puesto que ese, y no otro, es el riesgo cuyo aseguramiento fue objeto del contrato en el ámbito de la circulación de vehículos de motor.

Y en tal sentido, la evolución legal relativa a la determinación de lo que es "hecho de la circulación", como objeto de esta clase de contratos, puede describirse del modo siguiente:

1) En los orígenes legislativos del Aseguramiento Obligatorio del Automóvil no admitía discusión alguna la exclusión de la Responsabilidad del Seguro en los supuestos de perjuicios causados dolosamente, a tenor de lo expresamente dispuesto en la ya aludida Ley 122/1962, de 24 de Diciembre, y, más en concreto, en el art. 24 b ) del Reglamento aprobado, en desarrollo de dicha Ley, por Decreto 3787/1964, de 19 de Noviembre.

2) Más tarde, será como consecuencia de la omisión de dicha exclusión en el Texto Refundido, aprobado por Real Decreto legislativo 1301/1986, de 28 de Junio, y del contenido del Reglamento del Real Decreto 2641/1986, de 30 de Diciembre, que en su art. 16 atribuye al asegurador que ha efectuado el pago indemnizatorio a repetir "... contra el conductor, el propietario del vehículo causante del daño y el asegurado, en el caso de que el daño fuera debido a la conducta dolosa de éstos ...", interpretado en mi opinión erróneamente como luego explicaré, en relación con el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ) 50/1980, de 8 de Octubre, cuando empieza a plantearse la duda sobre la exclusión de la responsabilidad del asegurador en estos supuestos, máxime ante la reiterada referencia al derecho de repetición de la Aseguradora, en el art. 7 a), de la Ley 30/1995, de 8 de Noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM).

Y todo ello, aunque ya en el "Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación", contenido en forma de Anexo a la referida Ley, se dispusiera, de modo harto significativo, en el primero de los "Criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización", que " El presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso ."

3) Pero, en tal estado de cosas, se produciría la publicación, en el BOE de 13 de Enero de 2001, del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor, de 12 de Enero de 2001, que, en su art. 3.3 dice textualmente: " Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ."

4) La literalidad de semejante precepto parecería, en un primer momento razón categórica, lo suficientemente clara y tajante, como para zanjar, con carácter definitivo, nuestra ardua contienda. Máxime cuando con anterioridad, admitiendo la sugerencia del propio Consejo de Estado en el sentido de que esta materia debería quedar definitivamente resuelta desde la propia Ley para evitar cualquier problema hermenéutico de orden jerárquico normativo, por Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, sobre "Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social", art. 71, ya se había reformado el propio art. 1.4 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor , que pasará a decir que "... reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación a los efectos de la presente Ley. En todo caso, no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes ."

5) Sin embargo, y a pesar de la vigencia y rotunda claridad de tales preceptos, casi simultáneamente, el 7 de Febrero de 2001, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, llegaría a considerar, en forma a mi juicio considerablemente forzada, que la alusión legal excluyente de los perjuicios derivados de acciones dolosas habría de entenderse, restrictivamente, tan sólo referida a las conductas "exclusivamente" dolosas y que las mismas no alcanzan, en ningún caso, a aquellos supuestos en los que el vehículo se encontraba circulando al tiempo de la comisión del ilícito causante de los perjuicios a indemnizar. Concretamente, en el caso objeto de enjuiciamiento en esa Resolución, cuando el autor del hecho, que transitaba con su vehículo por la vía pública, al advertir la presencia de una persona con la que había mantenido anteriores diferencias caminando junto a la calzada, desvía su automóvil con el fin de atropellarla, lo que consigue.

En el mismo sentido otras Sentencias como la de 2 de Julio de 2005, por ejemplo.

Circunstancia en la que se convoca y celebra el Pleno de la Sala Segunda que habría de pronunciarse sobre esta cuestión tan debatida, para interpretar la novedad legislativa que suponían los preceptos introducidos con las reformas de 2000 y 2001 y valorar su incidencia en la doctrina del Tribunal, aunque no lo haría hasta el 24 de Abril de 2007, aprobando el Acuerdo, ya anteriormente transcrito, en el sentido de que " No responderá la aseguradora, con quien se tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil, cuando el vehículo de motor sea el instrumento directamente buscado para causar daño personal o material derivado del delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor ".

