STS 189/1998, 3 de Marzo de 1998

La sentencia impugnada establece los siguientes "hechos probados" : A) El día 25 de marzo de 1987, sobre las cuatro horas de la madrugada, en los bajos de la c/ DIRECCION001, NUM000-NUM003, se produjo un incendio que empezó, según las versiones dadas por los vecinos del inmueble, en la parte derecha de la nave, propagándose rápidamente al resto del local, dadas las materias inflamables existentes, con profusión de pequeñas explosiones que alertaron a quienes habitaban en los pisos superiores, que hubieron de abandonarlos. Como consecuencia del incendio, quedó destruido el almacén y las viviendas superiores con los perjuicios a los que luego se aludirá. B) El citado almacén se hallaba arrendado al codemandado Don Valentín, quien giraba con el nombre comercial de DIRECCION000, mediante contrato otorgado en 1 de julio de 1975, por Don Ernesto, estableciéndose como destino pactado su dedicación a almacén y venta de artículos de construcción y derivados. El techo del citado almacén no se encontraba recubierto de mortero de c.p.a. de tres centímetros de grosor como se exige en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en estado deficiente. En el citado local no solamente se guardaban en el momento del incendio materiales no combustibles destinados a la construcción, sino, también, otros fácilmente inflamables como plásticos, colas y dos vehículos de la empresa. C) Don Cornelioy Doña Gloria, quienes habitaban en el piso tercero puerta primera del inmueble han sufrido daños en los enseres y mobiliario de su propiedad que ascienden a cuatro millones cincuenta y cuatro mil pesetas (4.054.000). D) Don Ricardoera propietario de las viviendas situadas en el piso NUM001puertas primera y segunda y piso NUM002puerta segunda y Don Sebastián, de las viviendas situadas en el piso NUM002, puerta primera y piso tercero puertas primera y segunda que quedaron totalmente derruidas. Asimismo, se ha justificado que tuvieron gastos diversos por importes de seiscientas cuarenta mil ochenta y cuatro pesetas (640.084) y trescientas noventa y siete mil cuatrocientas ochenta y dos pesetas (397.482). E) Don Ernestoera propietario del local siniestrado que ha quedado completamente inutilizado, ascendiendo los gastos justificados a sesenta mil quinientas sesenta y nueve pesetas (60.569) F) D.Jonquien habitaba en el inmueble tuvo como consecuencia del incendio daños evaluados en ocho millones seiscientas setenta y siete mil ciento seis pesetas (8.677.106) de los cuales dos millones doscientas setenta y cuatro mil cuatrocientas pesetas (2.274.400) le fueron abonados por Unión Ibérica de Seguros y Reaseguros S.A., en virtud de una póliza de seguro del ramo de hogar, quedando subrogada la citada Aseguradora por el importe citado que solicita en la litis. G) Don Valentíntenía concertada con la Cía Asegurador Catalana/Occidente una póliza de seguro multirriesgo de pequeña y mediana empresa que cubría diversos apartados relativos a incendio (sobre cosas propias), robo, expoliación y responsabilidad civil frente a terceros, siendo los límites de cobertura en éste último apartado unos máximos de veinte millones de pesetas (20.000.000) por siniestro y cinco millones de pesetas (5.000.000) (por víctima, en caso de daños personales), y H) Los hermanos ErnestoSebastiánRicardotenían concertada con la Entidad Hemisferio L'Abeille S.A. pólizas de seguros sobre el inmueble y sus construcciones, habiéndose justificado el pago de nueve millones de pesetas (9.000.000) a Don Ernestoy dos millones seiscientas mil pesetas (2.600.000) a Don Sebastián, sin que se haya demostrado pago a Don Ricardo, según se comprueba mediante finiquitos obrantes a los folios 594 y 596, negando el último de los citados haber percibido cantidad alguna, mientras que sus otros hermanos así lo reconocen.

