STS, 5 de Marzo de 1984

Amparado en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por interpretación errónea del párrafo primero del artículo mil quinientos noventa y uno del Código Civil , al englobar en el concepto de ruina cualquier defecto de la construcción, incluso los meramente decorativos. El artículo mil quinientos noventa y uno, uno, del Código Civil , al establecer como presupuesto de la indemnización la "ruina» del edificio, responder a un compromiso entre la gravedad de los daños y la duración de la acción, justificado tanto por las dificultades probatorios de los defectos constructivos que aconsejan extremar la gravedad, cuando más se aplaza el proceso, cuanto por la necesaria coordinación entre los artículos mil quinientos noventa y uno y mil cuatrocientos ochenta y cuatro del Código Civil . Siendo precisar para la condena prevista en el artículo mil quinientos noventa y uno, uno del Código Civil que la ruina sea próxima, inmediata y evidente, resulta manifiesto que ni los meros defectos decorativos, ni los manifiestos, ni lo de escasa importancia, sean susceptibles de fundar dicha acción; por lo que al entender lo contrario la sentencia recurrida, ha infringido dicho precepto. Los defectos denunciados en su mayoría son de escasísima importancia y ni siquiera merecerían ser considerados como vicios ocultos. La mejor prueba es, que el propio Juez los apreció "de visu» en la diligencia de reconocimiento judicial. Una clasificación, nos llevaría a las siguientes consecuencias: Primero: Existen defectos meramente decorativos, tales como la sujeción de los tubos de desagüe con alambres o la mala calidad de los acabados interiores de las viviendas (o la mala calidad de), que no pueden ni remotamente, revocar la ruina del edificio, y no son además, susceptibles de reparación. Segundo: Otros defectos son manifiestamente ocultos, pero sin virtualidad suficiente para provocar la "ruina» del edificio. Así ocurre con la defectuosa colocación de los goznes de las persianas; con la escasa pendiente de los desagües y con la falta de pendientes de las terrazas pequeñas y cubiertas. Tercero: El único supuesto que en casos extremos, ha considerado la jurisprudencia de este Tribunal Supremo como posible causa de ruina, los constituyen las humedades (letra a), d) y h). Pero como ha puntualizado también este Tribunal Supremo, es indispensable que dichas humedades afecten a elementos básicos y estructurales del inmueble, cuya ruina pueda acarrear la de todo el edificio. Y las humedades denunciadas, no provienen de infiltraciones de agua del exterior al interior, sino que son condensaciones del vapor de agua interior, que no afectan en absoluto a los elementos estructurales del inmueble. Siendo manifiestos y secundarios gran número de los defectos denunciados; ocultos pero insignificantes otros; y sin la entidad suficiente para provocar la ruina los restantes; la sentencia recurrida al considerarles suficientes para integrar la ruina prevista en el artículo mil quinientos noventa y uno, uno del Código Civil , ha interpretado extensiva y erróneamente este precepto, procediendo la casación de la sentencia.

Amparado en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación del artículo mil cuatrocientos ochenta y cuatro del Código Civil . Siendo varios de los defectos declarados en la sentencia manifiesta, y habiendo sido apreciados personalmente por el Juez en la diligencia de reconocimiento judicial, podían ser apreciados por los compradores al efectuar la compraventa, o por elcomitente de la obra al efectuar su aceptación; habiendo precluido con la consumación del contrato de posibilidad de denuncia, de conformidad con el artículo mil cuatrocientos ochenta y cuatro del Código Civil , que además responsabiliza sólo al vendedor y no el Arquitecto, y por un plazo de seis meses de responsabilidad por los defectos ocultos; por cuyo motivo al prescindir de dicho precepto la sentencia recurrida, lo infringió por violación en su aspecto negativo de inaplicación, procediendo la casación de la sentencia.

Amparado en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por interpretación errónea del párrafo primero del artículo mil quinientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al estimar responsable al Arquitecto de los defectos en la ejecución material de un edificio. La sentencia recurrida declara expresamente probado que las causas de los defectos existentes en la obra, debieron a la mala ejecución de la obra, lo que determina que no siendo responsable el arquitecto de la ejecución de la obra, que corresponde al Constructor, bajo la vigilancia del Aparejador, no deba responder en absoluto de los defectos observados en la obra. Por cuyo motivo, estando claramente deslindadas en el artículo mil quinientos noventa y uno, párrafo primero del Código Civil las responsabilidades de Constructor y de Arquitecto, y siendo en todo caso el coste de reparación de los defectos, aun advertidos por el Aparejador a cargo del Constructor, la sentencia recurrida ha interpretado erróneamente y extensivamente dicho precepto al Arquitecto, procediendo la casación de la sentencia recurrida.

