STS, 5 de Julio de 1986

Al amparo del párrafo cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en Autos que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

También al amparo del número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error en la apreciación de la prueba basada en documentos obrantes en Autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. La sentencia que se combate en el Octavo Considerando, problema que no se indica cuando se concedieron los préstamos que se analizan en el informe pericial folios trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y tres, abandonando esta cuestión para centrarse en un préstamo del padre de la actora don Juan Luis y afirmándose que en la reunión del Consejo de Administración de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y uno se pasó lo que dicho señor adeudaba de la cuenta de préstamos a la de deudores.

Igualmente al amparo del párrafo cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error en la apreciación de la prueba basada en documentos que obran en Autos que demuestran la equivocación del juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Considera que no pueden sacarse las conclusiones a que se llega en el décimo considerando de la sentencia que se impugna, de la posición dieciocho de las fórmulas a esta parte y de la absolución de la misma, ya que dicha posición que, efectivamente, figura al folio doscientos noventa y seis vuelto de los Autos, se la pregunta por un hecho ajeno a la misma, cual es una carta que dirigió a sus hermanos -no a la Sociedad demandada- el Abogado de la recurrente que autoriza este recurso.

Al amparo del párrafo quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. El séptimo considerando de la sentencia infringe lo que dispone el artículo ciento dos, párrafo primero de la Ley de Sociedades Anónimas que impone a los administradores la obligación de formular, en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierredel ejercicio social, la documentación que se ha de aprobar por la Junta General Ordinaria.

Asimismo, al amparo del párrafo quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Se cree indudable que el noveno considerando infringe de manera patente el artículo cuatro de los Estatutos Sociales que obran en autos, folio once, y que textualmente dice "Las acciones preferentes, serie B, que ahora se emiten, percibirán un interés fijo anual mínimo del cinco por ciento cualquiera que sea el resultado del ejercicio, pero obtendrán el mismo tanto por ciento de dividendo que las acciones ordinarias si el que haya de aplicarse a éstas fuese superior al cinco por ciento".

Finalmente, al amparo del párrafo quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. No puede dudarse que cualquiera que sean las circunstancias que concurran el nombramiento de dos Consejeros, el nombramiento de dos Consejeros, Presidente y Vicepresidente y Gerente de una Sociedad como Censores de cuentas infringe el artículo ciento ocho, párrafo segundo de la Ley de Sociedades Anónimas . Y lo que esta parte conoce no es lo que se dice en el décimo considerando de la sentencia, ya que tanto la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución del primero de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, como el Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencias de tres de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, siete de febrero y treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y siete y tres de mayo de mil novecientos sesenta y nueve , lo que han proclamado es que cuando el nombramiento de censores es imposible, por ser todos los accionistas consejeros, al concurrir en la misma persona la condición de accionista y de administrador, desaparece la razón de la fiscalización, que sólo es posible cuando hay dualidad normal entre administradores por un lado y accionistas por otro.

6. Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señalo día para la vista que ha tenido lugar el dieciocho de junio actual.

   Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime de Castro García.

   Fundamentos de Derecho

1. La sentencia objeto de recurso hace notar la anomalía de que en la demanda no se vierte "una exposición de hechos determinantes de algún vicio concreto y la fundamentación jurídica atinente", sino que "se impugnan todos los acuerdos, sin mencionar cuáles son"; pues, en efecto, la imprecisión de que adolece el escrito inicial es notoria al limitarse a indicar que "el contenido de los hechos constituye una manifiesta infracción de muchos preceptos legales vigentes tanto de la Ley de Sociedades Anónimas como de otras disciplinas cuya observancia es preceptiva"(fundamento de derecho IV), y tal vaguedad trasciende a la AVI súplica donde sin la debida concreción se insta la declaración de nulidad de "los acuerdos impugnados por ser contrarios a las vigentes disposiciones legales e ir, además, en contra de lo dispuesto en los Estatutos Sociales en beneficio de un accionista y en perjuicio de la Sociedad". Deficiencias de postulación que el Tribunal de instancia supera con el escrito de alegaciones ante la Audiencia Territorial, pero cuyas pretensiones rechaza por entender que no concurren las irregularidades denunciadas ni, en consecuencia, se da ninguno de los supuestos recogidos en el articulo sesenta y siete de la Ley.

