STS, 25 de Junio de 1984

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; fundado en la infracción por interpretación errónea del artículo 1.902 del Código Civil , al estimar la sentencia recurrida que establece una responsabilidad objetiva o una presunción de culpa. Mientras la sentencia de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda, por estimar no probada la culpa de don Eduardo , la sentencia recurrida declara la responsabilidad de don Eduardo derivada del artículo 1.902 del Código Civil , sin tener en cuenta que no existe en nuestro Derecho ni es deseable una responsabilidad objetiva del profesional, que se limita a aportar sus conocimientos técnicos, y que únicamente puede responder por defectos en la "lex artis", pero nunca por el peligro inherente a la situación en que interviene. En tema de responsabilidad extracontractual son posibles en principio tres diversas soluciones: 1.a La responsabilidad extracontractual se deriva de la culpa del agente, siendo la culpa presupuesto constitutivo de la indemnización de daños y perjuicios. 2.a La culpa no es un presupuesto constitutivo de la indemnización de daños y perjuicios, sino más bien es la falta de culpa un presupuesto impeditivo de lareclamación de daños y perjuicios. 3.a Una última orientación, que parece sostener la sentencia recurrida, en su considerando tercero, lleva a sus últimas consecuencias la anterior doctrina, trasladándola del plano procesal al material y creando una verdadera responsabilidad objetiva. Evidentemente la elección de cualquiera de las anteriores orientaciones está afectada no sólo por profundas consideraciones de política legislativa, sino también por las circunstancias particulares del caso concreto; por cuyo motivo no vamos a plantearnos el tema en el presente recurso en su dimensión abstracta, sino exclusivamente en sus repercusiones prácticas habida cuenta las peculiaridades del presente proceso que podemos reducir a dos puntos básicos: a) La responsabilidad que se exige a don Eduardo , interviene en los hechos no para obtener un lucro derivado de la realización de una actividad "peligrante", como afirma la sentencia; sino exclusivamente realizando las funciones propias de su oficio como arquitecto, y prestando sus conocimientos técnicos para la realización de una obra determinada. De la misma forma que el Médico no incurre en responsabilidad por la sola circunstancia objetiva de la muerte del enfermo; el Abogado no incurre tampoco en responsabilidad aunque pierda el proceso, y el Juez no es responsable por la sola circunstancia de que le haya sido revocada una sentencia determinada; el Arquitecto no debe responder por el mero hecho de que se haya producido, con ocasión de su trabajo profesional, un determinado perjuicio a la obra en que ha intervenido o a una obra próxima, b) En el presente caso, tanto la sentencia de Primera Instancia, como la sentencia recurrida, reconocen claramente que si se produjeron lesiones a la finca número NUM000 de la calle DIRECCION000 , fue exclusivamente por la realización en dicha finca de determinadas obras en la pared medianera, que alteraron el equilibrio de su cimentación, provocando una situación de inestabilidad. Independientemente de que de no haberse efectuado la excavación, probablemente no se hubieran producido las lesiones aparecidas en dicha finca, lo cierto es que el edificio, desde que se realizaron en su interior las obras de apertura de un hueco, estaba en situación de peligro latente, mantenido, únicamente, por la existencia y apuntalamiento de la finca vecina. Partiendo de ambas circunstancias resulta manifiesta la falta de responsabilidad del arquitecto don Eduardo , ya que: 1.° El artículo 1.902 del Código Civil es terminante al respecto: únicamente está obligado a reparar el daño causado "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia". 2.° Si bien es cierto que una reiterada jurisprudencia de este Tnbunal se muestra partidaria de ampliar en supuestos concretos el ámbito de la responsabilidad extracontractual y llegue incluso a admitir una "presunción de culpa", lo cierto es que en todos dichos casos: a) Existe siempre una culpa inicial de la persona condenada,

