STS, 15 de Enero de 2013

En el recurso contencioso administrativo número 717/2009 seguido ante la Sección Tercera de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, con sede en Sevilla, se dictó sentencia en fecha 12 de julio de 2011 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " 1º. Estimar el presente recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Consejerí a de Educación de 7 de agosto de 2009 por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo con el centro docente privado concertado "Torrealva" -sic- de Almodóvar del Río (Sevilla) -sic- para el curso académico 2009/2010. 2º. Declarar la nulidad de la condición impuesta para la renovación del concierto a partir del curso 2010/2011 y, consiguientemente, la vigencia del concierto educativo por periodo de cuatro años desde el curso académico 2009/2010. 3º. Sin costas ".

Notificada dicha resolución a las partes, por el Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía se preparó recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.

Por escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala el 22 de noviembre de 2011 la representación procesal de la Junta de Andalucía interpuso el recurso de casación previamente anunciado en base a los siguientes motivos:

Primero : Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, en concreto por infracción de los artículos 33 y 65 de la Ley Jurisdiccional , incurriendo en incongruencia por exceso.

Segundo : Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, en concreto por infracción del artículo 33.1 de la Ley Jurisdiccional , incurriendo en incongruencia omisiva.

Tercero : al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 19 y 69.b) de la Ley Jurisdiccional y de la jurisprudencia constituida por la sentencias del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2007 , 27 de febrero de 2008 , 19 de noviembre de 2008 , 23 de julio de 2007 y 19 de mayo de 2010 , entre otras.

Cuarto : al amparo de lo establecido en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, así como por infracción del artículo 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio , reguladora del Derecho a la Educación, en la redacción dada por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. También por infracción del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006 y artículo 3.b) del Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre , en relación con los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y 15 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículos 14 y 24.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 1.4 del Tratado de Lisboa y Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 . Por último, por infracción de la jurisprudencia constituida por las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2008 -recurso de casación núm. 675/2005 - y de 11 de julio de 2008 -recurso de casación núm. 689/2005 -, así como la infracción por errónea aplicación del artículo 27 de la Constitución .

Dicho escrito termina suplicando a la Sala que dicte sentencia casando la sentencia recurrida y en consecuencia desestime la demanda en su integridad declarando ajustada a Derecho la actuación impugnada.

Por providencia de la Sección Primera de esta Sala de 2 de febrero de 2012 se admitió a trámite el recurso interpuesto y se remitió para su sustanciación a esta Sección Cuarta conforme a las reglas de reparto de asuntos, donde se tuvieron por recibidas el 15 de marzo siguiente, confiriéndose traslado a la parte recurrida para formular oposición.

Despachando el traslado conferido, la representación procesal de la parte recurrida formalizó escrito de oposición al recurso de casación en el que solicitó la desestimación del recurso de casación interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo del presente recurso el día ocho de enero de dos mil trece, fecha en que efectivamente han tenido lugar los referidos actos procesales.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,

La sentencia recurrida estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Sindicial Obrera contra la resolución administrativa que acordaba aprobar el concierto educativo para un centro privado y anula la "condición impuesta" a dicho centro, consistente en escolarizar alumnado de ambos sexos a partir del segundo curso de dicho concierto, inicialmente previsto para cuatro cursos, "dando así cumplimiento efectivo a lo establecido en el art. 4.5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre , para la promoción de la igualdad de sexos en Andalucía, y en el art. 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ".

La sentencia, tras examinar y aceptar la legitimación del sindicato recurrente, considera contraria a Derecho esa "condición" (así la llama) por dos razones.

Por un lado dice que encubre un acuerdo de rescisión tramitado sin las garantías que para ese procedimiento prevé el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, con la consiguiente indefensión del recurrente. Y, por otro, considera que esa cláusula vulnera la normativa básica que exige que la renovación lo sea por cuatro años ( art. 43.2 RD 2377/1985 ). Por esta razón, además de anular la condición impuesta, declara la vigencia del concierto por los cuatro años previstos en la norma, que la Administración no podía acortar.

