STS 384/2000, 12 de Abril de 2000

En la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Ferrol, de 9 de noviembre de 1992, se resuelve la demanda interpuesta por don Braulio, contra don Gerardo, y doña Penélope, a los fines de que se declare la validez del contrato de 30 de septiembre de 1986 y al pago de las cantidades correspondientes de los beneficios generados, así como las demás peticiones que se insertan en su "petitum", la cual, fué contestada por los codemandados oponiéndose a ella y formulado reconvención a los fines de la nulidad de mencionado documento privado de 30 de septiembre de 1986; la Sentencia de Primera Instancia estima en parte la demanda y desestima la reconvención formulada por los codemandados; apelada dicha resolución, se resuelve por Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en 9 de mayo de 1995, confirmando la resolución dictada, frente a cuya decisión se interpone el presente recurso de Casación, por don Gerardo, en base a los Motivos que a continuación se examinan por la Sala.

Son "facta" de partida, cuanto se especifica en el F.J. 3º de la recurrida, "...en dicho contrato, como dice la Sentencia apelada en su F.J. 2º, ambas partes establecieron una colaboración recíproca mediante la aportación de capital e industria para la instalación y explotación de la Oficina de Farmacia que había sido concedida por el C.O. de Farmacéuticos de Coruña a don Gerardo, en la localidad de As Pontes. Así, en el documento citado (folios 19 a 21), se pactó: que de mutuo acuerdo el Sr. Braulioy el Sr. Gerardo, procederían a concertar un contrato de arrendamiento de local, bajo, núm. NUM000de la AVENIDA000, para instalar la oficina de farmacia de que era titular el Sr. Gerardo; que acometerían las obras para el acondicionamiento e instalación de la farmacia en el local asumiendo su coste el Sr. Braulioen un 85% y en el 15% restante el Sr. Gerardo; que el Sr. Braulioprestaría su aportación personal asesorando al Sr. Gerardoen compras, gestión de almacén, administración financiera y contable de la oficina de farmacia 'en la que realizará la mitad de las guardias que oficialmente se le asignen o se hará sustituir a su cargo...'; y que, en definitiva, en contraprestación a las aportaciones económicas y personales, el Sr. Brauliopercibiría el 50% por de los beneficios netos después de deducidos los gastos e impuestos que se obtuvieren en la Oficina de Farmacia y el Sr. Gerardoconcedía al anterior un derecho de opción de compra de la oficina de farmacia a ejercitar en determinadas condiciones...".

En el PRIMER MOTIVO, se denuncia al amparo del núm. 4º del art. 1692 L.E.C., la infracción de los arts. 1261, 1º, 1265, 1266, 1269, 1300, 1301 y 1302 C.c., puesto que se dice, que el contrato de fecha 30 de septiembre de 1986, adolece de un vício de consentimiento en mi patrocinado, puesto que, "aquél plasmó su firma en ese contrato inducido dolosamente por el demandante Sr. Braulio, lo que le hizo sufrir error sobre su contenido"; que la acción de nulidad se ha ejercitado por mi mandante, obligado principal, en virtud del negocio viciado, dentro del plazo de cuatro años dispuesto en el art. 1301; el Motivo no se acoge, ya que, al margen de que no se ha aplicado para razonar la viabilidad de dicho contrato el efecto de la prescripción, la inexistencia del vicio denunciado, se razona perfectamente por la Sala "a quo" en su F.J. 4º, al decirse: "Tampoco puede aceptarse el argumento de recurso relativo a la posible existencia de vicios de consentimiento (error o dolo u otro) en el Sr. Gerardocuando suscribió el contrato contenido en el documento de 30-9-86. En realidad basta para su rechazo remitirse al F.J. 5º de la Sentencia apelada, a las propias alegaciones de recurso y a un mínimo análisis de la prueba practicada en lo concerniente al Motivo: A) El contenido del documento de 30-9-86 resulta perfectamente coherente para una intención explícita de las partes de constituir una sociedad para explotar los rendimientos de la oficina de farmacia de la que era titular y dirigía el Sr. Gerardo. B) No se entiende donde pretende la parte apelante hacer radicar el error o el dolo que esgrime tan difuso en el acto de la vista y en el proceso como que se agota en aducir que 'no leyó' las cláusulas abusivas del documento o que padecía una situación síquica y física delicadas. Sin embargo, consta que el contrato no sólo fue redactado en función de las instrucciones de ambos contratantes por el Letrado Sr. Alonso Díaz, sino que fue firmado en el despacho de éste ante dos testigos: así lo acredita la confesión del propio Sr. Gerardoal absolver las posiciones 7ª, 8ª y 10ª (folios 205 a 208) y la testifical del Letrado Sr. Torres (folios 296 a 300). Y C) Por otro lado, en lo relativo al estado de salud del Sr. Gerardo, nada valorable se ha acreditado en favor de su genérica afirmación de minusvalía física y síquica...".

