STS 557/2012, 9 de Julio de 2012

Como tenenos dicho en el motivo segundo se alega error de hecho en la apreciación de la prueba ( art. 849-2 L.E.Cr .). 1. El impugnante pretende ensanchar el factum con complementos descriptivos o narrativos que considera esenciales por repercutir directamente en el fallo y que resultaron probados en el juicio por medio de documentos que no han sido debidamente valorados por el órgano a quo, lo que sitúa el motivo en el campo del error facti.

Antes de examinar la corrección del planteamiento impugnativo, es del caso recordar los requisitos exigidos por esta Sala para la prosperabilidad de un motivo de esta naturaleza.

Éstos son:

1. Que se hayan incluído en el relato histórico hechos no acontecidos o inexactos.

2. Que la acreditación de tal inexactitud tiene que estar evidenciada en documentos en el preciso sentido que tal término tiene en sede casacional. Sobre esta cuestión podemos recordar la STS de 10 de noviembre de 1995 en la que se entienden por tales aquellas representaciones gráficas del pensamiento, generalmente por escrito, creadas con fines de preconstitución probatoria y destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico, originados o producidos fuera de la causa e incorporados a la misma.

3. Que el documento en sí mismo sea demostrativo del error que se denuncia cometido por el Tribunal sentenciador al valorar las pruebas, error que debe aparecer de forma clara y patente del examen del documento en cuestión, sin necesidad de acudir a otras pruebas ni razonamientos, conjeturas o hipótesis. Es lo que la doctrina de esta Sala define como literosuficiencia.

4. Que el supuesto error patentizado por el documento no esté a su vez desvirtuado por otras pruebas de igual consistencia y fiabilidad. Al respecto debe recordarse que la ley no concede ninguna preferencia a la prueba documental sobre cualquier otra, antes bien todas ellas quedan sometidas al cedazo de la crítica y de la valoración en conciencia de conformidad con el art. 741 L.E.Cr .

5. Que los documentos en cuestión han de obrar en la causa, ya en el sumario o en el rollo de la Audiencia, sin que puedan cumplir esa función impugnativa los incorporados con posterioridad a la sentencia.

6. Finalmente, el error denunciado ha de ser transcendente y con valor causal en relación al resultado o fallo del asunto, por lo que no cabe la estimación del motivo si este sólo tiene incidencia en aspectos accesorios o irrelevantes. Hay que recordar que el recurso se da contra el fallo, no contra los argumentos que de hecho o derecho no tengan capacidad de modificarlo ( STS. 765/04 de 14 de junio ).

7. A los anteriores, ha de añadirse, desde una perspectiva estrictamente procesal, la obligación que compete al recurrente de citar expresamente el documento de manera clara, cita que si bien debe efectuarse en el escrito de anuncio del motivo - art. 855 L.E.Cr .- esta Sala ha flexibilizado el formalismo permitiendo que tal designación se efectúe en el escrito de formalización del recurso ( STS 3-4-02 ) pero en todo caso, y como ya recuerda, entre otras la STS 332/04 de 11 de marzo, es obligación del recurrente además de individualizar el documento acreditativo del error, precisar los concretos extremos del mismo que demuestren claramente la equivocación en la que se dice incurrió el Tribunal ( STS 465/2004 de 6 de abril y 1345/2005 de 14 de octubre ).

2. A la vista de tal doctrina jurisprudencial la afirmación de que un documento (en ocasiones prueba documentada) no ha sido correctamente valorado, no entra dentro de las posibilidades impugnativas del art. 849-2 L.E.Cr . La valoración de la prueba compete de forma exclusiva y excluyente al tribunal sentenciador, y su irracional o arbitraria interpretación tendría cabida en un motivo por presunción de inocencia, pero no por error facti. La alteración del factum por la vía utilizada ha de partir de un documento, que por sí solo, sin interpretaciones o valoraciones añadidas, posea una fuerza probatoria que por las garantías de constatación del documento o por sus notas de autenticidad, es capaz de imponer su contenido en el factum, eliminando, adicionando o alterando cualquier afirmación o expresión factual del mismo, siempre que no exista prueba contradictoria sobre ese extremo. Es lo que, quizás impropiamente, se ha dado en llamar "literosuficiencia".