2. Ninguno de dichos supuestos hace referencia a la actuación de un profesional, c) En todos ellos se descarta terminantemente la existencia de una responsabilidad objetiva. 3.° En el presente caso no existe alguno imputable a don Eduardo del que pueda nacer su responsabilidad. 4.° Debe destacarse además que tal como afirma el dictamen pericial emitido para mejor proveer, reconocen los propios demandantes con sus requerimientos notariales previos al proceso al también demandante "Valerio y Mendizábal, S. L." y admiten tanto la sentencia de Primera Instancia como la sentencia recurrida, la verdadera causa de las lesiones producidas en el inmueble fue la alteración de cargas producidas por la apertura defectuosa de un hueco en la pared medianil. 5.° Por último, inexistente en nuestro Derecho positivo en el supuesto de daños en un edificio; las razones utilizadas en la sentencia recurrida son insuficientes para aplicarla al arquitecto don Eduardo . Ya que no fue él quien decidió proceder a la construcción de un edificio, provocando con ello la actividad "peligrante" a que hace referencia la sentencia recurrida; sino que fue quien como profesional intervino en dicha obra para proporcionar sus conocimientos técnicos tendentes a su correcta realización. No existiendo en nuestro Derecho la responsabilidad objetiva del profesional arquitecto, y no apreciando la sentencia recurrida acto u omisión concreto, algunos del que derivar una eventual negligencia de don Eduardo , al interpretar extensivamente el artículo 1.902 del Código Civil y condenar a don Eduardo , la sentencia recurrida infringió el citado artículo, procediendo su revocación. La estimación del presente motivo determina la casación de la sentencia, para dictar segunda sentencia desestimando íntegramente la demanda respecto del arquitecto don Eduardo .

Amparado en el número uno del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina legal sobre compensación de culpas contenida en reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo de la que destacaremos las sentencias de 10 de julio de 1943, 23 de enero de 1970, 2 de febrero de 1976, 25 de marzo y 22 de abril de 1980 , entre otras varias, que debió ser aplicada en el presente caso respecto del demandante "Valerio y Mendizábal, S. L.". La sentencia recurrida al condenar a los demandados a satisfacer íntegramente los perjuicios originados a "Valerio y Mendizábal, S. L.", que pueden suponer los dos tercios de la total condena, pese a declarar probado que dichos perjuicios se causaron por la debilitación del muro medianil en méritos de obras realizadas por dicha demandante, a quien tanto los restantes demandantes, como los demandados, como el dictamen pericial, como la sentencia de Primera Instancia, consideraron como uno de los principales responsables del siniestro; ha infringido la doctrina legal sobre compensación de culpas, procediendo la casación de la sentencia. Es reiterada doctrina de este Tribunal Supremo, amparado en el artículo 1.103 del Código Civil , estableciendo la compensación de culpas cuando al resultado dañoso hayan concurrido conjuntamente tanto demandante como demandado. Sentencias de 10 de julio de 1943, 2 de febrero de 1976 y 25 de marzo de 1980 . La aplicación de dichadoctrina al presente caso, no sólo fue postulada en los escritos de contestación de las partes demandadas sino que, además, resulta manifiesta de las propias consideraciones de la sentencia recurrida: a) Si condena a los demandados por el conocimiento que tenían "del sospechoso tabique sustitutorio del aludido muro", resulta evidente que de no haberse producido dichas modificaciones no habría tenido lugar la ruina del edificio y que, por consiguiente, el autor de dichas modificaciones debe responder también de dicha ruina, b) Si, además, tenemos en cuenta que dichas modificaciones se efectuaron precisamente para obtener una ganancia de espacio en la cafetería propiedad de "Valerio y Mendizábal, S. L.", para la que no dudaron en comprometer la estabilidad del edificio; y que, además, según resulta del acta notarial de 26 de septiembre de 1975, procedió "Valerio y Mendizábal, S. L.", en el transcurso de la excavación a disimular la existencia de dicho hueco y cargadero, procediendo a efectuar un revoque sobre los mismos; la manifiesta mala fe de "Valerio y Mendizábal, S. L." debe provocar las siguientes consecuencias: 1.ª Que "Valerio y Mendizábal, S. L." deba estimarse responsable de las lesiones aparecidas en el edificio. 2.ª Que, por consiguiente, a su respecto no pueda alegarse presunción alguna de culpa, frente a los demandados, los cuales no pueden ser condenados a indemnizar los perjuicios originados principalmente por la obra inadecuada realizada por "Valerio y Mendizábal, S. L.". 3.ªQue mientras los perjuicios originados a los restantes propietarios deban estimarse indemnizables por los demandados, de no acogerse el anterior motivo de casación, resulta manifiesto que los perjuicios originados a "Valerio y Mendizábal, S. L." tuvieron su origen próximo en las obras por él realizadas, y por consiguiente, no pueden imputarse a los demandados. 4.ª Por último, en todo caso debería procederse a una compensación de culpas, que redujera la indemnización a satisfacer a "Valerio y Mendizábal, S. L.". En resumen: No habiendo aplicado la sentencia recurrida la doctrina jurisprudencial sobre compensación de culpas, pese a haber sido alegada en el proceso, y haber declarado la responsabilidad de uno de los demandantes en la producción de las lesiones a cuya condena se indemniza, infringió dicha doctrina, procediendo la casación de la sentencia. La estimación del presente motivo determina la casación parcial de la sentencia en lo que respecta al demandante "Valerio y Mendizábal, S. L." para dictar segunda sentencia en la que se absuelva íntegramente a los demandados de la reclamación formulada por "Valerio y Mendizábal, S. L." o, subsidiariamente, se reduzca sustancialmente la cuantía de dicha indemnización.