Es sabido que en materia de vícios del contrato prevalece, como regla general, lo resuelto por el Tribunal de Instancia; se decía en Sentencia de 18-7-96: ""La interpretación negocial es de la propia soberanía de la Sala sentenciadora que sólo puede en casación rehusarse cuando la misma sea errónea o manifiestamente contraventora de la legalidad, entre otras en S. del T.S. de 20-12-88, se decía 'la interpretación de los contratos es función encomendada al Tribunal de instancia cuyo resultado ha de prevalecer en casación, salvo que las conclusiones obtenidas, se muestren contrarias al recto criterio o estén en pugna con las pautas legales señaladas para la tarea hermenéutica, vicios no predicables, en este caso, de la labor interpretativa realizada por la Sala de instancia, que aplica de forma expresa y acertada el art. 1281 C.c., lo que excluye la inaplicación denunciada y, la posibilidad de acudir con éxito a las reglas de investigación interpretativa de carácter secundario consignadas en el Cap. IV, Tit. II, Libro IV del C.c.' por lo que habiendo ocurrido así debe rehusarse el motivo....".

En el MOTIVO SEGUNDO se denuncia por el núm. 4º del art. 1692 L.E.C., la infracción de los arts. 43 C.E. y 6, 3º y 4º y 1271 del C.c. en relación con los siguientes preceptos integrantes del denominado derecho sustantivo farmacéutico: 1) el art. 11 de las Ordenanzas de Farmacia aprobadas por el Real Decreto de 18 de abril de 1860, desarrolladas por la Real Orden de 2 de enero de 1908; 2) el art. 1º del R.D. 909/78 de 14 de abril, regulador del establecimiento, transmisión o integración de las Oficinas de Farmacia, desarrollado por la Orden de 21 de noviembre de 1979; 3) el art. 4º de la orden de 17 de enero de 1980, sobre funciones y servicios de las Oficinas de Farmacia; 4) el art. 103, 3ª y 4ª de la ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 y 5) el art. 88 1 b) de la Ley del Medicamento de 20 de diciembre de 1990; por lo que, se sostiene que el contrato privado de fecha 30 de septiembre de 1986, es nulo de pleno derecho, por ser contrario a las normas imperativas y prohibitivas, y después de hacer un extenso análisis con transcripción de las respectivas normativas, fundamentalmente, las que contienen la regulación del llamado "Sector Farmacéutico" antes citadas, se añade que en el presente caso, las normas conculcadas son de gran trascendencia puesto que, contienen los principios fundamentales del derecho farmacéutico, entendido como aquél sector del derecho administrativo correspondiente investido de un interés público evidente, y se termina, que con el contrato en cuestión, existe una "clara ilicitud de su objeto"; el Motivo no se acepta, ya que, al margen de tener que descartar por completo la normativa de apoyo en las referidas ordenanzas específicas del sector, que, como se sabe, no son idóneas para la Casación, (la mención del art. 88 1.b) de la Ley del Medicamento de 20-12-1990, en nada afecta a la problemática del litigio, al no constatarse vulneración alguna de su supuesto normativo), en caso alguno, puede entenderse que el contrato suscrito entre las partes, no es viable y, que por tanto, vulneró norma imperativa y prohibitiva alguna, todo ello, según lo razonado, reiterativamente, no sólo por el Juzgado de Primera Instancia, (se expone en su F.J. 2º sobre el objeto del contrato "...ambas partes establecieron una colaboración recíproca mediante la aportación de capital e industria para la instalación y explotación de la oficina de farmacia que había sido concedida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña a don Gerardoen la localidad de As Pontes, pactándose en concreto cuáles eran las aportaciones de uno y otro así como su respectiva participación en los beneficios y la toma conjunta de decisiones en lo referente a la gestión, administración y venta, llegando incluso a establecerse, aunque no de una forma clara, el plazo de duración del contrato que estaría en función del derecho de opción de compra que se concedía al demandante en la cláusula D-/2"), sino por cuanto se especifica en el propio F.J. 3º de la Sentencia recurrida, esto es, cuando se habla, "...En definitiva no se conculcan en aquel documento suscrito el 30-9-86 normas administrativas, al menos en sentido imperativo alguno y que puedan viciar de nulidad el contrato y pactos contenidos en el referido documento: ni el art. 11 de las O. de Farmacia, ni el art. 1 del R.D. 909/78, ni el art. 103 de la ley de Sanidad o la en todo caso vigente con posterioridad al contrato Ley del Medicamento, como bien analiza la sentencia apelada, cuyo Fundamento Jurídico 3º, en unión de lo ahora también puntualizado, sirve de motivación suficiente para el rechazo del recurso en este sentido y sin olvidar que el pacto entre los litigantes fue un puro acuerdo entre farmacéuticos para la explotación económica de los rendimientos de una Oficina de Farmacia en la forma que ambos estimaron conveniente y favorable y respetando, además, la titularidad oficial de la misma y la realización de las actuaciones profesionales inherentes a ella del modo obligado legalmente, bien por el titular, bien por una farmacéutica sustituta contratada legalmente al efecto. Y desde luego tampoco se observa en todo ello una infracción de los arts. 1275 o 1255 del C.c. por contravenir, sino la Ley, la moral o el orden público en alguna forma jurídicamente valorable", lo cual, naturalmente ha de confirmarse.

