STS, 23 de Mayo de 2012

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 12 de noviembre de 2008, y en el recurso antes referenciado, dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Desestimar el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por la representación procesal de Investrónica, S.A., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 12 de septiembre de 2007, a que las presentes actuaciones se contraen y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por su conformidad a Derecho. Sin expresa imposición de costas. ".

Contra la anterior sentencia, por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, en nombre y representación de la entidad Investrónica, S.A., se interpuso Recurso de Casación en base a los siguientes motivos: "Primero.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 120.3 CE , artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . Segundo.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, se alega la infracción de los artículos 114 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (en la actualidad artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ) y del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . Tercero.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, se alega la infracción del artículo 118 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (en la actualidad artículo 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ) y del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa .". Termina suplicando de la Sala se case y anule la sentencia impugnada, resolviendo la estimación de la pretensión de la parte actora.

Acordado señalar día para el fallo en la presente casación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 9 de mayo de 2012, en cuya fecha tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Vicente Garzon Herrero, Magistrado de la Sala

Se impugna, mediante este Recurso de Casación Ordinario, interpuesto por el Procurador D. Cesar Berlanga Torres, actuando en nombre y representación de Investrónica, S.A., la sentencia de 12 de noviembre de 2008, de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se desestimó el Recurso Contencioso- Administrativo número 391/2007 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.

El citado recurso había sido iniciado por quien hoy es recurrente en casación contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 12 de septiembre de 2007, por la que se desestima la reclamación interpuesta por Investrónica, S.A., contra liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido de 14 de octubre de 2005, correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido de los periodos 2001 y 2002 e importe de 7.417.382,44 euros (comprensivo de cuota de 6.419.976,23 euros y unos intereses de demora de 997.406,21 euros).

Los hechos de que parte la sentencia impugnada son los siguientes:

"1º) En el curso de la comprobación relativa al concepto impositivo y periodos de referencia, iniciada el 6 de febrero de 2003, fue remitido el expediente al Ministerio Fiscal por considerar la Inspección que existían indicios de delito en la conducta de la ahora recurrente, entendiendo, finalmente, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no procedía la presentación de querella criminal por considerar que no se había acreditado la connivencia de Investrónica, S.A. en el hipotético fraude cometido por las Sociedades proveedores.

2. ) El día 8 de septiembre de 2005 la Inspección de Tributos formalizó acta, con la disconformidad de la hoy actora, regularizándose su situación tributaria por los siguientes motivos:

   - No se consideraron deducibles las cantidades que bajo la rúbrica "cuotas soportadas de IVA" se derivaban de las compras a determinadas entidades que se relacionaban en el cuerpo del acta y que se correspondían con las facturas de venta emitidas por Investrónica, S.A. a las entidades CARNERO BV, ITALCOMP SRI y SARL COMPUGALIA.

   - Por tratarse de operaciones realizadas con mercancía que carece de valor, por los siguientes motivos:

   1. Según documentación aportada por las Autoridades Fiscales Holandesas el 22/02/2002, así como la propia información de la Inspección surgida en el marco de la Colaboración con las Haciendas Comunitarias de las entidades Carnero BV, Italcomp SRI y Sarl Compugalia, donde ponen de manifiesto la irregularidad de las mismas y las sospechas de que se encuentran inmersas en un «fraude carrusel» solicitando información de entidades españolas «destinatarias» de las mercancías, la respuesta española no ha hecho más que confirmar las sospechas. En particular se adjuntan en las páginas 191 a 260 de los Anexos al Informe que se realizó al tiempo del envío al Ministerio Fiscal que asimismo se adjuntan al Informe Preceptivo de Disconformidad de este Acta, facturas que demuestran el carácter «circular» de estas operaciones.

   2. Por otra parte esta inspección y en relación a operaciones concretas ha detectado varias entradas en el almacén de Investrónica, en las que los empleados de Investrónica hacen constar el estado de los embalajes, (ver pag. 381, 1027, 1039, de los Anexos al Informe que se envió al Ministerio Fiscal que recogen los albaranes y las notas de entrada en el almacén de INVESTRONICA) NORMAS APLICADAS. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 4 , art.13, art. 75, art. 76, art. 78 y art. 82).