Amparado en el número uno del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina legal contenida en las sentencias de 13 de julio de 1945, 21 de abril de 1960, 30 de noviembre de 1961 y 6 de junio de 1966 , entre otras, que exigen la prueba en el proceso de los daños y perjuicios, sin que éstos puedan derivarse de supuestos meramente posibles. La sentencia recurrida al condenar a la indemnización de perjuicios simplemente hipotéticos y posibles, pero no demostrados ni concretos, y dejar su justificación y acreditación para ejecución de sentencia, como realiza respecto de los gastos de mudanza, obras de decoración e instalaciones fijas de "Valerio y Mendizábal, S. L.", y cese de las industrias de hospedaje y peluquería; infringe la reiterada doctrina jurisprudencial de que la determinación de los perjuicios debe efectuarse en la fase declarativa del proceso, sin que pueda referirse la demostración de su existencia al período de ejecución de sentencia, y sin que sea suficiente la mera posibilidad de perjuicios, ni mucho menos que el desarrollo de un negocio redunde siempre en la obtención de ganancias indemnizables. Una reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo tiene declarado que para la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios no es suficiente que éstos puedan hipotéticamente producirse, sino que es inexcusablemente que se hayan producido ya en el momento de la demanda, y que resulte plenamente justificada su existencia en la fase declarativa del proceso, sin que pueda referirse su justificación a ejecución de sentencia. La sentencia recurrida desconoce reiteradamente esta clara doctrina jurisprudencial. La estimación del presente motivo determina la casación de la sentencia en cuanto respecta a la indemnización por daños meramente posibles, pero no acreditados, originados a las personas y en las cuantías que se dejan expresadas en el cuerpo de este motivo, para dictar segunda sentencia en la que se absuelva a don Eduardo de dichas indemnizaciones.

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción, por violación, en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina legal contenida en las sentencias de 25 de junio de 1955 y 4 de junio de 1962 , entre otras, por apreciar la existencia de daño moral sin concurrir los presupuestos y límites establecidos por este Tribunal. La sentencia recurrida condena a los demandados a indemnizar a dos de los demandantes, don Imanol y doña Araceli , en la total suma de

80.000 pesetas como "daño moral ínsito en las especialísimas circunstancias vitales a que se vieron abocados por la pérdida de sus viviendas", infringiendo notoriamente la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo que estima que el daño moral opera como indemnización por las lesiones a la fama o al honor, pero no como complemento de la indemnización de los perjuicios materiales como son los inherentes a la pérdida de la vivienda; máxime habida cuenta que la sentencia recurrida no concreta cuáles sean esas "especialísimas circunstancias vitales" que concurren en dichos demandantes y no en los restantes, ni los motivos por los que cifra la indemnización en la total suma de las 80.000 pesetas para cada uno. La jurisprudencia de este Tribunal Supremo en torno a los daños morales se encuentra contenida ensentencias de 25 de junio de 1945 y 4 de junio de 1962 . Conviene señalar además que la mayoría de las ocasiones en que la jurisprudencia ha admitido la indemnización por daños morales lo ha sido haciendo referencia a lesiones al honor de una persona, pero no a lesiones de carácter simplemente patrimonial. Evidentemente, daños morales son exclusivamente aquellos que atacan la fama o el honor de una persona y que por tanto no pueden ser objeto de una valoración económica equivalente. Dicha jurisprudencia ha sido totalmente ignorada por la sentencia recurrida que en su considerando 12 establece una peculiar concepción del daño moral. Fácil es señalar que: a) "Las especialísimas circunstancias vitales" no tienen nada que ver con la doctrina del daño moral, b) No existe el menor ataque al honor o a la fama de dichos demandantes que justificaría la aplicación de la doctrina del daño moral, c) La pérdida de la vivienda únicamente implicaría el derecho a entregar su equivalente monetario, pero en forma alguna indemnizar un supuesto daño moral, d) Máxime cuando no se concreta en momento alguno de la sentencia cuáles sean dichas "especialísimas circunstancias vitales", que en todo caso afectarían a todos los demandados, e) No existe criterio alguno para establecer el importe de dicho supuesto daño moral, que tanto puede valorarse en 8.000 pesetas, como en 800.000 pesetas, como en 80.000.000 de pesetas. La pérdida de la vivienda propia dará, en su caso, lugar a indemnización por daños materiales, pero en forma alguna por daños morales, que operan en un ámbito distinto. La estimación del presente motivo determina la casación parcial de la sentencia, en los pronunciamientos relativos a la indemnización de 80.000 pesetas a cada uno de los demandantes, don Imanol y doña Araceli , para dictar a continuación segunda sentencia en la que se absuelva a los demandados del pago de dichas sumas.