2. Según tiene declarado esta Sala en sentencia de veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y seis, el proceso especial establecido en los artículos sesenta y siete a setenta de la Ley de Sociedades Anónimas está circunscrito a la censura, dentro de breves plazos de caducidad, de acuerdos determinados por contravenir el ordenamiento legal o el estatutario o por causar lesión a los intereses sociales en beneficio de uno o más accionistas, pero fuera de estas hipótesis específicas deberá acudirse al juicio ordinario donde se ventilan cuestiones de otra índole que las tenidas en cuenta por el legislador para configurar aquella vía impugnativa de las decisiones adoptadas por la Junta (sentencias de veinticinco de enero de mil novecientos sesenta y ocho, veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y tres); y si la de veinte de marzo de mil novecientos setenta y cinco advierte que la pretendida nulidad de la condición de socio no puede ser opuesta como causa de impugnación de un acuerdo utilizando el cauce procesal del artículo setenta de la Ley en tanto los Tribunales no se hayan pronunciado al respecto, por su parte la sentencia de dos de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco resuelve que la cuestión de la invalidez de un testamento rebasa los estrechos limites de ese procedimiento, que no permite declaraciones de derechos, y por ello lo que concierne a la eficacia o ineficacia de una disposición mortis causa en que se apoyan los derechos de socio tiene que ser marginada de este proceso especial y remitido al declarativo a que alude el párrafo segundo del articulo sesenta y ocho.3. Lo anterior explica la desestimación del motivo inicial del recurso, que al amparo del ordinal cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil aduce error en la apreciación de la prueba demostrado por documentos que obran en los autos, citando al efecto el informe pericial al que acude para combatir el aserto del considerando sexto en cuanto a que "en la Junta que se impugna no se ha tratado de qué personas son accionistas, ni se puede resolver en el presente procedimiento, ni valorar si alguna persona representa a la herencia yacente de los accionistas fallecidos" (padres de la actora y restantes hermanos Carmen Luis Francisco Ariadna María Milagros Nieves ); pues sobre la inadecuación del proceso actual para debatir y resolver el tema, no se expresa por la recurrente cuáles concurrentes a la Junta han sido admitidos como socios sin tener esta cualidad, ello además de que un dictamen técnico obtenido en período probatorio no es el "documento" a que el precepto se refiere ni podría proporcionar base suficiente para dilucidar dicha condición.

4. Teniendo que figurar en el balance entre los elementos del activo los créditos de la Sociedad contra los accionistas y contra terceros (artículo ciento tres de la Ley, números uno y diez), correctamente han sido incluidos en el caso presente los que ostenta IDELCASA (Compañía esencialmente familiar) frente a los herederos de don Juan Luis , padre de la demandante, y los que le corresponden con relación a doña Carmen , doña María Milagros , doña Nieves y don Luis Francisco , todos ellos hermanos de la recurrente, y respecto a la "herencia yacente de don Juan Luis y doña Julia ", progenitores de los nombrados; lo que impone la repulsa del motivo segundo del recurso, que nuevamente por el número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos imputa a la resolución impugnada error en la apreciación probatoria que entiende evidenciado por el informe del perito, pues sobre que este medio demostrativo carece de naturaleza documental a los fines pretendidos, como dicho queda, la circunstancia de que en el balance figuren aquellas situaciones crediticias no significa que en la Junta General ordinaria que se censura se haya tomado acuerdo alguno sobre concesión de préstamos al fallecido padre de la actora o a sus hermanos, sino que se limita a aprobar la formalización contable de la situación patrimonial de la Compañía, que recoge por imperativo legal las deudas pretéritas contraídas con IDELCASA por tan próximos parientes de doña Ariadna .

5. El motivo tercero insiste en la misma vía procesal para oponer error en la apreciación de la prueba conforme a documentos que obran en los autos, denotadores de que "no puede sacarse las conclusiones a que se llega en el décimo considerando de la sentencia que se impugna"; y su inconsistencia es clara, por cuanto: a) se invoca la desacertada valoración por la Sala de la confesión prestada por la recurrente, siendo así que la pretendida "violación de lo que dispone el articulo mil doscientos treinta y uno del Código Civil» (más oportuna seria la cita del mil doscientos treinta y dos) debió ser combatida acudiendo al número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos y no al utilizado; b) amén de que los recursos se dan contra la parte dispositiva y no contra la argumentación lógico-jurídica salvo que sea predeterminante del fallo, la resolución de instancia se ajusta con todo rigor a lo actuado al hacer alusión a la "negativa de la actora a ocupar cargos", pues ciertamente al absolver la posición decimoctava admite que "renunció al de supervisor de cuentas que le fue ofrecido" si bien se escuda en el refugio de "que se imaginaba que no le iban a facilitar la información necesaria"; c) por lo que tiene de ilustrativo para comprender la actitud de la actora ante el desenvolvimiento de Inmobiliaria del Campo, SA. debe destacarse que reconociendo el cometido relevante que en todo tiempo ha tenido su hermano don Luis Francisco en la actividad de la Compañía, incluso en vida de los padres (posición novena), se abstiene de atribuirle un proceder desleal (posición octava) y asiente a los hechos de que negó su asistencia a la reunión social (posición decimonovena), que siempre que la solicitó le fue facilitada "información de acuerdos o sobre la contabilidad" (posición vigésima tercera) y que de manera invariable se opuso "indiscriminadamente a la totalidad de los acuerdos que se proponía" (posición vigésima cuarta).

