STS, 10 de Febrero de 2011
| Ponente | JUAN JOSE GONZALEZ RIVAS |
| ECLI | ES:TS:2011:471 |
| Número de Recurso | 1213/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Febrero de dos mil once.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 1213/2008 interpuesto, de una parte, por la UNIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN ANDALUCÍA (USTEA), representada por el Procurador D. José Gabriel García Sirola y, de otra, por la JUNTA DE ANDALUCÍA, representada por la Letrada de su Gabinete Jurídico, contra la sentencia nº 174 de 24 de febrero de 2008, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, recaída en el recurso 241/2005 , sobre Decreto 528/2004, de 16 de noviembre , que modifica el Reglamento General de Ingreso de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Por Auto de la Sección 1ª de esta Sala de 19 de septiembre de 2008 se declaró desierto el recurso de casación preparado por USTEA.
PRIMERO .- En el recurso nº 241/2005, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, el 25 DE FEBRERO DE 2008 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Romualdo , D. Juan Alberto , Dª Sagrario , D. Constantino , D. Imanol , Dª Clara , D. Rodrigo , Dª Melisa , Dª Agueda , Dª Frida , Dª Soledad , D. Marco Antonio , Dª Custodia , Dª Nieves , D. Donato , Dª Apolonia , Dª Justa , D. Justo , D. Sixto , Dª María Inés , D. Alejandro , Dª Filomena , Dª Sonia y D. Evaristo , contra el Decreto 528/04, de 16 de noviembre , que modifica el Reglamento General de Ingreso de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (aprobado por Decreto 2/02, de 9 de enero ) respecto a la nueva redacción dada a los puntos 1.2 y 2 del artículo 54 ; así como a la redacción dada al artículo 31 en su apartado d) que se declaran nulas por no ser ajustadas a derecho, debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad al Decreto impugnado; sin pronunciamiento sobre la condena en costas".
SEGUNDO .- Contra dicha Sentencia anunciaron recurso de casación, de una parte, la JUNTA DE ANDALUCÍA y, de otra, el sindicato USTEA, que la Sala de Granada tuvo por preparado, acordando el emplazamiento a las partes y la remisión de las actuaciones a este Tribunal Supremo.
TERCERO .- Por Auto de la Sección 1ª de esta Sala de 19 de septiembre de 2008 se declaró desierto el recurso de casación preparado por USTEA y la Letrada de la Junta de Andalucía, en su escrito de interposición, presentado el 15 de septiembre de 2008, interesó a la Sala que, previos los trámites preceptivos, dicte sentencia por la que: "estime dicho recurso, casando la mencionada Sentencia, y en consecuencia declare ajustado a Derecho el punto b) del artículo 31 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios, según redacción dada por el Decreto 528/2004, artículo 8 ".
CUARTO .- Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 9 de febrero de 2011.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Jose Gonzalez Rivas, Presidente de la Sección
PRIMERO .- El objeto del recurso se concreta en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia de fecha 25 de febrero de 2008 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Romualdo , D. Juan Alberto , Dª Sagrario , D. Constantino , D. Imanol , Dª Clara , D. Rodrigo , Dª Melisa , Dª Agueda , Dª Frida , Dª Soledad , D. Marco Antonio , Dª Custodia , Dª Nieves , D. Donato , Dª Apolonia , Dª Justa , D. Justo , D. Sixto , Dª María Inés , D. Alejandro , Dª Filomena , Dª Sonia y D. Evaristo , contra el Decreto 528/04, de 16 de noviembre , que modifica el Reglamento General de Ingreso de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía (aprobado por Decreto 2/02, de 9 de enero ) respecto a la nueva redacción dada a los puntos 1.2 y 2 del artículo 54 ; así como a la redacción dada al artículo 31 en su apartado d) que se declaran nulas por no ser ajustadas a derecho, debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad al Decreto impugnado; sin pronunciamiento sobre la condena en costas.
SEGUNDO .- La Junta de Andalucía, en su único motivo de casación, interpuesto conforme al artículo 88.1 d) de la Ley de la Jurisdicción , se limita a impugnar la sentencia por infracción de los artículos 22.1 y 20.1 a) de la Ley 30/1984 que tienen carácter básico y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Después de transcribir el artículo 31 del Decreto 528/04 , la parte recurrente resalta que la antigüedad es un mérito más de los que deben valorarse y que el porcentaje concreto en que se tendrá en cuenta, dentro de los márgenes previstos por el artículo 31 : convocatorias de promoción interna, en el b) antigüedad: 20 al 30% de la puntuación total del baremo y d) superación de ejercicios y pruebas selectivas de promoción interna: entre el 5 y 15% de la puntuación del baremo, se fijará previa negociación en la mesa sectorial. Señala la parte recurrente que sobre la consideración de la antigüedad como mérito en los procedimientos de acceso a la función pública se han pronunciado diversas sentencias del Tribunal Constitucional ( SSTC 67/89, F.J. 5 ; 151/92, F.J. 3 ; 4/93, F.J. 2 ; 60/94, F.J. 4 y 107/03 , F.J. 5) y en torno a la desproporción que ve la Sala de Granada en los porcentajes, observa que la sentencia no expresa las razones que le llevan a esa conclusión y sostiene que, en realidad, viene a sustituir el criterio de la Administración en un ámbito que corresponde a la discrecionalidad de esta última.
