STS, 26 de Diciembre de 2012

PonenteJOAQUIN HUELIN MARTINEZ DE VELASCO
ECLIES:TS:2012:8903
Número de Recurso5594/2010
ProcedimientoRECURSO CASACIÓN
Fecha de Resolución26 de Diciembre de 2012
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Diciembre de dos mil doce.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los magistrados relacionados al margen, ha visto el recurso de casación 5594/10, interpuesto por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., representada por el procurador don José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2009 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 162/09 , sobre valoración catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. Ha intervenido como parte recurrida la Administración General del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La sentencia recurrida desestimó la demanda promovida por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. («IBERDROLA», en lo sucesivo), contra la resolución adoptada el 10 de febrero de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que declaró no haber lugar a la reclamación 3197/08, en la que se impugnaba la resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos de fecha 21 de diciembre de 2007, por la que se aprobaba la ponencia de valores catastrales asignados a las presas de Cereceda, Cillaperlata, Puentelarrá y Sobrón.

(1) En el fundamento primero de su sentencia, la Audiencia Nacional relata los motivos de impugnación barajados por la recurrente en su escrito de demanda y comienza el cuarto analizando la denunciada insuficiente motivación de la ponencia de los bienes inmuebles de características especiales (en adelante, «BICES»); dice que:

[D]e acuerdo con el artículo 25 TRLCI , que se refiere al contenido de las ponencias, al que antes nos hemos referido, en ningún momento resulta que las ponencias tengan que transcribir o incorporar a su texto unos criterios elaborados con anterioridad a ellas, que además son criterios de coordinación, sino que la motivación exigible a las ponencias de valores es la relativa a la expresión de los criterios de determinación del valor catastral, como la que incorpora en su texto la ponencia a que se refiere este recurso.

.

(2) En el fundamento quinto, los jueces de la instancia tratan la vulneración del principio de reserva de ley, y para ello parten de la doctrina del Tribunal Constitucional fijada en sus sentencias 150/2003 y 221/1992 :

[el principio de reserva de ley es exigible en la creación de un tributo y en la determinación de los elementos esenciales del mismo, aunque no obstante, tal principio no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, pues el grado de concreción exigible es máxima cuando se trata de la regulación del hecho imponible o el establecimiento de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado, pero la concreción exigible a la ley es menor cuando se trata de regular otros elementos, como el tipo del gravamen o la base imponible.

En nuestro caso, el artículo 23.1 TRLCI contiene una relación detallada de los criterios que se tendrán en cuenta para determinar el valor catastral, fijando los siguientes: la localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción, el coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, los honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones, los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de al citada promoción, y las circunstancias y valores del mercado.

La referencia que efectúa el precepto legal a "cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine", no impide la consideración de que es una norma con rango de ley la que expresa, en su práctica totalidad, los criterios que se tienen en cuenta para la determinación del hecho imponible, por lo que la llamada al reglamento, con la cláusula que examinamos, para comprender otros factores relevantes no contemplados por la ley, no infringe el principio de reserva de ley en materia tributaria.

Por lo demás, no acredita, ni alega siquiera la parte actora, que la llamada al reglamento haya tenido alguna proyección en el acto administrativo impugnado, es decir, no acredita ni alega la parte recurrente que, en el caso de la ponencia de que tratamos, se hayan tenido en cuenta en la determinación del hecho imponible otros factores relevantes determinados por un reglamento, distintos a los fijados en norma con rango de ley.

.

(3) Descarta la sentencia impugnada en el fundamento jurídico sexto la posible duplicidad impositiva con el impuesto sobre actividades económicas y con el que grava las instalaciones, construcciones y obras, diciendo:

[E]n definitiva, sobre este punto, la Sala no comparte las tesis de la parte actora sobre la doble imposición del IBI e IAE, porque el IBI no grava el ejercicio de una actividad económica profesional o artística, en este caso, la producción de energía eléctrica, como ocurre en el IAE, sino que el hecho imponible del IBI es la existencia misma patrimonial de la titularidad dominical de un bien inmueble o de un derecho real sobre el mismo.

Tampoco existe duplicidad impositiva del IBI con el ICIO, cuyo objeto de gravamen es la manifestación de riqueza que se evidencia cuando se realiza cualquier construcción, instalación u obra que requiera la oportuna licencia municipal, siendo el sujeto pasivo el dueño de la construcción, instalación u obra, sea o no propietario del inmueble sobre el que se realicen éstas.

(4) En el razonamiento siguiente, se resuelve la queja relativa a la inclusión de la maquinaria. Parte la sentencia de la redacción del artículo 8 del Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario (BOE de 8 de marzo):

[P]or tanto, estos bienes inmuebles de características especiales son un conjunto complejo, en el que se integran las instalaciones que estén ligadas de forma definitiva a su funcionamiento. El hecho de que se trate de un conjunto complejo e indivisible en su funcionamiento es lo que confiere a estos bienes inmuebles su condición especial, pues sin las instalaciones y maquinaria no existiría el bien inmueble como tal, así en el caso del BICE a que se refiere el presente recurso, no podría concebirse la central térmica sin las instalaciones y maquinaria que forma parte física de la misma, como las torres y bombas de refrigeración y silos, las turbinas, naves de turbinas, equipos electrónicos complementarios y otros. Tales instalaciones y maquinaria forman parte del propio inmueble, constituyendo el elemento característico del mismo para considerarlo uno de los complejos de características especiales que el artículo 8 TRLCI sujeta a tributación (complejos dedicados a la producción de energía eléctrica, gas, refino de petróleo, centrales nucleares, presas, saltos de agua y embalses, autopistas, carreteras, túneles de peaje, aeropuertos y puertos comerciales).

.

(5) Tras precisar en el octavo razonamiento que no estamos ante la impugnación directa de un reglamento [refiriéndose al Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales (BOE de 20 de noviembre)], en el siguiente fundamento se afirma que las cuestiones planteadas por la entidad no tienen relación directa con la valoración catastral impugnada:

[n]o conocemos, porque el recurrente no hace mención concreta de la Ponencia de Valores a que se refiere el recurso, si considera que algún apartado de ella prevé la exigibilidad del IBI en caso de cese en el funcionamiento.

Tampoco se explica en la demanda la maquinaria de que disponen las presas sobre la que el recurrente pretende unos coeficientes de amortización distintos, que tampoco identifica o concreta.

En el caso de las construcciones singulares, señala la Ponencia de Valores que se valorarán por el valor de reposición, entendiendo por tal el resultante de la suma de los costes directos e indirectos y demás gastos necesarios para la puesta en funcionamiento del inmueble, que se corregirá, cuando proceda, en función de la depreciación física, funcional y económica, por lo que ni se establece en la ponencia un "...valor superior..." al del inmueble, como alega la parte recurrente, ni por tanto se infringen los preceptos citados de la Ley de Hacienda Locales, señalando además la ponencia que el repetido valor de las construcciones especiales se determina multiplicando cada una de las unidades lineales, de superficie, de volumen, de peso, o cada uno de los elementos unitarios, por los módulos de coste unitario de construcción (MCUC) establecidos en la propia ponencia, sin que la demanda nada diga sobre tales módulos, ni alegue ni menos pruebe que el resultado de la aplicación de dichos coeficientes y módulos, en el caso concreto de la ponencia de valores impugnada, produzca como resultado un valor catastral superior al valor de mercado del inmueble.

