STS 8/2011, 26 de Enero de 2011

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana condenó al acusado Alejo "como autor responsable de un delito de robo violento de uso de vehículo de motor, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de tres años y seis meses de prisión y la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como autor responsable de una falta de lesiones a la pena de diez días de localización permanente, como autor responsable de un delito contra la seguridad del tráfico en concurso ideal con un delito de homicidio y un delito de homicidio en grado de tentativa, a la pena de catorce años de prisión y la accesoria legal de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de hurto de uso de vehículo de motor a la pena de multa de seis meses con una cuota diaria de seis euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de arresto por cada dos cuotas diarias impagadas". Asimismo a "indemnizar a Gustavo y Marcial en la cantidad de veinte mil euros (20.000 euros) a cada uno de ellos por el daño moral causado por el fallecimiento de su hermano, y a Luis María en la cantidad de cinco mil quinientos noventa y tres euros con nueve céntimos (5.593,9 euros) por los daños en su vehículo. Estas cantidades devengarán los intereses previstos en el art. 576 L.E.C ."

El primer motivo de casación formulado por el acusado se ampara en la infracción del principio "in dubio pro reo". Al margen de lo que a continuación se dirá, no puede apreciarse vulneración del principio "in dubio pro reo" por falta de aplicación, cuando la Sala sentenciadora no expresa duda alguna en la valoración de la prueba practicada, declarando probada de manera clara y terminante la participación de los acusados en el delito enjuiciado. Para que la duda pueda y deba resolverse en beneficio del reo es requisito indispensable que exista, lo que no sucede en el presente caso, por lo que esta alegación impugnativa debe ser desestimada.

De hecho, el desarrollo del motivo se perfila por otros derroteros de contenido heterogéneo. Comienza por discrepar de la calificación jurídica efectuada por el Tribunal sentenciador respecto al apoderamiento del vehículo propiedad de Luis María , afirmando que en lugar de constitutivo de un delito de robo de uso de vehículo de motor con violencia en las personas del art. 244.1 y 4 en relación con el 242.1 C.P ., debería haber sido calificado como de hurto de vehículo de motor del 244.1 C.P. Tal subsunción jurídica se fundamenta en la alegación de que la violencia contra el propietario debe producirse "antes de consumarse el apoderamiento" y en el caso, la reacción del dueño del vehículo para impedir aquél tuvo lugar cuando el acusado arranca el motor del coche y empieza a circular.

Según el hecho probado al que hay que remitirse "Sobre la 1,30 ó 1,45 horas, encontrándose en el parking de la discoteca denominada "Pirámide" sita en la localidad de Cabanes (Castellón), lugar en el que se celebraba la fiesta anual llamada "Summer Rave", se dirigió al vehículo marca Opel modelo Astra matrícula E-....-AJ de color rojo, cuyo valor venal era de 4.303 euros que estaba detenido en el aparcamiento y cuyo propietario Luis María , de 23 años de edad en aquella fecha, había bajado del mismo para pedir "fuego" para encender un cigarro, mientras que su novia Paula estaba sentada en el asiento delantero derecho del referido vehículo, circunstancias que aprovechó el acusado Alejo para, movido de la intención de obtener beneficio ilícito, acceder al interior del turismo, accionar el contacto y arrancarlo, momento en el cual Paula se apeó del mismo apresuradamente, mientras que Luis María , al percatarse de dicha acción y para evitar la sustracción del automóvil, se acercó rápidamente al vehículo agarrándose de la ventanilla del conductor e intentando coger el volante, sin que pudiera lograr su propósito, ya que el acusado aceleró el vehículo y arrastró a Luis María unos metros hasta que consiguió que aquél se soltara de la ventanilla, apoderándose finalmente del coche".