En el MOTIVO TERCERO, se denuncia por igual vía, la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la nulidad de los contratos vulneradores de normas administrativas; por lo que, la respuesta es exactamente igual a la del Motivo anterior.

En el MOTIVO CUARTO, se denuncia la infracción del art. 1274 en relación con el 1275 del C.c., respecto a que dicho contrato contenía una causa ilícita, que tampoco prospera, tanto por cuanto se razona confirmando lo resuelto por la primera Sentencia en su F.J. 3º, por parte del Juzgado, como asimismo, por la referencia, bien contundente, del F.J. 3º 'in fine' de la Sentencia recurrida, ya que, no cabe compartir la denuncia que se hace en el Motivo, de que, las prestaciones a realizar por el Sr. Braulio, vulnerarían abiertamente la profusa legislación Sanitario/Farmacéutica, a que se ha hecho cumplida referencia en el Motivo Segundo, y que por lo tanto, según el art. 1275, es ilícita la causa, porque como se ha sostenido antes, es perfectamente viable el susodicho contrato suscrito entre las partes, esto es, según el transcrito F.J. 3º, se trataba de un puro acuerdo entre farmacéuticos, para la explotación económica de los rendimientos de una oficina de farmacia en la forma que ambos estimaron conveniente y respetando la titularidad oficial de la misma y la realización de las actuaciones profesionales del modo obligado legalmente a dicho cometido, tanto por el título, como, en su caso, por la farmacéutica que le sustituyera, tal y como se recoge en citado contrato según se ha transcrito al analizar el Motivo Segundo.