3. ) El Inspector Jefe en el acuerdo de liquidación, tras describir la posición de las distintas sociedades intervinientes, ratificó la propuesta del actuario por considerar que las actuaciones habían puesto de relieve que las sociedades « que figuran como sujetos de esas adquisiciones intracomunitarias aparentes a la sociedad holandesa Carnero BV, italiana Italcomp y francesa Compugalia, todas clientes de Investronica, son entidades ilocalizables, desaparecidas, hipotéticas o 'missing trader', cuya única función consistía en crear una apariencia de adquisición intracomunitaria y repecutir el IVA en España a los proveedores de Investrónica. El desenmascaramiento de los embalajes simulados remitidos por Investrónica con mercancías sin ningún valor, la complaciente aceptación por Investrónica de embalajes defectuosos recibidos de sus proveedores y las peculiaridades de las sociedades proveedoras, permiten concluir que en realidad no existían posibilidades objetivas de llevar a la práctica real las operaciones comerciales fingidas» . En definitiva, se consideró que la hoy recurrente no aportó ninguna prueba convincente sobre la veracidad de las operaciones incardinadas en esos circuitos o carruseles que se han revelado ficticios y, en consecuencia, no se había devengado ningún IVA, ni soportado tampoco alguno por las compras expresadas, por lo que no era posible deducir un IVA que en ningún momento se había devengado.

4. ) La recurrente opuso a la liquidación practicada alegando, en síntesis, la distorsión en la prueba de presunciones así como la ligereza en la valoración de las pruebas documentales aportadas, así como la vulneración de la neutralidad del impuesto, realizando, finalmente, consideraciones acerca del valor interpretativo del supuesto de responsabilidad subsidiaria introducido en el artículo 87 de la Ley 37/1992, por la Ley 36/2006 en relación con las tramas fraudulentas del IVA.

5. ) El Tribunal Económico Administrativo Central confirma la liquidación practicada resolviendo la procedencia de no considerar deducible el IVA soportado en las operaciones intracomunitarias del caso, mediante la resolución que constituye el objeto de la presente impugnación.".

La fundamentación de la resolución impugnada es del siguiente tenor: "La cuestión central a resolver se circunscribe, en los propios términos planteados por las partes, y el derecho objetivo a la deducción de la hoy actora puede verse perjudicado por haber acreditado la Inspección, mediante datos objetivos, que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que, mediante su adquisición, participado en una operación que formaba parte de un fraude en el IVA.

La resolución del TEAC considera que, no obstante reconocer la dificultad que conlleva la prueba de indicios, se ha probado suficientemente la realidad fáctica que sustenta el acto de liquidación y, en definitiva, para poder considerar que el sujeto pasivo regularizado debió haber conocido la índole de las operaciones comerciales en que se vió involucrado.

Frente a ello la parte actora insiste en las alegaciones esgrimidas ya en la vía administrativa, manteniendo que los indicios y pruebas documentales aportados ponen de manifiesto que desconocía su participación en la trama de fraude del IVA investigada por la Inspección.

6. J. Cuarto.- La liquidación originariamente impugnada se fundamenta en la no deducibilidad del IVA soportado en operaciones que han dado lugar a posteriores entregas de bienes exentas efectuadas por la hoy actora por tratarse de operaciones intracomunitarias.

Se suscita, pues, en el presente recurso la aplicación de la exención prevista por el artículo 25 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , reguladora del IVA. Dice este precepto que estarán exentas del impuesto las siguientes operaciones:

Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea:

1. Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.

El precepto declara exentas, como hemos visto, las operaciones de entrega de bienes cuando se expidan o transporten al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea otro sujeto pasivo identificado a efectos del IVA en otro Estado miembro distinto a España.

Los requisitos de la exención son dos, por tanto, la presencia de un sujeto pasivo del IVA en otro Estado miembro y el transporte de los bienes objeto de la entrega a otro Estado miembro, siendo este último requisito la nota esencial o definitoria de cualquier operación intracomunitaria.

El artículo 13 del RD 1624/1992, de 29 de diciembre , que aprobó el Reglamento del IVA (RIVA) se ocupa de establecer las formas de justificación de los dos requisitos que acabamos de citar:

Están exentas del Impuesto las entregas de bienes efectuadas por un empresario o profesional con destino a otro Estado miembro, cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto .

2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba admitido en Derecho y, en particular, de la siguiente forma:

   1. Si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas por el transportista.

   2. Si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación.

3. La condición del adquirente se acreditará mediante el Número de Identificación Fiscal que suministre al vendedor.

   En concreto la discrepancia radica en que mientras la actora considera suficientemente acreditados los requisitos legales establecidos en la normativa reguladora del impuesto para poder acogerse a la exención, la Administración demandada, la Inspección primero y posteriormente el acuerdo de liquidación confirmado por el Tribunal Económico Administrativo Central, considera que no ha quedado suficientemente justificado que las operaciones realizadas fueran constitutivas de entregas exentas. Las circunstancias acreditadas en el expediente llevaron a la Inspección a considerar que la hoy actora no aportó ninguna prueba convincente sobre la veracidad de las operaciones, no pudiéndose, en definitiva, deducir un IVA que en ningún momento se ha devengado.

   La cuestión, pues, radica fundamentalmente en un tema de prueba, como ya adelantábamos y que con arreglo al artículo 114 de la entonces vigente Ley General Tributaria tratándose de como se trata de la aplicación de una exención corresponde la prueba de sus presupuestos fácticos a quien reclama el disfrute de la misma. Pues bien, esta Sala, teniendo a la vista el enorme acervo probatorio fruto de la actividad investigadora de la Inspección, ha de ratificar la resolución impugnada en cuento que considera que existen indicios plenamente probados -y no meras sospechas o conjeturas- razonables y razonados para considerar suficientemente acreditada la realidad fáctica en que se fundamentó la liquidación cuestionada.

   En efecto, la intensa actividad desplegada por la Inspección, cuyo resultado documental obra en el voluminoso expediente administrativo remitido a la Sala, puso de relieve que las sociedades que figuraban como sujetos de las adquisiciones intracomunitarias aparentes a las referidas sociedades (holandesa CARNERO BV, italiana ITALCOMP y francesa COMPUGALIA, clientes de INVESTRÓNICA), eran entidades ilocalizables, desaparecidas, ficticias ( «missing trader» ) cuya única función consistía en crear una apariencia de transmisiones para repercutir el IVA en España a los proveedores de la hoy actora. Particularmente el desenmascaramiento de los embalajes simulados remitidos por la recurrente con mercancías sin valor, la complaciente aceptación en la mayoría de los casos por Investrónica de embalajes defectuosos recibidos de sus proveedores y las peculiaridades de las sociedades proveedoras, permitieron concluir, en efecto, que en realidad no existían las operaciones comerciales en la realidad. Así, las facturas, albaranes, medios de pago y demás documentos aportados por la hoy actora carecen del suficiente valor probatorio para justificar una realidad comercial cuya apariencia legítima decae ante las maniobras fraudulentas constatadas, sin que en ningún momento la hoy recurrente -ni en vía administrativa ni tampoco en esta jurisdiccional y no obstante las facilidades dadas por este Tribunal- haya aportado prueba sobre la realidad de las operaciones incardinadas en esos circuitos o carruseles que la Inspección puso de relieve, evidenciándose, en definitiva, que las compras de la hoy recurrente relacionadas con sus posteriores ventas a las citadas entidades eran ficticias.

   Por lo tanto, no cabe sino concluir que no se devengó el IVA, por lo que no es posible la deducción pretendida.".

La sentencia de instancia, como hemos dicho, desestimó el recurso, y no conforme con ella la entidad demandante interpone el Recurso de Casación que decidimos que sustenta en: "Primero.- Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, el artículo 120.3 CE , artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . Segundo.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, se alega la infracción de los artículos 114 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (en la actualidad artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ) y del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa . Tercero.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. En concreto, se alega la infracción del artículo 118 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (en la actualidad artículo 108 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ) y del artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Este motivo se invoca al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .".

Las premisas de las que nuestra sentencia ha de partir son las siguientes:

1. - No podemos afirmar que la actora formaba parte de la trama defraudatoria del IVA, pues si así fuera, el Ministerio Fiscal, a quien comporta el ejercicio de la acción penal, habría ejercitado ésta, lo que no ha sucedido. 2º.- Tampoco podemos afirmar que la recurrente conociera la existencia de la trama, pues el TEAC ha excluido en su resolución esa conclusión, y como el proceso contencioso es un proceso entre partes, nosotros no podemos ir más allá de lo que las partes afirman. 3º.- En este proceso la parte recurrente no ha solicitado el recibimiento a prueba. 4º.- Además, la Sala, a la vista de los datos del expediente, ha concluido que la recurrente "pudo" conocer la existencia de la trama defraudatoria, circunstancia que impide la deducción del IVA presuntamente soportado. 5º.- Finalmente, la actora no ha solicitado el recibimiento del proceso a prueba.