Y la Junta de Andalucía, afectada por el fallo, recurre en casación esa sentencia denunciando la incongruencia -omisiva y por exceso- de la sentencia, por no haber resuelto la cuestión principal planteada -si la condición impuesta es o no conforme con el art. 86.3 de la Ley Orgánica de Educación - y haber estimado el recurso por un motivo nunca alegado por la actora (motivos primero y segundo), y la infracción de ese mismo artículo (entre otros), que proscribe en la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados cualquier tipo de discriminación por razón de sexo (motivo cuarto) . Denuncia además (motivo tercero) la infracción de los arts. 19 y 69.b) de la LJCA en la medida en que la sentencia rechaza la falta de legitimación del sindicato actor opuesta por la Junta en su contestación a la demanda.

Así planteado, el presente recurso de casación es idéntico al número 5423/2011, interpuesto por la misma Administración contra una sentencia igual a la que es aquí objeto de impugnación, y resuelto en sentencia de 24 de julio de 2012 . Por lo que deben recibir aquí la misma respuesta en atención a los principio de igualdad en la aplicación de la ley, seguridad jurídica y unidad de doctrina.

En esa sentencia ya constatábamos la necesidad de alterar el orden propuesto por la recurrente, que es el usualmente seguido por esta Sala al examinar los motivos de casación -primero los de orden procesal formulados al amparo del art. 88.1.c) y luego los de fondo del art. 88.1.d)- y anteponer el estudio del tercer motivo del recurso, formulado por el cauce del art. 88.1.d), pero que plantea la existencia o no de la legitimación procesal del actor, que es lógicamente paso previo y condición para el examen de la congruencia o incongruencia de la sentencia a que se refieren los motivos de la letra c).

Y en el estudio de ese motivo, tras recordar la jurisprudencia de esta Sala y Sección sobre la legitimación de las organizaciones sindicales para impugnar normas reglamentarias en el ámbito educativo ( sentencias de 1 de marzo de 2011, recurso de casación 2553/2009 , y 28 de abril de 2010, recurso 26/2007 ) afirmábamos que en ese caso sí existía el necesario interés legítimo del recurrente en conseguir la anulación del acto impugnado, porque la retirada del concierto educativo mermaría sus condiciones laborales, daría lugar al cambio de convenio colectivo y podría incluso provocar el cierre del centro y consiguiente despido.

Son razonamientos plenamente aplicables al caso de autos y que por tanto conducen a la desestimación del motivo.

En los motivos primero y segundo, formulados ambos al amparo del art. 88.1.c), se denuncia la incongruencia de la sentencia de instancia, tanto por exceso como por defecto. Esencialmente se critica que la Sala de instancia declaró la nulidad de la condición impuesta en el acuerdo de renovación del concierto educativo apartándose de los argumentos de sindicato recurrente. Y que por ello, al mismo tiempo, dejó sin resolver la pretensión deducida en la demanda y verdadero motivo del recurso, que era si esa condición impuesta por la Administración estaba o no cubierta por el art. 84.3 LOE . Y sin embargo la Sala declaró su nulidad por infringir las normas del RD 2377/1985.

Son motivos igualmente resueltos -y desestimados- en la precitada sentencia de 24 de julio de 2012 . Como advertimos en aquel caso, no se vulnera el principio de congruencia por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes (senten cia de 17 de julio de 2003, recurso casación 7943/2000) y el principio "iuris novit curia" faculta al órgano jurisdiccional a eludir los razonamientos jurídicos de las partes siempre que no altera la pretensión ni el objeto de discusión. También recordamos que es suficiente con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas ( sentencia de 3 de noviembre de 2003, recurso de casación 5581/2000 ) y que, por ello, cabe una respuesta global o genérica, en atención al supuesto preciso, sin atender a las alegaciones concretas no sustanciales.

