STS, 26 de Abril de 2010

La sentencia impugnada desestimó el recurso contencioso administrativo promovido por doña Josefina contra la resolución aprobada el 22 de marzo de 2002 por el Tribunal Económico Administrativo Central. Esta decisión ratificó en alzada la adoptada por el Tribunal Regional de Cataluña el 24 de marzo de 1999, que, estimando en parte la reclamación promovida frente a las liquidaciones practicadas a la recurrente por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los años 1989 a 1993, ordenó se girasen otras nuevas aplicando la normativa referente a los incrementos patrimoniales onerosos derivados de la enajenación de valores mobiliarios, a cuyo efecto el órgano competente debería realizar las actuaciones necesarias para determinar el precio de adquisición de las acciones, si no constaran. Además dispuso que la Sra. Josefina era responsable de una infracción tributaria que, previa liquidación de la cantidad dejada de ingresar, habría de sancionarse en su grado mínimo.

Así pues, la Sala de instancia confirmó tales pronunciamientos.

Doña Josefina preparó el presente recurso y, previo emplazamiento ante esta Sala, efectivamente lo interpuso mediante escrito presentado el 13 de enero de 2005, en el que invocó nueve motivos de casación. El primero al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta jurisdicción (BOE de 14 de julio), y los demás con arreglo a la letra d) del mismo precepto.

1) En el motivo inicial denuncia la infracción de los artículos 120.3 de la Constitución Española y 208.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil (BOE de 8 de enero), al haber incurrido la sentencia en una motivación insuficiente, arbitraria e irracional, con vulneración del artículo 24, apartados 1 y 2, de la Carta Magna y causación de indefensión.

2) La segunda queja denuncia la vulneración por inaplicación del párrafo primero del artículo 1281 del Código civil, y la del párrafo segundo por su incorrecta aplicación. 3) El tercer motivo consiste en la infracción del artículo 118.2 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE de 31 de diciembre ), en relación con el 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

4) A continuación se lamenta de la inaplicación del artículo 90 de la citada Ley General Tributaria, en relación con los artículos 1, 2 y 40.2.c) del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo (BOE de 23 de marzo ), y de la jurisprudencia dictada sobre los mismos.

5) También se denuncia la infracción por inaplicación del artículo 40.3 del citado Real Decreto 391/1996 .

6) El sexto motivo tiene por guión la vulneración, debido también a su no aplicación, del artículo 24.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción de la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE de 22 de julio), en relación con el artículo 6.4 del Código civil .

7) Acto seguido se imputa a la sentencia desconocer la jurisprudencia contenida en las sentencias de 30 de marzo de 1999, 15 de julio y 2 de noviembre de 2002, relativas a las llamadas «economías de opción» tributarias.

8) El penúltimo motivo pone en debate la falta de consideración en la sentencia del artículo 111.3 de la Ley General Tributaria y la indebida aplicación del primer apartado del mismo precepto, en la redacción de la Ley 25/1995 .

9) En fin, la queja postrera también echa de menos la aplicación del artículo 20.8 de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 11 de septiembre ).

Termina solicitando el pronunciamiento de sentencia que case la recurrida por los motivos expresados, precisando que, en caso contrario, se tenga por denunciada la infracción del artículos 24, apartados 1 y 2, de la Constitución, por causación de indefensión con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

El abogado del Estado se opuso al recurso en escrito registrado el 14 de noviembre de 2006, en el que interesó su desestimación.

- Las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, circunstancia que se hizo constar en diligencia de ordenación de 19 de enero de 2007, fijándose al efecto el 21 de abril de 2010, en el que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco, Magistrado de la Sala

La realidad que subyace a este recurso de casación está emparentada con la que sustentaba los recursos de casación 4555/04 y 5937/04, resueltos en sentido desestimatorio para los intereses de los sujetos pasivos recurrentes (don Aureliano y doña Carla ) en las sentencias de 14 de enero y 3 de febrero del presente año, respectivamente. Aún más, el escrito de formalización del recurso en el actual caso es idéntico al presentado en la citada casación 5937/04. Emanando las sentencias impugnadas de la misma actuación administrativa y respondiendo el recurso de casación a idéntico planteamiento, nuestra respuesta no puede ser aquí diferente. Bastará, pues, con reproducir, motivo por motivo, los razonamientos de la sentencia de 3 de febrero de 2010 .