3. Realizadas estas consideraciones analizaremos los concretos aspectos planteados.

   En el epígrafe primero dice el recurrente que el factum recoge un único procedimiento criminal de Estados Unidos en el que está implicado Gonzalo, debiendo completarse el pronunciamiento haciendo constar la existencia de otro procedimiento criminal contra el mismo, tal sería el caso nº 060 20428-CR-PCH del Tribunal del Distrito Sur de Florida, División de Miami.

   También se refiere a la declaración de Gabino, contenida en el fundamento jurídico primero, según la cual, "la defensa aporta la declaración prestada por Gabino en el procedimiento criminal, considerando que es miembro de la misma organización", cuando ello no es así. En esa causa el tribunal de instancia valora erróneamente las declaraciones de Gabino .

   Las dos objeciones no tienen cabida en un motivo por error facti y deben rechazarse. La primera porque no se comprende qué influencia tiene constatar que amén de la causa por la que fue condenado el recurrente en Estados Unidos, existieron otras en su contra, ya que con más razón se justifica la procedencia ilícita del dinero. Respecto a la declaración de Gabino, por carecer del carácter documental y tratarse de prueba personal, no puede actuar como documento, en tanto la valoración de los testimonios es de la competencia exclusiva del tribunal.

4. Discrepa de la afirmación del hecho primero de los probados, en la que se dice que el importe de las transacciones enviadas a Canarias es en sí mismo demostrativo de que éstas no podían proceder de actividades ilícitas. No la acepta porque el acusado en su momento declaró que Nicolas pertenece a una familia rica, ello unido a la condición de banquero del acusado, con conocimiento en inversiones, no debía parecerle anómala o ilegal la conducta que ahora se juzga.

   Como advertimos se trata de efectuar una interpretación personal de los hechos, y la prueba que tiene en cuenta es el testimonio del acusado, que constituye una prueba personal. Por ese solo hecho la protesta no se puede aceptar.

5. En el tercer apartado invoca como documentos los informes periciales y patrimoniales aportados por la defensa, que evidenciarían que no se ha dado en la conducta del recurrente una operativa sospechosa típica de blanqueo de capitales, pues no puede hablarse de operaciones de ocultación, de conversión o de reinversión como califica la sentencia en el fundamento jurídico cuarto. Tampoco tal pretensión debe merecer acogida.

   Los informes periciales no contribuyen a detectar las anomalías financieras que resultan de un conjunto amplio de datos incriminatorios o sugestivos de la comisión de un delito de blanqueo, ya que tales peritos reflejan el origen y destino de los fondos, pero no pueden garantizar o asegurar que dichos fondos provengan de actividades delictivas, ya que dichos peritos no pueden valorar ese aspecto. Afirmar que proceden de la venta de inmuebles no resulta convincente ya que ese es un dato que les es dado, pues la mansión que vendieron los terceros concertados en Miami había sido adquirida con dinero producto de actividades delictivas.

   A su vez en el Informe Patrimonial I, se consigna que "sin embargo existe un entramado societario vinculado al acusado y su esposa en el que se han detectado comportamientos y técnicas de blanqueo de capitales, por lo que el presente estudio se centrará en la evolución que han presentado las sociedades que conforman el entramado societario".

   Por lo demás el carácter personal de la prueba pericial y la existencia de prueba contradictoria sobre dicho punto hace que el motivo se desestime. Así, todas las operaciones aparecen acreditadas documentalmente al igual que la creación de sociedades y la apertura de las distintas cuentas corrientes e imposiciones de fondos llevadas a cabo por Casiano, y sobre dicha base documental se ha podido racionalmente inferir con vehemencia que el acusado realizó operaciones de ocultación, conversión y reinversión de fondos, que no permiten atribuir un sentido distinto al propósito de ocultar la procedencia de un dinero ilícito.

