STS 384/2011, 8 de Junio de 2011

Ponente:JUAN ANTONIO XIOL RIOS
Número de Recurso:1256/2007
Procedimiento:Casación
Número de Resolución:384/2011
Fecha de Resolución: 8 de Junio de 2011
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

ARRENDAMIENTOS URBANOS. ARRENDADOR. JUBILACIÓN. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas. Por otra parte, la pensión de jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo, lo que a tenor de lo declarado por la parte recurrente no concurre en el presente caso. Resulta procedente en este aspecto destacar lo declarado por la Audiencia Provincial en su FJ 3 ha de estimarse la concurrencia de la causa de extinción contractual que previene la Disposición Transitoria Tercera B. 3 de la LAU de 1994. Si la arrendataria deseaba continuar con el arrendamiento de local de negocio, debió no solicitar la pensión de jubilación en el régimen de trabajadores autónomos. Se desestima la casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Junio de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados al margen indicados, el recurso de casación que con el n.º 1256/2007 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de D.ª Rebeca , aquí representado por la procuradora D.ª M.ª Isabel Torres Ruiz, contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2007, dictada en grado de apelación, rollo n.º 685/2007, por la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 2 .ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario n.º 98/2006, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Sevilla . Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida la procuradora D.ª Rosina Montes Agustí, en nombre y representación de D.ª Camila , D.ª Florencia , D.ª Noelia y D.ª Zulima .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Sevilla dictó sentencia de 17 de octubre de 2006 en el juicio ordinario n.º 98/2006 , cuyo fallo dice:

Fallo.

Se desestima la demanda presentada por la representación D.ª Camila y D.ª Florencia , D.ª Noelia y D.ª Zulima y se absuelve a la demandada D.ª Rebeca de las peticiones de la demanda. Se condena a las actoras al pago de las costas de esta primera instancia.»

SEGUNDO

En los fundamentos de Derecho de la sentencia se declara que:

Primero.- Las actoras como propietarias de un local de negocio ejercitan una acción de extinción de contrato de arrendamiento, contra la demandada como actual arrendataria al haberse subrogado con fecha 30 de octubre de 1995 por la muerte de su marido que en el momento era el arrendatario de dicho local, desde el 10 de abril de 1953.

La causa en que las actoras basan su pretensión es la recogida en la Disposición Transitoria Tercera B) 3 de la Ley de Arrendamiento Urbanos , que establece "que los contratos de arrendamientos de locales de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985, se extinguirán si el arrendatario fuera une persona física, por la jubilación de ésta, salvo que se subrogue su cónyuge", esta subrogación ya se produjo, por lo tanto se está alegando una jubilación del cónyuge subrogado, sin que quepa una nueva subrogación, en virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera B) en el fundamento cuarto. Alegan que la demanda, con fecha 20 de junio de 2002 se jubiló por cumplimiento de los 65 años y percibe la correspondiente prestación.

»La demandada alega que no ha cesado en sus funciones y actividad como empresaria del local citado, estando al frente del mismo, sin que se haya producido su jubilación a los efectos de lo recogido en la Disposición Transitoria citada, ya que se encuentra dada de alta en la Tesorería de la Seguridad Social en la actividad de comercio al por menor, teniendo a cinco trabajadores dados de alta a su cuenta como empresaria; la demandada figura identificada como una persona dada de alta en la Agencia Tributaria en el impuesto de actividades económicas; estos dos hechos los acredita la demandada con los documentos que aporta con los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la contestación a la demanda.

»Pero existe un hecho que la propia demandada admite, como es que desde el año 2002, cuando cumple 65 años está cobrando una pensión de vejez, pero respecto a esta circunstancia hay que decir que la Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de septiembre de 1970, modificada por la Orden de 31 de julio de 1976, en su artículo 93.2 establece "el disfrute de la pensión de vejez era compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad", por lo que está posibilitando que el arrendatario jubilado puede mantener a todos los efectos la titularidad del negocio y en consecuencia el arrendamiento. Por lo que hay que admitir, que en los trabajadores autónomos la pensión de vejez es compatible con el ejercicio de la actividad empresarial; no pudiéndose por tanto comparar la jubilación administrativa con la que se produce en el cese de la actividad laboral o profesional.