Primer motivo (fundamentos tercero y cuarto de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

En el primer motivo se aduce que la motivación de la sentencia es insuficiente, irracional y arbitraria, siendo en todos los supuestos causante de indefensión, pues sin dialéctica novedosa de ningún tipo elevó determinados elementos fácticos a la categoría de prueba presuntiva de una simulación negocial, utilizando para ello razonamientos insuficientes, irracionales y arbitrarios.

Por lo que se refiere al vicio de insuficiencia en la motivación resalta que la sentencia, en cuanto al fondo, es una mera cita entrecomillada de otra anterior, a cuyas explicaciones y dialéctica se remite en bloque, cuando en el caso de autos el Letrado no intervino en el recurso que dio lugar a la sentencia reproducida y, por lo tanto, los alegatos vertidos en la demanda no tenían por qué ser coincidentes con los contenidos en ese otro recurso.

Insiste que mantuvo en la instancia que la imputación de negocio simulado era inconsistente, haciendo un ingente esfuerzo dialéctico para evidenciar la falta de enlace preciso, racional y directo de lo que indebidamente habían sido consideradas pruebas presuntivas, habiendo quedado todos esos esfuerzos y alegatos incontestados en la sentencia recurrida.

En segundo término, advierte irracionalidad y arbitrariedad en relación a los indicios que llevan al Tribunal a colegir que los accionistas de la sociedad CBI llevaron a cabo intencionadamente un negocio simulado de venta de derechos de suscripción y otro de venta de acciones a peseta para la defraudación de la norma que gravaba el incremento patrimonial derivado de la venta de acciones.

Conviene recordar que esta Sección viene manteniendo una doctrina reiterada, por lo que respecta a la motivación de las sentencias [entre otras, sentencia de 14 de diciembre de 2007 (rec. cas. núm. 3118/2002 ), FD Cuarto y de 26 de Septiembre de 2005 (rec. cas. núm. 1710/2000), FD Segundo], que se concreta en los siguientes puntos:

"

a) La motivación sólo puede entenderse cumplida, cuando se exponen las razones que motivan la resolución y esa exposición permite a la parte afectada conocer esas razones o motivos a fin de poder cuestionarlas o desvirtuarlas en el oportuno recurso, pues lo trascendente de la motivación es evitar la indefensión y ésta, ciertamente, se ocasiona cuando el Tribunal deniega o acepta una petición y la parte afectada no sabe cual ha sido la razón de su estimación o denegación.

b) No tiene la consideración de defecto de motivación el eventual error que pueda producirse en la apreciación de los hechos, en la valoración de la prueba o en la interpretación y aplicación de las normas -sin perjuicio de que ello pueda dar lugar a distinto motivo de casación por la vía del artículo 88.1.d) LJCA .si se alega y se demuestra que el Tribunal de instancia ha procedido de manera ilógica o arbitraria (SSTS de 11 de marzo, 28 de abril, 16 de mayo, 15 de julio, 23 de septiembre, 10 y 23 de octubre y 7 de noviembre de 1995, 23 y 27 de julio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de 1996, 20 de enero, 23 de junio, 22 de noviembre, 9 y 16 de diciembre de 1997, 20 y 24 de enero, 14 y 23 de marzo, 14 y 25 de abril, 6 de junio, 19 de septiembre, 31 de octubre, 10 y 21 de noviembre y 28 de diciembre de 1998, 23 y 30 de enero de 1999 ).

c) La exigencia constitucional de la motivación de las sentencias, recogida en el articulo 120.3 en relación con el 24.1, de la Constitución, aparece justificada, sin más que subrayar los fines a cuyo logro tiende aquella, que, ante todo, aspira a hacer patente el sometimiento del Juez o Tribunal al imperio de la Ley y contribuye a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y la corrección de una decisión judicial, facilitando el control de la sentencia por los Tribunales Superiores, y opera como garantía o elemento preventivo frente a la arbitrariedad.