También es una alegación abstracta la relativa al coeficiente 0,90 que el artículo 6 del RD 1464/2007 considera aplicable a los BICES en régimen de concesión administrativa, pues la parte actora no alega ni acredita que explote la presa a que se refiere la Resolución impugnada, en virtud de una concesión administrativa.

La única referencia a una disconformidad del RD 1464/2007 con el ordenamiento jurídico que tenga concreta y específica proyección en la Ponencia de Valores impugnada, se encuentra al final del Fundamento de Derecho 3º A de la demanda, que indica que en la regulación del período de antigüedad de las presas a que se refiere el recurso, se toma como referencia por el artículo 19.b) del RD 1464/2007 , entre otras, la renovación, que es un concepto jurídico indeterminado contrario al principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE .

La alegación no puede ser acogida por la Sala, pues falta toda referencia y prueba a la aplicabilidad del concepto discutido de "renovación" al caso concreto, es decir, la parte actora ni prueba, ni siquiera alega, que las presas a que se refiere el recurso hayan sido objeto de obras renovación que hayan tenido cualquier incidencia en la valoración catastral impugnada.

.

SEGUNDO .- IBERDROLA preparó el presente recurso y, previo emplazamiento ante esta Sala, efectivamente lo interpuso mediante escrito registrado el 19 de octubre de 2010, en el que invocó cinco quejas en casación, aunque las acumula en el que considera «único» motivo, al amparo de la letra d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio).

Inicia el escrito con unas consideraciones generales, recordando que, en orden a la valoración catastral de los BICES, el artículo 23 del ya referido texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario establece determinados criterios y límites en sus apartados 1 y 2 y remite, en el apartado 3, a la norma reglamentaria para el establecimiento de «las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y restantes factores que», de acuerdo con los criterios fijados en tales apartados 1 y 2, «y en función de las características intrínsecas y extrínsecas que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su valor catastral». Entiende que los criterios y límites de referencia, previsto en los apartados 1 y 2 del citado artículo 23 lo son a efectos de la valoración catastral de todos los bienes inmuebles, rústicos, urbanos y BICES, sin que existan tantos regímenes de valoración catastral como clases de bienes inmuebles. Pues bien, la norma reglamentaria en virtud de la que se han dictado las valoraciones catastrales impugnadas (el también citado Real Decreto 1464/2007) introduce una diversificación de regímenes que no está en la Ley, y que choca con el principio de legalidad del artículo 8.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre).

Añade que las «normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales», contenidas en el Real Decreto referido, son normas tributarias a las que resultan de aplicación los principios y disposiciones del ordenamiento tributario, de cuya aplicación resultan actos tributarios, como son las ponencias de valores especiales y los valores catastrales de los BICES.

A partir de aquí desgrana las distintas quejas:

  1. ) En la primera denuncia la infracción del los artículos 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre ) y 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .

    Cuestiona la motivación de la ponencia de valores, puesto que no se recoge expresamente en su cuerpo, ni como documento adjunto a la misma, los criterios marcos de coordinación nacional de valores catastrales.

    Indica que la sentencia impugnada soslaya la argumentación que expuso en la demanda, limitándose a confirmar los argumentos del Tribunal Económico-Administrativo Central. Según dispone con carácter general el artículo 25.1 de la Ley del Catastro Inmobiliario y especifica el artículo 2 del Real Decreto 1464/2007 , los módulos de valor del suelo (MBR) y de las construcciones convencionales (MBC) que sean de aplicación en cada nueva ponencia de valores especial, se ajustarán a los criterios marco de coordinación nacional de valores catastrales de los BICES aprobados por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.

    Añade que, por otro lado, en la memoria de la ponencia de valores especial impugnada, se afirma que se ajusta a los criterios y a las directrices de coordinación establecidas por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria y verificados por la Junta Técnica Territorial de Coordinación Inmobiliaria de 22 de noviembre de 2007. Sin embargo, estos criterios y directrices no se recogen en el texto de la ponencia; tampoco se acompañan como documento independiente, no obran en el expediente administrativo, sin que se tenga noticia de que hubieran sido publicados en periódico oficial alguno.

    Esta falta de motivación conlleva, en su opinión, la nulidad de la ponencia de valores.

    Reitera la discrepancia sobre este punto con los argumentos de la sentencia impugnada y con la resolución del órgano de revisión. En primer lugar, el hecho de que la necesidad de motivación no venga exigida por una norma concreta en el ámbito administrativo de referencia, no implica la derogación de la obligación genérica que tiene la Administración de motivar sus actos administrativos, de acuerdo con los criterios generales de las leyes 30/1992 y 58/2003. En segundo término, la obligación de motivación del acto administrativo no puede entenderse satisfecha por la existencia de una genérica norma de cobertura, que ni siquiera es mencionada por la Administración que dictó el acto.

  2. ) En la segunda considera que la sentencia que combate infringe el artículo 31.1 de la Constitución española , en relación con el artículo 23.1, letras a ) y b), del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , al rechazar la nulidad del Real Decreto 1464/2007, por inconstitucionalidad de los criterios establecidos para la valoraciones de tales bienes, en particular, por infracción de los principios de capacidad económica y de reserva de ley en materia tributaria.

    En su opinión, se desconoce el primero de los principios citados en relación con el criterio de la aptitud del bien inmueble para la producción, al existir doble imposición entre el tributo litigioso y el que grava las actividades económicas, así como en relación con el criterio del coste material de la ejecución de la construcción, que constituye la magnitud integrante de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

  3. ) En la tercera queja considera infringidos los artículos 31.3 y 133.2 de la Constitución , así como el artículo 8 de la Ley General Tributaria de 2003 , puesto que las remisiones a la potestad reglamentaria para determinar el valor catastral y, por consiguiente, la base imponible del impuesto sobre los BICES, que se contienen en los apartados 1.e) y 3 del artículo 23 del ya citado texto refundido de 2004, desconoce el principio de legalidad en materia tributaria consagrado en lo mencionados preceptos constitucionales. Invoca, para fundamental este motivo, la sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 .

  4. ) La cuarta línea discursiva del recurso trae de nuevo a colación el artículo 31.3 de la Norma Suprema, ya que resulta contraria al mismo la inclusión de la maquinaria por el Real Decreto 1464/2007 en el valor catastral de los BICES. Esta previsión se opondría a los principios de capacidad económica y de igualdad tributaria. Al primero, porque aquella inclusión implica que el impuesto discutido no solo somete a tributación el valor de los bienes inmuebles sino también el de un elemento ajeno a su base imponible. La igualdad tributaria resultaría desconocida porque no existe fundamentación objetiva y razonable que justifique que los BICES, como consecuencia de la inclusión de la maquinaria, tengan que soportar una mayor tributación que los demás bienes inmuebles, por infracción de los principios de capacidad económica e igualdad jurídica.

  5. ) El quinto motivo denuncia la infracción de los artículos 31.1 de la Constitución , 28 y 31 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado en 2004 y 60 , 61 y 65 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales (BOE de 30 de diciembre). Según la compañía recurrente, las normas técnicas de valoración catastral contenidas en el Real Decreto 1464/2007 no se acomodan a los mencionados preceptos de la Ley de Haciendas Locales, con lo que vulneran el principio de capacidad económica.

    (a) Afirma que, del conjunto del Real Decreto 1464/2007 se desprende que los BICES continúan manteniendo su valor catastral, fijado conforme a las normas técnicas contenidas en el mismo, aun en el supuesto de que cesen en su funcionamiento como tales BICES, diseño que contradice la Ley del catastro Inmobiliario.