6. En el cuarto apartado reprocha la no acertada valoración del acta de la entidad Invercan, LTD de 13 de abril de 2004, obrante al folio 236 del rollo de la Audiencia, en la que se autoriza a dicha sociedad a otorgar un contrato de préstamo por importe de 2.853.000 dólares a favor de CORVO BUSINESS, S.A., estableciéndose como garantía la prenda sobre las acciones de aquella sociedad y demás empresas del grupo, con la obligación para los socios, en caso de impago, de transferir ante Notario la titularidad de las acciones y participaciones tomadas en prenda, sin procedimiento judicial de ejecución. La sentencia no le otorga a tal documento efectos exculpatorios.

   También en este caso se pretende sustituir la valoración del recurrente por la del tribunal de instancia en relación a un documento. Un documento que ha sido valorado por el tribunal y que su eficacia probatoria se produce en conjunción con otros documentos y pruebas, por lo que no puede ser examinado por este cauce procesal.

   El recurrente quiere llegar a la conclusión de que en base a tal documento se acreditaría que él no era el testaferro de Gonzalo, cuando olvida que el propio recurrente declaró que "todos los fondos eran de su pariente", es decir de Gonzalo . 7. En el apartado quinto se alega como fuente del error la valoración de las declaraciones exculpatorias en favor del recurrente hechas por el colaborador arrepentido Gabino . De nuevo se trata de valorar pruebas en un motivo por error facti, lo que en modo alguno es admisible, y menos cuando se trata de pruebas personales por mucho que se hallen documentadas.

   Además lo único que afirmó este sujeto y así lo recoge al folio 1760 de la causa es que "no sabía lo que el recurrente podía conocer sobre la procedencia del dinero", lo que concuerda con la posición de ignorancia deliberada en que éste se situó.

   Por otro lado, el hecho de que el censurante manifestara que Nicolas quería hacer inversiones en Canarias, pero no esconder el dinero, no excluye la compatibilidad de ambas afirmaciones, pues las inversiones en Canarias estarían dirigidas a blanquear fondos procedentes de actividades delictivas desarrolladas en Estados Unidos.

   El reparo opuesto no puede prosperar.

8. En el apartado sexto vuelve a mentar el impugnante una prueba documental que no ha sido adecuadamente valorada por el tribunal. Se trata de la solicitud del permiso y residencia del Sr. Nicolas, presentada en noviembre de 2001 ante la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria para ejercer como administrador de Procanamer, lo que es un signo indicativo que no se compagina con la introducción de dinero "negro", precisamente porque el propietario pensaba vivir en Canarias y ejercer como administrador de una de las sociedades inversoras.

   Sin embargo el dato es intrascendente para acreditar lo que pretende el recurrente, porque en el fondo nunca pensó llevar a cabo su propósito como lo demuestran los hechos, amén que la residencia en Canarias no sería incompatible con atraer allí el dinero que pudiera obtener o estuviera obteniendo por procedimientos ilícitos en Estados Unidos para invertir en Gran Canaria.

9. En el apartado séptimo alega el recurrente que la colaboración prestada por él en el registro domiciliario que se le practica, en el que a pesar de figurar un número erróneo de su vivienda, permite la realización de la diliencia, evidencia que no es testaferro de una "corporación" mafiosa, ya que sólo se le intervienen documentos y proyectos esquemáticos relativos a las distintas sociedades creadas. El dato es irrelevante, pues de no haber accedido a la práctica de la diligencia se hubiera corregido de inmediato el error por la comisión judicial, que adoptaría las medidas precisas, para efectuar el registro poco después con todas las garantías.