III

Como vemos, tal desarrollo legal que acaba de describirse, y las respuestas que sucesivamente ha ofrecido la doctrina de esta Sala, se han producido hasta ahora en el ámbito del Seguro Obligatorio esencialmente. Pero ello, lejos de suponer su inaplicación cuando ante un Seguro Voluntario nos hallemos como en el caso que ahora nos ocupa, significa, muy al contrario, el reforzamiento de una exclusión semejante en cuanto a esta clase de aseguramiento por dos razones evidentes.

En primer lugar porque, al no haberse abordado la cuestión relativa al Seguro Voluntario, ha de entenderse que subsisten las razones que, desde siempre y sin cuestionamiento previo alguno, avalaban dicha exclusión.

Razones tales como las de la vigencia del principio general de la "inasegurabilidad del dolo" contenida en los preceptos legales (vid. art. 19 LCS ) o la imperatividad de la voluntad de los contratantes que, de forma expresa, excluyen esa responsabilidad del objeto del contrato, por no mencionar el hecho de que con la interpretación mayoritaria se estaría dando carta de naturaleza legítima a unas consecuencias contractuales derivadas de "causa ilícita", de acuerdo con lo establecido en los arts. 1255 y 1257 del Código Civil .

Si el dolo no es asegurable, como mis propios compañeros expresamente reconocen, de ello se deriva de forma ineludible que las acciones dolosas se encuentran fuera del ámbito del seguro y que, por consiguiente, no pueden originar responsabilidad civil alguna para quien no tenía ninguna relación contractual con ellas.

Carece de sentido, así mismo, el que mientras que un sistema de aseguramiento, como es el Obligatorio del Automóvil, que se rige por criterios de "socialización" del riesgo y de su cobertura, haya de quedar eximido de responsabilidad en estos casos de conductas dolosas (argumento reiteradamente utilizado en aquellas Resoluciones que tan reticentes se mostraron ante esta interpretación mientras que la literalidad de la norma ofrecía alguna posibilidad a la posición contraria), por el contrario, en aquel régimen, el Voluntario, esencialmente configurado por el contenido de la voluntad de las partes contratantes, sí que deba sin embargo responderse de hechos expresamente excluidos por éstas en el correspondiente clausulado, tanto general como particular, que integra el pacto que debe ser cumplido.

Y, por otra parte, porque no existe justificación alguna para que la exclusión de las acciones dolosamente cometidas de la categoría de "hecho de la circulación", expresamente recogida en sede del Seguro Obligatorio, no se aplique igualmente al otro tipo de Seguro del Automóvil, cuando el objeto de éste es, desde un principio, el mismo del anterior.

Dicho de otra forma: si la conducta dolosa no ha de ser considerada "hecho de la circulación", ese carácter lo ostenta a todos los efectos, quedando siempre fuera del Seguro del Automóvil, cualquiera que fuere su clase.

IV

En consecuencia, si ha de afirmarse, de acuerdo con la Ley y con el desarrollo de su interpretación por la propia Jurisprudencia, que la conducta dolosa (al menos en la forma de dolo directo) no tiene cabida en el concepto de "hecho de la circulación" que, como "siniestro" asegurable, es el único objeto posible de la cobertura de un contrato de esta clase, no nos encontramos ante una cuestión de "excepciones alegables" frente al perjudicado, en los términos del art. 76 de la LCS , sino de la exclusión del "ámbito del aseguramiento" y, por consiguiente, de su producción no puede seguirse consecuencia alguna que vincule a la Aseguradora.

Del mismo modo que, afirmada la exclusión de dicho ámbito, a mi juicio no resulta equívoco, alternativo o ambiguo, prestándose a interpretaciones contradictorias, como afirman mis compañeros de la mayoría, el contenido del art. 117 del Código Penal cuando afirma que " Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda ", pues, en efecto, la Aseguradora, en estos casos y por definición, no asumió nunca el riesgo derivado de tal conducta dolosa ajena al "hecho de la circulación", verdadero objeto de su aseguramiento, ya que el "uso" asegurado respecto del vehículo de motor no es en ningún caso el referido a su utilización como instrumento para causar intencionadamente daños corporales o patrimoniales, ni esa "actividad" es el objeto del aseguramiento ni tal "evento" constituye el "riesgo asegurado".

Sí que lo serán, por otra parte, las infracciones imprudentes o, incluso, los delitos contra la Seguridad vial (por ej. la conducción bajo la influencia de substancias tóxicas) pues es claro que estamos ante verdaderos "hechos de la circulación", aunque constitutivos de infracción penal calificable como dolosa, ya que, en estos casos, no se trata de dolo directo respecto de la causación del resultado lesivo ni, por lo tanto, es utilizado intencionalmente el vehículo como instrumento para su producción.