    (b) En segundo término, considera que los coeficientes correctores de depreciación por antigüedad contenidos en el Real Decreto no guardan en general relación con la vida útil y las amortizaciones técnicas de los elementos que integran cada «BICE». En particular, los previstos en el artículo 16 no tienen que ver con la vida útil de las centrales nucleares. Esta inadecuación alcanza, en su opinión, mayor intensidad al no prever la disposición reglamentaria coeficientes específicos para la maquinaria. Estas dos circunstancias determinan un valor catastral superior al valor del inmueble.

    (c) De otro lado, el valor de reposición, como punto de partida para la determinación del valor de las construcciones singulares, previsto en el artículo 5.2 del Real Decreto, es abiertamente contrario al objeto del impuesto sobre bienes inmuebles. Considera jurídicamente inaceptable que para la determinación del valor catastral de un inmueble se parta del valor que tendría en la actualidad, por la sencilla razón de que la construcción actual de una central térmica o nuclear nada tiene que ver con esa construcción hace treinta años.

    (d) Finalmente, el coeficiente de 0,90 aplicable a los BICES en régimen de concesión administrativa, regulado en el artículo 6 del Real Decreto 1464/2007 , no representa, a su juicio, la merma del valor del BICE inherente a las condiciones de la concesión. Se trata de un coeficiente arbitrariamente fijado por la norma reglamentaria, que no se ajusta a su menor valor. Este proceder reglamentario contraviene los artículos 60 y 65 de la Ley de Haciendas Locales , puesto que no se atiene al valor del inmueble ni a su valor catastral.

    Termina solicitando el dictado de sentencia que case la recurrida y que, en su lugar, declare la nulidad de la valoración catastral de las presas y embalses de Cereceda, Cillaperlata, Puentelarrá y Sobrón (Burgos), adoptando cuantos pronunciamientos legales se deriven de tal declaración.

    TERCERO .- La Administración General del Estado se opuso al recurso en escrito presentado el 5 de mayo de 2011, en el que interesó su desestimación.

    Con carácter general, para todos los motivos, subraya que IBERDROLA no discrepa de la aplicación de la norma en el caso concreto, sino de la norma misma, ya sea legal o reglamentaria, planteando una serie de cuestiones que, según el abogado del Estado, han sido resueltas por este Tribunal Supremo en sentido contrario a las pretensiones de la mencionada compañía, en las sentencias de 12 de enero de 2007 (casación 1236/05 ) y otras dos del día 15 del mismo mes y año (casaciones 4376/04 y 10607/04). Recuerda también que el debate suscitado en este recurso ha sido abordado, también en sentido contrario al criterio de la recurrente, en la sentencia dictada en 30 de junio de 2010, desestimatoria del recurso directo 5/08 , interpuesto frente al Real Decreto 1464/2007.

    Por lo tanto la decisión que en el presente recurso se tome no puede apartarse de lo ya dicho por esta Sala.

    Por otro lado, descarta cualquier viso en torno a la falta de motivación denunciada, remitiéndose a lo dicho por la sentencia impugnada en su fundamento de derecho cuarto.

    CUARTO . - Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en diligencia de ordenación de 11 de mayo de 2011, fijándose al efecto el 19 de diciembre de 2012, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

    Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- IBERDROLA combate la sentencia dictada el 29 de junio de 2010 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 162/09 . Este pronunciamiento jurisdiccional desestimó la demanda que dicha compañía formuló para obtener la anulación de la resolución adoptada el 10 de febrero de 2009 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que declaró no haber lugar a la reclamación 3197/08, en la que se impugnaba la resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Burgos de fecha 21 de diciembre de 2007, por la que se aprobaba la ponencia de valores catastrales asignados a las presas de Cereceda, Cillaperlata, Puentelarrá y Sobrón.

Dice formular un único motivo de casación, con arreglo al artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta jurisdicción , pero en realidad articula cinco, en los que, salvo el primero en el que cuestiona la motivación de la ponencia, en los otros cuatro, de una manera u otra, denuncia la vulneración de los principios constitucionales de reserva de ley en materia tributaria y de capacidad económica (motivos 2º, 3º y 4º), así como el de igualdad ante los tributos (motivo 4º), con la consiguiente infracción de los preceptos constitucionales o legales pertinentes.

SEGUNDO .- En el primer motivo IBERDROLA denuncia la infracción de los artículos 54 de la Ley 30/1992 y el 103.3 de la Ley 58/2003 , achacando a la ponencia de valores su falta de motivación.

Es menester comenzar recordando el contenido del artículo 25.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y el del artículo 2 del Real Decreto 1464/2007 , que lo desarrolla, ya que IBERDROLA se apoya en ambos preceptos para sustentar su denuncia.

El artículo 25.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario dispone que «[l]a ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores».

El artículo 2 del Real Decreto 1464/2007 , por su parte, preceptúa que «[l]os módulos de valor del suelo (MBR) y de las construcciones convencionales (MBC) que sean de aplicación en cada nueva ponencia de valores especial se ajustarán a los criterios marco de coordinación nacional de valores catastrales de los inmuebles de características especiales aprobados por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria».

Se ha de recordar ahora que los módulos MBR y MBC aplicados en las ponencias de valores especiales concernidas por este pleito están regulados en el artículo único de la Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril, por la que se aprobó el módulo valor M para la determinación de los valores de suelo y construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en las valoraciones catastrales (BOE de 5 de mayo de 2005), como resultado de aplicar al módulo de valor M (fijado en 1.000 euros/metro cuadrado en su apartado 1) [módulo al que hace referencia el artículo 2 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio , por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana (BOE de 22 de julio)] los factores de diversificación del suelo y de la construcción definidos en la norma 16 del anexo del precitado Real Decreto 1020/1993, dando como resultado los siguientes valores (apartado 2):

Valores de repercusión del suelo

Euros/m2 Valores de las construcciones

Euros/m2

MBR1 = 588,00

MBR2 = 420,00

MBR3 = 304,50

MBR4 = 210,00

MBR5 = 115,50

MBR6 = 69,30

MBR7 = 37,80 MBC1 = 650,00

MBC2 = 600,00

MBC3 = 550,50

MBC4 = 500,00

MBC5 = 475,00

MBC6 = 450,00

MBC7 = 400,00

No estorba añadir que en algunas ponencias especiales de valores se ha de tener en cuenta la Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de 18 de octubre), por mor de lo previsto en el Real Decreto 1464/2007.

Tampoco lo hace subrayar la existencia de la norma 21, "Delimitación de áreas económicas homogéneas", del anexo del citado Real Decreto 1020/1993, en la que se dispone:

1. Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria de Urbana realizarán, en su ámbito territorial, una delimitación de áreas económicas homogéneas del suelo y de las construcciones.

Para ello, solicitarán de las Gerencias Territoriales incluidas en su ámbito la realización de unos estudios previos, que comprenderán:

a) Datos identificativos de las zonas y plano en el que se señale su perímetro.

b) Costes de la construcción de las tipologías más características.

c) Precios de venta de las mismas.

d) Estimación de valores de suelo, utilizando los datos reflejados en los apartados b) y c) anteriores.

e) Datos económicos que incidan en la actividad inmobiliaria.

2. Una vez realizados los estudios descritos en el epígrafe anterior, las Juntas Técnicas Territoriales redactarán unas propuestas coordinadas de valores que incluirán los MBR y bandas de coeficientes o los VU para las áreas económicas homogéneas de suelo y los MBC para las de construcción. Estas propuestas coordinadas de valores se elevarán a la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria de Urbana [Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, tras la entrada en vigor del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (BOE de abril)], que establecerá los criterios-marco a nivel nacional, asignando definitivamente los módulos MBR, VU y MBC a los municipios correspondientes.