La cuestión a decidir se centra, pues, en resolver si la conclusión obtenida por la Sala de instancia, en el sentido de reconocer que la recurrente "pudo conocer la existencia de la trama defraudatoria" está justificada.

Es evidente la clara improcedencia del primero de los motivos, que reprocha a la sentencia impugnada incurrir en incongruencia por omisión.

La transcripción del fundamento de la sentencia que hemos hecho acredita que existe la fundamentación que se afirma omitida.

Podrá considerarse que la motivación es incorrecta, y hasta errónea -el recurrente no ahorra calificativos descalificadores- pero es indudable que la sentencia contiene motivación en el punto en que se afirma que carece de ella.

La prueba de que esa motivación existe la proporciona el propio recurrente y es la de que los dos restantes motivos de casación considera vulnerados los preceptos contenidos en los artículos 114 y 118 de la L.G.T ., lo que no sería posible si la sentencia impugnada careciera de motivación como en este primer motivo se sostiene.

No hay que olvidar que el escrito de preparación no hace mención del motivo ahora esgrimido, al amparo del artículo 88.1 c), pues sólo anuncia motivos al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional .

En el segundo motivo se pone de relieve el error en que la sentencia impugnada incurre al estimar que la cuestión controvertida versa sobre la concurrencia o inexistencia una exención. Este erróneo planteamiento, según el actor, arrastrará todos los razonamientos y conclusiones de la sentencia.

(Obsérvese que el razonamiento precedente acredita que existe la motivación que en el motivo precedente se alegaba).

La parte recurrente soslaya que el fundamento tercero de la sentencia sí afirma dónde radica la esencia del problema: "en el derecho objetivo a la deducción" del IVA soportado por participar en una operación que formaba parte de un fraude de IVA.

También el fundamento cuarto centra el problema: "en la no deducibilidad del IVA soportado que ha dado lugar a la liquidación originariamente impugnada se fundamenta en la no deducibilidad del IVA soportado en operaciones que han dado lugar a posteriores entregas de bienes exentas efectuadas por la recurrente por tratarse de operaciones intracomunitarias.".

Las referencias a la concurrencia de una exención que contiene la sentencia impugnada hay que entenderlas en el contexto en que los hechos se producen, y que se explican en el fundamento cuarto.

La sentencia sostiene, como se ha puesto de relieve que lo discutido es la procedencia de la deducción de cuotas soportadas en el IVA. Pero esta deducción está íntimamente conectada con una exención cuya concurrencia consagra el derecho a la deducción, pero que, por el contrario, cuando no se tiene derecho a la exención, se evapora el derecho a la misma. En realidad, si no hay exención no hay deducción.

Puede verse, por tanto, que la dimensión del problema es doble existencia del derecho a la deducción y existencia de la exención contemplada en el artículo 25 de la Ley 37/92 .

Todo lo razonado nos lleva al rechazo del motivo examinado cuyo planteamiento se sustenta en una lectura parcial y precipitada de la sentencia que se impugna.

El tercero de los motivos de casación alegados estima vulnerados los preceptos reguladores de la prueba de presunciones tanto en la L.G.T. como en el Código Civil.

El reproche inicial que en este punto se dirige a la sentencia impugnada es el de que se limita a reproducir las sospechas de la Administración, pero la entidad recurrente se abstiene de practicar contraprueba alguna tendente a acreditar lo erróneo de las conclusiones obtenidas por la Administración.

Dos son las premisas, a la vista de lo actuado, que enseguida razonaremos, que se obtienen de lo actuado. La primera de ellas es que las presunciones de la Administración, en el sentido de que la recurrente pudo y debió conocer la trama existente está justificada con el material probatorio existente. La segunda, que la posición adoptada por la recurrente, en el sentido de limitarse a negar la concurrencia del material probatorio suficiente para negar la deducibilidad del IVA soportado, carece de justificación desde el punto de vista probatorio, y a la vista de la posición de las partes en el litigio.

La primera premisa que ha de sostenerse es la de que el derecho a la deducción del IVA soportado ha de ser mantenido, en tanto en cuanto no se acredite que las operaciones que le sirven de fundamento sean inexistentes. La segunda, y referido a las circunstancias que concurren en este litigio, es la de que las relaciones entre comerciantes y clientes, de un lado, y, de otro, las de comerciantes, entre sí, en tanto son recíprocamente proveedores y clientes, obedecen a principios y circunstancias diferentes.