Por todo ello resolvimos en aquel caso que no había incongruencia por exceso ni por defecto porque la sentencia había resuelto sobre la conformidad a Derecho de la condición impuesta, explicándolo en los siguientes términos (fundamento jurídico quinto):

"Y en cuanto a la argumentación de la demandante en instancia queda claro expuso contrariaba el ordenamiento el no mantenimiento de la renovación por el período establecido de cuatro años al entender introduce la Orden un requisito carente de cobertura legal.

Por ello no cabe considerar que incurra en el vicio denunciado de incongruencia por exceso el fallo estimatorio del recurso y la declaración de nulidad de la condición impuesta en la renovación del concierto y subsiguiente declaración de vigencia del concierto educativo por período de cuatro años desde el curso 2009/2010.

Otro tanto acontece respecto al pretendido vicio de incongruencia omisiva al sostener que la Sala no se ha pronunciado sobre si la administración puede o no condicionar el concierto a que el centro admita tanto a alumnos como a alumnas".

Es también un razonamiento plenamente aplicable al caso aquí examinado y ello hace que los motivos primero y segundo del recurso deban ser igualmente desestimados.

Por último, en cuanto al verdadero motivo de fondo, que plantea a través de la letra d) la conformidad o no a Derecho de aquella cláusula o condición, la sentencia de 24 de julio de 2012 se remitía a su vez a la de 23 de julio de 2012 (recurso de casación 4591/2011) para sostener su plena legalidad.

Así, decíamos en esa primera sentencia de 23 de julio de 2012 lo siguiente (fundamento jurídico tercero):

"Esa decisión de la Administración confirmada por la sentencia de instancia, no cuestiona la existencia de la educación diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación que preconiza la Ley, pero sí se ajusta al mandato legal que descarta que la misma pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos. Y ello porque esa es la opción legítima que adopta el legislador y que no contraría el artículo 27.9 de la Constitución que dispone que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca". De modo que ese derecho que es de configuración legal no alcanza de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación, Ley 2/2.006, de 3 de mayo, a los centros docentes que opten por el modelo de educación diferenciada que no pueden ser concertados, y por ello no pueden ser sostenidos con fondos públicos.

Y si ello puede predicarse de la no concertación de las seis nuevas unidades de Educación Infantil pretendidas, lo mismo puede decirse de la renovación del concierto para las unidades de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, que en número de seis y cuatro, respectivamente, se pretendían mantener y que fueron denegadas por idéntica razón, y para cuya denegación sirven las razones ya expuestas, para rechazar la concesión de las nuevas.

Sin que esta conclusión pueda enervarse con la mención que efectúa el motivo de los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2.377/1.985, de 18 de diciembre , puesto que si bien el primero de ellos declara que: "Los conciertos se renovarán siempre que el centro siga cumpliendo los requisitos que determinaron su aprobación, no se haya incurrido en las causas de no renovación previstas en el art. 62.3 de la ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación y existan consignaciones presupuestarias disponibles. En este último supuesto se aplicarán los criterios de preferencia del art. 48.3 de la citada ley orgánica", no es menos cierto que esos criterios que permitían la renovación del concierto se aplicaban una vez que el artículo 20.2 de la misma Ley Orgánica 8/1985 , había excluido con carácter previo la existencia de discriminación en la admisión por los centros de los alumnos por "razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento", prohibiciones que mantuvo inalterables la Ley Orgánica 10/2.002, de Calidad de la Educación, de 23 de diciembre, y a los que añadió la Ley Orgánica 2/2.006, el del sexo, de modo que teniendo eso en consideración una vez concluida la vigencia del Concierto su renovación no era posible al introducirse esa causa prohibitiva de discriminación por sexo en relación con la admisión de alumnos en los centros privados sostenidos con fondos públicos".

