STS 411/2011, 10 de Mayo de 2011

Como primer motivo alega este recurrente la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia , con cita del art. 24.2 de la Constitución puesto en relación con el art. 5.4 de la LOPJ .

Se precisa, pues, verificar si se han practicado en la instancia con contradicción de partes pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la participación del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas de forma razonable y lógica; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).

A criterio del recurrente, no se halla debidamente acreditada su autoría en los hechos delictivos, y en concreto que propinara cuchilladas a las dos víctimas a la entrada del bar Victoria, sito en la Rambla de Tarradellas de la localidad de Vic (Barcelona). Cuestiona la identificación realizada sobre su persona y argumenta que uno de los lesionados, Luis Alberto , declaró ante los Mossos d'Esquadra en unos términos de los que no se desprendía que conociera con anterioridad la identidad de los agresores, manifestación que parece contradecirse con lo depuesto ante el juez instructor, ante quien ya concretó la identidad de quienes le agredieron (folios 59 y 60 de la causa).

En la misma línea de defensa, el impugnante dedica sus esfuerzos argumentales a destacar todas las contradicciones posibles entre las distintas declaraciones de los denunciantes, así como las que pudieran concurrir entre las de las víctimas y las de los restantes testigos al efecto de desvirtuar la contundente prueba de cargo.

Razonando en esa dirección, y al margen de la artificiosa contradicción antedicha, esgrime también que la víctima Plácido habría sido el primer agredido, afirmación que se contradeciría con lo declarado por la otra víctima. Tampoco estaría claro, según el recurrente, si los agresores intentaron llevarse a Plácido en el vehículo. Cuestiona el lugar de recogida de las víctimas, entendiendo que pudo no haber sido al lado del bar. Pone también de relieve la contradicción existente con el nombre del bar, porque Plácido se refirió en algún momento al bar Rubis y no al bar Victoria. Y también enfatiza alguna incongruencia sobre el color del coche en que huyeron.

Pues bien, en contra de lo que aduce el recurrente, consta en la causa y así se especifica en la sentencia, que el testigo- víctima Plácido identificó a presencia judicial en la fase de instrucción a los tres acusados. Este dato aparece corroborado por las tres ruedas de reconocimiento que el testigo practicó ante el juez instructor (folios 172, 174 y 176 de la causa), en las cuales fue reconociendo sin dudas a cada uno de los acusados como las personas que ejecutaron los hechos, atribuyéndole a cada uno la función que desempeñó en la ejecución de los hechos en los mismos términos que ahora se transcriben en la sentencia.

El mismo testigo identificó en el plenario de nuevo a los tres acusados como sus agresores, pues después de describir la agresión, señaló ante el Tribunal, según se aprecia perfectamente en la grabación digital del juicio, a los tres acusados como sus agresores, especificando al mismo tiempo quién le había acuchillado, quién le roció el rostro con el espray y quién estaba sentado en el asiento del conductor del vehículo para asegurar la huida.

Y otro tanto puede decirse con respecto a la otra víctima, Luis Alberto , pues también identificó en el plenario a los tres acusados como autores de los hechos, señalándolos en la vista oral al mismo tiempo que describía la conducta que realizó cada uno. El testigo-víctima manifestó que conocía con anterioridad a los autores, a los que también había ya identificado en fotos ante los funcionarios policiales. Y describió igualmente el arma que portaba Cesar : un cuchillo de unos treinta centímetros de longitud.

Por consiguiente, se está ante declaraciones de las víctimas claras y contundentes sobre las que no concurren datos objetivos que las cuestionen. Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que en la ponderación de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigos) se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos. Esta estructura racional del discurso valorativo puede ser revisada en casación, censurando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias ( SSTS 227/2007, de 15-3 ; 893/2007 de 3-10 ; 778/2007, de 9-10 ; 56/2009, de 3-2 ; 264/2009, de 12-3 ; 901/2009, de 24-9 ; 960/2009, de 16-10 ; y 398/2010, de 19 de abril , entre otras).