Amparado en el número cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación del primer párrafo del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al condenar la sentencia recurrida al pago de una cantidad concreta por gastos de mudanza, y al propio tiempo disponer que dichos gastos se fijarán en ejecución de sentencia. La sentencia recurrida, pese a conceder a todos y cada uno de los demandantes una indemnización ajustada a las pruebas practicadas en cuantía concreta y determinadas por los gastos de mudanza y reinstalación de servicios, condena simultáneamente a indemnizar a algunos de ellos unos idénticos gastos de mudanza y reinstalación de servicios a determinar en ejecución de sentencia, sin establecer criterio alguno que permita diferenciarlos de los anteriores. Por dicho concepto se condena a los demandados a abonar a cada uno de los demandantes unas determinadas sumas, que se concretan en varias cantidades concretas. Dichos pronunciamientos son correctos, de no estimarse los dos primeros motivos de casación, en cuanto corresponden a gastos declarados probados por la sentencia recurrida, reales y existentes, y determinados en cuanto a su importe. Pero precisamente al haber concretado su importe la sentencia recurrida, imposibilitaba una segunda condena abstracta dejando para ejecución de sentencia la concreción del mismo. Hemos denunciado en el tercer motivo de casación hasta qué punto dichos pronunciamientos son contrarios a la doctrina de este Tribunal Supremo sobre necesidad de que los daños se hayan realmente producido, y la imposibilidad de indemnizar daños meramente posibles; pero es que además la redacción de la sentencia implica una manifiesta contradicción entre los dos pronunciamientos relativos a gastos de mudanza y reinstalación de servicios que se contemplan duplicados en el considerando 12-1, y en el considerando 14, en lo que hace referencia a los anteriores demandados. La estimación del presente motivo determina la casación de la sentencia para dictar segunda sentencia en la que se corrija la manifiesta contradicción denunciada, a cuyo efecto debe privar la condena concreta, determinada en su existencia y cuantía, sobre la cuantía abstracta, totalmente indeterminada, procediendo, por tanto, se supriman los pronunciamientos de la sentencia relativos a doña Soledad y doña Ángela , doña Esperanza y doña Araceli , en torno a la indemnización por gastos de mudanza a fijar en ejecución de sentencia.

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina legal del enriquecimiento injusto contenida, entre otras, en las sentencias de este Tribunal Supremo de 12 de enero de 1943, 9 de abril de 1949, 20 de febrero de 1976, 23 de noviembre de 1977, 16 de noviembre de 1978 y 1 y 15 de diciembre de 1980 , entre otras varias, ya que los demandantes cobrarán por partida doble el valor del inmueble, al haberlo vendido a terceras personas, y al recibir la indemnización fijada en la sentencia. La sentencia recurrida, pese a reconocer que la pérdida del edificio determinó la extinción de los arrendamientos, y posibilitó la venta de la finca a una entidad constructora, con notable ganancia para los demandantes; al condenar a los demandados a abonar el valor del edificio demolido que cifra en la suma de

4.840.133,76 pesetas, ignoró la reiterada doctrina jurisprudencial sobre enriquecimiento injusto, ya que mientras los demandantes se enriquecían con dicho importe, pese a haber percibido ya de terceras personas valor superior al inicial de dicho edificio, los demandados se empobrecían en igual suma; todo lo cual determina la casación de la sentencia, para dictar segunda sentencia en la que, al igual que en la primera instancia, se absuelva a los demandados del pago de dicha indemnización. La reciente sentencia de 1 de diciembre de 1980 resume acertadamente la doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto. Son hechos que, a nuestro entender, justifican que la sentencia recurrida suponga un enriquecimiento injusto, para los litigantes, los siguientes:

1. La sentencia de primera instancia absuelve de la petición decondena a indemnizar el valor del edificio dañado, por estimar que habiéndose producido la venta del inmueble a "uno de los demandados, en sociedad o copropiedad con los actores", por lo que los daños alegados "han quedado compensados por la venta del solar o la edificación en condiciones ignoradas", b) La sentencia recurrida, si bien en su considerando octavo niega que exista constancia de dicha adquisición por uno de los demandados, considera probado que "el solar resultante de la demolición de la casa aparece presumiblemente transmitido a la empresa constructora "Vilcon", que no consta que pertenezca a ninguno de los sujetos demandados y que ya está efectuando obras de construcción en el referido solare, c) Pese a ello, la sentencia recurrida condena a indemnizar por "la demostrada pérdida total de la casa que se creía susceptible de conservación al formular los pedimentos de la demanda", indemnización que se fija en la total suma de 4.840.133,76 pesetas, d) Por último, en el considerando 13 se reconoce que la inhabitabilidad del inmueble ha determinado "la consiguiente extinción de los arrendamientos que los propios arrendadores se apresuraron a instar". Si tenemos en cuenta además, que según el dictamen pericial practicado para mejor proveer, la antigüedad de la finca número NUM000 de la calle DIRECCION000 , puede cifrarse en unos cien años, forzoso será concluir: 1.° Que la ruina de dicho edificio no supuso perjuicio alguno para los demandantes. 2.° Que sabido es que en ámbito inmobiliario que el valor de una finca libre de arrendatarios, es muy superior al valor de una finca arrendada; y además que el precio asignado en dicho mercado inmobiliario a un edificio de una antigüedad superior a los cien años, es inferior al precio del solar en que se asienta el edificio. 3.° Por consiguiente, resulta manifiesto que los demandantes no sufrieron el menor perjuicio derivado de la demolición del inmueble. 4.° Si los demandantes percibieron ya el valor, incluso aumentado, del edificio dañado, resulta absolutamente inexistente el supuesto perjuicio derivado de la pérdida de dicho valor. 5.° Dicho enriquecimiento es correlativo al subsiguiente empobrecimiento de los demandados. 6.° Precisamente son estos supuestos, derivados de la moderna dinámica de las relaciones comerciales, los que justifican la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en supuestos que no podían ser contemplados en nuestras leyes. 7.° El mantenimiento de la sentencia supondría por consiguiente una doble ganancia para los demandantes. 8.° Conviene señalar, por último, que produciéndose el enriquecimiento injusto en la sentencia recurrida, como consecuencia de hechos producidos durante la pendencia del proceso, y acreditados precisamente en la segunda sentencia, como consecuencia del acta notarial aportada para mejor proveer; lo que impidió alegar en la instancia el enriquecimiento injusto, y hace posible su alegación en casación. Habiendo supuesto el derribo del edificio una manifiesta ganancia para los demandantes, la sentencia recurrida, al condenar a los demandados a satisfacer el valor del inmueble, que en realidad suponía una carga para los demandantes, produce un enriquecimiento injusto e indebido de éstos, correlativamente a un empobrecimiento de los demandados, determinante de la casación de la sentencia. La estimación del motivo determina la casación de la sentencia, parcialmente, para dictar segunda instancia en la que se absuelva a los demandados de la pretensión actora de indemnización en la suma de 4.840.133,76 pesetas por la pérdida de la finca número NUM000 de la calle DIRECCION000 , de Bilbao.