Amparado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por violación en sentido negativo de inaplicación del artículo Uno, letra A, apartado uno del Decreto de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y uno , al hacer responsable al Arquitecto de funciones confiadas al Aparejador o Arquitecto Técnico. Al establecer el artículo uno, letra A, apartado uno del Decreto de diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y uno , como atribución del Aparejador o Arquitecto Técnico, la dirección de la ejecución material de las obras, le hizo subsidiariamente responsables, después del Constructor, de los defectos de ejecución material, excluyendo la responsabilidad del Arquitecto. Por cuyo motivo, la sentencia recurrida al Condenar al Arquitecto por defectuosa vigilancia en la ejecución material infringió al no aplicarlo, dicho precepto, procediendo la casación de la sentencia.

Amparado en el número primero del artículo mil seiscientos cincuenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por interpretación errónea de la doctrina legal contenida en las sentencias de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y veintiocho de enero de mil novecientos ochenta . Para justificar la extensión de responsabilidad al Arquitecto, la sentencia recurrida cita expresamente la de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta de este Tribunal, que a su vez recogía la de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta, y concedía al comprador acción contra el vendedor-contratista para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados del defectuoso cumplimiento del contrato. Pero habida cuenta que dichas sentencias no han sido aplicadas respecto del Arquitecto, y además excluyen claramente la responsabilidad de dicho profesional, la interpretación extensiva que de las mismas efectuaba la sentencia recurrida es errónea, procediendo la casación de la sentencia. Prescindiendo de entrar en el contenido de fondo de ambas sentencias, es lo cierto que ninguna de ellas se aplicó respecto del Arquitecto, a) La de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta hace referencia exclusiva a las relaciones entre vendedor-constructor y los compradores, b) La de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta es más terminante: ". la comunidad actora no solicita el cumplimiento, sino su equivalente en dinero por los perjuicios resultantes de la lesión de su derecho, proveniente de la incorrecta conducta contractual de la vendedora».

Amparado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , fundado en la infracción por interpretación errónea del artículo mil quinientos noventa y uno, párrafo primero, del Código Civil , al condenar al pago de facturas sin ninguna relación con dicho artículo. La sentencia recurrida, sin razonamiento alguno, condena a efectuar una serie de pagos que en forma alguna están comprendidos en el artículo mil quinientos noventa y uno, primero del Código Civil , al hacer referencia no a la reparación de defectos, sino a simple mantenimiento de las instalaciones, cuyos defectos a subsistir, implican, de mantenerse la sentencia recurrida, una manifiesta duplicidad incompatible con el precepto examinado, que habría sido interpretado erróneamente por la sentencia recurrida, procediendo la casación de la sentencia.

Amparado en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil fundado en la infracción por violación en su aspecto negativo de inaplicación de la doctrina legal contenida en las sentencias de uno de febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, catorce de mayo de mil novecientos veintiocho, dos y cuatro octubre de mil novecientos cincuenta y ocho , que establecen la improcedencia de condena al pago de intereses por cantidades liquidadas en el transcurso delproceso, Habiendo declarado reiteradamente este Tribunal Supremo que sólo se deben intereses por las cantidades líquidas, y no son tales las que deben determinarse en el transcurso del proceso, resulta evidente que reclamándose al pago de trabajos encargados por la entidad demandante a terceras personas, cuyo pago sólo se acreditó en el transcurso del proceso, sin referirse a deuda personal, conocida y aceptada por los demandados, sino a uno de los conceptos de la indemnización de daños y perjuicios, no precedía la condena al pago de intereses.

RESULTANDO: Que admitido el recurso e instruida la recurrente se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