»En este sentido existe una conformidad doctrinal de que se produce la causa de extinción cuando se produce la jubilación por el cese en el local de la actividad que en él se desarrolla, en este sentido se pueden citar Loscertales en unos comentarios sobre arrendamientos urbanos en su página 481; a Senín en el número 144 páginas 15 y 16 al hablar de jubilación del arrendatario; y Carlos Lasarte en la página 1379 de sus comentarios sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos.

»En el presente caso entre los documentos que la demandada acompaña a la contestación a la demanda, consta certificado de la Agencia Tributaria de que la demandada está dada de alta en la actividad empresarial, autoliquidación de los impuestos, cuentas con ingresos diarios de su actividad; está dada de alta en la Seguridad Social, que la permite el cobro de la pensión con su actividad empresarial, etc. Pruebas que nos llevan a aceptar que la demandada sigue ejerciendo su actividad empresarial en el negocio de estanco que tiene en el local arrendado y que no se da la causa de resolución de contrato que se recoge en la Disposición Transitoria B) 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , y que por tanto no puede prosperar la petición formulada por las actoras relativa a la extinción del arrendamiento por jubilación del arrendatario del local de negocio.

»Segundo.- La desestimación de la demanda, lleva consigo la condena de las costas de la primera instancia a las actoras de conformidad con lo establecido en el art. 394 LEC

TERCERO

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia de fecha 19 de marzo de 2007, en el rollo de apelación n.º 685/2007 -N, cuyo fallo dice:

Fallamos.

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Mauricio Gordillo Cañas, en nombre de D.a Camila , D.a Florencia , D.a Noelia y D.a Zulima , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Núm. 21 de Sevilla, debemos revocar dicha resolución, y, en su lugar, con estimación de la demanda planteada por D.a Camila , D.a Florencia , D.a Noelia y D.a Zulima , debemos declarar extinguido por jubilación de la arrendataria subrogada el contrato de arrendamiento de local de negocio suscrito el 10 de abril de 1953 y relativo al local sito en Sevilla, calle O'Donnell, 5, bajo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a entregar a las actoras el local mencionado, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en ambas instancias.»

CUARTO

La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero.- Se basa la demanda y por tanto el recurso de apelación en la Disposición Transitoria tercera , apartado B.3, de la LAU 29/1994, de 24 de noviembre , que introduce "ex novo" la jubilación del arrendatario, como causa extintiva del arrendamiento de local de negocio concertado por persona física con anterioridad al 9 de mayo de 1985.

Segundo.- Para la adecuada resolución del recurso es preciso partir de los siguientes extremos fácticos, fruto de la actividad probatoria desarrollada en primer grado: a) El marido de la demandada concertó como persona física un contrato de arrendamiento de local de negocio el 10 de abril de 1953. b) Al fallecer el arrendatario en 1995, su cónyuge, la Sra. Rebeca , se subrogó en el contrato arrendaticio. c) La arrendataria subrogada cumplió 65 años en 2002, y comenzó a percibir de la Seguridad Social una pensión de jubilación de 375,98 euros. d) La Sra. Rebeca continúa dada de alta tanto en la Seguridad Social en el régimen especial de autónomos y en la actividad de comercio minorista, como en la Agencia Tributaria en el impuesto de actividades económicas y en el epígrafe "comercio menor de tabacos en expendeduría", y sigue siendo titular del estanco sito en la calle O'Donnell, 25 de Sevilla, y ejerciendo las funciones y la actividad empresarial inherente a dicha titularidad.