d) La amplitud de la motivación de las sentencia ha sido matizada por la doctrina del Tribunal Constitucional, indicando que no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquella (sentencias del Tribunal Constitucional 14/1991, 28/1994, 145/1995 y 32/1996, entre muchas otras). Así lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional cuando se refiere a que no es necesario un examen agotador o exhaustivo de las argumentaciones de las partes, y cuando incluso permite la argumentación por referencias a informes u otras resoluciones. La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 122/94 de 25 de abril, afirma que ese derecho a la motivación se satisface cuando la resolución judicial de manera explícita o implícita contiene razones o elementos de juicio que permiten conocer los criterios que fundamentan la decisión".

La motivación, antes que cualquier otra cosa, busca no producir indefensión en la parte a la que perjudique la Sentencia, para de ese modo permitir el recurso que corresponda frente a la misma, de forma que el mismo se pueda articular frente a las razones que justifiquen la decisión alcanzada [Sentencia de 25 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 4505/2005 ), FD Tercero].

Pues bien, en aplicación de la citada doctrina, no cabe admitir la existencia de insuficiente motivación, ya que si bien la sentencia se remite a lo declarado en otro recurso, la argumentación que ofrecía era suficiente, en cuanto concurrían las mismas circunstancias, y de ella podía deducirse la razón de la denegación de la pretensión, que implicaba el rechazo de los alegatos deducidos contra el criterio de la resolución impugnada. Cuestión distinta es si la apreciación y valoración de los hechos por la sentencia resulta ilógica o arbitraria, pero ello debe impugnarse por la vía del apartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que luego hace en el motivo tercero .

Por lo expuesto, procede rechazar el primer motivo.

Segundo motivo (fundamento quinto de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

En el segundo motivo la recurrente, en coherencia con lo que señala en el motivo primero, en relación con la irracionalidad y arbitrariedad en que incurre la Sala por ser inconsistentes los indicios en que se apoya para apreciar la existencia de simulación, aduce la infracción, por inaplicación del párrafo primero del art. 1281 del Código Civil, referente a la interpretación de los contratos.

El motivo tampoco puede prosperar, porque la recurrente, haciendo supuesto de la cuestión, desatiende la interpretación que la sentencia realiza del conjunto negocial llevado a cabo por los interesados, interpretación que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, debe prevalecer sobre la particular e interesada de la parte, a menos que se acredite ser ilógica, contradictoria o vulneradora de algún precepto legal.

Tercer motivo (fundamentos sexto y séptimo de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

En el tercer motivo se denuncia la infracción de las normas y jurisprudencia reguladoras de la valoración de la prueba en lo que se refiere al uso antijurídico de la prueba presuntiva.

Según la recurrente la sentencia califica e interpreta los contratos litigiosos basándose única y exclusivamente en la prueba de presunciones, alegando para ello que la simulación, dadas las dificultades probatorias, se revela por pruebas indiciarias.

Agrega la parte que las presunciones hominis utilizadas por el Tribunal de Instancia carecen del necesario enlace preciso, racional y directo entre el hecho probado y el que se pretende reputar probado.

Así estima, en primer lugar, que la presunción de existencia de apresuramiento en la celebración de la compraventa de derechos el día 22 de marzo de 1989, por ser el día antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/89, que modificó la tributación de los derechos de suscripción preferente en los casos de ampliación de capital de las sociedades, y por ser víspera de Jueves Santo, todo ello como título de imputación de una calificación jurídica de simulación negocial, es absolutamente irracional y ajena a las reglas del criterio humano, pues dificilmente podía saber el 22 de marzo de 1989 que ese mismo día se estaba dictando en el Consejo de Ministros el Decreto Ley 1/89, que sujetaba a gravamen inmediato la venta de derechos de suscripción, no pudiendo tener nada de apresurado el celebrar una operación mercantil justo antes del periodo vacacional de Semana Santa cuando el día de Jueves Santos es lectivo en Cataluña y cuando esas fechas son especialmente prolíficas en lo que a conclusión de operaciones mercantiles se refiere.