Por lo que la mención literal de tales ilícitos contenida en el meritado art. 3.3 del Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor no contradice el proclamado principio de la "inasegurabilidad del dolo" y en ellos sí que tiene perfecta cabida tanto lo dispuesto en el art. 117 del Código Penal como las previsiones del art. 76 LCS .

Antes bien, semejante cita constituye una nueva demostración precisamente de la necesidad advertida por el Legislador de precisar la existencia de responsabilidad de la Aseguradora en aquellos supuestos en los que, a pesar de la duda que pudiera suscitar su carácter doloso, tal atribución de responsabilidad sí que procede.

V

En realidad nos hallamos, dicho sea desde mi humilde y solitaria opinión con el máximo respeto hacia la mayoritaria, ante una interpretación voluntarista que persigue una finalidad sin duda comprensible, aunque distante del sentido de las normas aplicables, cual es la de favorecer la más pronta y efectiva reparación de los perjuicios para quien resultó víctima o perjudicado de un grave delito, incumpliendo para ello lo dispuesto en el art. 1 de la propia LCS que obliga al Asegurador "... para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados ...".

Y el propio art. 19 del mismo Texto legal que dispone que " El asegurador estará obligado al pago de la prestación salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado ." Tanto más cuando esa "mala fe", que siempre ha de ser un acto "intencional y malicioso", alcance la categoría de "dolo".

Se evidenciará con claridad meridiana tal vocación en favor exclusivo del perjudicado por ejemplo cuando mis compañeros aluden expresamente a la principal finalidad de la "... obtención de una indemnización ágil para la víctima ..." (FJ 9º), como argumento interpretativo de la norma.

Y, en última instancia, se busca apoyo para ello en la literalidad del ya citado art. 76 LCS , de clara intención protectora del perjudicado sin duda, pero condicionado siempre a un presupuesto previo ineludible: que nos encontremos dentro del ámbito de la actividad asegurada, es decir, de un verdadero "siniestro", en definitiva de un "hecho de la circulación".

Pero para ello se incurre, de nuevo según mi modesto entender, en un apartamiento de los preceptos legales hoy vigentes en la materia y de los argumentos doctrinales a los que hemos hecho mención, ante todo porque ha de tenerse en cuenta y no puede obviarse el que los preceptos citados, que excluyen estas acciones del concepto de "hecho de la circulación", son posteriores en el tiempo al referido artículo 76 de la Ley de 1980 y rigen además, como norma especial frente a la LCS , en materia de responsabilidad civil automovilística.

Cuando tampoco debe olvidarse que, en delitos como los enjuiciados en las presentes actuaciones, existe una legislación específica para el resarcimiento de las víctimas por parte del Estado, incluso en supuestos de insolvencia del victimario (Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de Ayudas de Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual), según nos recuerda la propia Resolución mayoritaria que, por cierto, incorpora diversos comentarios que sugieren crítica al hecho de que el Legislador, a juicio de mis compañeros, mantenga en este punto el régimen de responsabilidad de la Aseguradora.

En el fondo lo que se produce es un desplazamiento del último afectado por la obligación de resarcimiento de la víctima de semejantes acciones violentas, desde los fondos públicos, que todos los ciudadanos contribuimos a formar, a los propios asegurados que, con el abono de sus primas, son finalmente quienes van a soportar, no lo olvidemos si se realizan interpretaciones jurídicas con la mente puesta en consideraciones referentes a sus consecuencia económicas, la satisfacción de esta clase de indemnizaciones.

Debiendo precisar, a partir de aquí, el verdadero y actual sentido de la referencia legal al "derecho de repetición" del Asegurador contra el asegurado respecto de indemnizaciones prestadas en reparación de perjuicios ocasionados por conductas dolosas, que habrá de reservarse para aquellas ocasiones en que o bien se trate de un verdadero "hecho de la circulación" de este carácter, como los delitos contra la seguridad vial a los que hemos hecho referencia, o cuando la Aseguradora, antes de alcanzarse el definitivo pronunciamiento judicial declarando la concurrencia del dolo y para evitar consecuencias futuras más perniciosas para ella como las derivadas de la mora en el pago (intereses del art. 20 LCS , por ej.), haya abonado indebidamente la cantidad indemnizatoria al perjudicado.