Amparado en el número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por interpretación errónea del artículo 1.902 del Código Civil , en lo que respecta a la condena a indemnizar el coste de unos dictámenes extrajudiciales que ninguna relación guardan con el siniestro, y que han sido voluntaria y libremente encargados por los demandantes. Los perjuicios que debe indemnizar el responsable extracontractual son exclusivamente los que se deriven de su acción u omisión culposa, en forma necesaria, pero no aquellos que respondan a la voluntad unilateral del perjudicado, sin guardar relación de causa a efecto con el acto culposo. Por cuyo motivo la sentencia recurrida, al incluir entre los perjuicios indemnizables los gastos efectuados por los demandantes al encargar dictámenes extrajudiciales previos a la presentación de la demanda, de nulo valor procesal y carácter parcial, ha interpretado erróneamente el artículo 1.902 del Código Civil , máxime habida cuenta que los gastos procesales corren a cargo de cada parte, dándose la paradoja de que mientras el dictamen pericial judicial sería abonado por mitad, el extrajudicial correría exclusivamente a costa de los demandados. Evidentemente la indemnización de daños y perjuicios no comprende todos los gastos libres y voluntariamente efectuados por los perjudicados, sino exclusivamente aquellos gastos derivados de la acción u omisión culposa que se deriven necesariamente de la misma. No es ésta la opinión de la sentencia recurrida, que en su décimo considerando estima que "han de estimarse computables, entre los perjuicios indemnizables, los gastos acarreados por las gestiones enderezadas a la consecución extrajudicial del justo resarcimiento debido a los demandantes y a la preparación de elementos adecuados para fundamentar la reclamación judicial". El manifiesto error interpretativo de la sentencia recurrida se pone fácilmente de relieve simplemente con considerar: a) Que fueron los demandantes quienes libre y voluntariamente por su propio interés encargaron los dictámenes extrajudiciales, y, por tanto, son los únicos obligados a pagarlos,

2. Que dichos dictámenes extrajudiciales en forma alguna pueden considerarse como consecuencia del siniestro, c) Que el valor procesal de los dictámenes extrajudiciales es totalmente nulo, d) Que la sentencia recurrida no efectúa condena en costas. No siendo necesarios los dictámenes extrajudiciales, no derivándose necesariamente del siniestro; y constituyendo una preconstitución voluntaria de datos favorables a los demandantes; resulta manifiesto que sólo éstos vienen obligados a su pago; por cuyomotivo la sentencia recurrida, al condenar a los demandados, ha interpretado erróneamente el artículo 1.902 del Código Civil , procediendo la casación de la sentencia. La estimación del presente motivo determina la casación parcial de la sentencia, para dictar segunda sentencia en la que se absuelva a los demandados del pago de la suma de 142.660 pesetas, importe de los dictámenes periciales extrajudiciales encargados por los demandantes.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruida la parte recurrente, única comparecida, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el excelentísimo señor Magistrado don Mariano Fernández Martín Granizo.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que el primer motivo a contemplar en el presente recurso es el quinto, por razón de alegarse en él la violación por inaplicación del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al condenar la sentencia impugnada al pago de una cantidad concreta por gastos de mudanza y al propio tiempo disponer que dichos gastos se fijarán en ejecución de sentencia, lo cual en opinión del recurrente implica duplicación de conceptos y consiguientemente de pagos, motivación que no puede prosperar, dado que la casación se da, como tiene declarado esta Sala de modo reiterado, no contra los considerandos sino contra el fallo, y en éste se determina claramente el "quantum" a satisfacer por dicho concepto.

CONSIDERANDO que no mejor declaración merece el motivo primero, en el que se alega la interpretación errónea del artículo 1.902 del Código Civil con apoyo en el ordinal primero del artículo 1.692 de la Ley procesal, por estimar que la sentencia recurrida establece una responsabilidad objetiva o una presunción de culpa, lo que en opinión de quien impugna, no puede hacerse, dado que además de que la responsabilidad objetiva requiere una disposición legal, inexistente en nuestro derecho positivo para el caso de daños en edificios, la misma no puede aplicarse al arquitecto señor Eduardo , "Ya que no fue él quien decidió proceder a la construcción de un edificio, provocando con ello la actividad "peligrante" a que hace referencia la sentencia recurrida".

CONSIDERANDO que el perecimiento de este motivo se opera porque:

1. Sin que pueda negarse el origen culpabilista del artículo 1.902 del Código Civil , es lo cierto, que en su interpretación y desde hace ya tiempo, la doctrina de esta Sala, en atención a la necesidad de acomodar la aplicación del derecho a las exigencias de la realidad social de cada momento histórico, ha ido introduciendo matices de objetividad para moderar el criterio subjetivista del precepto (sentencias de 18 de noviembre de 1980, 27 de abril de 1981, 16 y 27 de mayo y 4 de octubre de 1982, 13 de diciembre de 1983 y 6 de junio de 1984 ); B) El razonamiento de que el recurrente no fue "quien decidió proveer a la construcción del edificio provocando con ello la actividad peligrosa", que se da para exculpar o justificar su actividad, no puede tampoco ser aceptado, dado que lo imputado en la sentencia impugnada al mismo (cuarto considerando) es la ruina del edificio en cuestión, en lo cual "las partes están prácticamente acordes", así como que ello se produjo como consecuencia de "un movimiento generalizado como derivación objetiva de un brusco resentimiento de su cimentación, tras el parcial "descalce" de la misma, sin que los demandados pongan siquiera en duda que tal descalce se produjo con ocasión de las operaciones de excavación que en un solar adyacente, propiedad de "Edificio Jado, S. A.", ejecutaba, por encargo de ésta y en calidad de contratista "Agromán, S.