Es claro que, como explica la sentencia, se empezó a realizar por el acusado una sustracción del vehículo sin fuerza en las cosas, empleándose finalmente violencia por el acusado para conseguir dicha sustracción al acelerar el vehículo. Y ello es así porque violencia comporta, sin duda alguna, el hecho de acelerar la marcha cuando la víctima del acto depredatorio, tras asirse a la ventanilla y volante del vehículo, intenta detener al conductor. La reacción del propietario del automóvil tratando de impedir la sustracción del mismo, se produjo antes de que se consumara el ilícito apoderamiento, es decir antes de que el acusado tuviera la efectiva y real disponibilidad del coche y, por consiguiente, los actos de violencia ejecutados para evitar la reacción de la víctima deben integrarse en la fase de ejecución material del delito que califica el hecho como robo a tenor de lo dispuesto en el art. 244.4 C.P .

La violencia y la intimidación, típicas del delito contenida en el art. 242 del Código penal , deben concurrir en cualquier momento previo a la consumación del delito. En ocasiones la relación entre la violencia e intimidación y la sustracción es una relación de medio a fin, una relación instrumental, y también puede concurrir como elemento que evidencie una resistencia al desapoderamiento, como en el presente supuesto en el que la sustracción se había realizado y surge el empleo de la violencia para asegurar la consumación pues el perjudicado opuso resistencia a la misma. Es decir, el hurto inicial se transforma en delito de robo violento si la violencia es ejercida ante de la consumación del desapoderamiento (véase STS de 12 de abril de 1.999 , entre muchas otras).

La violencia en sí delimitada puede tener lugar antes, durante o después de la sustracción, esto es, sobrevenir en cualquier momento de la dinámica comisiva, pues el robo con fuerza o el hurto, se transmutan en robo violento cuando se ejerce esa violencia para lograr el apoderamiento o en el curso del mismo ( SS de 18 de febrero y 23 de septiembre de 1991 , 30 de marzo y 2 de noviembre de 1992 , 16 de octubre de 1993 , 2 de febrero de 1994 ); y que también es irrelevante que la violencia recaiga sobre el propietario, sus acompañantes o un tercero, siempre que mantenga el correlato de la acción violenta física o psíquica ejercida y finalidad, fundado o no, de la misma de impedir los obstáculos al apoderamiento ( S. de 21 de marzo de 1.994 ).

En definitiva, fue empleada la violencia por el acusado a la hora de apropiarse del vehículo en el mismo momento en que su propietario pretende evitar la sustracción intentando coger el volante y detener el vehículo al continuar la marcha acelerando, provocando la caída del Sr. Luis María sin importarle siquiera las lesiones que le pudiere causar.

Este reproche casacional debe ser desestimado.

En el mismo motivo se denuncia otro error de derecho al haber calificado la sentencia los hechos inmediatamente posteriores como constitutivos de un delito contra la seguridad del tráfico del art. 384 C.P . en concurso ideal con un delito consumado de homicidio doloso del art. 138 y de un delito de homicidio en grado de tentativa de los arts. 138, 16 y 62 C.P . Sostiene el recurrente que los hechos deberían haber sido calificados como un delito de homicidio imprudente del art. 142 y de otro delito de lesiones, también imprudentes del art. 152.1º y 2 .

De nuevo tenemos que acudir al "factum" para resolver el reproche. Y allí se dice: "El acusado Alejo continuó la conducción del vehículo marca Opel Astra matrícula E-....-AJ por los carriles del aparcamiento de la discoteca a gran velocidad, excesiva en todo caso para las circunstancias de la hora y lugar, dada la gran cantidad de personas a pie que se encontraban en dicho aparcamiento, con frecuente paso de peatones a pie, siendo de noche y con escasa iluminación, además de conducir con las luces del vehículo apagadas, con evidente desprecio por las consecuencias que pudiera generar en la integridad y vida de las personas que en ese momento se hallaban en el aparcamiento en el curso de su trayectoria, que en ningún momento trató de esquivar o evitar, circulando siempre recto ".

Aduce el recurrente que no existe prueba de cargo suficiente acreditativa de las circunstancias en que se produjeron los hechos, haciendo una personal e interesada valoración de las declaraciones efectuadas en el juicio por los diversos testigos comparecientes. Sin embargo, la fundamentación fáctica de la sentencia es contundente, reseñando que las concretas circunstancias en que el acusado Alejo condujo el vehículo sustraido, Opel Astra matrícula E-....-AJ de color rojo, por los viales del aparcamiento de la discoteca "Pirámide" de Cabanes, las describió gráficamente al Tribunal el testigo Luis María (F. 290-291 Rollo) cuando dijo que "el coche comenzó a circular a gran velocidad por el parking, atropellando a varias personas, apartándose la gente como podía". En el mismo sentido, Romeo , que fue atropellado por el vehículo conducido por el acusado, dijo en el plenario que "escuchó el coche revolucionado, que le golpeó con el faro en la pierna sin poder evitarlo y que circulaba con las luces apagadas" añadiendo que "había mucha gente en el aparcamiento y el coche iba recto, sin esquivar a las personas". También los hermanos del otro atropellado, el fallecido Eutimio , que estaban en el aparcamiento junto a su hermano cuando se produjeron los hechos, dijeron a la Sala (F. 297 Rollo) que "no vio que el atropello, aunque sí al coche de color rojo que circulaba muy rápido donde había mucha gente" en palabras de Gustavo , y que "vio el coche con las luces apagadas" afirmó Marcial . Incluso los jóvenes que acudieron a la discoteca acompañando al acusado Alejo , Segundo y Luis Francisco coincidieron en afirmar que había una gran cantidad de personas en el aparcamiento de dicha discoteca, circunstancia ésta que, por lo demás, era evidente por cuanto se estaba celebrando desde la tarde del día anterior en dicho aparcamiento la fiesta anual denominada "Summer Rave" que atraía a multitud de jóvenes a dicho lugar, lugar en el que, dada la hora en que se produjeron los hechos - entre la 1,30 y la 1,40 horas de la madrugada- y la escasa iluminación que existía, la visibilidad era ciertamente reducida.

Asimismo, resulta cumplidamente demostrado que el acusado Alejo , al volante del vehículo marca Opel Astra matrícula E-....-AJ atropelló en su marcha a Eutimio y Romeo , causando la muerte del primero y lesionando de gravedad al segundo: a) Así lo ha declarado Luis María en el juicio (F. 290-291) que vio como "el coche comenzó a circular a gran velocidad por el parking, atropellando a varias personas"; b) Hay tres testigos de referencia que corroboran estos atropellos, los prestados por Segundo (F. 293 Rollo), Luis Francisco (F. 294 Rollo) y Bartolomé , los cuales manifestaron que el propio acusado Alejo les había reconocido que "había robado un coche para volver y que se había llevado (atropellado) a gente por delante"; c) Los hermanos del fallecido, Gustavo y Marcial , testificaron en el plenario que, aunque no vieron al conductor, sí pudieron observar el vehículo de color rojo que atropelló a su hermano, que circulaba muy rápido y con las luces apagadas; d) El segundo de los atropellados, Romeo , dijo en el juicio que el vehículo era un Opel Astra de color rojo y que le golpeó en la pierna, causándole "la fractura del tercio medio de la tibia derecha" tal y como refleja el parte del servicio de urgencias del Hospital General (F. 927) y consta en el informe de sanidad de los médicos forenses Ildefonso y Ruth de 2 de abril de 2009, ratificado en el acto del juicio; y e) Finalmente, el informe de autopsia de fecha 25 de agosto de 2008 (F. 192 y 193) emitido por los médicos forenses Bernarda y Graciela , luego ratificado en acto del juicio (siendo sustituida Doña. Graciela por Doña. Ruth ) revela cómo a consecuencia del atropello sufrido, Eutimio sufrió, entre otras lesiones, un "traumatismo craneoencefálico severo" que le causó la muerte el día 19 de agosto de 2.008.

Acierta de pleno el Tribunal a quo cuando sobre estos presupuestos fácticos debida y cumplidamente acreditados, los integra, en primer lugar en el art. 384 C.P ., puesto que, ciertamente a) no hay duda sobre el hecho de que Alejo conducía un vehículo de motor, en concreto un Opel Astra matrícula E-....-AJ ; b) que circular con este vehículo por los viales del aparcamiento de una discoteca escasamente iluminados, por la noche, con gran cantidad de gente en los mismos, con las luces del vehículo apagadas y a gran velocidad constituye una temeridad manifiesta, es decir una conducta caracterizada por su osadía, atrevimiento o audacia, contraria desde luego a la prudencia y a la sensatez; aunque realizada sin intención (dolo directo de primer grado) de causar mal a ninguna de las personas que se hallaban en el lugar. Hubo temeridad manifiesta en un comportamiento agresivo y violento; c) Asimismo, concurrió también el elemento del peligro para la vida o integridad física, concretado en las personas que se encuentran de pie hablando o consumiendo bebidas en los viales del aparcamiento de la discoteca. Y d) Por último, consideramos que concurrió también el elemento subjetivo del injusto, pues Alejo actuó "con consciente desprecio por la vida de los demás", quedando afectada la seguridad colectiva en cuanto realizado contra la seguridad del tráfico en la perspectiva de generalidad antes expuesta.

La conducción temeraria y con manifiesto peligro para la vida e integridad de las personas llevada a cabo por el acusado Alejo en el aparcamiento de la discoteca "Pirámide" conllevó los atropellos de Eutimio y de Romeo , el primero supuso el fallecimiento del atropellado y el segundo la causación de lesiones graves, conductas éstas que estima la Sala deben ser calificadas como delitos dolosos de homicidio, el primero consumado y el segundo en grado de tentativa, ambos por "dolo eventual" de su autor, lo que conduce a la aplicación del art. 138 del Código Penal y no, como sostuvo la defensa del acusado, los artículos 142 y 152 del Código Penal concernientes al homicidio y lesiones imprudentes.

La doctrina jurisprudencial ( SSTS, Sala 2ª núm. 83/2001, de 24 de enero [rec. 368/1999 ], núm. 279/2004, de 27 de febrero [rec. 985/2003 ] STS, Sala 2ª, núm. 401/2008, de 10 de junio [rec. 10992/2007 ] ha admitido la existencia del dolo eventual cuando el autor somete consciente y voluntariamente a las víctimas a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de controlar, aunque no persiga el resultado típico ni lo prevea como consecuencia necesaria.

En el caso enjuiciado, el relato de hechos probados refleja como ya se ha dicho que el acusado conducía el automóvil marca Opel Astra matrícula E-....-AJ con las luces apagadas y a gran velocidad, por uno de los viales interiores del aparcamiento de la discoteca "Pirámide" escasamente iluminado siendo de noche sobre la 1,30 ó 1,40 horas de la madrugada, lugar en el que se encontraba una multitud de personas, en su mayoría jóvenes en esparcimiento que hablaban y consumían diversas bebidas, lo que determinó que los peatones que llegaron a apercibirse de la presencia del vehículo tuvieran que desplazarse de la calle para evitar ser atropellados, pues el conductor del vehículo en ningún momento trató de esquivarlos, conduciendo siempre recto. Con ello debe admitirse que el conductor de dicho vehículo, el acusado Alejo era consciente de que estaba originando un altísimo riesgo de que se produjera el atropello y la muerte de alguna de las personas que se encontraban en dicho aparcamiento. Y no cabe pensar que tuviera la seguridad de controlar dicho riesgo. Todo ello cualquiera fuera el motivo que guiara su conducta, que además en el presente caso, carecería de adecuación social, como sería el escapar, por haber sustraido el vehículo que conducía. Por ello, hemos calificado los atropellos como delitos dolosos de homicidio del art. 138 C.P ., que excluye la aplicación de los arts. 142 y 152 C.P .

El reproche se desestima.

El segundo motivo, al amparo del art. 849.1º L.E.Cr ., reitera las mismas censuras casacionales ya examinadas y aduce otras. Así, la indebida aplicación de la agravante de reincidencia del art. 22.8 C.P . porque "no tratándose de un robo violento sino de un hurto de uso del art. 244.1 C.P ." no existiría la misma naturaleza con los antecedentes penales anteriores por delitos de robo con fuerza en las cosas y por delito de robo con violencia e intimidación en las personas.

Declarada la corrección jurídica de la calificación efectuada en la sentencia impugnada sobre la sustracción del vehículo como delito de robo de uso con violencia en las personas, la reclamación casacional queda sin sustento alguno y debe ser rechazada.

Se considera también infringido por inaplicación el art. 242.3 C.P ., porque -se dice- aún considerando que la violencia ejercida por el acusado fuera anterior, coetánea o sobrevenida al acto de apoderamiento y que además esa violencia estuviera en relación de medio y causa en cuanto al resultado final de las lesiones, debió de aplicarse ese número 3 del art. 242 ya que el propio Tribunal ha considerado que esas lesiones constituyen falta, se limitan "a policontusiones y escoriaciones", y además no revisten la entidad necesaria para ser consideradas como graves.

La pretensión es inacogible. No cabe calificar de violencia menor al hecho de arrastrar al propietario del coche sustraido cuando éste trataba de impedirlo, asido a la ventanilla y circulando a gran velocidad hasta que se desprendió de su asidero cayendo al suelo. No sólo la acción contra la víctima es objetiva y notablemente violenta, sino con patente potencialidad de ocasionar graves resultados lesivos a la misma, aunque en el caso éstos no fueran especialmente importantes, pues como consecuencia de la caída y de que tras ella el coche le pasara una de sus ruedas por encima de su pierna, lo que le produjo policontusiones en pierna izquierda, rodilla derecha y rama mandibular izquierda, así como escoriaciones por abrasión en región dorsal, que precisaron para su sanidad de una primera asistencia facultativa sin necesidad de tratamiento médico o quirúrgico posterior, de las que curó sin secuelas a los cuarenta y cinco días, estando impedido para sus ocupaciones habituales durante veinticuatro días .

De la descripción de los hechos que se declaran probados en la sentencia se desprende con claridad que las lesiones sufridas por la víctima al tratar de impedir la consumación del apoderamiento de su coche, son consecuencia directa de la acción del acusado tendente a desembarazarse de aquél acelerando la velocidad para desprenderse del estorbo que dificultaba su propósito depredatorio, y, desde luego, debe responder de los resultados lesivos de esa conducta a título de dolo al ser consciente de la alta probabilidad de las consecuencias de su acción (previsión del resultado) y, no obstante, acepta éste consciente y voluntariamente.

La última alegación impugnativa de este motivo casacional sostiene la indebida "inaplicación del art. 21.1º y 21.2º C.P ., en relación con el art. 20.2º del mismo texto".

La censura, que se introduce por el cauce del error de derecho del art. 849.1º L.E.Cr . y que, por lo tanto debe someterse estrictamente a la declaración de Hechos Probados de la sentencia, no puede ser acogida en tanto que los datos del relato histórico no lo permiten, puesto que lo que allí se expone es que el acusado ".... era consumidor de cocaína y alcohol pero que en el momento de la ejecución de los hechos no consta tuviera alteradas sus facultades volitivas e intelectivas a consecuencia de aquellas sustancias o de la carencia de las mismas".

Esta censura se complementa con la que se alega en base al error de hecho en la apreciación de la prueba del art. 849.2º L.E.Cr ., a cuyo efecto el recurrente invoca "un segundo bloque [de documentos] que agruparía el resto de los folios que se enumeran y que se corresponden con los informes médicos de diferentes instituciones públicas o concertadas sobre la situación de toxicomanía y drogodependencia del acusado", de los que se dice que el Tribunal "simplemente no los ha tenido en cuenta" y, concluye, "todo ello puesto en relación con los testimonios [del acusado y sus amigos allí presentes] de cual era la capacidad volitiva del acusado en el momento de los hechos ....".

Al respecto cabe señalar que no es cierto que el Tribunal haya hecho exclusión de tales documentos en la fundamentación jurídica de la sentencia del mismo modo que ha de reiterar una vez más que las declaraciones del acusado y testigos no tienen la condición de documentos para fundamentar un motivo por "error facti" del art. 849.2º .

Debe también subrayarse que la invocación a "diversos informes" y a informes médicos que obran a los folios 275 a 277, sin más precisiones, no cumplimenta la exigencia procesal de designar los particulares de los mismos que eventualmente pudieran acreditar de la manera indubitada exigida por la jurisprudencia los datos equivocadamente no incorporados a la narración fáctica. Todo ello al margen de que la ausencia en el Juicio Oral de los emisores de tales informes impidió una efectiva contradicción sobre el contenido y alcance de la afectación de las capacidades intelectivas y volitivas del acusado al momento de los hechos.

Por ello este Tribunal debe respaldar la decisión de la Sala sentenciadora al responder a la pretensión de la defensa del acusado que alegaba que éste al tiempo de cometer la infracción, se hallaba en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y estupefacientes, y en cualquier caso era adicto a las sustancias que se han referido.

La sentencia se expresa en términos jurídicamente correctos y convincentes al exponer que en el presente caso, consta suficientemente demostrada la toxicomanía del acusado, al quedar probada su adicción a la cocaína y al consumo abusivo de alcohol con los distintos informes de la UCA El Grao de Valencia (F. 140), de UVDAD (F. 142-145) y de "Las Acacias" del Proyecto Vida (F. 146-149) donde se describe su diagnóstico de dependencia a cocaína y alcohol con patrón de atracón y dependencia a cannabis, dependencia de tres-cuatro años de evolución en cuanto comenzó en tales consumos a los 19 ó 20 años y contaba 23 años cuando se cometieron los hechos ahora juzgados. También podemos estimar justificado, aunque sea sólo atendiendo a las propias manifestaciones del acusado y los amigos que le acompañaban la noche de los hechos ( Segundo y Luis Francisco ), que todos ellos habían consumido varias bebidas alcohólicas y algunas sustancias tóxicas, sin poder saber su cantidad ni las concretas sustancias consumidas.

Ahora bien, como reitera la jurisprudencia (por todas la STS, Sala 2ª, núm. 209/2009, de 4 de diciembre [rec. 10335/2009 ] no basta la consumición de una o varias sustancias estupefacientes o psicotrópicas para considerar aplicable una circunstancia atenuante por drogadicción, y con mayor una eximente; lo que importa es el efecto concreto en las facultades psíquicas del sujeto activo del delito, algo de lo que habría quedado algún signo o síntoma en el propio momento de la comisión del delito o en esas horas o días siguientes al mismo, y nada de ello se ha demostrado en el presente caso.

Por lo tanto, aunque pueda admitirse que el procesado había consumido varias bebidas alcohólicas o consumido drogas, lo que no nos consta en modo alguno es que tal ingesta causara en el procesado una perturbación importante, aunque sin llegar a anularla, de su capacidad de comprensión o de actuación conforme a ella, ni tampoco que viera alteradas sus facultades volitivas o intelectivas a consecuencia de aquella ingesta de sustancias o por la carencia de las mismas, máxime teniendo en cuenta que, dada la notoria y palmaria gravedad de la conducta del acusado y de la manifiesta antijuridicidad de la misma, sólo una muy profunda merma de sus facultades de conocer la gravedad de la ilicitud de sus actos, o de actuar de otro modo, podría cimentar la semieximente reclamada, y estos extremos, se repite, no han quedado acreditados, faltando en cualquier caso la demostración de la conexión causal entre la adicción a las drogas o al alcohol y la actuación delictiva realizada que exige el art. 21.2ª C.P ., pues ni ha quedado debidamente probado que la drogadicción del acusado fuera "grave" ni tampoco que los hechos realizados por el acusado puedan ser calificados como delincuencia funcional, es decir, cuando "exista una relación entre el delito cometido y la ausencia de droga que padece el agente, de forma que la finalidad de aquél sea aliviar el síndrome causado por la drogodependencia" ( STS de 27 de enero de 2004 ) de manera que la grave adicción se erija en el móvil de la conducta delictiva ( STS de 8 de noviembre de 2005 ), o sea "una relación causal entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el sujeto" ( STS de 29 de enero de 2.008 ), de suerte que "la atenuación [del art. 21.2 C.P .] exige que el impulso para satisfacer la adicción sea el único o, al menos, el principal motivo de la actuación delictiva" ( STS de 8 de abril de 2.009 ).

El motivo debe ser desestimado.