Observemos finalmente, para apreciar las dificultades aplicativas de la interpretación literal del indicado precepto que por mis compañeros se sostiene que ese "derecho de repetición" tan sólo se reconoce en la norma frente al "asegurado", por lo que aquellos supuestos en los que el autor de la acción dolosa fuera un tercero distinto del contratante del seguro quedarían al margen de este régimen. Cuestión no obstante resuelta por el ya transcrito art. 117 CP "in fine", pero que revela las limitaciones técnicas del precepto de la LCS y su relativa obsolescencia.

Ha de tenerse presente, por otro lado, que el artículo 76 tiene una aplicación generalizada, que puede justificar plenamente la referencia a ese derecho de repetición sin que ello suponga que el mismo alcance a los supuestos de la circulación automovilística pues pensemos, por ejemplo y para una mejor comprensión de lo que se viene sosteniendo, en los supuestos en los que el seguro de responsabilidad civil lo fuera de incendios y resultase finalmente acreditado que fue el propio asegurado el autor del que afectó al inmueble de su propiedad, pero también al patrimonio e integridad física de terceros.

En este caso el objeto del aseguramiento, que no es una actividad humana como la conducción de vehículos, sino un hecho como tal, los estragos causados por el fuego, sí que daría lugar a la reparación por la aseguradora a los terceros, sin posibilidad de argumentar frente a ellos la denominada "exceptio doli", puesto que lo asegurado es el incendio, independientemente del componente humano que en este supuesto se da, es decir, el hecho se encuentra dentro del ámbito contractual, aunque la actuación dolosa del causante del siniestro otorgue lógicamente a la aseguradora que inicialmente hizo frente a la reparación de los perjuicios causados, puede que incluso a los producidos en los bienes del propio responsable. el ulterior derecho a repetir contra el autor intencionado del evento asegurado.

Sin embargo, hipótesis distinta y más merecedora del régimen que se viene sosteniendo aquí para el seguro de circulación de automóviles sería la del seguro de responsabilidad civil doméstica, que cubra los resultados lesivos o dañosos producidos como consecuencia de la caída de objetos a calles, patios, etc., pues aquí lo asegurado es la "caída", imprudente, fortuita o por causa de fuerza mayor, pero no cuando en vez de "caer" el objeto es "arrojado" intencionadamente desde la vivienda, ya que ese "lanzamiento doloso" no constituye el objeto del aseguramiento y, por consiguiente, no es que se trate de la posibilidad, o no, del ejercicio frente a terceros de la "exceptio doli" respecto de la reparación de los perjuicios causados a terceros por el "hecho asegurado" aunque fuere producido mediando conducta dolosa, como en el caso del incendio, sino de que esos perjuicios se produjeron como consecuencia de un origen causal que no se encontraba incluido en el ámbito del objeto contractual.

Y, por tanto, no resultaba de aplicación el tan repetido art. 76 LCS, sino el 1 de la misma Ley (en relación también con el 117 CP ), que delimita el objeto del contrato, estableciendo, como contenido del mismo, la obligación de indemnizar el daño producido "... para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados... ". O, dentro de la categoría específica del seguro de responsabilidad civil, el 73, que dispone esa obligación resarcitoria con cargo al asegurador sólo en el caso de que los daños y perjuicios causados al tercero lo sean "... por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado ..."

Porque, siguiendo con el ejemplo, el incendio es incendio, cualquiera que fuere su causa y no puede excluirse mediante pacto el que, aún tratándose de un hecho de esa clase, se prive al tercero eventualmente perjudicado de la privilegiada posición que nuestro ordenamiento ha querido dispensarle frente al asegurador en el art. 76, toda vez que el incendio es el "evento asegurado".

En tanto que el lanzamiento intencionado de un objeto no puede identificarse con su caída accidental, de igual modo que el empleo del automóvil como instrumento exclusiva y dolosamente dirigido a causar daños, lesiones o muerte no se identifica tampoco con el hecho de circular haciendo uso de ese medio de transporte causando, sin intención de ello, perjuicios a terceros.

Por lo que, en conclusión, sostengo que en esta ocasión, con base en los anteriores argumentos y puesto que tampoco prosperó la propuesta de trasladar este asunto al conocimiento del Pleno de la Sala, lo que a mi juicio hubiera sido sin duda lo más procedente, debería haberse estimado el Recurso del Responsable civil directo y, como consecuencia de ello, dictarse la correspondiente Segunda Sentencia, que le eximiera de dicha responsabilidad.

Jose Manuel Maza Martin

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Antonio del Moral Garcia , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.