Tercero.- En la anterior LAU de 1964, la jubilación del arrendatario no era contemplada como causa de resolución del arrendamiento de local de negocio, silencio legal que, para evitar que la jubilación propiciara supuestos de cesión inconsentida, motivó la distinción doctrinal y judicial entre jubilación civil o real, que iba acompañada del cese efectivo de la actividad del jubilado al frente del negocio, y jubilación laboral o administrativa, que permitía compatibilizar la percepción de una pensión de vejez o jubilación con la explotación del negocio que tuviera como arrendatario.

A raíz de la entrada en vigor el 1 de enero de 1995 de la actual LAU de 1994, la extinción del contrato de arrendatario de local de negocio por jubilación del arrendatario se produce aunque éste continúe desarrollando su actividad empresarial en el local arrendado, pues el término jubilación es específico de la relación de Seguridad Social, sin que sean admisibles situaciones intermedias al no distinguir la norma legal entre jubilados que continúen al frente del local y jubilados que cesan en su actividad mercantil, de manera que carece de relevancia y eficacia jurídica la Orden ministerial de 31 de julio de 1976, que permitía compatibilizar la percepción de una pensión con la explotación del local arrendado.

Declarado el arrendatario en situación de jubilación por el correspondiente órgano administrativo -lo que en el régimen especial de autónomos acontece a petición voluntaria del empresario, al no existir una edad forzosa para la jubilación-, y percibida por el jubilado la correspondiente pensión con cargo a la Seguridad Social, ha de estimarse la concurrencia de la causa de extinción contractual que previene la Disposición Transitoria tercera , B.3 de la LAU 1994. Si la arrendataria deseaba continuar con el arrendamiento de local de negocio, debió no solicitar la pensión de jubilación en el régimen de trabajadores autónomos.

Es criterio seguido por la abrumadora mayoría de las Audiencias Provinciales que el arrendamiento de local de negocio se extingue por causa de jubilación jurídica, aunque el arrendatario afectado y jubilado continúe desarrollando la actividad empresarial en el local, al resultar jurídicamente incompatible la condición de jubilado, alcanzada tras la vigencia de la LAU 1994 , con la de arrendatario de local de negocio, de manera, que, producida la jubilación por declaración administrativa, la extinción del contrato locativo se produce "ope legis".

En este sentido se pronuncian decidida y contundentemente las siguientes resoluciones judiciales (por citar solo algunas del último quinquenio): SSAP de Barcelona de 2 de septiembre de 2002 (Sección 13a ) y de 22 de marzo de 2006 ( Sección 4a); de Madrid de 17 de marzo de 2006 (Sección 25a ) y de 18 de octubre de 2006 ( Sección 14a); de Tenerife de 22 de abril de 2002 y de 22 de noviembre de 2006 ( Sección 4a); de Gerona de 22 de febrero de 2006 ( Sección 2a); de Cádiz de 23 de diciembre de 2006 ; de Burgos de 21 de junio de 2004 ; de Orense de 14 de febrero de 2005 ; de Zaragoza de 11 de marzo de 2005 ; de Asturias de 23 de mayo de 2005 ; de Cantabria de 23 de julio de 2004 ; de Cáceres de 21 de mayo de 2003 ; de Alicante de 28 de noviembre de 2002 ; de Salamanca de 14 de febrero de 2005 ; y de Sevilla de 30 de julio de 2002 (Sección 6a ), ésta última recaída en un caso sustancialmente idéntico al de autos.

Cabe añadir que la SAP de Tarragona, Sección 3a, de 15 de octubre de 1998 , cuyo tercer fundamento jurídico transcribe la parte demandada para argumentar la compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación y la continuación en la gestión de un negocio, se refiere a la jubilación de la arrendataria -Fátima- acaecida antes de la entrada en vigor de la LAU de 1994, no siendo su Disposición Transitoria 3a aplicable a jubilaciones acaecidas antes de 1 de enero de 1995 .