Las relaciones comerciantes-clientes son anónimas en gran medida y la personificación e identificación de la operación sólo de modo muy limitado tiene lugar (por ejemplo, a efectos de identificar el producto e intervinientes en la operación a fin de facilitar eventuales derechos de los consumidores derivados de su desarrollo y efectos). Contrariamente, las relaciones entre comerciantes, en tanto asumen recíprocamente la posición de proveedores y consumidores -aunque no consumidores finales- son especialmente intensas y personificadas.

Efectivamente, las relaciones entre comerciantes exigen que estos conozcan recíprocamente los medios materiales y personales de que cada uno de ellos dispone, pues sólo ese conocimiento puede facilitar la confianza en el tráfico mercantil que la actividad comercial requiere. Es decir, un ordenado y diligente comerciante ha de comprobar, por su propio interés, cuales son las características de los comerciantes con quienes establece relaciones comerciales.

Este conocimiento ha de ser tanto más intenso, cuanto más íntimas y frecuentes sean esas relaciones comerciales.

Establecidas estas premisas no es de recibo que la actora desconozca que sus suministradores SKY WIDE y EQUITECOM carezcan de medios materiales (infraestructuras) y humanos (trabajadores) que justifiquen, posibiliten y garanticen el suministro de material electrónico a la actora por importe superior a 4.000.000 de euros en un caso y más de 10.000.000 en otro; de otro lado, la constitución en mayo de 2000 exigía en mayor medida la comprobación de la concurrencia de los medios que asegurarán el buen fin de la actividad mercantil. Ni siquiera consta, en una de ellas, la habilitación para la venta de productos informáticos, que son los aquí cuestionados, según resulta de la información remitida por la Administración Foral.

Tampoco es razonable que la actora desconozca idénticas características de CARNERO BV a quien hace ventas por importe superior a 5.000.000 de euros.

Si a ello añadimos que entre los artículos recibidos por CARNERO BV y suministrados por la actora hay materiales que carecen de las propiedades propias del producto que se remite, según la Administración Holandesa, habrá de concluirse que la actora debió desarrollar una actividad tendente a acreditar la limpieza de las operaciones comerciales que efectuaba.

Esto explica que, en nuestra opinión, la postura adoptada por la actora carezca de justificación, pues a la vista de estos datos debió adoptar las conductas acreditativas de la bondad de su conducta y del aseguramiento del buen fin de las operaciones comerciales y que son exigibles a todo "ordenado y diligente" comerciante.

La cuestión tiene importancia pues a la actora le habría resultado fácil acreditar que esta conducta (realizar operaciones vacías) fue excepcional e intentó rectificar en cuanto fue posible.

Por eso, las inferencias que se hacen por la Administración, al estimar que todas las operaciones llevadas a cabo por la actora con CARNERO BV adolecen del mismo vicio, está justificada, pues la actora no ha intentado acreditar la naturaleza excepcional de tales incidencias.

Todo ello no comporta un desplazamiento de la carga de la prueba, pues hay indicios (no desvirtuados por la demandante) sobre la existencia de datos por los que se pudo conocer la inserción de la recurrente en la trama defraudatoria.

Reprocha la actora que el informe de la Administración Holandesa es del final de 2002, al término del ejercicio examinado. Pero olvida, que dicho informe se firma al final de 2002, pero las investigaciones se iniciaron casi un año antes. Tampoco la actora ha hecho nada por demostrar que las operaciones de 2002 con CARNERO BV, fueron de distinta naturaleza que las llevadas a cabo el año 2001.

Por ello consideramos que las operaciones de la actora con sus suministradores y su cliente CARNERO BV no merecen la deducción interesada, razón por la que procede la rectificación efectuada.

Este razonamiento es, asimismo, trasladable a las ventas realizadas por la actora a ITALCOMP y COMPUGALIA, pues se trata de entidades cuya realidad física no ha podido ser acreditada, según las autoridades holandesas.

En definitiva, ha de concluirse que la actora no desplegó la actividad profesional exigible a un ordenado comerciante que le hubiera permitido conocer y obstaculizar su inserción en la trama defraudatoria.

Ello implica reconocer la corrección de las conclusiones obtenidas por la sentencia impugnada y por la Administración previamente.

De todo lo expuesto se infiere la necesidad de desestimar el Recurso de Casación con expresa imposición de costas a la entidad recurrente que no podrán exceder de 6.000 euros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional .

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,