Estas observaciones, ciertamente, deben ser matizadas, pues esta misma Sala también ha precisado que no cabe interpretarlas en el sentido de que el órgano de casación, operando con criterios objetivos, no pueda revisar la racionalidad con la que el Tribunal de instancia ha reconocido credibilidad a quien ha prestado declaración a su presencia. Ni que, por lo tanto, el Tribunal que efectúa la revisión no pueda excluir de lo probado aquellos hechos respecto de los que considere que la prueba personal, tal como ha sido valorado su resultado, se muestra inconsistente. Pues "el Tribunal sentenciador debe dar cuenta de la clase de uso que ha hecho de la inmediación y no ampararse en su mera concurrencia para privar a las partes y, eventualmente, a otra instancia en vía de recurso, de la posibilidad de saber qué fue lo ocurrido en el juicio y por qué se ha decidido de la manera que consta" ( SSTS 1579/2003, de 21-11 ; y 677/2009, de 16-6 ). Y en la misma dirección, también se ha advertido que la inmediación no puede confundirse con la valoración de la prueba ni menos aún con la justificación de la misma, ya que la inmediación no blinda a la resolución judicial contra el control cognitivo por parte del Tribunal superior (STS 716/2009, de 2-7 ; y 398/2010, de 19 de abril ).

Ahora bien, ello no quiere decir que en el presente caso se haya realizado, como denuncia la parte recurrente, un análisis de la prueba testifical que se oponga a las máximas de la experiencia ni a la lógica de lo razonable en materia probatoria. Muy al contrario, los datos objetivos que acompañan al testimonio de las víctimas permiten concluir que la Sala de instancia realizó un análisis racional y coherente de la prueba testifical de cargo.

En efecto, las declaraciones de las víctimas resultan convincentes pues todo revela que conocían de antes a los acusados, según se constata en el hecho de que el primer agredido, Plácido , saliera a la calle ante las señas que le hizo desde fuera el acusado Cesar . Ello no sucedería si aquel no conociera con anterioridad a este. Tal conocimiento previo quedó evidenciado también por las manifestaciones de los denunciantes en el plenario.

Por lo tanto, no cabe error en este caso en la identificación al conocer con anterioridad los agredidos a sus agresores.

A esto debe sumarse también el dato relevante de que uno de los acusados, Eulogio , admitió haber ejecutado directa y personalmente los hechos que se le imputan, si bien negó la coautoría de sus dos hermanos, con fines claramente exculpatorios para estos, negativa que lógicamente no convenció al Tribunal de instancia.

Por lo demás, carecen de relevancia frente a lo que se acaba de exponer las alegaciones del recurrente relativas a algunos datos accesorios sobre los que concurrió alguna contradicción de algún testigo o que no fueron expuestos por todos los declarantes en unos mismos términos. Pues, como puede fácilmente comprenderse, resulta totalmente inevitable que al comparar las declaraciones que presta un testigo en la fase de instrucción con las que hace después en la vista oral del juicio afloren algunas diferencias, omisiones y contradicciones. En primer lugar, porque el sujeto que declara no retiene en la memoria las mismas imágenes, datos concretos y palabras en un primer momento, a las pocas fechas de haber sucedido los hechos, que cuando ha ya transcurrido cierto tiempo. En segundo lugar, un mismo hecho no es nunca relatado o expuesto con las mismas palabras en dos ocasiones distintas por una misma persona, incluso aunque transcurra escaso margen de tiempo entre la primera y la segunda declaración. Y por último, también resulta obvio que la persona que transcribe la declaración en el acta no plasma literalmente todo su contenido, sino que trastoca, modifica y varía de forma involuntaria e inconsciente los vocablos, las expresiones y los propios giros lingüísticos utilizados por el testigo, alteración muy difícil de evitar en muchos supuestos, pero que acaba afectando ineluctablemente al contenido del testimonio prestado.

Partiendo, pues, de esa premisa empírica incuestionable, no cabe desvirtuar de plano un testimonio por la circunstancia de que no coincida literalmente con otro anterior prestado por el mismo sujeto en la causa o con el de otro testigo, ya que de ser así parece claro que la eficacia de la prueba de cargo se volatilizaría en la mayoría de los casos. Debe, por el contrario, el juzgador ponderar si las discrepancias entre los dos testimonios compulsados afectan a hechos o datos nucleares o si sólo conciernen a circunstancias fácticas periféricas o secundarias, pues en este último caso no puede considerarse que la prueba testifical quede mermada en su virtualidad verificadora.

Las escasas contradicciones y las opacidades que pone de relieve la parte recurrente se refieren siempre a datos secundarios y no afectan por tanto a los hechos nucleares integrantes de la conducta delictiva. Ello puede aplicarse tanto al dato de si hubo o no algún intento de hacer subir al coche a Plácido , como a la especificación del lugar exacto donde fueron recogidas las víctimas para trasladadas en coche hasta el hospital. Y lo mismo debe decirse del error de alguno de los testigos sobre el nombre del bar ante cuya puerta se desarrollaron los hechos o de las dudas sobre el color del vehículo en que se fugaron los acusados. Todos ellos son datos tangenciales, por lo que carece de trascendencia que alguno de los testigos errara en su exposición o no recordara correctamente alguno de esos detalles.