3. Las Juntas Técnicas Territoriales, comunicarán a cada Gerencia Territorial de su ámbito la coordinación establecida, que habrá de ser tenida en cuenta en la redacción de las Ponencias de valores

.

A la vista de todo ello, resulta evidente que los criterios de coordinación aprobados por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria constituyen un antecedente previo a la elaboración de las ponencias especiales de valores, estando convenientemente regulado el procedimiento a seguir y los parámetros a considerar para su obtención.

Tratándose pues de un presupuesto previo, la ponencia especial de valores debe partir de tales criterios de coordinación, especificando cuáles son los aplicables en la valoración del BICE de que se trate, pero nada más.

Ocurre así porque la obligación de motivar los actos administrativos, que es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución española , y que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como le impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los mismos contengan una referencia sucinta pero precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que permitan conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitándole el ejercicio de su derecho de defensa, tanto en la vía administrativa previa como en la ulterior jurisdiccional contencioso-administrativa. Ahora bien , respetado ese límite infranqueable, la concreta motivación exigible en cada caso dependerá de la potestad administrativa ejercitada, del acto administrativo de que se trate y de las circunstancias concurrentes [véanse, por todas, las sentencias de 5 de octubre de 2012 (casación 4430/10, FJ 10 º) y 24 de marzo de 2011 (casación 2885/06 , FJ 4º)].

Así las cosas, el supuesto defecto de motivación denunciado por IBERDROLA, contraído todo lo más a la ausencia en el expediente de los criterios de coordinación aprobados por la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria utilizados en las ponencias especiales de valores, sólo tendría la virtualidad de anularlas si hubiera determinado su indefensión material, consecuencia que ni siquiera alega, ya que guarda absoluto silencio sobre ese particular.

Por las razones expuestas, decae la primera queja en casación.

TERCERO. - En la segunda queja IBERDROLA denuncia la infracción de los principios de capacidad económica y de reserva de ley en materia tributaria y, por ende, la vulneración del artículo 31.1 de la Constitución española , en relación con el artículo 23.1, letras a ) y b), del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado en 2004, al rechazar la sentencia impugnada la nulidad del Real Decreto 1464/2007 fundada en la inconstitucionalidad de los criterios establecidos para la valoraciones de los BICES. En su opinión, desconoce el primero de los principios citados en relación con el criterio de la aptitud del bien inmueble para la producción, al existir doble imposición entre el tributo litigioso y el que grava las actividades económicas, así como en relación con el criterio del coste material de la ejecución de la construcción, que constituye una magnitud integrante de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En lo que respecta a la supuesta infracción de la reserva de ley en materia tributaria, citado en el enunciado del motivo, el escrito de interposición del recurso se encuentra huérfano de todo argumento, razón más que suficiente para desestimarla por carencia manifiesta de fundamento.

El primer aspecto de la queja, el de la supuesta doble imposición ya ha sido solventado por esta Sala en de la citada sentencia de 30 de junio de 2010 , con motivo de la impugnación directa del Real Decreto 1464/2007 (recurso 5/08), en cuyos fundamentos 3º y 4º, subrayamos que el Real Decreto legislativo 1/2004, pese a ser una norma tributaria, no regula modalidad impositiva alguna, sino que, como indica su exposición de motivos, constituye un elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. Por ello, la valoración de los bienes inmuebles atendiendo a su aptitud para la producción «no roza ni de cerca ni de lejos con la problemática de la "doble imposición", pues en esta regulación, la catastral, no hay imposición».

El anterior argumento resulta más que suficiente para desestimar este segundo motivo de casación. No obstante, no está de más puntualizar que la doble imposición a la que IBERDROLA se refiere parece coincidir con la que se conoce como doble imposición económica, que en ningún caso da lugar per se a la inconstitucionalidad de un tributo. En este sentido podemos recordar el matiz que el Tribunal Constitucional introdujo al interpretar el artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la creación de determinadas figuras impositivas (por citar algunas: sentencias 196/2012 , FJ 4º; 289/2000, FJ 4 º, y 37/1987 , FJ 14º). Decía el Alto Tribunal en la última de las mencionadas, al hilo de la doble imposición invocada entre el impuesto sobre tierras infrautilizadas creado por la Comunidad Autónoma de Andalucía y la contribución territorial rústica y pecuaria, que:

[...] tales afirmaciones resultan infundadas, porque arrancan de una identificación entre los conceptos de materia imponible y hecho imponible que conduce a una interpretación extensiva del art. 6.2 de la LOFCA, notoriamente alejada del verdadero alcance de la prohibición que en dicha norma se contiene. Por materia imponible u objeto del tributo debe entenderse toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica que el legislador decida someter a imposición, realidad que pertenece al plano de lo fáctico. Por el contrario, el hecho imponible es un concepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso «para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria», según reza el artículo 28 de la vigente Ley General Tributaria . De ahí que, en relación con una misma materia impositiva, el legislador pueda seleccionar distintas circunstancias que den lugar a otros tantos hechos imponibles, determinantes a su vez de figuras tributarias diferentes.

De acuerdo con las precisiones anteriores, parece incuestionable, según resulta incluso de los propios términos literales del precepto, que el art. 6.2 de la LOFCA no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque, habida cuenta de que la realidad económica en sus diferentes manifestaciones está toda ella virtualmente cubierta por tributos estatales, ello conduciría, como se destaca por los representantes del Parlamento y Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y por el Letrado del Estado, a negar en la práctica la posibilidad de que se creen, al menos, por el momento, nuevos impuestos autonómicos. Lo que el art. 6.2 prohíbe, en sus propios términos, es la duplicidad de hechos imponibles, estrictamente.

[...]

.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, integrada dentro del bloque de constitucionalidad, en su artículo 6, apartados 2 y 4 [en su redacción previa a la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre)], proscribía la duplicidad fiscal entre los tributos estatales y los autonómicos, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre otras, en la reciente sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012 (FFJJ 2º y 3º). De tal manera que lo prohibido era que una Comunidad Autónoma, ejerciendo su potestad tributaria, estableciera impuestos en los mismos términos que lo hubiera hecho el legislador estatal. Por otro lado, si el Estado establecía un nuevo tributo coincidente con otro autonómico ya existente, por la incompatibilidad referida, se generaba un derecho de compensación a favor del Comunidad Autónoma perjudicada, en la medida que provocase una menor recaudación.

La duplicidad impositiva, tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no tiene lugar en los términos formulados por la queja de IBERDROLA, puesto que el objeto imponible y la descripción del presupuesto de hecho descrito por la norma en los impuestos sobre bienes inmuebles, actividades económicas y construcciones, instalaciones y obras son sustancialmente distintos. Además someten a tributación manifestaciones distintas de capacidad económica. Mientras el primero recae sobre la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles, el segundo grava el ejercicio de actividades empresariales o artísticas y el tercero la realización de construcciones, instalaciones u obras (artículos 61.1, 78.1 y 100.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

No obstante, IBERDROLA no pone tanto el énfasis en la identidad de hechos imponibles como en las reglas que les dan un contenido económico. Se queja, en concreto, del criterio de la aptitud del bien inmueble para la producción [artículo 23.1.a) de la Ley del catastro Inmobiliario], provocando una doble imposición con el impuesto sobre actividades económicas, y del que atiende al coste material de la ejecución de la construcción [artículo 23.1.b) del mismo texto legal], que constituye la magnitud integrante de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En otras palabras, se gravaría dos veces aquella aptitud para la producción y este coste material.