En segundo lugar, según la recurrente, la Sala de instancia presumió la existencia de precipitación en los hechos de las partes por haberse elevado a público los acuerdos de ampliación de capital el mismo día en que se adoptaron, y por figurar el Sr. Aureliano como un simple mandatario verbal en la compraventa de derechos, siendo también la presunción irracional porque existía necesidad de formalizar la operación con Ancedisa antes de las vacaciones de Semana Santa, como hito temporal que se habían fijado las partes, no siendo cierto la condición en que intervino el Sr. Aureliano, al ser facultado expresamente por acuerdo de los socios concurrentes a la Junta Universal.

Asimismo, sale al paso de que Ancedisa pudiera ser considerada como fiduciaria debido a sus modestas posibilidades financieras, y a que el pago de los derechos lo efectuara Yesos Ibéricos, sin que obtuviera margen en la reventa que realizó a Yesos Ibéricos y a Giritix, porque tales hechos eran ajenos y posteriores.

Finalmente, considera que la Sala presume que la compraventa de acciones por una peseta es un negocio anómalo por el hecho de que el precio sea simbólico, razonamiento que carece también de toda virtualidad, al responder el precio simbólico de la acción a su valor real representativo, tras la ampliación de capital, de una minoría sin control ejecutivo de ningún tipo sobre la dirección de la sociedad.

En definitiva, se considera que la Administración no probó ninguno de los elementos que configuran el negocio simulado que imputa a los socios de CBI: la voluntas simulationis y el consilium fraudis .

La Sala anticipa que no procede estimar el motivo.

Basta la lectura de la sentencia impugnada, para advertir que en la que reproduce la Sala llegó al pronunciamiento desestimatorio, después de valorar los distintos actos y negocios jurídicos celebrados, y que fueron los siguientes:

Concretamente en el Fundamento Tercero de la dictada con fecha 23 de diciembre de 2003 se argumentó de la siguiente forma:

" TERCERO .- En este caso, la liquidación trae causa del procedimiento de comprobación llevado a cabo por la Inspección en relación con diversas operaciones mercantiles de la sociedad "CARGAS BLANCAS INORGANICAS, S.A." (C.B.I .), de la que formaba parte la recurrente.... llevadas a cabo en 1989

-y con repercusiones, atendiendo los momentos de pago y cobro, en los ejercicios 1989 a 1991-. En el expediente se reflejan los siguientes actos y negocios jurídicos, que no son discutidos por la recurrente, quien admitiendo su conclusión (pues están celebrados ante Notario), lo que controvierte es la consecuencia que del conjunto de todos ellos extrae la Administración.

1.- El 22 de marzo de 1989, la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de C.B.I . tomó el acuerdo de ampliar su capital social, que era de 220.995.000 pesetas, en 833.820.000 pesetas, mediante la emisión de 176.764 nuevas acciones, cada una de valor nominal de 5.000 pesetas, al igual que las antiguas. Se otorgaba a los accionistas primitivos el derecho de suscripción preferente a razón de cuatro nuevas acciones por cada una de las antiguas, elevándose ante notario a público el citado acuerdo ese mismo día.

2.- Con la misma fecha, en escritura pública y ante el mismo notario, los Sres. D. Luis María, Don Juan Miguel y D. Aureliano, éste también en representación de otros 67 accionistas, entre los que se encontraba la recurrente, vendieron 161.364 derechos de suscripción correspondientes a 40.341 acciones a la mercantil "ANDALUCIA, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIACIONES, S.A." (ANCEDISA). El capital más reservas de esta adquirente, según balance presentado en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1989, era de 67 millones de pesetas y la facturación del mismo ejercicio era de 173 millones. En la escritura constan los siguientes extremos:

a) el precio era de 22.639 pesetas por cada derecho, esto es, 90.516 pesetas por acción, y un total de