Lo fundamental era el hecho de la agresión, el modo de ejecutarla y el arma utilizada, además, por supuesto, de la identificación de los autores. Y todo ello resultó debidamente probado merced a las manifestaciones diáfanas y rotundas de los testigos-víctima, quedando avaladas por los informes periciales médicos sobre las heridas derivadas de la agresión.

Se desestima, en consecuencia, este primer motivo de impugnación.

1. Los motivos segundo y tercero del recurso presentan un mismo contenido. En ellos, y con cita de los arts. 120.2, 24.1 y 2 de la Constitución y 66.6 del C. Penal , denuncia el recurrente la falta de motivación de las penas impuestas, tanto por el delito de tentativa de homicidio como por el de lesiones agravadas. Se queja especialmente de que las penas no hubieran sido debidamente razonadas en un caso en que se han individualizado en una cuantía superior al mínimo legal.

2. Pues bien, en cuanto a la motivación de la individualización de la pena , el Código Penal recoge en el art. 66 las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 se establece que los jueces y tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta.

   El Tribunal Constitucional argumenta en su sentencia 21/2008, de 31 de enero , el deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 CE , y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE -conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación no irracional, arbitraria o manifiestamente errónea de la legalidad- resulta reforzado en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personal (entre otras, SSTC 43/1997, de 10 de marzo ; 108/2001, de 23 de abril ; 20/2003, de 10 de febrero ; 170/2004, de 18 de octubre ; y 76/2007, de 16 de abril ).

   Y en la misma sentencia 21/2008 del Tribunal Constitucional se subraya que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto ( SSTC 108/2001 , 20/2003 , 148/2005 y 76/2007 ). El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues solo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión ( SSTC 20/2003 , 136/2003 , 170/2004 y 76/2007 ) y que éstas no sean incoherentes con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de la pena ( SSTC 148/2005 y 76/2007 ). Finalmente, dicha obligación reforzada de motivar la pena concreta impuesta cobra especial relieve desde la perspectiva constitucional, y así se ha destacado cuando la pena sea mayor a la solicitada por las acusaciones, como reflejo del principio acusatorio implícito en el art. 24 CE (por todas, SSTC 59/2000 , 20/2003 y 136/2003 ) y en aquellos casos en que se imponga la máxima pena legalmente prevista ( SSTC 170/2004 y 148/2005 ).

   Esta Sala de casación tiene establecido que la individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el citado artículo 66 , sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda ( STS 302/2009, de 24-3 ). La individualización corresponde al tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios expuestos, de forma que en el marco de la casación la cuestión de la cantidad de la pena sólo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada ( SSTS 390/1998, de 21-3 , y 56/2009, de 3-2 ). En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley ( SSTS 1478/2001, de 20-7 ;y 56/2009, de 3-2 ). Sin embargo, su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente ( SSTS 1099/2004, de 7-10 ; y 56/2009, de 3-2 ).

3. Centrados ya en el caso concreto , se aprecia que el Tribunal de instancia les impuso a los tres acusados la misma pena de siete años de prisión por la tentativa de homicidio . Por lo tanto, la pena se ubica en la mitad inferior del marco legal. Y en cuanto a las razones de individualización judicial, arguye la Audiencia que los tres acusados actuaron de forma concertada y con medios específicamente dirigidos a conseguir su propósito y a facilitar la huida.

   A tenor de lo que se acaba de exponer y atendiendo a otros factores que concurren en la causa, no puede considerarse que la pena impuesta sea excesiva o desproporcionada. En primer lugar, porque se trató de una acción específicamente planificada y materializada por tres sujetos puestos previamente de acuerdo para ejecutar el hecho delictivo con una minuciosa distribución de funciones: dos ejecutaban la agresión y un tercero esperaba en el coche a poca distancia para emprender inmediatamente la huida. Y también se asignaron funciones específicas a los dos primeros: uno cegaba a la víctima utilizando un espray dirigido hacia sus ojos y el otro a continuación la acuchillaba.

   La forma por tanto de ejecutar la acción alberga unas connotaciones que incluso permitiría hablar de cierto abuso de superioridad física y de palabras todavía mayores si se sopesa la forma sorpresiva con que actuaron.