La queja, aun desde esta perspectiva más matizada, tampoco puede prosperar, pues mientras en el impuesto sobre bienes inmuebles la base imponible se determina atendiendo al valor catastral (artículo 65 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), que en ningún caso puede superar el de mercado (artículo 23.2 de la Ley del catastro Inmobiliario), el que recae sobre las construcciones, instalaciones y obras no somete a tributación el valor del bien sino el coste de ejecución material de la operación de que se trate ( artículo 102.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), en tanto que la base imponible del impuesto sobre actividades económicas se fija a través de un sistema tarifario que, contenido en el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 29 de septiembre (BOE de 19 de septiembre), dictado en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 85 de la Ley últimamente citada, expresa la riqueza que refleja el simple ejercicio de una actividad mercantil, profesional o artística.

Se ha de precisar que, para los BICES, el coste de la ejecución de las construcciones es un criterio más de entre los varios contenidos en el artículo 23.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [letra b)], a los efectos de fijar el valor catastral (suma del que corresponde al suelo y a las construcciones -artículo 22 del propio texto-), que, según ya hemos indicado, constituye la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles. En otras palabras, aquel coste no se grava en este tributo, sino que tan sólo se toma en consideración, por mandato del legislador, como parámetro para calcular el valor catastral, manifestación de riqueza sometida a este tributo y que, por decisión también del titular de la potestad legislativa, no puede ser superior al del mercado (artículo 23.2). Otro tanto cabe predicar del criterio consistente en la aptitud del bien para la producción [letra a), in fine, del artículo23.1], pues la posibilidad de explotación económica de un bien inmueble tiene, razonablemente, incidencia en su valor. La circunstancia de que, por definición, los BICES se destinen a la producción no significa que su toma en consideración para calcular el valor catastral grave esa aptitud doblemente, pues en el impuesto sobre actividades económicas la misma no se somete a tributación sino el mero ejercicio de una actividad económica, mediante un sistema tarifario en el que, si se atiende al anexo del Real Decreto legislativo 1175/1990, no se toma en consideración en cuanto tal aquella aptitud parta la producción.

En suma, las citadas reglas para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles, contenidas en el artículo 23.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , en particular respecto de los BICES, no conllevan un solapamiento con la riqueza que se grava en los impuestos sobre actividades económicas y sobre construcciones, instalaciones y obras. Se tratan de simples y razonables criterios para calcula el valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles y que no está sujeto a imposición en los otros dos referidos tributos.

Decae también, por todo lo expuesto, este segundo motivo.

CUARTO .- El tercer motivo de casación denuncia la infracción de los artículos 31.3 y 133.2 de la Constitución , así como del artículo 8 de la Ley General Tributaria de 2003 , debido a que las remisiones a la potestad reglamentaria para determinar el valor catastral y, por consiguiente, la base imponible del impuesto sobre los BICES, que se contienen en los apartados 1.e ) y 3 del artículo 23 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , desconocen el principio de legalidad en materia tributaria consagrado en lo mencionados preceptos constitucionales, en cuanto suponen una «deslegalización, constitucionalmente inadmisible, de la determinación de un elemento esencial del tributo».

El principio de reserva de ley en materia tributaria ha sido profusamente tratado en la jurisprudencia constitucional, que, en lo que aquí interesa, ha señalado que esa reserva exige que la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo se lleve a cabo mediante ley. Ahora bien, se trata de una reserva relativa en la que, si bien los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del reglamento, siempre que sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley, y siempre que la colaboración se produzca en términos de subordinación, desarrollo y complementariedad. El alcance de tal colaboración estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de los distintos elementos de las mismas. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la reserva en cuestión no afecta por igual a todos los elementos integrantes del tributo, siendo máximo el grado de concreción exigible al legislador cuando regula el hecho imponible y flexibilizándose el rigor si se trata de disciplinar los elementos de cuantificación del tributo, como son el tipo de gravamen y la base imponible. Estos criterios, presentes en las sentencias 221/1992 (FJ 7 º), 185/1995 (FJ 5 º) y 233/1999 (FJ 9º), han sido reiterado en fechas más cercanas por las sentencias 63/2003 (FJ 4 º), 150/2003 (FJ 3 º), 102/2005 (FJ 3 º), 121/2005 (FJ 5 º) y 73/2011 (FJ 3º), entre otras.

Por su parte, esta Sala, en las sentencias de 17 de marzo de 2004 (casación 8726/98, FJ 2 º) y 19 de julio de 2004 (casación 3490/99 , FJ 2º), ha tratado la posibilidad de que reglamentariamente se desarrollen los criterios para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles. En estos pronunciamientos hemos precisado que los parámetros para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles no fueron fijados mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria, sino que fue el propio legislador el que llevó a cabo tal tarea en los artículos 66 , 67 y 70.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 30 de diciembre), sin perjuicio de que, debido a la singularidad y especificidad de los bienes objeto de valoración (autopistas, en ambos casos), resultase menester la colaboración del reglamento, colaboración que, en modo alguno, desconoció la reserva de ley en la materia, porque los criterios de valoración básicos estaban presentes en la ley.

Tal doctrina resulta plenamente aplicable al presente caso, teniendo en cuenta claro está la entrada en vigor de la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, refundida y derogada en el texto aprobado mediante el Real Decreto legislativo 1/2004, ya citado, así como la del también citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, que refundió y derogó la Ley 39/1988. El artículo 65 de este último texto refundido determina que la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles está constituida por su valor catastral, que se determina conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Pues bien, esas normas se contienen en el mencionado texto refundido de 2004, disposición de indiscutible rango legal, cuyo artículo 23 dispone los criterios y los límites del valor catastral.

La lectura de este último precepto revela que el legislador dispone los criterios para la determinación de aquel valor [apartado 1, letras a) a d)], cuyo desarrollo encomienda, en el apartado 3, al titular de la potestad reglamentaria, mediante el establecimiento de normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y restantes factores que, de acuerdos con aquellos criterios y atendiendo a sus características intrínsecas y extrínsecas, permitan determinar el valor catastral de los bienes inmuebles. Por su parte, la letra e) del apartado 1 autoriza al reglamento a fijar otras reglas que resulten relevantes para la concreción del valor de los bienes inmuebles. Se trata, pues, de sendas remisiones explícitas del legislador al reglamento para que desarrolle sus previsiones dentro del marco delimitado por las normas y los parámetros generales contenidos en la ley, que, por consiguiente, respetan la reserva de ley en materia tributaria establecida en los artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución , porque la intervención del reglamento se produce en los términos de subordinación, desarrollo y complementariedad exigidos por la jurisprudencia constitucional.

En efecto, atendidos los términos de la remisión, la validez del desarrollo reglamentario se hace depender, en primer lugar, de la relevancia del factor añadido que se pueda establecer para determinar el valor del bien inmueble afectado; en segundo término, del respeto a los criterios dispuestos en el propio precepto, y, finalmente, de las concretas características de los bienes cuyas normas técnicas de valoración se aprueben por vía reglamentaria. Queda, por consiguiente, debidamente acotado el ámbito en el que la Administración puede moverse para la fijación de factores añadidos [artículo 23.1, letra e)] o para la concreción de las normas técnicas de valoración (artículo 23.3), quedando vinculado en los anteriores términos el desarrollo reglamentario que pueda acometer. Por lo tanto, la ley no abdica, como sostiene IBERDROLA, de la regulación de un elemento esencial del tributo, como lo es la base imponible, sino que fija las pautas, los criterios y los límites para su determinación, encomendando al reglamento nada más y nada menos que su desarrollo, atendiendo a las características de cada bien o grupo de bienes, con sujeción a las reglas legales y siempre sin perder de vista su relevancia para aquella determinación.