Cuarto.- Por todo lo expresado, el recurso de apelación articulado por la parte actora ha de ser acogido, lo que conduce a la revocación de la resolución apelada y a la estimación de la demanda, de manera que debe declararse extinguido el contrato de arrendamiento de local de negocio que vinculaba a los litigantes.

Quinto.- No obstante la estimación de la pretensión resolutoria, no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de primer grado, dado que la cuestión litigiosa tiene carácter netamente jurídico y como tal susceptible de debate y discusión, y, aunque el criterio jurisprudencial acerca de la jubilación como causa extintiva de la locación resulta claro y uniforme, no deja de ser cierto que la arrendataria, perceptora de una pensión de vejez, continúa al frente del negocio como empresaria y titular del mismo, sin olvidar que ha ejecutado obras en el local que han incrementado su valor, y que la Administración pública está de hecho permitiendo que siga siendo titular de un negocio de comercio minorista de productos estancados quien percibe una pensión de la Seguridad Social.

Sexto.- Dado el signo revocatorio de la presente resolución, tampoco procede hacer pronunciamiento sobre las costas procesales de alzada.».

QUINTO.- En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de D.ª Rebeca , se formulan los siguientes motivos de casación:

El recurso de casación se articula en un único motivo. El motivo único del recurso de casación se introduce con la siguiente fórmula: Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC , por vulneración contenido de la Disposición Transitoria Tercera de la LAU 1994 aparatado B. 3 y el artículo 45.2 del decreto 2530/1970 de 20 de agosto regulador del régimen especial de trabajadores autónomos y el artículo 9.3 de LA Orden ministerial de 24 de septiembre de 1970 modificado por la Orden ministerial de 31 de julio de 1976 y que disponen que el disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio de que se trate y de las funciones inherentes a dicha titularidad.

Termina solicitando de la Sala «Que, de acuerdo al art. 482 de la LEC , se sirva admitir el recurso a trámite, a cuyo efecto solicito se acuerde en su día la celebración de la vista, al amparo de lo dispuesto en los arts. 481.1 y 486.1 de la LEC, y, luego del traslado a la otra parte, según lo que previene el art. 485 de la LEC , y de los demás trámites de ley, en definitiva, dictar sentencia dando lugar al recurso y casando la resolución recurrida y acordando desestimar íntegramente las pretensiones de los demandantes, al considerar probado que mi representada doña Rebeca sigue ejerciendo su actividad empresarial en el negocio de estanco que tiene en el local arrendado y por tanto fijando que en este caso no se da la causa de resolución de contrato que se recoge en la Disposición Transitoria Tercera B) 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , al considerar que para los trabajadores autónomos la pensión de vejez es compatible con el ejercicio de la actividad empresarial, no pudiéndose por tanto comparar la jubilación administrativa con la que se produce con el cese de la actividad laboral o profesional llamada jubilación real del empresario, y que por tanto no puede prosperar la petición formulada por las actoras relativa a la extinción del arrendamiento por jubilación del arrendatario del local de negocio, al no darse en este caso el requisito de jubilación real y cese de actividad de la empresaria y arrendataria demandada doña Rebeca , por ser todo ello de hacer en Justicia que respetuosamente pido en Sevilla a 1 de junio de 2007.»

SEXTO

Por auto de 2 de junio de 2009 se acordó admitir el recurso de casación.