   La tenencia de esos documentos societarios se podía objetivar acudiendo a Registros, sin olvidar que en el momento de practicarse la diligencia el acusado no tenía ningún temor a responder penalmente, en tanto aparentemente las actividades financieras se desarrollaban con plena regularidad. La ilicitud provenía del origen del dinero y fondos recibidos y de los propósitos de encubrirlo o recanalizarlo, haciéndolos aflorar con visos de legitimidad.

10. Por último, en el apartado octavo nos dice que los artículos de Internet que le fueron encontrados en aquel registro domiciliario de junio y julio de 2006, demuestran el error de la afirmación que se hace en el fundamento jurídico primero A) de la sentencia, de que esta información ya la tenía al alcance por ese medio desde el año 2004.

    Una afirmación del factum, fruto de una valoración judicial no puede ser objeto de modificación por la vía del error facti, que sólo puede dirigirse al relato histórico sentencial, pero además en tal fundamento no se expresa más que una posibilidad, esto es, que tuvo a su alcance enterarse de la situación del Sr. Gonzalo .

    La circunstancia es indiferente, porque se percataría de la situación a través de Internet (porque pudo) o de todos modos la información la tenía a través de la Señora Gabriela, según proclaman los hechos probados no atacados en este punto (véase folio 8 de la sentencia).

    Tampoco esta queja puede admitirse.

    Conforme a todo lo dicho el motivo en su integridad no puede prosperar.

El motivo tercero se formaliza a través del art. 5-4 LOPJ . alegando infracción del derecho a la presunción de inocencia e inaplicación del principio in dubio pro reo.

1. Respecto al principio referido se entiende infringido -según el recurrente- cuando el tribunal sentenciador reconoce la existencia de una duda sobre la concurrencia de algún elemento constitutivo del delito y aun así opta por la solución más perjudicial, condenando al reo. Pone en duda igualmente la ausencia de acreditamento del elemento subjetivo del delito y considera que no existe razón para entender que conocía o podía conocer el origen ilícito de los fondos, y en tal sentido observamos cómo se expresa en la inducción el tribunal a establecer que "tenía necesariamente que saber" o "no podía desconocer", cuando el acusado estaba convencido de que los fondos procedían de la venta de una casa.

   Posteriormente procede a analizar todos los argumentos con los que pretendió modificar el factum en el motivo anterior para concluir, desde una interpretación parcial e interesada, que con los datos de que dispuso la Audiencia no podía condenar al recurrente. Hace especial hincapié en el testimonio de Gabino, del que efectúa su particular interpretación valorativa.

2. El recurrente no acaba de precisar la naturaleza del principio in dubio pro reo que aduce, cuando se trata de un criterio o pauta interpretativa de carácter procesal de la que debe servirse y respetar el tribunal sentenciador, de tal suerte que ante la duda sobre alguna circunstancia fáctica incriminatoria debe decidirse en favor del reo. Su proyección constitucional ( art. 24-2 C.E .) sólo se produciría -como tenemos dicho- cuando después de haber hecho uso del principio, resultase duda en el tribunal y condenase a pesar de la duda.

   En nuestro caso la terminología utilizada por la Audiencia puede parecer confusa, pero lo cierto es que cuando se trata de pruebas indirectas o indiciarias, el convencimiento del tribunal sobre un hecho (exento de cualquier duda) se infiere de un conjunto de datos plenamente acreditados, lo que permite al tribunal entender probado el hecho sin ningún género de dudas.

   Respecto al aspecto subjetivo del tipo delictivo, como tiene dicho esta Sala, no puede ser objeto de ataque por la vía de la infracción de la presunción de inocencia, ya que al no tratarse de un hecho objetivo, cuya prueba puede justificarse con datos positivos o negativos, los elementos subjetivos, que anidan en la insondable y recóndita conciencia del sujeto, sólo pueden deducirse por inferencias, salvo en el caso excepcional de una sincera confesión del acusado.