A.", bajo proyecto y dirección facultativa del arquitecto don Eduardo "; C) La responsabilidad que se le imputa, además de no ser la objetiva sino la que deriva del artículo 1.902 del Código Civil , interpretado como se ha indicado en el apartado A) de este fundamento, viene derivada, por tanto, de las deficiencias en la dirección como tal arquitecto de la misma, supuesto que está contemplado reiteradamente por la doctrina jurisprudencial en el sentido resuelto por la sentencia impugnada, entre otras, en sentencias de 29 de marzo de 1966,22 de noviembre de 1971, 7 de octubre de 1983 y 13 de febrero de 1984 .

CONSIDERANDO que el motivo segundo viene fundado en el mismo ordinal y precepto del anterior, y en él se dice que la sentencia de apelación viola por inaplicación de la doctrina legal sobre compensación de culpas contenida en las resoluciones de este Tribunal que cita, mostrando extrañeza por la condena a los demandados a satisfacer íntegramente los perjuicios originados a "Valerio y Mendizábal, S. L.", "pese a declarar probado que dichos perjuicios se causan por la debilidad del muro medianil en méritos de obras realizadas por dicho demandado", mereciendo el mismo destino desestimatorio que el precedente, en cuanto lo que declara la sentencia impugnada en su cuarto considerando es lo que se ha transcrito en el apartado B) del anterior fundamento; en consecuencia, se está aquí haciendo un supuesto de la cuestión.

CONSIDERANDO que en la siguiente motivación, la tercera, se alega violación por inaplicación de la doctrina legal contenida en las sentencias de esta Sala que cita, las cuales exigen la prueba en el proceso de los daños y perjuicios, sin que éstos puedan derivarse de supuestos meramente posibles; dicho motivono puede estimarse al carecer de bases fácticas como queda acreditado con la lectura de los considerandos octavo a catorce de la resolución recurrida y ver las referencias que en los mismos se hacen a las tres distintas evaluaciones de los daños realizadas por facultativos y a la prueba pericial practicada para mejor proveer, así como con la declaración contenida en el octavo considerando, según la cual, "queda ya evidenciada la pérdida total del edificio, una vez que, por doble vía -administrativa y judicial- se proclamó la ruina del mismo ordenándose su urgente demolición, que ya se ha llevado a cabo mientras cursaba el actual proceso".

CONSIDERANDO que pasando al examen de la motivación cuarta, puede observarse que en ella se imputa a la Sala "a quo" violación negativa de la doctrina legal contenida en las sentencias que cita, por apreciar la existencia del daño moral sin concurrir los presupuestos y límites establecidos por este Tribunal, motivo éste que centra su atención en las indemnizaciones concedidas a dos de los actores, de 80.000 pesetas a cada uno, por el daño moral que para los mismos supuso la pérdida de la vivienda en que moraban, tesis, la del recurrente, que se asienta sobre la para él violación de la doctrina de esta Sala que únicamente admite la indemnización de tales daños cuando los mismos afecten a ataques contra la fama, honor, etc. de las personas.

CONSIDERANDO que las argumentaciones ofrecidas en este motivo a la apreciación del Tribunal no pueden triunfar, al no ser de aceptable la construcción que del "daño moral" y de su indemnización hace el recurrente, dado que: 1) Aunque dicha figura no se encuentre específicamente nominada en el Código Civil, tiene adecuado encaje en la exégesis de ese amplísimo "reparar el daño causado" que emplea en su artículo 1.902 , como tiene declarado esta Sala a partir de la sentencia de 6 de diciembre de 1912 ; II) La construcción del referido daño como sinónimo de ataque o lesión directos a bienes o derechos extrapatrimoniales o de la personalidad, peca hoy de anticuada y ha sido superada tanto por la doctrina de los autores como de esta Sala; III) Así, actualmente, predomina la idea del "daño moral" representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden producir ciertas conductas, actividades o, incluso, resultados, tanto si implican una agresión directa o inmediata ?. bienes materiales, cual si el ataque afecta al acervo extrapatrimonial o de la personalidad (ofensa a la fama, al honor, honestidad, muerte de persona allegada, destrucción de objetos muy estimados por su propietario, etc.); IV) De ahí que, ante, frente o junto a la obligación de resarcir que surge de los daños patrimoniales, traducido en el resarcimiento económico o dinerario del "lucro cesans" y/o del "damnum emergens", la doctrina jurisprudencial haya arbitrado y dado carta de naturaleza en nuestro derecho a la reparación del daño o sufrimiento moral, que si bien no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado (sentencia de 31 de mayo de 1983 y las en la misma citadas).