El primer motivo del recurso (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), considera que se han infringido los artículos 1.968 y 1.969, en relación con el artículo 1.902 del Código civil y jurisprudencia aplicable al estimar que la acción se ejercitó transcurrido el plazo legal de prescripción. De una parte, la sentencia recurrida entiende que "la prescripción como limitación que es al ejercicio extemporáneo y tardío de las acciones en beneficio de la seguridad jurídica, excluye una aplicación rigorista, al ser una institución que, por no hallarse fundada en la justicia intrínseca, ha de merecer un tratamiento restrictivo, criterio especialmente aplicable en las prescripciones cortas (de plazo anual o similar). Y en todo caso, la conducta del perjudicado solicitando la indemnización, aparece opuesta a la inactividad que sustenta la institución en la presunción de abandono de su titular, eliminándose el fundamento subjetivo sobre el que se mantiene, sin olvidar el objetivo de protección del deudor -determinante pero compatible con el anterior- en tanto no se vulneran las exigencias de seguridad y certeza, de conformidad con lo reiteradamente declarado por la jurisprudencia (sentencias de 7 de julio de 1982, 27 de mayo de 1983, 16 de julio de 1984, 6 de mayo de 1985, 19 de septiembre de 1986, 3 de febrero de 1987, 20 de octubre de 1988, entre otras). Asimismo, y a los efectos de autos, ha de puntualizarse que: a) incoado un proceso penal, el plazo anual queda interrumpido por la tramitación de la vía penal preferente, debiendo de computarse desde el momento en que se concluyó la causa criminal, como mínimo y salvo supuestos específicos no aplicables en la litis, y b) la interrupción de la prescripción, de conformidad con el artículo 1.974 del Código civil, en las obligaciones solidarias, aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores, lo cual significa que cualquier acción intentada contra alguno de ellos es oponible frente a los demás. En su consecuencia, incoadas diligencias penales por los hechos enjuiciados en la presente litis, no comenzó a computarse dicho plazo sino desde que concluyeron las diligencias y puso, por el Ministerio Fiscal, el "visto" correspondiente, siendo de destacar que obra en el libro registro como fecha definitiva de archivo la de 14 de junio de 1987. En su consecuencia, rechazó la excepción de prescripción pues, en cualquier caso, de los escasos días transcurridos desde la fecha del "visto" (30 de julio de 1986) hasta el transcurso del plazo anual no cabe deducir la presunción de abandono requerido para rechazar la demanda que no permite una aplicación rigorista como la realizada por el juzgador de instancia". De otra parte, el recurrente manifiesta que la Sala funda su fallo en que si el "visto" del Ministerio Fiscal se produjo el día 30 de junio y la demanda se presentó el 12 de julio del año siguiente, el escaso plazo transcurrido hace pensar que no había habido abandono del derecho. Mas no cabe en cuanto a los plazos criterios rigoristas y/o flexibles, ya que los plazos para el ejercicio de los derechos son esenciales y por la vía que razona la Sala de instancia se abandonan los criterios legales y jurisprudenciales que, consagran el principio de seguridad jurídica, que también tiene rango constitucional, por un principio de aplicación flexible, de presunción de que no ha habido abandono del derecho por cuanto sólo habían transcurrido unos días desde aquél en que concluyó el plazo anual de prescripción establecido en nuestras leyes para las prescripciones de las acciones de reclamaciones de culpa extracontractual fundadas en el artículo 1.902 del Código civil

Empero la sentencia recurrida no dice, como sugiere el recurrente, que computado el transcurso del plazo de prescripción hay que ser flexible en orden a las consecuencias extintivas de la acción si entre aquel momento y el del ejercicio han mediado pocos días, de manera que se presuma que no existe voluntad de abandono del ejercicio del derecho. De su exposición, directamente se infiere que dado que la fecha de la demanda está próxima al "visto" del Ministerio Fiscal sobre archivo de las diligencias penales, la Sala considera que no cabe presumir el transcurso del plazo de prescripción, ya, en efecto, esta Sala por sentencia de 9 de mayo de 1986, había distinguido entre la fecha de la formula del "visto" y la fecha de "puesta en conocimiento del Juzgado", según resulta de los siguientes términos: "las actuaciones penales seguidas por consecuencia del hecho determinante del juicio civil de que dimana este recurso fueron sobreseídos, con notificación del correspondiente acuerdo de sobreseimiento al Ministerio Fiscal a efecto de alcance de firmeza procesal, unido a que la formula de "Vistos" puesta el 1º de febrero de 1983 a las referidas actuaciones penales por dicho Ministerio Público, originadora de la firmeza de tal acuerdo, no