VISTO: Siendo Ponente el Magistrado don José Beltrán de Heredia y Castaño.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la relación de hechos declarados probados en la instancia, el origen del pleito del que traen causa las presentes actuaciones, es un contrato de obra para la construcción de un DIRECCION000 de Palma de Mallorca iniciada en mil novecientos setenta y tres para terminar en mil novecientos setenta y cinco, a cuya entrega a los propietarios, se descubrieron una serie de defectos graves que evidenciaban la ruina del edificio, tales como importantes humedades, desprendimiento de partes del edificio, mal funcionamiento de los desagües, grietas en diversas partes, cuyo conjunto significaba un peligro potencial para la edificación, aparte de que el sótano no era susceptible de ser convertido en zona de aparcamiento de vehículos por no reunir las condiciones necesarias para al fin propuesto; todo ello, fue debido, no a fuerza mayor, ni a omisión de cuidados en el uso del inmueble por los propietarios -que aunque fueron alegados, no se probaron- sino a deficiencia de los materiales empleados y a la inadecuada prestación de los elementos personales concurrentes, concretamente a vicios y defectos del proyecto, de la dirección y de la construcción; los cuales, eran imputables al promotor, a los dos arquitectos técnicos ejecutantes de la obra y al doctor arquitecto que la planeó y dirigió, constando respecto de éste la intermitencia de sus visitas de inspección, junto con graves planteamientos de dirección como la instalación de la red de aguas residuales o la pendiente hacia el interior de las terrazas pequeñas y cubiertas. Interpuesta demanda por los propietarios, reclamando la reparación de los daños y perjuicios causados, fue estimada por las dos sentencias de instancia que condenaron solidariamente a los cuatro demandados mencionados, como consecuencia de no haberse podido discernir la parte individual que a cada uno de ellos hubiera podido corresponder, de los cuales solamente el Doctor arquitecto interpuso el presente recurso que basa su impugnación en siete motivos, formulados todos con amparo en el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento , que giran en torno de tres puntos fundamentales, referidos respectivamente al aspecto objetivo de la reclamación, al factor subjetivo de la responsabilidad asignada y a los intereses a que se condena respecto de una cantidad abonada por reparaciones.

CONSIDERANDO: Que al primero de los puntos indicados, se dedican los motivos primero, segundo y sexto, ninguno de los cuales es susceptible de estimación, según ponen de relieve las siguientes razones: el señalado con el número uno, denuncia interpretación errónea del párrafo primero del artículo mil quinientos noventa y uno del Código Civil que directamente aplicó el juzgador y el alegato, que no discute los hechos antes relatados, se basa simplemente en que no sirven para integrar el concepto de "ruina» que el precepto exige, apoyándose en consideraciones gramaticales personalmente interpretadas, en relación con criterios de Derecho comparado, pero olvidando la doctrina legal vigente en España; siendo de recordar a este respecto, como se dijo en la sentencia de este Tribunal Supremo de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y tres , que la noción debatida, inspirada en el artículo mil setecientos noventa y dos del Código Civil Francés, del que el mil quinientos noventa y uno español es fiel trasunto, consagra la doctrina romana de "quod imperitia precavit, culpa esse», interpretada por la jurisprudencia francesa en el sentido de que se refiere no sólo a las obras fundamentales ("gros ouvrages), sino también a las meramente defectuosas ("mal facons») que atenten a aquéllas. Lo cual es válido en nuestro Derecho, porque la "ruina» de que habla la Ley tiene que ponerse en relación con el término "se arruinase» que emplea el artículo mil quinientos noventa y uno y realmente "se arruina» con la existencia de vicio que afecten a elementos esenciales de la construcción, aunque el inmueble no quede materialmente convertido "en ruinas»; que fue el significado que dio la jurisprudencia española al hablar de "defectos graves» o que afecten a "elementos sustanciales o esenciales», como hizo, entre otras muchas, en las sentencias de diecinueve de febrero, veinte de mayo y veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, siete de junio de mil novecientos sesenta y seis, veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta, diez de diciembre de mil novecientos setenta y seis, uno de abril de mil novecientos setenta y siete, tres de octubre de mil novecientos setenta y nueve y nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres, además de la de treinta de septiembre de este mismo mil novecientos ochenta y tres , antes referida, diciéndose expresamente en las dos últimas que ". el término "mina» que utiliza el legislador no debe quedar reducido al supuesto dederrumbamiento total o parcial de la obra, sino que hay que extenderlo a aquellos defectos de construcción que, por exceder de las imperfecciones corrientes, configuran una violación del contrato...». Todo lo cual justifica la interpretación efectuada por el juzgador a la vista de los hechos que se relataron y que como se dijo, no fueron debatidos en casación, impidiendo asimismo la aplicación del artículo mil cuatrocientos ochenta y cuatro, en contra de lo que se pretende en el motivo segundo, que está referido dentro del contrato de compraventa, a los supuestos de vicios ocultos o a defectos manifiestos o que estuviesen a la vista, que nada tienen que ver con los aquí contemplados; y ampara la reclamación para reparar los daños y perjuicios causados no sólo con referencia al total de la obra reparadora, cuando se verifique, sino igualmente a los que, por su urgencia, hayan tenido que efectuar los propietarios, entre los que figuran los comprendidos en las facturas presentadas en su día, a que se hace relación en el motivo sexto, sosteniendo que deben quedar excluidas.