   En suma, pues, los aspectos subjetivos del tipo delictivo no son controlables por la vía de la presunción de inocencia, aunque sí a través del cauce procesal previsto en el art. 849-1º L.E.Cr . por donde lo canaliza el recurrente en el motivo primero.

   Por último, en lo concerniente al análisis de los distintos elementos probatorios desde la contradictoria interpretación que hace el recurrente frente al tribunal, hemos de afirmar que la facultad valorativa de la prueba, salvo el supuesto ya analizado del error facti, compete de forma exclusiva y excluyente al tribunal de origen ( art. 117-3 C.E . y 741 L.E.Cr .).

   A la Sala de casación compete analizar la existencia de prueba de cargo, la suficiencia de la misma para asentar una condena, la regularidad constitucional y legal en su obtención y la racional y sensata valoración de la misma.

3. En atención a lo dicho y trasladándolo al caso que nos ocupa, como quiera que la prueba de cargo se sustenta en elementos indicarios o indirectos de naturaleza objetiva, éstos son los que estarán sometidos al control de la presunción de inocencia.

   Esta Sala tiene dicho sobre las pruebas de indicios lo siguiente:

   "La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar la participación en el hecho punible, siempre que reuna unos determinados requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la saciedad. Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:

   1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la dedución o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicitación, que aún cuando pueda ser sucinta o escueta, se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

   2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos, como a la deducción o inferencia.

   Respecto a los indicios es necesario:

   1. que estén plenamente acreditados. b) de naturaleza inequívocamente acusatoria.

   3. que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa.

   4. que sean concomitantes al hecho que se trate de probar.

   5. que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuerzen entre sí.

      En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:

   1. que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia.

   2. que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

4. Si las inferencias sobre el dolo y su racionalidad pueden analizarse en el motivo primero, en cuanto forman parte del tipo subjetivo del injusto, en nuestro caso habrá que controlar los hechos básicos tomados en consideración en la inferencia, así como aquellas otras pruebas que acreditan los elementos típicos de naturaleza objetiva que integran la infracción.

   En nuestro caso existe una multiplicidad de pruebas que justifican el transvase de dinero de un origen ilícito, en Estados Unidos, a la regularidad aparente en España, impidiendo su comiso y consiguiendo su utilización por el autor del delito, borrando de tal suerte su procedencia delictiva.

   Así pues, en la causa existen suficientes pruebas documentales que acreditan estos extremos, referidas a la constitución de sociedades que allí figuran, y sobre la procedencia delictiva de los fondos que fueron remitidos e invertidos luego por el recurrente. El veredicto de culpabilidad de Gonzalo, en la causa 04-20159 que se siguió contra él en Estados Unidos, demuestra que fue condenado por los delitos de extorsión, estafa, apuestas y juego ilegal y los fondos que el acusado manejó, recibidos a través de las sociedades VOLTAIRE TRADING AND INVESTMENT Y AZTEZ FINANCIAL ENTERPRISES INC. procedían de tales delitos.

   El hecho de haberse hallado en la casa, domicilio del recurrente, los documentos notariales y bancarios acreditativos de la realización de las operaciones y de la identidad de los sujetos o entidades que las habían efectuado, como se reconoce en el motivo, acredita la realidad de tales hechos y la intervención en los mismos del recurrente, y ello concuerda con lo que arroja la prueba documental obrante en la causa.

   Por lo expuesto y ante la improcedencia de la valoración probatoria que ha hecho el recurrente en el motivo, procede la desestimación del mismo.

Por último en el motivo primero se denuncia infracción de ley ( art. 849-1 L.E.Cr .) por aplicación indebida del art. 301 C.Penal .