Las anteriores reflexiones conducen, pues, a la desestimación del tercer motivo de casación.

QUINTO .- El cuarto motivo trae de nuevo a colación el artículo 31.3 de la Norma Suprema, que resultaría infringido por la toma en consideración por el Real Decreto 1464/2007 de la maquinaria para calcular el valor catastral de los BICES. Esta previsión, en opinión de la compañía recurrente, sería contraria a los principios de capacidad económica y de igualdad tributaria. Al primero, porque aquella inclusión implica que el impuesto discutido no solo somete a tributación el valor de los bienes inmuebles sino también el de un elemento ajeno a su base imponible. La igualdad tributaria resultaría desconocida porque no existe fundamentación objetiva y razonable que justifique que los BICES, como consecuencia de la inclusión de la maquinaria, tengan que soportar una mayor tributación que los demás bienes inmuebles.

Se ha de recordar que, con arreglo al artículo 8.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , los BICES constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble. Por su parte, el apartado 3 del mismo precepto dispone que, a efectos de la inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración, no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones ni aquélla que forme parte físicamente de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.

Pues bien, el debate que suscita este motivo de recurso ha sido zanjado por esta Sala en la ya citada sentencia de 30 de junio de 2010 , en la que hemos razonado que:

Es evidente que la concepción de los BICES establecida en el apartado primero del artículo octavo de la L.C .I.

, en conexión con lo dispuesto en su apartado tercero [...], conforma una nueva categoría con respecto a lo que hasta ahora eran los bienes inmuebles, categoría que incorpora a los mismos la maquinaria que se integra en las instalaciones de esos bienes.

Desde esta perspectiva, el reproche por el que se entiende que es objeto de gravamen una capacidad económica que no se contiene en el hecho gravado tiene que ser rechazada, pues el presupuesto de partida no puede ser compartido, ya que no hay hecho gravado previo, y el legislador es libre de configurar conceptualmente las categorías de los bienes en el modo que considere pertinente.

De otro lado, el reproche que se dirige a la norma, por entender que vulnera los criterios que para el IBI y el ICIO tiene establecidos el legislador, no puede ser compartido. En primer lugar porque la desigualdad tiene su origen en la norma misma y no en su aplicación. Y, en segundo lugar, porque la naturaleza de los bienes sobre los que se opera, claramente singular, hasta el punto que ha configurado una categoría especial, justifica que el legislador establezca criterios de valoración en todo o en parte distintos de los existentes con respecto a otra clase de bienes» (FJ 7º).

Ahondando aún más en el razonamiento, cabría afirmar que, desde la perspectiva del principio de igualdad, la existencia de un tratamiento distinto para los BICES estaría justificada en las peculiaridades de esta clase de bienes y en las diferencias que la propia ley les atribuye respecto de otras categorías de bienes inmuebles, en particular de los urbanos, en la medida en que se trata de bienes integrados por un conjunto complejo de uso especializado, del que forman parte edificios, instalaciones, obras de urbanización y mejora, unidos para un funcionamiento específico. Tratándose de la capacidad económica, se ha de precisar, una vez más, que el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no regula hecho o base imponible alguna, disciplina que se contiene en al artículo 65 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado en 2004, que otorga la condición de base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles al valor catastral, por lo que difícilmente puede imputarse la infracción de aquella exigencia constitucional a las reglas previstas para calcular ese valor. La quiebra, de existir, se encontraría en aquel artículo 65.

Si bien se mira, los apartados 1 y 3 del artículo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se limitan a explicitar los elementos que integran esta clase singular de bienes inmuebles, sin introducir criterio alguno de valoración de los mismos, salvo la precisión en el apartado 3 de que, a tales efectos, no se excluirá la maquinaria integrada en las instalaciones ni la que forme parte físicamente de las mismas o esté vinculada funcionalmente a ellas, es decir, únicamente forma parte de esa valoración la maquinaria integrada en las instalaciones, que conforme, junto con el suelo y las edificaciones, el bien inmueble en cuestión y sin la cual la existencia del propio BICE carecería de sentido alguno. En otras palabras, la norma se limita a concretar los elementos susceptibles de integrar los BICES, sin que ello suponga introducir en su valor catastral, integrándose en la base imponible del impuesto que los grava, elementos que carecen de la naturaleza de bien inmueble.

La visión adoptada en el Real Decreto legislativo 1/2004 no se aparta ni un ápice de la definición que de los bienes inmuebles da el artículo 334 del Código civil , cuando considera bien inmueble «todo lo que esté unido a un bien inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto» (apartado 3), así como «las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidad de la explotación misma» (apartado 5).

En definitiva, la previsión del apartado 3 del artículo 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario concuerda con el concepto de bienes inmuebles propio del Código Civil, sin que, por otra parte, la incorporación en la noción de las instalaciones y de la maquinaria, con la consiguiente apreciación a efectos valorativos, introduzca diferenciación injustificada alguna en relación con otras categorías de inmuebles ni desconozca el principio de capacidad económica, tomando en consideración para el cálculo de la base imponible del impuesto sobre los BICES elementos ajenos a su noción.

Este cuarto motivo del recurso también debe, pues, ser rechazado.

SEXTO .- El quinto y último motivo denuncia la infracción de los artículos 31.1 de la Constitución , 28 y 31 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado en 2004 y 60, 61 y 65 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Según la compañía recurrente, las normas técnicas de valoración catastral contenidas en el Real Decreto 1464/2007 no se acomodan a los mencionados preceptos de la Ley de Haciendas Locales, con lo que vulneran el principio de capacidad económica.

Este motivo incorpora, según hemos precisado en el segundo antecedente de hecho, cuatro quejas:

  1. ) Del conjunto del Real Decreto 1464/2007 se desprende que los BICES continúan manteniendo su valor catastral, fijado conforme a las normas técnicas contenidas en el mismo, aun en el supuesto de que cesen en su funcionamiento como tales BICES, diseño que contradice la Ley del Catastro Inmobiliario.

  2. ) Los coeficientes correctores de depreciación por antigüedad contenidos en el Real Decreto no guardan en general relación con la vida útil y las amortizaciones técnicas de los elementos que integran cada BICE. En particular, los previstos en el artículo 16 no tienen que ver con la vida útil de las centrales nucleares. Esta inadecuación alcanza, en opinión de IBERDROLA, mayor intensidad al no prever la disposición reglamentaria coeficientes específicos para la maquinaria. Estas dos circunstancias determinan un valor catastral superior al valor del inmueble.

  3. ) El valor de reposición, como punto de partida para la determinación del valor de las construcciones singulares integradas en el BICE, previsto en el artículo 5.2 del Real Decreto, es abiertamente contrario al objeto del impuesto sobre bienes inmuebles. La recurrente considera jurídicamente inaceptable que para la determinación del valor catastral de un inmueble se parta del valor que tendría en la actualidad, por la sencilla razón de que la construcción actual de una central térmica o nuclear, por ejemplo, nada tiene que ver con esa construcción hace treinta años.