CONSIDERANDO: Que del punto referente al factor subjetivo de la responsabilidad, se ocupan los motivos señalados con los números tres, cuatro y cinco en los que se intenta justificar la exoneración de responsabilidad del Arquitecto recurrente, entendiendo que caso de existir, habría de recaer exclusivamente en los otros demandados, con argumentos carentes de fundamento, lo que obliga a la desestimación de los motivos, porque el tercero, que alega de nuevo interpretación errónea del párrafo primero del artículo mil quinientos noventa y uno del Código , no tiene en cuenta el resultado probatorio tantas veces invocado, que como se dijo no se impugnó en casación, acreditativo de una concurrencia de factores, tanto la mala calidad de los materiales empleados, como los defectos de dirección y ejecución de la obra que, al modo contemplado entre otras, en las sentencias de este Tribunal Supremo de cinco de mayo de mil novecientos sesenta y uno, catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, nueve de mayo y veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres , afectan no sólo al promotor-vendedor, sino asimismo a los Arquitectos Técnicos que supervisaron la construcción y al Doctor Arquitecto que la dirigió, sin que haya sido posible precisar la participación concreta e individualizada de cada uno de ellos, lo que conduce a la ya indicada responsabilidad solidaria, a la que no puede oponerse la regla general, en materia de cotitularidad de obligaciones, de la mancomunidad del artículo mil ciento treinta y ocho del Código , porque según el propio precepto, es válida cuando de su texto "no resulta otra cosa» y en la responsabilidad de que aquí se trata, basada en la Ley y no en el pacto, es conocida por lo reiterada, la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo en pro de la solidaridad recogida en las sentencias citadas, que se ajusta al fin perseguido de asegurar al máximo la protección del interés más digno de ello, que permite estimar que "es otra cosa», lo que resulta de la obligación de reparar el daño que se causó. A su vez, el motivo cuarto denuncia violación por inaplicación del artículo uno, letra A) apartado primero, del Decreto de diez de febrero de mil novecientos setenta y uno , cuyo carácter administrativo reglamentario le impide ser presentado como motivación de una infracción de ley o de doctrina legal, incidiendo por tanto en la causa de inadmisión tercera del articulo mil setecientos veintinueve de la Ley de Enjuiciamiento , que en el actual trámite decisorio, lo es de la anunciada desestimación. Que afecta también, finalmente, al motivo quinto, donde se alega interpretación errónea de la doctrina legal contenida en las sentencias de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y veintiocho de enero de mil novecientos ochenta , porque las dos contemplan supuestos distintos al que ahora se examina, puesto que allí la acción ejercitada fue la derivada del contrato de compraventa y se dirigía únicamente contra los constructores- vendedores, pro lo que, lógicamente, no entraba en juego para nada la responsabilidad del Arquitecto que no fue cuestionada.

CONSIDERANDO: Que el tercero de los puntos enunciados o sea el referente a los intereses a cuyo pago se condena a los en su día demandados, constituye el objeto del motivo séptimo y último de los formulados, en el que se denuncia violación por no aplicación de la doctrina legal contenida en las sentencias de este Tribunal Supremo que cita, en el sentido de que no procede la condena al abono de intereses "por cantidades liquidadas en el transcurso del proceso», que tampoco puede ser estimado, porque en este caso no concurre esta circunstancia pues la condena se refiere a la suma de cuarenta y seis mil setecientas noventa y tres pesetas importe de unas cantidades que los propietarios tuvieron que satisfacer como consecuencia de reparaciones que hubieron de efectuar con ocasión de los daños sufridos por el edificio construido; condena al pago, que había sido expresamente pedida en el punto sexto del suplico de la demanda inicial, como cantidad líquida y exigible, que acogieron íntegramente los juzgadores de instancia, sin que naturalmente hubiera sido liquidada a lo largo del proceso, como requiere la doctrina legal que se aduce. Desestimación que supone la del recurso en su totalidad con los consiguientes pronunciamientos del artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento en cuanto a las costas causadas en este trámite y la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Everardo , contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, en fecha trece de julio de mil novecientos ochenta y uno .Condenamos a dicha parte recurrente, al pago de las costas ocasionadas en este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino prevenido en la Ley; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Beltrán de Heredia y Castaño.-Jaime de Castro.-Carlos de la Vega.- Antonio Sánchez Jáuregui.- Jaime Santos.- Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo señor don José Beltrán de Heredia y Castaño, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico.-Antonio Docavo.- Rubricado.