1. Justifica su legitimación para poner en entredicho por esta vía procesal la concurrencia del elemento subjetivo del tipo, atacando la inferencia realizada por el tribunal. En ese sentido sostiene que el tipo penal incluye la exigencia de que el sujeto activo actúe "sabiendo" o mediante la utilización en la descripción típica de la preposición final "para", lo que nos indica que no bastará la mera sospecha del sujeto agente acerca de la procedencia ilícita de los bienes para responsabilizarle penalmente del hecho.

   Certeramente el acusado concibe los juicios de inferencia como "aquellas proposiciones en las que se afirma o eventualmente se niega, la concurrencia de un hecho subjetivo, es decir, de un hecho de conciencia que, por su propia naturaleza no es perceptible u observado de manera inmediata o directa, debiendo deducirse tales conclusiones de datos externos y objetivos que consten en el factum.

   A renglón seguido el impugnante revisa uno por uno los hechos objetivos de los que se derivó la inferencia culpabilística, dando lógicamente una determinada interpretación a los mismos.

2. Hemos de partir, como premisa legal, de la intangibilidad del hecho probado, esto es, de los datos objetivos plasmados en el relato histórico sentencial, aunque pueda ponerse en duda la inferencia que de ellos obtiene el tribunal sentenciador ( art. 884-3 L.E.Cr .).

   Es cierto, como sostiene el recurrente, que no es suficiente con que el acusado tenga una simple sospecha de la ilicitud del origen de los bienes a blanquear. Esta Sala ha repetido una y otra vez que se requiere certidumbre sobre dicho origen, lo que a su vez tampoco significa el conocimiento de la infracción precedente en todos sus pormenores o en todos sus detalles (véanse, por todas, STS. 1070/2003 de 22 de julio y 1450/2004 de 2 de diciembre ). Bastaría, por tanto, con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que el dinero procede de la comisión de delitos. Esta Sala se ve obligada, dada la naturaleza de estos delitos, a operar con el dolo eventual, ampliamente admitido, acudiendo a indicios, que han llegado a estereotiparse, en base a los cuales, puede llegarse a la plena convicción de que el sujeto sabía que cometía este delito.

   Se entiende que el sujeto actúa con dolo eventual cuando "consideró seriamente y aceptó como altamente probable que el dinero tenía su origen en un delito". Dentro del dolo eventual, ordinariamente se incluirá aquellos comportamientos de "ignorancia deliberada" a los que se refiere la recurrida y sobre los que esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones (entre otras SSTS 1637/99 de 10 de enero-2000 ; 946/2002 de 22 de mayo ; 236/2003 de 17 de febrero ; 420/2003 de 20 de mayo ; 628/2003 de 30 de abril ; 785/2003 de 29 de mayo ; 16/2009 de 27 de enero, etc.).

3. Dicho lo anterior no es de más recordar siquiera sea de modo resumido el cúmulo de indicios que tuvo en cuenta la Audiencia Nacional.

   Entre éstos destacamos:

   1. Que el acusado trabajaba entonces para la Banca March y precisamente por sus conocimientos en inversiones es por lo que Gonzalo le encomienda la gestión y administración de sus fondos.

   2. Que las transferencias se las hacía un primo segundo al que no conocía con anterioridad, que viajó desde Miami a Las Palmas de Gran Canaria, con cantidades importantes que recoge el factum de la sentencia (230.373,67 dólares en el año 2001, 70.000 y 1.800.000 dólares en el año 2002, 600.000 dólares en el msimo año 2002 y 55.715,16 euros en el año 2004). Las dos primeras sumas fueron remitidas por la sociedad VOLTAIRE TRADING AND INVESTMENT y se reciben a través de un Banco de las Antillas Holandesas, el Citco Banking Corp. N.V. la primera y de la entidad OCEAN BANK de Miami, la segunda. Las dos siguientes cantidades procedían de la sociedad AZTEZ FINANCIAL ENTERPRISES INC. y ello a través de la entidad Unión Platers Nacional Bank de Memphis. En la última cantidad remitida (55.715,16 euros) el remitente fue Gabino, condenado por la justicia norteamericana en el mismo asunto que el recurrente.