  4. ) El coeficiente de 0,90 aplicable a los BICES en régimen de concesión administrativa, regulado en el artículo 6 del Real Decreto 1464/2007 , no representa, a juicio de IBERDROLA, la merma del valor del BICE inherente a las condiciones de la concesión. Se trata de un coeficiente arbitrariamente fijado por la norma reglamentaria, que no se ajusta a su menor valor. Este proceder reglamentario contraviene los artículos 60 y 65 de la Ley de Haciendas Locales , puesto que no se atiene al valor del inmueble ni a su valor catastral.

Hemos analizado ya estas quejas en la sentencia de 30 de junio de 2010 , repetidamente citada, con ocasión de la impugnación directa del Real Decreto 1464/2007, dentro de sus fundamentos 8º y 9º:

OCTAVO.- Ya referido al Decreto impugnado, el demandante introduce dos tipos de impugnación. Unas, primeras, atinentes a los criterios generales de valoración introducidos. Otras, específicas, dirigidas a impugnar las concretas valoraciones afectantes a los bienes del sector eléctrico.

Entre las primeras están: Las reglas de valoración de los inmuebles que cesan como "BICES"; los coeficientes de depreciación por antigüedad; valor unitario del suelo; coeficientes multiplicadores; construcciones singulares; fijación de valor en función del valor de reposición; y, finalmente, valoración de los "BICES" en régimen de concesión administrativa.

En lo que atañe a las Normas específicas, se impugna: a) Valoración de centrales térmicas en el mismo emplazamiento; b) Centrales térmicas: coeficientes de depreciación; c) Renovación de las centrales térmicas; d) Obsolescencia tecnológica de las centrales térmicas; e) Valoración de centrales nucleares en el mismo emplazamiento; f) Valoración de centrales nucleares de distintas tecnologías; g) Elementos constructivos que deben considerarse a efectos de la valoración de las presas ( art. 18 RD 1464/2007 ): coeficiente 16.01 aplicable al volumen de presa (Anexo RD 1464/2007); h) Coeficiente por exceso de volumen de la presa; i) Renovación de las centrales hidroeléctricas.

Procede, pues, analizar cada uno de los motivos de impugnación mencionados.

NOVENO.- Una precisión previa es necesario efectuar con respecto a los criterios generales de valoración.

Como afirma, la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo: "las dos últimas décadas han sido testigos de una evolución en la que el Catastro Inmobiliario se ha convertido en una gran infraestructura de información territorial disponible para todas las Administraciones públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general, puesta ante todo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria, pero capacitada también para facilitar la asignación equitativo de los recursos públicos; en los comienzos de un nuevo siglo, es ya sin duda notable la colaboración del Catastro en la aplicación material de tales principios constitucionales, como lo prueba su utilización generalizada para la gestión o el control de subvenciones nacionales o comunitarias, o la paulatina incorporación de la información gráfica y de la identificación catastral de las fincas tanto a las actuaciones notariales como al Registro de la Propiedad".

Quiere decirse con ello que las funciones que el Catastro cumple no se identifican, ni siguen los criterios que se aplican en el desarrollo de una actividad empresarial. Por eso, aunque ciertos bienes pueden tener un valor nulo desde la perspectiva económica-empresarial y contable, su valor catastral puede ser considerable dados las distintas finalidades que el catastro y la actividad económica cumplen.

La falta de comprensión de este aspecto está en la raíz de casi todos los argumentos esgrimidos contra los criterios generales de valoración catastral esgrimidos en el recurso, lo que, ya adelantamos, provoca la desestimación de los motivos aducidos frente a tales normas de valoración generales.

Específicamente, se impugna:

a) La valoración de los inmuebles que cesan como "BICES".

El artículo cuarto, apartado cinco del texto controvertido establece: "Cuando se produzca el cese definitivo en el funcionamiento de las instalaciones industriales que constituyan elementos esenciales para la funcionalidad del inmueble, ya sea por causas de regulación del mercado o de origen tecnológico, y siempre que no se hayan tenido en cuenta estas circunstancias en la ponencia de valores aplicable, se podrá aprobar una nueva ponencia de valores en la que se considere, por el método que en la propia ponencia se determine, la minoración de valor ocasionada por el cese en la operatividad de las instalaciones citadas".

El motivo no puede ser acogido pues como acertadamente pone de relieve el Abogado del Estado:

"[...] el cese definitivo en el funcionamiento de una o varias de las instalaciones industriales que constituyan elementos esenciales para la funcionalidad del inmueble, por causas de regulación del mercado de origen tecnológico, es sin duda alguna un hecho relevante para la valoración catastral del inmueble, como se reconoce por la propia norma reglamentaria que estamos considerando. Pero no implica ni el desmantelamiento del inmueble, ni su desaparición, ni la imposibilidad de que el mismo siga funcionando con otras instalaciones, o incluso, con una reconfiguración o transformación de las instalaciones originarias; esto es, no prejuzga la posibilidad de que el inmueble vuelva a ser destinado a fines propios de la instalación industrial de que se trate, en la medida en que el misma sea debidamente adaptado; ni tampoco impide ni prejuzga que el cese en el funcionamiento sea meramente parcial, y no completo.

Por tanto, la norma considerada en modo alguno entra en contradicción con el propio concepto y definición legal de bien inmueble de características especiales, como se pretende en la demanda. Tampoco, con los criterios de determinación del valor catastral de este tipo de bienes inmuebles, ni en particular, con la aptitud para la producción del inmueble considerado, del artículo 23.1 a) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , como asimismo se pretende en la demanda.

Precisamente la norma que estamos considerando, del art. 4.5 del Real Decreto 1464/07 , lo que pretende es la corrección del valor catastral en función de la repercusión que sobre el mismo deba tener el cese definitivo en el funcionamiento de determinadas instalaciones industriales esenciales para la funcionalidad del inmueble, por causas de regulación de mercado o de origen tecnológico, en la medida en que dicho cese no se hubiera tenido en cuenta en la Ponencia de valores aplicable; por ser consciente de que esta circunstancia puede afectar sobrevenidamente a la aptitud del inmueble para la producción, y en tal medida, debe dar lugar a la correspondiente corrección (a la baja) del valor catastral del inmueble, a través de una nueva Ponencia de valores.

Sin que por otra parte la remisión a una Ponencia de valores para recoger el impacto de esta circunstancia sobrevenida sobre el valor catastral, y más concretamente, la minoración de dicho valor ocasionada por el cese del funcionamiento de determinadas instalaciones, pueda calificarse, como se hace en la demanda, de manifiestamente inconstitucional, por vulnerar el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como el principio de reserva de ley en materia tributaria: pues se trata precisamente de asegurar, a través de la norma reglamentariamente considerada, que el cese en el funcionamiento de determinadas instalaciones de las incluidas en el inmueble considerado, dé efectivamente lugar a una minoración de su valor catastral, en la medida en que el mismo no hubiera sido tenido en cuenta a la hora de elaborar la Ponencia de valores originaria; y ello se deberá efectuar en la proporción que resulte legal y reglamentaria procedente en función de los propios criterios contenidos en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , así como en el Real Decreto 1464/07, sobre desarrollo del mismo; uno de los cuales es, como hemos expuesto anteriormente, la aptitud del inmueble para la producción, que lógicamente se verá disminuida por la circunstancia sobrevenida considerada.