Y más adelante, en el fundamento jurídico cuarto añadíamos:

"Por otra parte nadie puso en duda la legitimidad del sistema de educación diferenciada; cuestión distinta es que a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2.006 sea posible que esos centros privados puedan tener la condición de concertados sostenidos con fondos públicos, cuando expresamente en el régimen de admisión de alumnos se prohíbe la discriminación por razón de sexo, artículo 84.3 de la Ley. Y esa imposibilidad de obtener conciertos esos centros docentes que optan por la educación separada por sexos tampoco perturba ningún derecho constitucional de los padres que conservan el derecho de libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio, y sin que se vulnere el número 9 del artículo 27 de la Constitución porque determinados centros no puedan acceder al concierto si no reúnen los requisitos que la Ley establece.

Ya esta Sala en sentencia de 11 de junio de 2.008, recurso de casación núm. 689/2005 , citando sentencias anteriores, manifestó que "Ni la LODE ni la LOCE reconocen a los titulares de los centros concertados el derecho a establecer en ellos un sistema de enseñanza diferenciada como parte integrante de su derecho de creación y dirección de centros privados y que, por esta razón, deba ser aceptado como un contenido adicional de lo directamente establecido en el artículo 27 CE .

Consiguientemente, carece de fundamento esa vulneración a la configuración legal del derecho fundamental reconocido en dicho artículo 27 CE que la sentencia recurrida viene a atribuir a las normas reglamentarias impugnadas por esa mención del "sexo" contenida en ellas que anula.

El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros concertados; esto es, forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de dirección en los centros privados que reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el artículo 27.9 CE ".

También en sentencia de 26 de junio de 2.006, recurso 3.356/2.000 , tras mencionar y transcribir la misma, tanto el artículo 10.c) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer al que se refería la Central Sindical recurrente, así como el artículo 2 a) de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 14 de diciembre de 1.960 de la UNESCO que citaba la Sociedad recurrida, mantuvimos que sobre la educación separada por sexos "las normas internacionales dejan abierta la cuestión" si bien también expresamos que: "Es significativo a este respecto que las normas reguladoras del régimen de admisión de alumnos en los centros públicos -y en los concertados- no hayan incluido hasta ahora al sexo entre los motivos por los que no se puede discriminar a los alumnos ( artículos 20.2 y 53 de la LODE, 3 del Real Decreto y, posteriormente, el artículo 72.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación ). Es verdad que el artículo 84.3 de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , actualmente en vigor, sí incluye al sexo entre las causas por las que no se podrá discriminar a los alumnos en la admisión a los centros públicos y a los concertados. Y que su disposición adicional vigésimo quinta asegura una atención preferente y prioritaria a los centros que desarrollen el principio de la coeducación en todas las etapas educativas. No obstante, esta novedad, cuyo alcance no es el caso determinar ahora, no puede proyectarse sobre la Sentencia recurrida que se dictó a la vista de las normas entonces vigentes.

Y, por último, en sentencia 24 de febrero de 2.010, recurso de casación núm. 2.223/2.008 mantuvimos "que la educación separada por sexos era conforme en España y estaba autorizada de acuerdo con la Convención (de la UNESCO aprobada el 14 de diciembre de 1.960) puesto que el Estado la admitía, y desde luego así resultaba hasta la derogación de la Ley Orgánica 10/2.002 (...)". Para seguidamente añadir que: "hay que admitir que dejó de serlo para los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos una vez que la Ley Orgánica 2/2.006 introdujo como criterio de no discriminación en el art. 84 que regula el proceso de admisión de alumnos, el relativo al sexo imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación".

Lo acabado de exponer es aplicable al supuesto de autos. Y significa que la Sala de instancia ha contravenido la interpretación de los preceptos invocados y en particular del art. 86.3 de la Ley Orgánica de Educación .

Ello obliga a estimar el recurso de casación y a resolver el debate en los términos planteados en la instancia. Y en este plano, por los mismos motivos expuestos, hemos de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Unión Sindical Obrera por considerar ajustada a derecho la condición impuesta para la renovación del concierto a partir del curso 2010/2011.

Al estimarse el recurso de casación de conformidad con lo prevenido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción no procede hacer expresa condena en costas a la recurrente.

Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,