      Además, todas estas cantidades no se mantuvieron a nombre de las sociedades remitentes, sino que fueron cambiadas de titular, dirigiéndolas el recurrente a cuentas corrientes abiertas a nombre de una sociedad (INVERCAN), domiciliada en Panamá que le otorgó plenos poderes, siendo colocado después el dinero en sucesivos productos financieros.

   3. Como consecuencia de la detención de Nicolas (nombre con que también era conocido Gonzalo ) en Miami en el año 2004 y al conocer el recurrente (por la esposa de aquél) que se le habían intervenido las cuentas en Estados Unidos, se constituyó una nueva sociedad panameña (CORVO BUSINESS S.A.) dejando de utilizar la anterior INVERMAN en la que Gonzalo figuraba como apoderado y así lo hace desaparecer.

      Entonces, el recurrente saca, mediante un cheque bancario, todos los fondos que INVERCAN tenía en la Banca March y los ingresa en otras cuentas del Banco Pastor a nombre de aquella sociedad panameña CORVO BUSINESS que también le había otorgado plenos poderes.

   4. Para facilitar fondos a la esposa de Gonzalo, pignora una de las imposiciones de CORVO BUSINESS en garantía de un préstamo personal que el Banco Pastor le concede a aquélla. Con ello podía justificar la entrada del dinero en Estados Unidos, ocultando que procedía de los fondos remitidos por las sociedades que estaban siendo investigadas por blanqueo de dinero, en el procedimiento contra Gonzalo .

   5. Finalmente, constituye la sociedad CORVO NEGOCIOS en el año 2005, para sustituir a la entidad PROCANAMER S.L. y así no apareciese como socio Gonzalo, con el mismo objeto social de promoción de inmuebles.

   6. El 20 de julio de 2006 se dictó Veredicto de culpabilidad contra Gonzalo, en el procedimiento 04-20159 del Tribunal del Distrito Sur de Florida, División de Miami, por los cargos de conspiración para extorsionar y estafar, cobro de deudas ilegales y blanqueos, y en ese procedimiento se constató que la asociación delictiva a la que pertenecía Gonzalo utilizó a las sociedades antes citadas VOLTAIRE TRADING AND INVESTMENT y AZTEZ FINANCIAL ENTERPRISES, INC, para sacar del país fondos de procedencia delictiva en dirección a España. Y uno de los miembros de esa organización era Gabino, el que en el año 2004 se declaró culpable de dos de los cargos, persona que, antes de esa fecha, se había puesto en contacto con el recurrente, viajando a España y, siguiendo las instrucciones de Gonzalo, fue informado por aquél de las inversiones que estaba haciendo con los fondos recibidos.

4. De todo cuanto llevamos afirmado se puede concluir, de acuerdo con el certero dictamen del Fiscal, que ese elenco de indicios en cuanto se referían al manejo de importantes cantidades de dinero, que procedían del extranjero, sin que constara su origen ni su auténtico propietario, colocándolas en cuentas corrientes y productos financieros a nombre de sociedades panameñas distintas de las remitentes y, en inversiones inmobiliarias, en las que el mismo recurrente participaba, en cuanto con dicha conducta contribuía a ocultar el origen y propiedad de dichos fondos, al tiempo que facilitaba su uso a Gonzalo, permitiendo inferir, en conclusión razonada y razonable, que el recurrente conocía la procedencia ilícita de las cantidades que le eran remitidas, más aún cuando en el año 2004 supo de la detención de Gonzalo en Estados Unidos y de la intervención de sus cuentas en dicho país, procediendo en consecuencia a ocultar cualquier rastro de la titularidad de aquél en las cantidades remitidas a España.

   El motivo debe rechazarse.

La repulsa de todos los motivos determina la expresa imposición de costas al recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 901 L.E.Criminal .

III.