3.651.505.956 pesetas para el comprador.

b) las condiciones de pago del precio, que se establecieron en una décima parte a pagar antes del 30 de abril de 1989 y los restantes nueve plazos a satisfacer semestralmente a partir de la fecha fijada para el primer plazo.

c) Se establece, como garantía, que "la parte compradora garantizará suficientemente y a satisfacción

de los vendedores el precio aplazado...", sin mayores concreciones.

d) Se establece una cláusula de resolución por impago antes del 30 de abril de 1989 o por no prestar garantías suficientes a juicio de los vendedores.

e) el Sr. Aureliano era mandatario verbal, sin que constara aportado poder suficiente, de lo que le advirtió el notario.

3.- El 28 de abril de 1989, apenas un mes más tarde, se celebraron los siguientes negocios, todos ellos autorizados por fedatario público:

a) ANCEDISA vende 130.056 derechos de suscripción adquiridos a YESOS IBERICOS, S.A., del Grupo URALITA, por un total de 2.943.037 224 pesetas, a 22.629 pesetas la acción, precio idéntico al coste de los citados derechos para la ahora transmitente.

b) ANCEDISA vende otros 15.400 derechos a GIRITIX, por un precio de 22.629 pesetas cada uno.

c) GIRITIX vende los derechos adquiridos en el apartado anterior, instantes después, a YESOS IBERICOS, por un importe total de 870.151.936 pesetas, a razón de 56.503'37 pesetas cada derecho, con una ganancia neta de 521.665.336 pesetas. d) D. Aureliano, como mandatario, vende a ANCEDISA 3.676 acciones de C.B.I . estipulándose que "el precio de la compraventa de las acciones será la cantidad simbólica de una peseta por acción", señalándose que esta compraventa será sometida a plazo y será efectiva el 28 de abril de año 2001 por el simple transcurso del tiempo y sin necesidad de una nueva declaración de las partes. Se fija como garantía un derecho real de prenda sobre las acciones objeto de la compraventa, que atribuye al acreedor los derechos de participación social en la entidad mercantil a que se refieren las acciones.

e) el mismo mandatario vende, en nombre propio y en el de los demás accionistas, a YESOS IBERICOS 36.665 acciones de C.B.I . por la misma cantidad de una peseta por acción y en las mismas condiciones que la compraventa realizada con ANCEDISA".

Es cierto que luego en el Fundamento Sexto alude a los indicios puestos de manifiesto por el TEAR de Cataluña, y que considera insuficientes la recurrente para la conclusión a que llegó la Sala de que no fue real la transmisión de los derechos de suscripción. Ahora bien, no todos son tan irrelevantes como entiende la recurrente, aparte de que ni los hechos, ni las operaciones realizadas se discuten, resultando lógica la conclusión obtenida.

Podría aceptarse que la inmediatez de la operación estaba en este caso plenamente justificada ante la inmediata modificación de la tributación de los derechos de suscripción. Asimismo podría también admitirse que la operación se realizase ante una sociedad interpuesta, y a precio aplazado, e incluso que la finalidad última era beneficiarse del tratamiento fiscal más ventajoso que hasta dicho momento tenían los derechos. Sin embargo, analizadas las distintas operaciones, lo que la Sala declara es que no existió una verdadera venta de derechos, ni de acciones por importe de una peseta, no habiéndose explicado en momento alguno la causa por la que la sociedad necesitaba efectuar la ampliación de capital, existiendo el dato llamativo de que el pago de la venta de los derechos no se realiza a través de la sociedad que adquirió los derechos, sino directamente por quien finalmente adquiere las acciones, así como el precio satisfecho por ellas, lo que permite inferir que el conjunto de la operación fue artificial o irreal, y que la operación real llevada a cabo no fue otra más que la transmisión de las acciones mediante la venta aparente de los derechos de suscripción preferente y la posterior venta simbólica de las acciones al adquirente final.