CONSIDERANDO que la proyección de la doctrina anteriormente indicada sobre las realidades de la vida práctica, tienen su reflejo en la declaración de indemnizables a título de "pecunia doloris" provocado por los sufrimientos experimentados por la muerte de un familiar (sentencias de 20 de diciembre de 1930, 8 de abril de 1936, 17 de febrero de 1956, 7 de diciembre de 1968,25 de diciembre de 1969 , etc.), e incluso por la convivencia y dependencia económica de aquel a quien se reputaba marido, muerto en accidente de automóvil (sentencia de 25 de noviembre de 1969 ); o del sufrimiento experimentado por defectos funcionales y pérdida de órganos, de carácter residual, derivados de un accidente (sentencias de 29 de mayo de 1952, 10 de marzo de 1967, 7 de octubre de 1970 , etc.); así como también, del que pudiera haberse provocado por la dispersión de los restos mortales de los antepasados del actor, bien que ello no se estimase al no estar probado el hecho alegado (sentencia de 7 de diciembre de 1979 ); e incluso, de los originados por los perjuicios que a los actores se produjeron al perder los locales y viviendas que ocupaban en el local parcialmente derrumbado (sentencia de 23 de octubre de 1978 ).

CONSIDERANDO que también perece el motivo sexto, que acusa violación negativa de la doctrina legal contenida en sentencias de las que hace relación, y fundamenta en la idea del enriquecimiento injusto, dado que los actores -dice- cobraron por partida doble el valor del inmueble al haberlo vendido a terceras personas y al recibir la indemnización fijada en la sentencia que se recurre, nada de lo cual resulta acreditado, dado que cual se declara en el octavo considerando de la resolución impugnada, son "de desechar por otra parte, las elucubraciones de la sentencia impugnada en torno a un posible resarcimiento del mismo, total o parcialmente efectuado a través de una supuesta venta del inmueble a alguno de los demandados, acerca de lo cual resulta inatendible la privada información extraprocesal que dice poseer el Juzgador "a quo", carente de cualquier constancia en las actuaciones, donde sólo se reflejan algunas gestiones sobre el particular que no fructificaron en acuerdo firme, igualmente desmentido por el acta notarial incorporada, para mejor proveer, al rollo de la presente apelación".

CONSIDERANDO por último, la motivación séptima, amparada cual la primera en la interpretaciónerrónea del artículo 1.902 del Código Civil , que en este caso proyecta sobre la condena a indemnizar el costo de unos dictámenes periciales que, en su opinión, ninguna relación guardan con él y que fueron "voluntaria y libremente encargados por los demandantes", motivo que no puede prosperar por cuanto como se indica en el considerando noveno de la sentencia impugnada, entre los perjuicios indemnizables tienen cabida "los gastos acarreados por las gestiones enderezadas a la consecución extrajudicial del justo resarcimiento debido a los demandantes y a la preparación de elementos adecuados para fundamentar la reclamación judicial a que, ante la recalcitrante actitud de los responsables, se vieron abocados", y ello, sin olvidar, que esta materia es facultad del Tribunal sentenciador y sólo podrán ser alterados en casación si fueren manifiestamente arbitrarios o excesivos, lo que no acontece en este caso.

CONSIDERANDO que como consecuencia de la desestimación de todos los motivos articulados se produce la del recurso en su integridad, con los efectos que para tal decisión determina el artículo 1.748 de la Ley procesal civil.

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, interpuesto por don Eduardo , contra la sentencia que, con fecha 13 de enero de 1982, dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Beltrán de Heredia.- Rafael Casares.- Cecilio Serena.- Mariano Fernández Martín Granizo.-Rafael Pérez.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor Magistrado don Mariano Fernández Martín Granizo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.

En Madrid, a 25 de junio de 1984.- Señor Fernández Rodríguez.- Rubricado.