SÉPTIMO

En el escrito de oposición al recurso de casación presentado, la representación procesal de D.ª Camila , D.ª Florencia , D.ª Noelia y D.ª Zulima se formulan en síntesis, las siguientes alegaciones: la cuestión planteada se reduce a la interpretación de la O.M. de 31 de julio de 1976 tras la entrada en vigor de la D.T. Tercera B. 3 de la LAU de 1994 , y que en ningún caso se refiere a la situación de arrendamientos de locales de negocio, por lo que tras la entrada en vigor de la LAU de 1994 que prevé expresamente como causa de extinción la jubilación del arrendatario, no supone una contradicción con la referida orden ministerial, y donde la ley no distingue no es lícito distinguir, teniendo en cuenta el diferente rango de las disposiciones cuestionadas. Termina solicitando de la Sala «Que tenga por presentado este escrito y, en su virtud, por opuesto a mis representados al recurso de casación interpuesto de contrario, dando a las actuaciones el curso de ley para, en su momento, dictar sentencia por la que, desestimando el recurso, confirme, íntegramente, la sentencia recurrida, imponiendo el pago de las costas a la parte recurrente, con cuanto más proceda en derecho.»

OCTAVO

Para la deliberación y fallo del recurso se fijó el día 18 de mayo de 2011, en que tuvo lugar.

NOVENO

En los fundamentos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas jurídicas:

CE, Constitución Española.

FJ, fundamento jurídico.

LAU, Ley de Arrendamientos Urbanos.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil .

LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial.

RC, recurso de casación.

SSTC, sentencias del Tribunal Constitucional.

SSTS, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

STC, sentencia del Tribunal Constitucional.

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

SAP, sentencia de la Audiencia Provincial.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Resumen de antecedentes.

  1. Se ejercitó acción de extinción de contrato de arrendamiento de local de negocio promovida por D.ª Camila , D.ª Florencia D.ª Noelia y D.ª Zulima contra D.ª Rebeca como actual arrendataria por subrogación desde el 30 de octubre de 1995 tras el fallecimiento de su marido que había sido arrendatario desde el 10 de abril de 1953. Fundamenta su pretensión en el contenido de la disposición Transitoria Tercera B) 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que establece que los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes de 9 de mayo de 1985, se extinguirán si el arrendatario fuera una persona física, por la jubilación de esta, salvo que se subrogue su cónyuge, que en el presente caso ya se ha producido sin que quepa en consecuencia una nueva subrogación, por tanto al haberse jubilado la demandada el 20 de junio de 2002 por cumplimiento de loS 65 años y percibe la correspondiente prestación.

  2. El Juzgado de Primera Instancia, desestimó la pretensión ejercitada en el escrito de demanda y declaró en síntesis que: (a) existe conformidad doctrinal de que se produce la causa de extinción cuando se produce la jubilación por el cese en el local de la actividad que en él se desarrolla;(b) en el caso de autos la demandada admite que desde el 2002 cuando cumple 65 años está cobrando una pensión por vejez, pero la orden del ministerio de Trabajo de 24 de septiembre de 1970 modificada por la orden de 31 de julio de 1976 en su artículo 93.2 establece que el disfrute de la pensión de vejez era compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad, por lo que posibilita al arrendatario jubilado mantener a todos los efectos la titularidad del negocio y en consecuencia el arrendamiento.

  3. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Alegando en síntesis en cuanto interesa al recurso de casación lo siguiente: (a) Tras la entrada en vigor de la actual LAU de 1994 la extinción del contrato de arrendamiento se produce aunque este continúe desarrollando su actividad empresarial en el local arrendado pues el término jubilación es específico de la relación de Seguridad Social, no resultando admisible situaciones intermedias al no distinguir la norma legal entre jubilados que continúen la frente del local y jubilados que cesan en su actividad mercantil, de manera que carece de relevancia y eficacia jurídica la Orden ministerial de 31 de julio de 1976, que permitía compatibilizar la percepción con la explotación del local arrendado; (b) declarado el arrendatario en situación de jubilación por el correspondiente órgano administrativo, que en el régimen especial autónomo acontece a petición voluntaria del empresario y percibida la correspondiente pensión con cargo a la Seguridad Social, ha de estimarse la concurrencia de la causa de extinción contractual que previene la Disposición Transitoria tercera b 3 de la LAU de 1994 ; (c) si la arrendataria deseaba continuar con el arrendamiento del local de negocio, no debió solicitar la pensión de jubilación en el régimen de trabajadores autónomos.