Motivos cuarto y quinto (fundamento octavo de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

Los motivos cuarto y quinto cuestionan el modo de proceder del TEARC, al introducir en su resolución la imputación de que la parte había celebrado dos negocios simulados para encubrir la existencia de otro nuevo negocio disimulado de compraventa de acciones por un precio unitario de 90.516 ptas., todo ello sin someter a las partes esta cuestión, pues hasta dicho momento el núcleo del debate era la venta real de los derechos de suscripción preferente.

La sentencia rechazó la alegación relativa a la extralimitación del fallo, al anular la liquidación y ordenar que se gire nueva liquidación aplicando la normativa referente a los incrementos patrimoniales onerosos derivados de la enajenación de valores mobiliarios, por ser consecuencia de la calificación jurídica que estimó más adecuada.

Las infracciones que se denuncian en los motivos no pueden ser aceptadas, porque en momento alguno el Tribunal Regional introdujo nuevos hechos, al limitarse a proceder a una calificación distinta de los controvertidos, siendo la consecuencia la estimación parcial de la reclamación para que la liquidación se practicase de acuerdo con la nueva calificación.

En todo caso, la falta de audiencia no produjo indefensión, pues, primero, en la alzada y, luego en la vía judicial, pudo alegar lo que estimó oportuno en cuanto al fondo, sin que, por otro lado, haya sido acreditada la existencia de agravamiento de la situación inicial de la recurrente.

Motivos sexto y séptimo (fundamento noveno de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

En el sexto motivo se denuncia que la Administración se amparó formalmente en la potestad calificatoria del art. 25 LGT para eludir la norma reguladora del fraude de ley, y que le obligaba a la instrucción de un expediente especial de fraude de ley.

El motivo tiene que rechazarse al haberse considerado correcta la calificación de simulación.

Esta calificación conlleva asimismo la desestimación del séptimo motivo que recoge doctrina jurisprudencial sobre el ejercicio de la denominada economía de opción, que no resulta aplicable ante los hechos litigiosos.

Motivos octavo y noveno (fundamento décimo de la sentencia de 3 de febrero de 2010 )

Por lo que respecta al octavo motivo, la sentencia de instancia afirma la irrelevancia de la infracción del art. 111.3 de la LGT por haber utilizado la Inspección datos bancarios de ciertos sujetos como título de imputación del negocio simulado, toda vez que la liquidación combatida había sido anulada por la resolución del TEARC, remitiendo a la parte a combatir la infracción cuando se le practique la nueva liquidación.

Este razonamiento no es compartido por la recurrente, puesto que la calificación de la operación como de simulación negocial ya la realizó el TEARC en su resolución, considerando que las operaciones irregulares realizadas por el Sr. Aureliano a título personal y por la Sociedad Giritix, puestas de manifiesto como consecuencia de la obtención ilegal de pruebas, influyeron en la conclusión.

Ahora bien, aunque se parta de la infracción de los preceptos denunciados, hay que reconocer que la información obtenida no guarda conexión directa con la liquidación controvertida.

En efecto, con independencia de la información a que se refiere la parte, la Dependencia de Inspección Regional, el 23 de marzo de 1995, requirió a la Notaría de Dª Berta García Prieto, la aportación de copia simple de los 513 pagarés incorporados mediante su testimonio a la escritura otorgada en fecha 28/4/89 con nº 1.261, pagarés representativos de la cantidad de precio aplazada por importe de

2.648.570.607 ptas., referente a la venta de derechos de suscripción de "Cargas Blancas Inorgánicas, S.A." y adquiridos por Yesos Ibéricos, S.A. Entre los pagarés librados figuran los que afectan a la recurrente por un importe cada uno de 61.261.229 ptas.

Finalmente, por no haber existido indebida calificación de los negocios celebrados, no cabe apreciar la inaplicación del art. 20.8 de la Ley 44/78, que se denuncia en el noveno motivo.

Costas

Por todo lo anterior, este recurso de casación debe desestimarse, procediendo, en aplicación del artículo 139.2 de la Ley reguladora de nuestra jurisdicción, imponer las costas a la recurrente, con el límite de dos mil quinientos euros para los honorarios del abogado del Estado.