En el MOTIVO QUINTO, se denuncia por igual vía jurídica, la infracción de los arts. 1124 y 1707 C.c., y el art. 4.3º de la Orden de 17 de enero de 1980, sobre funciones y servicios de la Oficina de Farmacia, pues, ambos artículos contienen una cláusula resolutoria, la del primero aplicable a todos los contratos en general, concretándose la del segundo a los contratos de sociedad, en los que un socio puede reclamar la disolución de la sociedad si interviene justo motivo, como el de faltar uno de los compañeros a sus obligaciones. En efecto, don Braulio, se comprometió en el documento de 30 de septiembre de 1986, una vez comenzase la actividad de la Farmacia, fundamentalmente a prestar su aportación personal asesorando al Sr. Gerardoen las compras, a la gestión de almacén, y administración financiera y contable de la Oficina de Farmacia, en la que realizaría, además, la mitad de las guardias que oficialmente se le asignasen, o se haría sustituir a su cargo, y no cumplió ya desde el primer momento, estos compromisos, que tampoco se acoge, ya que, esta Orden no es idónea para montar un recurso de Casación, habiendo, pues, de confirmar cuanto se razona en las Sentencias de la Instancia (F.J. 3º de cada una), por lo cual, no es posible tildar de ilegalidad, ni de inviabilidad ni de causa ilícita, el respectivo contrato, porque además, como es sabido en tema de la calificación de los contratos y su idoneidad a efectos de consumación consecuencias y, por lo tanto, apartar cualquier posible denuncia de vícios, debe prevalecer cuanto se hace constar por la Sala sentenciadora en los términos, entre otros de la Sentencia antes transcrita y sin que sea haya acreditado que el actor, "faltó a sus obligaciones" como expresamente afirma la recurrida en su F.J. 6º, "...el demandante cumplió con sus aportaciones patrimoniales oportunas, y también con las de asesoramiento en forma suficiente, como deduce el Juzgador de Instancia de la testifical practicada, en particular del testimonio de doña Blanca, quien prestó servicios en la farmacia de autos como farmacéutica sustituta: esta testigo manifiesta (folios 270, 274 y 275) que entró a trabajar en la farmacia 5 días después de su apertura y que conoció la sociedad de explotación que sobre ella existía entre los litigantes (preguntas 1 y 2), así como que (pregunta 6) el Sr. Braulioy el Sr. Gerardo, llevaban la gestión de la oficina de farmacia conjuntamente; asimismo, esta contratación (que según certifica el C.O. de Farmacéuticos al folio 147 fue de forma indefinida, a jornada completa y para cubrir ausencias intermitentes del titular) permitió en su momento cubrir la realización de las guardias en forma oportuna y reglamentaria aunque el actor no las llevara a cabo personalmente, puesto que en el contrato de 30-9-86, se previó no sólo el compromiso del Sr. Brauliode realizar la mitad de las guardias que oficialmente se asignasen a la farmacia, sino también la posibilidad de hacerse sustituir en tal labor a su cargo, que es lo que alega el actor para explicar la contratación de doña Blanca(folio 161), que además lleva años trabajando en la farmacia del propio Sr. Braulio. Todo esto, en unión de la propia conducta observada por el demandado Sr. Gerardoen todo momento en relación al cumplimiento de aquella obligación de hacer determinadas guardias y reiterado al no aludir a incumplimiento alguno del Sr. Brauliocuando contesta al requerimiento que éste le efectuó en abril de 1991 (en el que sólo adujo la nulidad del documento de 30-9-86 y su falta de consentimiento; folios 66 a70), del tratamiento contractual ciertamente accesorio que se le dió a aquélla y a que, en todo caso, no influyó en el logro de los fines contractuales ni en la actividad de la farmacia en momento alguno, lleva a concluir, con el Juzgador de instancia, que no hay acreditado un incumplimiento de las obligaciones fundamentales previstas en el contrato y/o que permitan resolverlo por esta causa y en función de los preceptos ya mencionados...", y es sabido, que en materia de incumplimiento de todo contrato prevalece lo afirmado por la Sala "a quo", según entre otras en Sentencia de 30-11-99: "...Siendo jurisprudencia de esta Sala respecto a quien dejó de cumplir el contrato que ha de estarse en casación a lo resuelto por la Sala de instancia, mientras no se impugne por adecuada vía (SS. 22-7-95, 20-7-96, 9-12-97) el problema de incumplimiento o cumplimiento del contrato es cuestión de hecho, impugnable por el núm. 4 del art. 1692 L.E.C. (tras la reforma de la Ley 10/92 de 30 de abril como error de derecho en la apreciación de la prueba) puediendo revelarse la voluntad de incumplir por una prolongada inactividad o pasividad del deudor (S. del T.S. de 10-3-83), pero sin que pueda exigirse una aplicación literal de la expresión 'voluntad deliberadamente rebelde', que sería tanto como exigir dolo (S. del T.S. 18-11-83), bastando frustrar las legítimas aspiraciones de los contratantes, sin precisarse una tenaz y persistente resistencia obstativa al cumplimiento (SS. 31-5 y 13-11-85), se reitera en definitiva el incumplimiento acreditado por la sentencia de la Sala 'a quo' auténtica 'quaestio facti' que debe prevalecer por todo lo razonado..."; por lo cual, procede rechazar los Motivos, y con ello desestimar el recurso, con los demás efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de DON Gerardo, frente a la Sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en 9 de mayo de 1995; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso y pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia, con devolución a la misma de los Autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ROMÁN GARCÍA VARELA.- LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ.- JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ.- RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.