hubiera sido puesta en conocimiento del correspondiente juzgado instructor hasta el día 7 del mencionado mes de febrero de 1983, claramente está poniendo de manifiesto que hasta esta última fecha no tuvo expresión externa efectiva, a efectos de los por ella afectados, y concretamente de los perjudicados, ahora recurrentes, la situación de firmeza por consecuencia de la mencionada actuación procesal del Fiscal, lo que en consecuencia conduce a que sea la indicada fecha de 7 de febrero de 1983 la que deba ser tenida en cuenta a efectos de cómputo inicial del plazo prescriptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 1969 del Código civil, desde el momento que, al no existir disposición especial que otra cosa determine, es el día a partir de que los perjudicados podían tener base procesal adecuada para ejercitar las acciones civiles derivadas de tal hecho que hasta entonces imposibilitaba su ejercicio la existencia de proceso penal pendiente". Mas, recientemente, la jurisprudencia ha evolucionado, conforme a doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de que debe constar el conocimiento del archivo definitivo o sobreseimiento de las actuaciones penales, por medio de la notificación correspondiente, a los interesados que no fueron "parte" en el proceso penal para que a partir de esa fecha se compute el plazo. En efecto, ya declaró en caso similar al que nos ocupa la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1996, recogiendo la expresada doctrina que "subsistiendo la llamada acción civil derivada de delito por no haberse (sic) renunciado a la misma el perjudicado, y no habiéndose éste personado en el proceso penal, los órganos judiciales han de proceder a la notificación de la providencia de archivo de las actuaciones penales; pues en otro caso, la ausencia de esta notificación es susceptible de efectuar (sic) negativamente, como aquí ha ocurrido, al derecho constitucional de la perjudicada de acceder al proceso en el orden civil y hacer valer sus pretensiones para la reparación del daño sufrido". Por tanto, hemos de concluir que al no haberse notificado a los perjudicados el auto de archivo de las actuaciones penales (Diligencias Previas), el «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción de la ejercitada acción civil de responsabilidad por culpa extracontractual (número 2º del artículo 1.968 del Código civil), no puede ser el de la fecha de dicho auto de archivo, como aquí pretende el recurrente, sino aquel en que, según se pruebe en el proceso, los referidos perjudicados tuvieron, por otro medio, real y efectivo conocimiento de la existencia del repetido auto de archivo, lo que aquí no se ha probado que tuviera lugar con anterioridad superior en un año al día en que promovieron este proceso civil. La expresada doctrina viene ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997. Ambas se apoyan en la precitada doctrina constitucional: "la interpretación que haya de darse a las normas que regulan los plazos de prescripción en el ejercicio de los derechos y acciones o establecen el cómputo de dichos plazos. Sin embargo, dentro de la función de garante de los derechos fundamentales que le está encomendada, corresponde a este Tribunal determinar si las resoluciones judiciales impugnadas, por prescindir enteramente de la falta de notificación de la providencia de archivo de las actuaciones penales a la perjudicada, es contraria al derecho de acceso al proceso en el orden civil, que el artículo 24.1 de la Constitución Española le reconoce. A este fin ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el perjudicado en el proceso penal no puede reiniciar el ejercicio de la acción civil para la reparación del daño causado hasta que hayan terminado las actuaciones penales (artículos 111 y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Dato que, por sí solo, pone de relieve que el conocimiento de la fecha en que han finalizado dichas actuaciones constituye un presupuesto necesario para el ulterior ejercicio de la acción civil ante otro orden jurisdiccional. En segundo término, el conocimiento de este hecho ha de valorarse en atención a las consecuencias negativas que puede sufrir el perjudicado cuando no ha renunciado al ejercicio de la acción civil. Y es evidente que si el perjudicado ignora el momento en el que ha finalizado el proceso penal, por no haberse personado en las actuaciones, ese desconocimiento puede suponer que transcurra el plazo de prescripción de un año y, si así ocurre, que se vea privado del acceso a la jurisdicción en el orden civil para la defensa de sus pretensiones y que se extinga, de este modo, su derecho a obtener reparación por el daño sufrido. Lo que no se compadece con la plena efectividad del derecho a la tutela judicial que el art. 24.1 de la Constitución Española reconoce. Consecuencias negativas que son precisamente las que se han producido en el presente caso, ya