SEGUNDO

Enunciación del motivo único del recurso de casación.

El recurso de casación se articula en un único motivo. El motivo único del recurso de casación se introduce con la siguiente fórmula: «Al amparo del artículo 477.2.3º de la LEC , por vulneración contenido de la disposición transitoria tercera de la LAU 1994 aparatado B.3 y el artículo 45.2 del decreto 2530/1970 de 20 de agosto regulador del régimen especial de trabajadores autónomos y el artículo 9.3 de LA Orden ministerial de 24 de septiembre de 1970 modificado por la Orden ministerial de 31 de julio de 1976 y que disponen que el disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio de que se trate y de las funciones inherentes a dicha titularidad».

El motivo se funda, en síntesis en que se estima por la parte recurrente que la sentencia objeto de recurso declara en su fundamento de derecho tercero que el arrendamiento de local de negocio se extingue por causa de jubilación jurídica aunque el arrendatario afectado y jubilado continúe desarrollando la actividad empresarial, pero en el presente caso se considera por la recurrente no se produce un supuesto de jubilación real del empresario, pues sigue al frente del mismo dado de alta tanto en la Seguridad Social como en el régimen especial de autónomos y en la actividad de comercio minorista, por lo que en consecuencia es obvio que no existe jubilación real y no procede la extinción del contrato por esta causa. Cita en apoyo de su pretensión las SAP de Castellón nº 235/2000 de 22 de mayo y la SAP de Jaén nº 395/1998 de 29 de diciembre .

El recurso debe ser desestimado.

TERCERO

Requisitos de la subrogación en el arrendamiento de local de negocio por jubilación prevista en la DT Tercera LAU.

  1. Bajo el régimen del Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobado por Decreto número 4104/1964, de 24 de diciembre , la duración del arrendamiento de los locales de negocio estaba sujeto a la prórroga forzosa por decisión unilateral del arrendatario a tenor del artículo 57 : «Cualquiera que sea la fecha de la ocupación de viviendas, con o sin mobiliario, y locales de negocio, llegado el día del vencimiento del plazo pactado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el inquilino o arrendatario, aun cuando un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones. Se aplicará igual norma en los casos de extinción de usufructo, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo 114, causa 12 ».

    Entre las causas tasadas de resolución del contrato a instancia del arrendador previstas en el artículo 114 del expresado texto refundido de 1964 , no se hallaba la jubilación del arrendatario.

    La DT Tercera , A), apartado 1, LAU dispone, en relación con los contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de su entrada en vigor, que continuarán rigiéndose por las normas de la LAU 1964 relativas al contrato de arrendamiento de local de negocio, salvo las modificaciones contenidas en los apartados siguientes de la misma DT.

    Entre estas modificaciones figura, en su apartado tercero que los arrendamientos cuyo arrendatario fuera una persona física se extinguirán por su jubilación o fallecimiento salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local.

    En el supuesto de autos habiéndose producido con anterioridad la subrogación de cónyuge, actual arrendatario la cuestión se centra en la cuestión relativa al hecho de la jubilación en sí misma, oponiendose el recurrente que proceda la causa de extinción por cuando no nos encontramos ante un supuesto de jubilación efectiva al mantenerse al frente de la actividad empresarial.

  2. En el presente caso, no puede prosperar la pretensión de la parte recurrente en la medida en la que, en puridad, el recurrente no denuncia ninguna infracción de norma rectora del proceso producida en el mismo, sino que se limita a realizar una amplia disertación sobre la desigualdad generada en abstracto por una concreta regulación material de las relaciones jurídicas, cuestión que no puede ser objeto del presente recurso, por los siguientes motivos:

    (i) Los términos jurídicos de jubilación y titularidad de actividad empresarial cuando no son equiparables, pues jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar, mientras que el empresario individual (autónomo) es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional, que generalmente se asocia con el autoempleo, dado que el propietario de la empresa es a su vez trabajador en la misma, independientemente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo que realice. Es decir, es empresario y trabajador al mismo tiempo y por tanto como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una actividad empresarial.