   De otra parte, se trata de una tentativa acabada. El art. 62 establece dos criterios para determinar la concreta penalidad de las conductas ejecutadas en fase de tentativa: el " peligro inherente al intento " y el " grado de ejecución alcanzado ". La diferencia con respecto al C. Penal de 1973 estriba en que, mientras en la regulación anterior la tentativa podía rebajarse en uno o dos grados, al arbitrio del tribunal, respecto de la pena correspondiente al delito consumado (art. 52.1 ), y en la frustración, por el contrario, sólo podía rebajarse en un grado (art. 51 ), en el actual art. 62 se permite una mayor flexibilidad de decisión a los jueces, en la medida en que, en principio, pueden imponer la pena inferior en uno o dos grados a cualquier forma de tentativa, independientemente de si es una tentativa acabada o inacabada.

   La doctrina ha destacado que en realidad el fundamento del criterio punitivo del grado de ejecución alcanzado (tentativa acabada o tentativa inacabada) radica en el peligro generado por la conducta, por lo que se está ante el mismo fundamento que el del otro criterio, el "peligro inherente al intento", descansando ambos en el principio de ofensividad. Pues todo indica que el texto legal parte de la premisa de que cuantos más actos ejecutivos se hayan realizado, más cerca se ha estado de la consumación del delito y, en consecuencia, el peligro de lesión es mayor y la lesividad de la conducta también.

   Atendiendo pues al criterio central del peligro, que es el que proclama el Código Penal, parece que lo razonable es que la tentativa inacabada conlleve una menor pena que la acabada, y también que la tentativa idónea (peligro concreto para el bien jurídico) conlleve una mayor pena que la tentativa inidónea (peligro abstracto para el bien jurídico que tutela la norma penal). Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior lo coherente será que la pena se reduzca en un grado en caso de tratarse de una tentativa acabada y en dos en los supuestos en que nos hallemos ante una tentativa inacabada. Y también que en los supuestos de tentativa idónea se tienda a reducir la pena en un solo grado, mientras que en los casos de la tentativa inidónea se aminore en dos.

   Sin embargo, debe quedar claro que como el criterio relevante y determinante, según el texto legal, es el del peligro para el bien jurídico que conlleva inherente el intento, no siempre que la tentativa sea inacabada se impondrá la pena inferior en dos grados, pues puede perfectamente suceder que la tentativa sea inacabada pero que su grado de ejecución sea muy avanzado (se hayan ya realizado varios actos que auspician la proximidad de la consumación), en cuyo caso lo razonable será reducir la pena sólo en un grado.

   Ciñéndonos al supuesto que se juzga, es claro que se está ante una tentativa acabada e idónea. Y ello porque el acusado realizó todos los actos (tentativa acabada) que integran el tipo penal del homicidio, al intervenir de forma personal y directa en la fase de ejecución en la acción de acuchillar al denunciante, cuya vida corrió grave peligro debido a la ubicación y gravedad de las heridas que le ocasionaron.

   Y tampoco se suscitan dudas de que se trata de una tentativa idónea, ya que la acción era adecuada ex ante para causarle la muerte a la víctima, y además ex post se comprobó que generó un peligro concreto para el bien jurídico de la vida.

   Por todo lo cual, se considera correcta la reducción de la pena en un solo grado por la tentativa de homicidio, y dentro del grado inferior (de cinco a diez años de prisión) la pena impuesta de siete años de prisión se ajusta a la gravedad del hecho, sin que se aprecien circunstancias personales específicas que justifiquen su disminución.

4. Y otro tanto debe decirse en lo que respecta a la pena impuesta por el delito agravado de lesiones perpetrado en la persona del otro denunciante, Luis Alberto . Aquí el recurrente alega que a los otros dos acusados se les impuso la pena mínima de tres años y seis meses de prisión, ya que se les aplicó una agravante de reincidencia. Por lo cual, no considera razonable ni igualitario que a él se le impusiera una pena de tres años de prisión, superior por tanto a la mínima que le correspondía, dos años de prisión, ya que en él no concurre la referida agravante.

   La tesis atenuatoria del recurrente no convence en este caso. Y ello porque si bien a los otros dos acusados se les exacerbó la pena hasta el mínimo de la mitad superior, ello no quiere decir que la pena de tres años impuesta al recurrente sea excesiva o desajustada con respecto a la gravedad del hecho. Pues, entre otras razones, ha de sopesarse que en la distribución de funciones que planificaron y en la ejecución del hecho concreto, el recurrente cumplió con la función más grave y reprochable: propinar la cuchillada a la víctima. No cabe, entonces, como él pretende, reducir la cuantía punitiva a casi la mitad de la pena impuesta a los otros dos coautores. Debe, por el contrario, entenderse que la Sala de instancia adecuó muy acertadamente la cuantía de la pena a la acción ilícita singular que perpetró el acusado en el caso concreto.