que la perjudicada, al practicarse la diligencia prevista en el artículo 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal, manifestó no renunciar a la indemnización que pudiera corresponderle por la responsabilidad civil; e instruida del derecho que le asistía para mostrarse parte en el proceso, manifestó quedar enterada, sin ejercerlo y, por tanto, convertirse en parte. Y pese a que se le notificó la solicitud de sobreseimiento provisional instada por el Ministerio Fiscal (artículo 642 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), por no ser parte en el proceso penal ni le fue notificado el auto de sobreseimiento provisional ni tampoco la providencia de archivo de las actuaciones. Por tanto, al no constar que a la parte recurrida, le fuera comunicado o notificado la conclusión de las actuaciones penales que dejaba la vía expedita al ejercicio de la acción civil, debe tenerse por cierta la fecha a los efectos del cómputo la que ella misma reconoce, como origen de su conocimiento, esto es, el día 14 de julio de 1987, fecha en que aparece consignado el "archivo definitivo" de las actuaciones en el libro registro, según acredita la certificación del Secretario del Juzgado de Instrucción número uno de Granollers (folios 1113 y 1114 de los autos), habiéndose presentado la demanda dos días antes. Consecuentemente, fenece el motivo. Igual destino, corre el segundo motivo (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que se afirma concatenado con el anterior (que ya ha sido rechazado) por infracción de los artículos 1.977 y 1.137 y siguientes del Código civil, puesto que el razonamiento de la Sala de instancia no es el fundamento de la decisión sino un argumento más, coherente con el texto legal, según el cual la interrupción de la prescripción produce sus efectos en favor y en contra de todos los acreedores y deudores solidarios, regla aplicable tanto si la solidaridad se halla establecida de manera expresa como si resulta de la interpretación del negocio jurídico o de la disposiciones legales; tanto si la solidaridad tiene carácter pasivo como si la solidaridad es activa.

El motivo tercero y último, (artículo 1.692-4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) considera infringidos los artículos 1554 y 1.485 del Código civil. Por su medio pretende, en esencia, el recurrente, que sea condenado, solidariamente en las responsabilidades que se exigen, el propietario del inmueble siniestrado Don Ernesto. Al efecto, el recurrente, sin tomar, en consideración la totalidad de los hechos probados, aísla del contexto, el aspecto relativo al mal estado del techo del almacén, haciendo recaer sobre aquel, en virtud de especiosos argumentos acerca de los vicios ocultos de la cosa arrendada y correspondiente obligación de saneamiento, elementos de culpabilidad inexistentes puesto que se estableció con fuerza de hechos probados que el local dedicado a almacén, se entregó "en condiciones de explotación adecuadas" sin que conste que el arrendatario requiriese al propietario para que realizase las reparaciones necesarias o urgentes que se precisaran para albergar un almacén de características como el instalado en dicho local ni que el propietario tuviera conocimiento de deficiencia alguna que hubiera de corregir o reparar, a sus expensas, entregando el local en condiciones de explotación adecuadas. Tampoco hace caso la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1986 que cita referente al carácter objetivo de la responsabilidad del poseedor de un semoviente que irrumpió en la calzada originando daños. En definitiva perece el motivo.

La desestimación de los motivos produce la declaración de no haber lugar al recurso con imposición de las costas causadas (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Valentíncontra la sentencia de fecha siete de junio de mil novecientos noventa y tres dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimocuarta, en autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Granollers con el número 26/88, promovidos a instancia de Don Cornelioy Doña Gloriacontra Don Valentín(DIRECCION000) y Don Ernestoy sus acumulados nº 98/88 promovidos a instancia de Don Ricardoy Don Sebastiáncontra Don Valentín(DIRECCION000) y la entidad Catalana Occidente, Grupo Asegurador, al que se le acumularon los autos nº 132/88 instados ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granollers por Don Ernestoy la entidad Hemisferio L'Abeille contra Don Valentín(DIRECCION000) y la entidad Catalana Occidente, Grupo Asegurador, y los acumulados nº 244/88 instados por Don Jony la entidad Unión Ibérica de Seguros y Reaseguros S.A. contra DIRECCION000(Don Valentín), con imposición a dicho recurrente de las costas causadas; y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- JOSE ALMAGRO NOSETE.- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ. RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.