    (ii) Las normas administrativas citadas como vulneradas no pueden sustentar o fundamentar el recurso de casación, pues, sin perjuicio de su exclusivo valor referencial ( STS de 25 de mayo de 1992 ), no compete al orden jurisdiccional civil pronunciarse acerca de la interpretación y aplicación de la norma administrativa ( STS 12 de mayo de 2009 , 21 de octubre de 2008 , 13 de junio de 2007 , 16 de octubre de 2006 , 26 de octubre de 2006 , 11 de febrero de 2005 y 26 de septiembre de 2008 ).

    (iii) La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena/propia o con la realización de actividades para las Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias muy concretas. Por otra parte, la pensión de jubilación del empresario es compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del negocio o establecimiento mercantil, siempre que no lleve a cabo ningún trabajo, lo que a tenor de lo declarado por la parte recurrente no concurre en el presente caso. Resulta procedente en este aspecto destacar lo declarado por la Audiencia Provincial en su FJ 3 «ha de estimarse la concurrencia de la causa de extinción contractual que previene la Disposición Transitoria Tercera B. 3 de la LAU de 1994. Si la arrendataria deseaba continuar con el arrendamiento de local de negocio, debió no solicitar la pensión de jubilación en el régimen de trabajadores autónomos».

CUARTO

Falta de fundamento.

Las sentencias alegadas por la parte recurrente se refieren a supuestos de hecho distintos del ahora enjuiciado. Un examen detenido de las sentencias citadas como opuestas a la recurrida nos lleva a concluir, como mantiene la parte recurrida en su escrito de oposición, que tal declaración jurisprudencial no se contiene en ninguna de las sentencias citadas y por tanto no pueden servir de fundamento para la estimación del recurso, pue en la primera de las sentencias citadas se hace alusión al cese de una actividad empresarial con base en la doctrina jurisprudencial anterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y en la segunda se refiere a una situación de invalidez del titular del arrendamiento en relación a una posible subrogación y plazo de ejercicio.

Por tanto no es posible apreciar la contradicción jurisprudencial alegada. El objeto de controversia no queda delimitado por la posible equiparación de los términos jurídicos y no puede entenderse la existencia de una verdadera doctrina jurisprudencial contrapuesta. Lo contrario implicaría la posibilidad de una subrogación implícita quedando sin ningún efecto la causa de extinción contractual impuesta por imperativo legal.

QUINTO

Desestimación del recurso.

La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 394.1 LEC, en relación con el 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

  1. Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Rebeca contra la sentencia dictada el 23 de abril de 2007 por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla en el rollo de apelación n.º 685/2007 , cuyo fallo dice:

    Fallamos.

    Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Mauricio Gordillo Cañas, en nombre de D.ª Camila , D.a Florencia , D.a Noelia , D.a Zulima , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Núm. 21 de Sevilla, debemos revocar dicha resolución, y, en su lugar, con estimación de la demanda planteada por D.a Camila , D.a Florencia , D.a Noelia y D.a Zulima , debemos declarar extinguido por jubilación de la arrendataria subrogada el contrato de arrendamiento de local de negocio suscrito el 10 de abril de 1953 y relativo al local sito en Sevilla, calle O'Donnell, 5, bajo, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a entregar a las actoras el local mencionado, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en ambas instancias.»

  2. No ha lugar a casar por el motivo formulado la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance.

  3. Se imponen las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

    Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Juan Antonio Xiol Rios, Xavier O Callaghan Muñoz, Francisco Marin Castan, Jose Antonio Seijas Quintana, Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Roman Garcia Varela.Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Rios, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.