   Los motivos segundo y tercero no pueden por tanto prosperar. Ello comporta la desestimación integra del recurso, con imposición al recurrente de la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).

   2. Recurso de Eulogio

En el primer motivo , sin cita de precepto alguno, el recurrente de forma muy genérica y escueta alega que no se ha enervado su derecho a la presunción de inocencia , sin concretar con dato alguno los errores en que pudiera haber incurrido el Tribunal de instancia ni cuestionar tampoco los argumentos probatorios de que se valió la Audiencia para sustentar el factum que legitima la condena.

Ante la falta de argumentación concreta del impugnante, basta para desvirtuar su alegación con remitirnos a lo expuesto en el primer fundamento con respecto a la prueba de cargo examinada para apoyar la autoría del primer recurrente. Si bien a lo anterior debe añadirse, a mayores, el hecho relevante de que el propio acusado haya admitido, como ya se dijo, su intervención directa en los hechos, exculpando, eso sí, a los otros dos coimputados.

El motivo es obvio por tanto que no puede prosperar.

En el segundo motivo objeta, sin reseñar tampoco ningún precepto procesal ni sustantivo, que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías por habérsele privado de pruebas relevantes para su defensa, por lo que no habría gozado de igualdad de armas con respecto a la acusación.

Ante la simple alegación genérica que se acaba de exponer, en la que ni siquiera se especifican las pruebas de que se ha visto privado, y mucho menos por tanto su relevancia, solo cabe desestimar su pretensión, dado que se trata de un motivo que, vista su opacidad y vacío de contenido, no debió ser admitido a trámite.

Algo muy similar debe responderse al tercer motivo , ya que con la misma metodología de no citar norma alguna, ni procesal ni sustantiva, se limita a alegar que no pudo intervenir en los hechos que se le imputan dado que no tenía ninguna razón para atentar contra la vida de Plácido , al que ni siquiera conoce. Por ello, al carecer de móvil para perpetrar la conducta imputada, dice que debió ser absuelto.

Ante una impugnación tan heterodoxa y peculiar, nos hemos de remitir a lo expuesto al tratar del derecho a la presunción de inocencia, pues se viene a aducir que no consta prueba de cargo acreditativa de su autoría, alegación que se contradice de plano con lo expuesto en el primer fundamento de esta resolución.

El motivo resulta así inatendible.

En el cuarto y último motivo , se denuncia, sin apoyarse tampoco en precepto alguno, la falta de justificación a la hora de individualizar las penas, sin que se expongan las razones concretas por las que entiende el impugnante que resultan desproporcionadas o excesivas.

Pues bien, en lo que respecta a la pena impuesta por la tentativa de homicidio, siete años de prisión, nos remitimos a lo argumentado con respecto al coacusado Cesar en el fundamento segundo de esta sentencia.

Y en lo que concierne a la pena que se le impuso por el delito de lesiones en su modalidad agravada del art. 148.1º del C. Penal , es suficiente con afirmar que la pena se individualizó en su cuantía mínima, tres años y seis meses de prisión (sin que se haya incluido el día), puesto que concurre en su caso la agravante de reincidencia.

Por consiguiente se rechaza también este motivo y con él todo el recurso, imponiéndole al recurrente la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).

3. Recurso de Herminio

Bajo el ordinal primero , y al amparo del art. 24 de la Constitución, denuncia el recurrente la vulneración del derecho a la presunción de inocencia , limitándose a decir que él no ha participado en los hechos.

Con el fin de no reiterarnos ni repetir la prueba de cargo que concurre con respecto a los tres acusados, nos remitimos al fundamento primero de esta resolución, donde se explica cómo las víctimas identificaron a los tres imputados como las personas que intervinieron en los hechos.

El motivo ha de ser por tanto desestimado.

En el motivo segundo aduce el impugnante, por el cauce del art. 849.1º de la LECr ., que se ha vulnerado el art. 28 del C. Penal puesto que, según su criterio, no se encontraba en el lugar de los hechos ni realizó acto alguno relacionado con la agresión denunciada.

La impugnación, como puede fácilmente comprobarse, parte de la premisa de que no son ciertos los hechos probados y de que él no participó de ninguna manera en los mismos, ya que no se encontraba en el lugar en que se produjo la agresión. Sin embargo, una vez que esa premisa fáctica ha quedado claramente desvirtuada en virtud de lo razonado en los fundamentos primero y séptimo, y puesto que no se aportan argumentos específicos que cuestionen la infracción de ley, el motivo tiene que ser necesariamente desestimado.

Visto lo anterior, se rechaza el recurso de este acusado y se le imponen la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).