Se pregunta a este respecto en el escrito de interposición la Junta de Andalucía la razón por la cual es desproporcionado atribuir a la antigüedad entre el 20% y el 30% de la valoración frente al 10% de los cursos de formación o al 10% de la titulación, si se tiene presente que con la antigüedad se está valorando una efectiva prestación de servicios, mientras que los cursos y la titulación solamente se refieren a los presupuestos habilitantes para el desarrollo de las funciones públicas pero con efectos potenciales o de futuro. Además, indica que no es suficiente por sí sola para propiciar la promoción pues solamente puede representar entre una quinta y una tercera parte de la puntuación total y subraya que la antigüedad significa aptitud o capacidad, como reconoce la sentencia 107/2003 del Tribunal Constitucional .
TERCERO .- Sobre la cuestión planteada, esta Sala, en el auto de 30 de diciembre de 2009 (casación 5394/2006 ) y en las sentencias de 26 de abril , 21 y 30 de junio , 27 de julio y 14 de septiembre , todas ellas de 2010 (recursos de casación 2703/2007 ; 790/2007 ; 333/2007 , 1257/2007 y 2574/2007 , respectivamente), ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los motivos de casación, formulados tanto por USTEA que en este caso no ha interpuesto el recurso de casación como por la Junta de Andalucía, objeto del presente recurso. Por tanto, por exigencias del principio de igualdad en aplicación de la Ley, hemos de resolver éste del mismo modo en que lo hemos hecho en los mencionados.
En efecto, la solución que debemos dar a este recurso de casación viene determinada por la que ha merecido el recurso de casación 5394/2006 en el que también fueron partes USTEA y la Junta de Andalucía y en el que se enjuiciaba otra sentencia de la Sección Primera de la Sala de Granada sobre el Decreto 528/2004. En ese caso, su fallo anulatorio se limitó, de acuerdo con lo que pedía el sindicato entonces recurrente al artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002 , tal como había sido modificado y mediante el auto de 30 de diciembre de 2009 , tuvimos que declarar sin contenido ese recurso de casación dado que había adquirido firmeza otra sentencia previa, siempre de la misma Sala y Sección, que había anulado ya esos preceptos según acreditaba en el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 121, de 20 de junio de 2007 y sucede que la declaración de nulidad del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002 , en la redacción que le dio el Decreto 528/2004, ha comportado la expulsión del ordenamiento jurídico de esos preceptos y el recurso queda sin contenido desde el momento que ha desaparecido el objeto sobre el que versaba la controversia, lo que debemos acordar sin entrar en ulteriores consideraciones.
CUARTO .- Ceñidos al suplico del escrito de interposición del recurso en el que la Junta de Andalucía se limita a la impugnación del artículo 31 b) y no d) del Decreto 528/04 debe prosperar el motivo de casación porque, como indica la Junta de Andalucía no explica la sentencia por qué razón es contrario a los artículos 23.2 y 14 de la Constitución tener en cuenta en los procesos de promoción interna la antigüedad en la medida en que aquél precepto reglamentario la contempla, entre el 20% y el 30% de la puntuación total.
Esta explicación era necesaria, pues el fallo anulatorio del artículo 31 d) y no b) al que alude el escrito de preparación y no el de interposición, al considerar que la puntuación por el primero podría oscilar entre el 5 y el 15% de la puntuación total del baremo se hace desde una apreciación global de la impugnación que efectuó el recurrente en la instancia y en el planteamiento de la sentencia, una vez tenido por contrario a Derecho incluir en la noción de antigüedad a efectos distintos de los económicos los servicios prestados antes de adquirir la condición de funcionario y eliminadas las previsiones que lo permitían, debía haber dicho por qué es improcedente valorar aquí, en la promoción interna, en la forma señalada esa antigüedad y no sólo no lo dice expresamente la Sala de Granada sino que tampoco da pie para que extraigamos de los fundamentos de su resolución el razonamiento que le lleva a ese resultado.
Así, pues, la falta la motivación de la declaración de ilegalidad es suficiente para que consideremos infringidos los artículos 22.1 y 20.1 a) de la Ley 30/1984 , interpretados conforme a la jurisprudencia invocada en este recurso de casación, que contempla la promoción interna de los funcionarios de carrera.
QUINTO .- Los razonamientos expuestos conducen a la anulación de la sentencia, lo que nos obliga, conforme al artículo 95.2 d) de la Ley de la Jurisdicción , a resolver el recurso contencioso-administrativo objeto de este pleito en los términos en que está planteada la controversia, que vienen definidos por no haberse acreditado la ilegalidad de su artículo 31 b) y por consiguiente, se impone desestimarlo.
SEXTO .- A tenor de lo establecido por el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo soportar cada parte las suyas del recurso de casación.
En el recurso de casación nº 8/1213/08 interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia nº 174/2008 de 24 de febrero por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada , procede hacer los siguientes pronunciamientos:
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) Estimar el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía.
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) Desestimar el recurso contencioso-administrativo 241/2005 interpuesto por D. Romualdo , D. Juan Alberto , Dª Sagrario , D. Constantino , D. Imanol , Dª Clara , D. Rodrigo , Dª Melisa , Dª Agueda , Dª Frida , Dª Soledad , D. Marco Antonio , Dª Custodia , Dª Nieves , D. Donato , Dª Apolonia , Dª Justa , D. Justo , D. Sixto , Dª María Inés , D. Alejandro , Dª Filomena , Dª Sonia y D. Evaristo , en lo que se refiere al artículo 31 b) del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero , en la redacción que le dio el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre .
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) No hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
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