Por lo tanto, no solo no existe contradicción entre los principios constitucionales y criterios legales invocados de adverso y la norma reglamentaria analizada, sino que son dichos principios constitucionales y criterios legales los que vienen a exigir una norma como la que nos ocupa, para garantizar la adecuación del valor catastral del inmueble de características especiales a su verdadero valor de mercado, en función de su aptitud para la producción, ante nuevas circunstancias relevantes".

b) El reproche que contra el Real Decreto 1464/2007 se formula por no guardar relación los coeficientes de depreciación por antigüedad en él regulados con los de la vida útil y las amortizaciones técnicas de los elementos que integran el BICE, parte de la asimilación del valor catastral de los bienes con el valor económico de los bienes.

Con independencia de que la argumentación incurra en el error de planteamiento antes referido, hay que volver a compartir la tesis del Abogado del Estado cuando afirma:

"[D]ebemos en primer lugar subrayar que la finalidad y el objeto del valor catastral es muy distinta a la de los sistemas contables de amortización de los activos de las empresas.

Si en el primer caso se trata de determinar el valor catastral de un determinado inmueble, por referencia a su valor de mercado, en el segundo se trata de fijar el periodo de recuperación de una determinada inversión, sin computar, por tanto, el efecto del gasto de conservación que pueda alargar su vida útil; ni tampoco el de una reinversión en el mismo activo, instalación o inmueble, que a su vez, da lugar a nuevas amortizaciones.

Por lo tanto, aun cuando la antigüedad de la instalación considerada sí debe tenerse en cuenta, junto con otros factores que también influyen en su estado de conservación y valor de mercado, como su calidad, para la determinación del valor catastral, ello no implica que la repercusión de este factor sobre el valor catastral deba corresponderse, de forma exacta y automática, con las tablas sobre amortización de maquinaria vigentes en otros ámbitos, y a otros efectos.

De hecho, es público y notorio que hay centrales térmicas de 60 años de antigüedad, como consecuencia de haberse invertido en su conservación y actualización, cuando en la demanda se nos habla de una supuesta vida útil, presuntamente resultante de la aplicación pura y simple de las tablas contables de amortización de la maquinaria originaria, de unos 30 años.

Y es que, en definitiva, la cuestión no es si el valor catastral se acerca más o menos a la evolución del grado de amortización contable de la instalación e inversión originaria, sino si el mismo ha dejado de corresponder, por circunstancias sobrevenidas, al efectivo valor de mercado del bien inmueble considerado en su conjunto.

Cuestión que la legislación catastral atiende a través de diversos procedimientos, como por ejemplo, los procedimientos de revisión generales y/o especiales de las Ponencias de Valores, tanto periódicos, como excepcionales, ante determinadas circunstancias sobrevenidas".

c) El siguiente valor impugnado es el de las "construcciones singulares" cuyo valor tiene como referencia el "valor de reposición " a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 1464/07 .

El recurrente considera que la toma en consideración del "valor de reposición" como valor básico vulnera lo dispuesto en los artículos 60 , 61 y 65 de la LHL y 31.1 de la Constitución Española .

Volvemos a insistir en el erróneo planteamiento del recurrente que asimila el "valor catastral" a las bases imponibles de los impuestos legales que cita, lo que es rechazable.

No hay que olvidar que el precepto impugnado lo que afirma es que el valor de las construcciones singulares se determinará "a partir" del valor de reposición, no que dicho "valor de reposición" sea la base imponible de impuesto alguno. La errónea idea del recurrente, al asimilar valor catastral con bases imponibles de los diferentes impuestos lastra todos los razonamientos sobre el asunto.

d) Reprocha, finalmente, y en este orden general de ideas, el recurrente a la resolución impugnada que tanto la fijación de los coeficientes multiplicadores del valor unitario del suelo como el aplicable a las concesiones administrativas resultan arbitrarias y carentes de justificación alguna.

Es evidente que los coeficientes multiplicadores de los inmuebles no tienen la arbitrariedad reprochada, si se tiene en cuenta que se establecen criterios de fijación como son "la localización" y las "circunstancias del inmueble", junto con unos "límites" "mínimos y máximos" que pueden excluir la arbitrariedad denunciada.

En lo referente al valor de la concesión el recurrente vuelve a reincidir en asimilar el valor catastral con la base imponible de los impuestos que cita, lo que no necesariamente tiene que suceder, y vuelve a hacer coincidir el valor catastral del inmueble con el valor de la concesión, lo que implica, como hemos dicho, omitir las finalidades catastrales no tributarias, tomando la parte por el todo, y ello pese a que la parte sea en este caso de gran entidad

.

Lo expuesto hasta aquí resulta suficiente para desestimar este motivo de casación.

Conviene aclarar, no obstante, que la interposición de un recurso indirecto contra una disposición de carácter general, como ha ocurrido en este caso, no permite a quien acciona abrir un debate global sobre la legalidad de la disposición sino únicamente en cuanto sea pertinente para decidir sobre la legalidad de la actuación administrativa que constituye el objeto inmediato de la impugnación ( vid. el artículo 26 de la Ley 29/1998 ). Quedan, por tanto, fuera de discusión en el recurso indirecto contra reglamentos las situaciones meramente hipotéticas ajenas al objeto del recurso (cese de la actividad de los BICES) o los planteamientos genéricos o abstractos que poco o nada tienen que ver con los concretos actos administrativos impugnados (coeficientes correctores por depreciación o por tratarse de bienes en régimen de concesión, valores de reposición). En otras palabras, con ocasión de un recurso indirecto no puede discutirse la legalidad de disposiciones reglamentarias que no han sido objeto de aplicación en los actos administrativos que constituyen el objeto directo de discusión. Este es un criterio bien asentado en la jurisprudencia de esta Sala. Baste recordar las sentencias de 17 de octubre de 2002 (casación en interés de ley 3458/01, FJ 2º), 9 de abril de 2003 (casación 3565/00, FJ 3º) y 22 de septiembre de 2010 (casación 1985/09, FJ 5º). Cabe consultar también las sentencias de 10 de diciembre de 2002 (casación 1345/00, FJ 5 º) y 27 de octubre de 2003 (recurso directo 43/01 , FJ 2º).

Aún más, aun cuando las normas reglamentarias puestas en cuestión hubieran sido aplicadas en los actos singulares contra los que se dirige la acción jurisdiccional, para entender conculcado el principio de capacidad contributiva habría resultado menester acreditar que, como consecuencia de esa aplicación de las normas técnicas de valoración contenidas en el Real Decreto 1464/2007, se llegó a un valor catastral y, por remisión legal, a una base imponible en el impuesto sobre bienes inmuebles superior al valor de los bienes tasados mediante aquellos actos singulares. Pues bien, tal desenlace no ha sido acreditado por IBERDROLA en la instancia a través de la prueba pertinente. Es verdad que solicitó el recibimiento del pleito a prueba, pero se limitó a pedir que se tuviera por aportada la documental presentada con la demanda, escrito rector al que sólo acompañó poder de representación, copia de la resolución impugnada, acuerdo del órgano de gobierno de la entidad para la interposición del recurso contencioso-administrativo y documento acreditativo del pago de la tasa.

Así pues, también el quinto y último motivo de casación está condenado al fracaso y, con él, el recurso en su integridad.

SÉPTIMO .- En aplicación del artículo 139.2 de la Ley reguladora de nuestra jurisdicción, procede imponer las costas a IBERDROLA, si bien que, en uso de la facultad conferida por el apartado 3 de dicho precepto, con el límite de seis mil euros.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por IBERDROLA GENERACIÓN, S.A., contra sentencia dictada el 29 de junio de 2009 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 162/09 , condenando en costas a la compañía recurrente, con la limitación establecida en el último de los fundamentos de derecho.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Oscar Gonzalez Gonzalez D. Manuel Martin Timon PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretaria, certifico.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR