STS 1088/2010, 20 de Diciembre de 2010

En el primer ordinal el recurrente al amparo del art. 5-4 LOPJ. y 852 L.E.Cr. alega infracción del derecho a la presunción de inocencia regulado en el art. 24-2 C.E .

1. La queja la estructura en cuatro apartados, en base a los cuales -según su opinión- no podría jamás condenarse al mismo, ya que la posesión de seis tarjetas falsas sin más no justifica la condena impuesta. Los argumentos son:

   1. el censurante fue simple receptor de las tarjetas, pero ningùn dato existió de que las falsificara o interviniera en el proceso de falsificación. La simple posesión de tarjetas ha sido considerado por la doctrina de esta Sala II atípica, salvo que se acredite la connivencia con el falsificador.

   2. no se ha probado la finalidad típica de distribuir esas tarjetas a terceros.

   3. las tarjetas intervenidas -según confesión de su tenedor: el recurrente- tenían por objeto el uso personal exclusivamente, que por cierto nunca llegó a materializarse.

   4. jamás fue investigado por la policía, ni se intervino el teléfono ni se practicó ningún registro, siendo su detención fortuita.

2. Los alegatos formulados no excluyen la existencia de pruebas, en parte directas o en parte indirectas, de las que se acredita el concierto, conexión o connivencia con Gallito y Cristobal , los cuales integraban un grupo con reparto de funciones o cometidos de los que por el principio del dominio del hecho deben responder, conforme a la imputación recíproca que se hace de todo el proceso de falsificación de tarjetas y obtención de los frutos o beneficios de tales falsedades.

   De las pruebas resulta:

   1. el hecho objetivo y reconocido de la posesión de las seis tarjetas falsas.

   2. por las conversaciones telefónicas, unidas a seguimientos y vigilancias, se sabía que en un determinado lugar y en determinada hora se iba a producir esta entrega (testimonio de los policías).

   3. en particular el agente nº NUM024 declaró en esencia que ".... él dirigió la detención de los acusados, que a través de las escuchas tenía conocimiento de un pase de tarjetas en la cafetería indicada donde se produjeron las detenciones. En dicha cafetería estuvieron los tres detenidos y él observó a través de las cristaleras que se pasaban un pequeño paquete, participando en la detención de Eugenio y en su registro corporal, encontrándole un puñado de tarjetas, a nombre de otras personas; eran tarjetas internacionales. Añade que, con anterioridad, Eugenio había sido visto en compañía de Pablo Jesús ), pero no sabían quien era, y que no se consideró necesario proceder al registro de su domicilio porque aquél era un simple receptor que iba a hacer compras con esas tarjetas".

   4. también el agente nº NUM025 -como puntualiza el Fiscal- declaró en juicio que "realizó la vigilancia en la cafetería Rincón de Alba, el día 10 de mayo de 2005, iniciando en Delicias el seguimiento de Pablo Jesús hasta la cafetería, viendo allí como aquél intercambiaba un paquete del tamaño de tarjetas a otras dos personas, ello en el interior de la cafetería, informando de ello al jefe del dispositivo, procediendo a su detención".

   5. el jefe del operativo (nº NUM026 ) por su parte afirmó en el plenario que "todo empezó a raíz de unas detenciones anteriores analizando la información, y se sometió a la gente a vigilancias y seguimientos, concretándose la actividad de estas personas. Eran dos grupos pero estaban conexionados. Dentro de cada grupo unos se encargaban de los datos de las bandas magnéticas, pasándolos luego a otras personas que se encargaban de confeccionar las tarjetas, y de ahí iban a otras que hacían uso de las mismas entre las que se encuentra el recurrente. Que el 10 de mayo de 2005 se procedió a la detención de estas personas en un bar donde iba a producirse una reunión, aunque él no practicó personalmente la detención.

   6. el testimonio de este último agente, instructor de las diligencias, es confirmado en cuanto al cometido del recurrente, por su propia confesión, según la cual las tarjetas eran para su uso personal. Pero además admitió que conocía a Gallito y entabló amistad con él, encontrándose con el mismo cuatro veces.

   7. junto a estos datos los dictámenes periciales de la falsedad de las tarjetas y las técnicas del falseamiento.

   8. la entrada y registro en los domicilios, uno propio y otro utilizado por Gallito (testimonio de policías:seguimientos y vigilancias), correspondientes a las DIRECCION001 y DIRECCION000 de Madrid, en las que fue habido un arsenal de material, adecuado para llevar a efecto las falsificaciones.

   De todo estos datos debidamente acreditados, es conforme a las reglas de la lógica y experiencia concluir que el acusado se hallaba en directa relación con Gallito , del cual recibió las tarjetas para obtener sus frutos (dinero, artículos o servicios) para distribuir entre los partícipes. El delito no es de "mano propia" y si el acusado recibe esas tarjetas falsas para usarlas y no paga nada por ellas, es evidente que se halla en connivencia con Gallito , pues no se explica de otro modo que el falsificador lleve a cabo esta ilícita actividad para regalar las tarjetas a terceros, sin obtener beneficio alguno y el recurrente nunca afirmó que pagara nada por ellas. El recurrente sabía de la actividad de Gallito , que la aceptaba y asumía y Gallito debía servirse, dentro del concierto, de otras personas para culminar sus propósitos delictivos compartidos por los tres acusados.

   El motivo ha de rechazarse.

Con sede en el art. 849-1º L.E.Cr . el acusado estima indebidamente aplicado el art. 386-1º C.Penal .

1. Las razones de la indebida aplicación se reducen a dos: la ausencia de referencia en hechos probados a que el acusado haya participado en la falsificación o alteración de las tarjetas y en segundo lugar que el factum sólo afirma la posesión de unas tarjetas falsas, que únicamente integraría la tipicidad de la tenencia, que no fue objeto de acusación, y ello siempre y cuando se acreditara que su destino es la expendición a terceros, lo que no ocurre.

2. Aunque directamente la sentencia no describe ninguna actividad encaminada a falsificar las tarjetas, su sola falsificación, sin llevar a cabo actos de expendición, carecería de sentido, y si bien es cierto que de forma expresa en el factum no se explicita el concierto o connivencia, dicho concierto se infiere de los propios términos del mismo y se relata más detalladamente, con valor fáctico, en la fundamentación jurídica (Fud. 2º ap. B).

En este sentido el recurrente forma parte del grupo constituído por Pablo Jesús y Cristobal , estimando probada la sentencia la relación del recurrente con los otros dos acusados rebeldes ( Pablo Jesús y Cristobal ) con los que fue detenido en la misma ocasión y en posesión de seis tarjetas de crédito falsas, y considera que las relaciones y contactos personales entre los acusados, quedan acreditados mediante los seguimientos y vigilancias policiales y el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas, relaciones cuya base era la dedicación de todos a la falsificación de tarjetas de crédito y documentos de identidad que sirvieran de sustento a la utilización de las primeras.

Con ello se quiere expresar que existía un acuerdo entre sus componentes para la falsificación de tarjetas de crédito que después pudieran ser utilizadas, lo que le responsabiliza al realizar un cometido dentro del organigrama de actos falsarios y obtención de beneficios, cayendo de lleno su conducta en el ámbito del art. 386.1 C.P .

El motivo ha de rechazarse.

En el correlativo ordinal, a través de la vía procesal prevista en los arts.5-4 LOPJ y 852 L.E.Cr., el impugnante estima infringido el art. 24-2 C.E . (presunción de inocencia) en relación al art. 18-3 también de nuestro texto constitucional .

1. La censura planteada es consecuencia de haber infringido el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, que arrastraría, de conformidad al art. 11.1 LOPJ ., la nulidad de las mismas y con ello quedarían huérfanos de prueba los hechos imputados, ya que la detención del recurrente procedía directamente de los resultados de tales conversaciones grabadas. Justifica la legitimación de la protesta a pesar de no haber intervenido un teléfono cuya titularidad o uso ostente el propio recurrente.

   La nulidad de las intervenciones derivarían de la inexistencia de una investigación previa de la Brigada provisional de la Policía Judicial, que se limitó a describir el modus operandi de alguno de los implicados. Todo ello -en su opinión- afectaría al juicio de necesidad como parte esencial del juicio de proporcionalidad, que requiere ponderar la existencia de medios alternativos de investigación. De no respetar tales principios la medida injerencial quedaría descartada al convertirse en un medio de prevenir o descubrir delitos (medidas prospectivas).

2. En primer término es justo reconocer el derecho que el recurrente tiene a cuestionar unas intervenciones telefónicas que repercutían directa o indirectamente en la obtención de pruebas de cargo, en las que se ha basado su condena, aunque no se haya intervenido telefónicamente ningún terminal de su pertenencia.

   En lo demás la queja no responde a la realidad, porque previamente existieron una serie de vigilancias y seguimientos, detectando el mantenimiento de contactos entre personas determinadas en fechas precisas, indicativo de un intento de organizar un grupo de individuos con fines de falsificación. Ello fue advertido en las vigilancias cuando los sospechosos (entre los que se encontraba Gallito ) se pasaban pequeños paquetes de ida y vuelta. A ello se añadían datos harto elocuentes e indiscutibles por su objetividad, como eran las detenciones previas (señalada la fecha) de alguno de los sospechosos, en poder de un buen número de tarjetas falsas.

   Todo ello se describe en el factum (véase folio 6 de la sentencia) y sobre esa base se emitió el dictamen favorable del Fiscal y se acordó el auto habilitante, que en modo alguno puede calificarse de prospectivo.

   Por lo demás, el juicio de necesidad era evidente ante la dificultad extrema de desentrañar los movimientos sospechosos de los implicados para poder intervenir las tarjetas y detectar los lugares donde éstas se falsificaban, así como las personas integrantes del grupo consorcial de presuntos falsificadores.

   La regularidad constitucional y procesal de las intervenciones quedan fuera de toda duda.

   El motivo ha de claudicar.

Con base en el art. 849-1º L.E.Cr. y 5-4 LOPJ., se estima violado el art. 24 de la Constitución que consagra el principio de presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.

1. El recurrente entiende que el contenido de las escuchas telefónicas debe carecer de eficacia probatoria ya que Lázaro y Luis Carlos impugnaron las intervenciones y reiteraron la impugnación en el plenario y a pesar de ello las grabaciones no fueron objeto de audición íntegra, lo que hizo que no fueran adecuadamente introducidas en el debate probatorio. Tampoco consta por su inconcreción que los agentes que intervinieron en su grabación confirmaran las mismas, al ignorar en que parte de aquéllas tuvieron intervención. Tampoco intervino el intérprete, a pesar de que no consta que los policías entendieran el idioma rumano.

2. Sobre tal censura casacional hemos de tener presente los siguientes datos, como apunta el Mº Fiscal, en base a los cuales la pretensión impugnativa deviene inatendible. Estos datos son los siguientes:

1. la adveración de las transcripciones se llevó a cabo por el fedatario judicial mediante la diligencia obrante a los folios 1522 a 1524 del Tomo III de la causa.

2. como reconoce el propio recurrente, su defensa no impugnó el valor de las transcripciones telefónicas, lo que revela que no observó en ellas infracción constitucional o legal alguna.

3. en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal (folios 93 y ss. del Tomo I del rollo de la Audiencia), se propuso como prueba documental los folios relativos a las transcripciones de las conversaciones telefónicas, a cuya prueba se adhirieron alguna de las defensas, sin que por parte alguna se propusiera la audición de las citadas grabaciones, razón por la cual no se procedió a dicha audición en el acto del plenario, dándose por reproducida la prueba documenstal por el Ministerio Fiscal y por la defensa del recurrente, siendo impugnados en dicho trámite los documentos relacionados con escuchas telefónicas atribuidas al acusado Luis Carlos , por su defensa, lo que también hizo la defensa del acusado Lázaro , circunstancias que no afectan al recurrente.

Por lo tanto, no se puede alegar ahora la falta de audición de las grabaciones telefónicas, ni tampoco la falta de comparecencia del intérprete que intervino en la transcripción, no propuesto por ninguna de las defensas.

El motivo se rechaza.

Recurso de Lázaro .

El primero de los motivos lo dedica a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24-2 C.E .), sin citar cauce procesal , que lógicamente tendría su encaje en el art. 5-4 LOPJ y 852 L.E.Cr.

1. Sobre el derecho invocado y su vulneración se hacen tres afirmaciones que impedirían la desvirtuación de la presunción de inocencia:

   1. en primer lugar las grabaciones telefónicas carecen de valor probatorio al no haber sido escuchadas en el plenario.

   2. en segundo término el intérprete de rumano no ha sido traído a juicio y según el agente nº NUM024 dicho intérprete no conocía físicamente a los interlocutores ni tampoco disponía de ninguna voz indubitada de los acusados.

   3. por último no se ha acreditado que el teléfono número NUM014 le perteneciera.

2. Respecto a la falta de audición de las grabaciones en juicio y la no intervención en el mismo de la traductora hemos de insistir, como ya anticipamos en el recurso anterior, que la adveración de las transcripciones se efectuó por el fedatario judicial mediante la diligencia de los folios 1522 a 1524 de la causa y en ella se hace constar que tanto las conversaciones escuchadas por la Secretaria como por la intérprete (Doña Silvia ) eran correctas, siendo de significar que mediante providencia del folio 1518 anterior se había oficiado al Servicio de Traductores de la Secretaría de Gobierno para que facilitaran al Juzgado un traductor de rumano al objeto de proceder a la escucha de la CdŽs a presencia del Secretario Judicial. Después, como ya se señaló con anterioridad, ninguna defensa instó la presencia de aquella interprete para que compareciera al acto del plenario, ni tampoco que fueran escuchadas las grabaciones en dicho acto.

   Respecto al teléfono cuya titularidad o uso niega, consta su intervención mediante auto de 10-5-2005 (folios 89 y ss del tomo I de las diligencias), aunque en dicha resolución se decía que era utilizado por el acusado Luis Carlos , si bien en el oficio policial de 24 de dicho mes y año (folios 242 y ss. del mismo tomo) se indicó que dicho teléfono era también usado por Corretejaos (alias del recurrente), como se puso de manifiesto mediante la reseña de llamadas efectuadas el día 20-5-2005 por el citado Corretejaos a Zapatones (alias del acusado Capazorras ), que se señalan en el folio 349 del tomo II de la causa, en donde también se mencionan los mensajes que se recibieron en dicho teléfono cuyo usuario se dice que es Pedro Jesús , alias Corretejaos .

3. Salvados los obstáculos precedentes habría que preguntarse si existió suficiente prueba de cargo, debidamente valorada para justificar la condena impuesta. En este punto debemos recordar que con motivo de la detención del recurrente se hace constar que con la filiación de Pedro Jesús ha sido detenido por estafa en el año 2003, y al folio 397 del Tomo II se constasta por la policía que de diversas conversaciones telefónicas se ha puesto de manifiesto que el recurrente, alias Corretejaos , recibe numeraciones de tarjetas de crédito en su teléfono vía SMS desde Rumanía (adquiridas de forma fraudulenta vía Internet a través de Rusia), y que ha sido objeto de diversas vigilancias por los agentes que allí se indican, teniendo numerosos antecedentes por falsificación de tarjetas (los que se detallan en la diligencia correspondiente). En el acto del plenario depusieron los agentes que intervinieron en aquellas vigilancias, manifestando el nº NUM024 que Pedro Jesús se reunía con Arcadio y Luis Carlos en la vía pública y que en alguna ocasión vieron a Arcadio acompañado de Lázaro y lo subían al piso de Arcadio , y que el recurrente era conocido como " Corretejaos " y Arcadio como " Zapatones ". El agente nº NUM027 manifestó también que hizo varios seguimientos a Lázaro conocido como Corretejaos , el cual se veía con Arcadio y le siguieron hasta Esquivias.

   Si a todo lo expuesto se añade el contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas por el impugnante, suficientemente explicadas por la sentencia, se reune un acervo probatorio de cargo suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

   El motivo debe rechazarse.

Por renuncia del segundo, en el motivo tercero, vía art. 849-1º L.E.Cr . (corriente infracción de ley), se estiman indebidamente aplicados los arts. 386-1º y 387 C.Penal .

1. En el desarrollo de esta queja hace constar que el móvil ocupado al recurrente nada tiene que ver con otros dos números que a él se le atribuyen; que en ningún folio de la causa aparece la ocupación de ninguna tarjeta o similar, ni elementos o maquinaria de fabricación de los mismos y nada de ello aparece en el registro de su domicilio de Esquivias (Toledo). Tampoco le incriminan los testimonios de los demás coacusados o de personas implicadas en la causa como Marcial , Juan Alberto y Cesar , sobre los que recayó acusación.

2. El planteamiento del motivo lo aboca al fracaso. Cuestionándose la aplicación de un precepto penal sustantivo, el recurrente se halla obligado a respetar en todo su contenido, orden y significación los hechos probados (art. 884-3 L.E.Cr .), circunstancia que sería suficiente para rechazarlo ya que pone en entredicho la descripción fáctica de lo ocurrido, referida al mismo.

Para justificar la aplicación débese acreditar que en la descripción de los hechos probados se contempla la conducta delictiva por la que se condena. En dicho relato se afirma que el recurrente, con los también acusados Capazorras y Luis Carlos , y otras personas ajenas a esta resolución, se dedicaban a la falsificación de tarjetas de créidto, que luego utilizaban adquiriendo bienes y servicios u obteniendo con ellas dinero, describiéndose a continuación el método empleado para ello, y en concreto se consigna que el recurrente recibió en su teléfono NUM014 el día 17 de mayo de 2005, treinta y dos números en seis mensajes SMS, remitiendo ese mismo día el recurrente al telefóno de Arcadio treinta números en diez mensajes SMS, y en los días 18, 19 y 20 siguientes, recibió aquél en el mencionado teléfono treinta y dos numeraciones en doce mensajes SMS, remitiendo el día 20 dieciseis a Arcadio y nueve a Luis Carlos .

El recurrente recibía las numeraciones de tarjetas auténticas que luego remitía a los otros acusados por vía telefónica y desde línea de titularidad no identificada, numeraciones que eran después utilizadas, mediante material técnico-informático adecuado, para la confección de tarjetas de crédito falsas.

La conducta del recurrente, a la vista de dicho relato fáctico es correctamente subsumible en el art. 386-1º en relación con el 387 del Código Penal , al tratarse de un supuesto de fabricación de moneda falsa, pues la facilitación de las correspondientes numeraciones para la confección de las tarjetas falsas por los otros acusados, constituye una cooperación necesaria en el hecho falsario, ya que aquella aportación era determinante e imprescindible para ello.

Consecuentemente el motivo ha de decaer.

Por renuncia al cuarto, en el motivo quinto se alega predeterminación del fallo con base al art. 851-1º L.E.Cr .

1. En cuatro escuetas líneas el recurrente dice: "Efectivamente, los hechos probados de la sentencia objeto de recurso, en concreto el segundo 2, predeterminan el fallo inexcusablemente, a la vista de todo lo anteriormente expuesto en los precedentes motivos de este recurso y muy en concreto el motivo primero y que en aras a la brevedad y economía procesal que debe revestir todo recurso, damos por íntegramente reproducido".

2. En ese confuso alegato no se alude a ninguna predeterminación del fallo, ya que en el relato probatorio se lleva a cabo una descripción de la mecánica falsaria y de la participación en la misma del recurrente, sin que en ello se deslicen expresiones o frases jurídicas que definan o den nombre a la esencia del delito, sustituyendola por lo que debe ser su historificación real. Por lo demás, los términos empleados son asequibles a cualquier persona, al tratarse de expresiones propias del lenguaje común.

El motivo debe claudicar.

Recurso de Arcadio .

El motivo primero lo encauza a través del art. 852 L.E.Cr. y 5-4 LOPJ. estimando infringido el art. 24 C.E .

1. Sostiene el recurrente que se ha infringido su derecho a la presunción de inocencia, porque la sentencia carece de una mínima actividad probatoria de cargo para sustentar su condena. En este sentido alega:

   1. que los objetos que realmente le fueron ocupados eran objetos personales (permiso de conducir internacional a su nombre, billetero, reloj y permiso de conducir rumano también a su nombre), pues el resto de objetos intervenidos se encontraban en el vehículo, sin conocimiento del mismo (trabajaba como chófer cuando fue detenido).

   2. tampoco se ha acreditado que interviniera en las conversaciones telefónicas, ya que no ha existido en el procedimiento prueba de "voz indubitada" del mismo.

   3. asimismo, tampoco puede atribuírsele lo intervenido en la vivienda de DIRECCION002 de Alcalá de Henares, pues allí únicamente ocupaba una sola habitación, estando el resto de las estancias ocupadas por otras personas.

   4. tampoco era domicilio suyo el que se le atribuye de DIRECCION003 de San Fernando de Henares.

   5. no hay dato alguno de intercambio de mensajes con Pedro Jesús .

   6. no se ha acreditado que en algún momento se le hayan intervenido vídeos o fotografías que permitan a la policía su identificación.

2. Las afirmaciones y aseveraciones impugnativas son simples opiniones o interpretaciones de la prueba que hace el recurrente, función hermeneútica que no le compete. Independientemente de ello, un motivo de esta naturaleza exige demostrar la concurrencia en la causa de prueba legítima, legalmente obtenida y correctamente practicda, que previa valoración por parte del tribunal con criterios de lógica y experiencia permita justificar una sentencia de condena.

   En nuestro caso el tribunal de instancia contó con las siguientes fundamentales probanzas:

   1. prueba testifical . Consta en la causa suficiente actividad probatoria de cargo de esta naturaleza que acredita el hecho y la participación en el mismo del recurrente, como reconocieron al deponer en juicio los agentes número NUM024 , NUM028 , NUM027 y NUM029 , los que manifestaron haber hecho seguimientos a Arcadio , expresando el primero que éste era el hombre de confianza de " Corretejaos ", le guardaba maquinaria, llevaba tarjetas y tenía dos domicilios, uno en Alcalá y otro en San Fernando, siendo este último su domicilio ocasional y allí le encontraron efectos. El segundo dijo haber participado en la detención del recurrente y a través de las intervenciones telefónicas se conoció que éste tenía otro domicilio en San Fernando. El agente nº NUM027 expresó en el plenario que hizo varios seguimientos a " Corretejaos ", el cual se veía con Arcadio , y que lo que sabían lo era por las intervenciones telefónicas, y el agente nº NUM029 manifestó en el plenario que participó en el registro de la DIRECCION002 .

   2. detención e intervención de efectos . El atestado correspondiente a la detención del recurrente llevado a cabo el día 6 de junio de 2005 obra a los folios 367 y ss. del tomo II de la causa y allí se reseñan los efectos que le fueron intervenidos, algunos de ellos en el maletero del vehículo Citroen Xsara mtla. ....-SBF , que conducía.

   3. registros practicados . Fueron los dos siguientes:

      1) a los folios 490 y ss. del mismo tomo obra el acta de registro del domicilio de DIRECCION002 de Alcalá de Henares; y a los folios 475 y ss. de igual tomo figura el acta correspondiente al registro del domicilio de DIRECCION003 de San Fernando de Henares.

      2) entre los efectos ocupados en el domicilio de DIRECCION003 de San Fernando de Henares se hallaron ocho tarjetas italianas de identidad falsificadas a nombre de Luis Angel y Amadeo , cuyas fotografías (que constan a folio 505 del tomo II) se correspondían con las halladas en el ordenador "Compap" ocupado al recurrente.

   4. conversaciones telefónicas grabadas . Por último, la sentencia recoge las conversaciones telefónicas mantenidas entre el recurrente y Lázaro , acreditativas de la participación de los mismos en la elaboración y uso de las tarjetas falsificadas.

      Con todo ese cúmulo de probanzas es obvio que en la causa concurrió prueba de cargo suficiente para justificar la sentencia de condena.

      El motivo ha de claudicar.

Con sede en el art. 849-1º L.E.Cr. se alega en el motivo segundo infracción de los arts. 386-1º y 387, por un lado y el 390-1º y 392 , por otro, todos del Código Penal, por resultar inaplicables.

1. El recurrente sigue en la misma línea de negar los términos en que se pronuncia el factum.

   Desconoce la titularidad o uso del teléfono NUM015 y NUM014 , así como los mensajes SMS cursados entre el recurrente y Lázaro . No aparece -según su tesis- participación alguna en actos falsarios o de alteración.

2. El enfoque del motivo ha sido desacertado, ya que en evitación de la automática aplicación de los preceptos sustantivos, partiendo de un relato fáctico inalterado, recurre a negar precisamente los hechos probados. El motivo pretende analizar los problemas técnicos aplicativos o de subsunción de los preceptos que se aplican, de marcado carácter jurídico.

   El art. 884-3 L.E.Cr . obliga a ceñirse al relato histórico sentencial, en donde se describe el material hallado en poder del recurrente, apto e idóneo para llevar a cabo las falsificaciones, algunas de las cuales fueron halladas en su poder, en particular multitud de tarjetas con banda magnética y tarjetas de identidad italianas falsificadas, datos probatorios contundentes e inequívocos de la actividad delictiva que desarrollaba. Los preceptos supuestamente aplicados de modo incorrecto no lo han sido, habiéndo hecho la Audiencia Nacinoal una regular subsunción jurídica de la conducta enjuiciada.

   El motivo ha de rechazarse.

En el motivo tercero se alega, con cita del art. 851-1º L.E.Cr ., falta de claridad en los hechos declarados probados.

1. Sostiene que el relato de hechos probados contiene una narración oscura e insuficiente, ya que no expresan tales hechos de un modo concluyente y categórico las conductas sometidas a enjuiciamiento que puedan suponer imputación sobre falsificación de moneda.

2. El motivo es retórico y no responde a la realidad. Basta con dar lectura al mismo para percatarse de forma plena el desarrollo secuencial de los hechos que cualquiera entiende y comprende. En ellos aparecen las notas previas para el posterior juicio de subsunción o calificación jurídico-penal. A la vista del material hallado en su poder y las relaciones con otros partícipes, no es difícil concluir que llevaba a cabo las actividades falsarias que se le achacan.

El motivo no puede prosperar.

Por igual vía casacional (art. 851-1º L.E.Cr .) denuncia contradicción en los hechos probados.

1. Nos dice que en el relato de hechos probados de la sentencia impugnada se produce una contradicción de dicho alcance cuando se afirma que Arcadio era el comunicante telefónico de Luis Carlos y de Lázaro , sin considerar que no se mencionan números telefónicos de los que hubiese sido ni titular ni usuario y que tampoco, al momento de su detención o del registro de su habitación sita en la vivienda de la DIRECCION002 de Alcalá de Henares, le fuese ocupado ningún teléfono móvil y por lo tanto no existe razón de tipo alguno que permitiese afirmar dichas comunicaciones telefónicas.

   Tampoco existe en el relato de hechos probados nada que permita llegar a la conclusión de que fuesen encontradas 8 tarjetas italianas de identidad falsas en su domicilio, puesto que en el ya referido domicilio, solamente fueron ocupados dos rollos de papel uno de color plata y otro transparente (hecho 1º.3 de la sentencia) y los mismos no estaban en su habitación sino en otras estancias de dicha vivienda ocupadas por otras personas sin conocimiento de su defendido, pero que en modo alguno confirmaban esta afirmación totalmente gratuita y sin respaldo probatorio de tipo alguno, ni siquiera indiciario.

2. Como se comprueba por el tenor argumentativo del motivo, la vía elegida no es la adecuada, porque no se concreta contradicción alguna gramatical o "in terminis" en el mismo factum.

   Se limita a negar la autoría de unas conversaciones, por no ser titular o usuario del teléfono -según su tesis- ni ser titular del domicilio que ocupaba, asignando habitaciones del mismo a no se sabe qué otras personas.

   Los simples alegatos exculpatorios no tienen cabida dentro de un motivo de esta naturaleza y si lo que extraña al acusado es que no se acreditan ciertos hechos (que realmente estarían acreditados) y no se explica como se le condena, el motivo aducido nunca podría ser por quebrantamiento de forma ni por infracción de ley en las dos modalidades previstas en el art. 849 L.E.Cr .

   El motivo debe rechazarse.

Con igual soporte procesal (art. 851-1 L.E.Cr .) que los dos anteriores en el quinto y último motivo alega la consignación de hechos en el factum, que por su carácter jurídico, implican predeterminción del fallo.

1. La frase predeterminante la halla en el apartado 3) de hechos probados en donde se dice: ".... no siendo el domicilio de Arcadio , pero utilizado por el mismo para la confección de tarjetas de crédito falsas".

   La predeterminación del fallo la hace derivar de que se parte de un dato incriminatorio irreal, ya que sin haber sido hallado en tal lugar se le atribuye indebidamente el uso de dicho domicilio para la falsificación de tarjetas.

2. El tribunal de instancia ha llevado al factum las circunstancias que, en atención a la pruebas practicadas, ha estimado suficientemente acreditadas. Desde luego es preciso que el factum sea el antecedente de la aplicación de un precepto sustantivo y en tal sentido todas las sentencias condenatorias disponen de un relato fáctico capaz de integrar el delito imputado.

   La predeterminación a que se refiere el art. 851-1º es de otro tipo y lo que se pretende con su previsión legal es evitar que sin acreditarse un hecho se sustituya el relato por la conceptuación jurídica del mismo, en cuyo caso, sin soporte fáctico se afirma que el acusado, verbigracia, robó, mató o falsificó, etc. por poner unos sencillos ejemplos, en lugar de describir los actos o conductas constitutivas de la realización del robo, de la muerte o del falseamiento de tarjetas o documentos de que se trate.

   En nuestro caso no existen términos, frases o expresiones en el relato histórico sentencial de carácter técnico-jurídico, asequibles sólo a juristas. Por todo ello el motivo ha de decaer.

La desestimación de todos los motivos aducidos por los recurrentes determina la expresa imposición de costas a los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 901 L.E .Criminal.