6. Tampoco puede ser acogido el motivo cuarto del recurso, que amparado en el ordinal quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos, aduce infracción de "lo que dispone el articulo ciento dos, párrafo primero, de la Ley de Sociedades Anónimas , que impone a los administradores la obligación de formular en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, la documentación que se ha de aprobar por la Junta General ordinaria"; en primer término, por que ni siquiera se alega que tal exigencia de oportunidad se haya vulnerado en el caso debatido, pero además como tiene declarado la sentencia de diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres la circunstancia de que los administradores formulen fuera de aquel plazo el balance con la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, no acarrea por sí sola la nulidad del acuerdo de la Junta General aprobatorio, ya que se trata de un lapso exclusivamente establecido para ponerlo en armonía con lo previsto en el artículo ciento diez, por lo que siempre que esta norma legal haya sido observada es irrelevante que la formulación de los documentos se haga después de transcurridos los cuatro meses contados a partir del cierre del ejercicio social, y desde luego nada puede obstar a la válida redacción del balance y cuentas el hecho de que el acuerdo no haya sido llevado al libro de actas del Consejo mencionado en el artículo setenta y ochode la Ley, por lo mismo que no es requisito esencial para su eficacia y la realidad de las cosas proclama que fueron presentados a la Junta todos los documentos concernientes a la actividad de la Compañía.

7. El motivo quinto del recurso, basado en el número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos, reprocha a la sentencia de la Sala infracción del artículo cuarto de los Estatutos, según cuyo texto "las acciones preferentes de la serie B percibirán un interés fijo anual mínimo del cinco por ciento cualquiera que sea el resultado del ejercicio", estipulación que se entiende desatendida en la Junta de treinta de junio de mil novecientos ochenta y dos que decidió "aplicar el beneficio, previa deducción de la reserva legal, a atender las obras necesarias para el entretenimiento, conservación y mejora del inmueble propiedad de la Compañía, que son absolutamente imprescindibles, y autorizar al Consejo para que destine el remanente, si lo hubiere, a reservas voluntarias"; y a pesar de su menguada significación económica ha de prosperar, porque si bien es correcto el acuerdo de utilizar parte de los beneficios en las reparaciones urgentes e imprescindibles del inmueble que es sede de la Compañía, la cantidad restante no puede ser sustraída a su normal destino de atender al pago del dividendo (artículo ciento siete de la Ley), pues como tiene resuelto este Tribunal en sentencia de treinta de noviembre de mil novecientos setenta y uno no está permitido a la Junta General contrariar los Estatutos e impedir el reparto del beneficio para constituir un fondo de reserva, además del legal ordenado en el articulo ciento seis.

8. Con arreglo a la doctrina jurisprudencial, principalmente recogida en las sentencias de cuatro de abril y treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, si bien la actuación de los accionistas censores de cuentas, regulada por el artículo ciento ocho de la Ley, está sometida a normas de derecho necesario por cuanto que se trata de un órgano imprescindible para la fiscalización y censura de la gestión social mediante el estudio y la revisión del balance y de las cuentas de cada ejercicio, podrá ser excluida en los casos en que su nombramiento no sea posible por la inexistencia de dualidad de administradores y accionistas como acontecerá frecuentemente en las sociedades anónimas sin accionariado múltiple ("cerradas") o en las de modesto capital, con administración desempeñada por todos los accionistas, que es el supuesto contemplado por las sentencias de treinta y uno de mayo de mil novecientos cincuenta y siete, siete de febrero de mil novecientos sesenta y siete y treinta de enero de mil novecientos setenta y cuatro, o bien cuando por el reducido número de socios no es factible la designación de dos accionistas que no sean administradores; razón que determina el rechazo del motivo sexto del recurso, amparado en la misma norma procesal que el precedente, que aduce la vulneración del artículo ciento ocho de la Ley, ocasionada al conferir dicho cometido a don Luis Francisco

   , componente del Consejo de Administración de IDELCASA, pues rechazado el cargo por la demandante y perteneciente también a dicho órgano la hermana doña Nieves (certificación del Registro Mercantil al folio treinta y uno), no consta que existiera ningún otro accionista ajeno a las tareas administrativas (folio trescientos cincuenta y seis y trescientos cincuenta y siete), por lo que dicha normativa vigente deja de desplegar efectos en una situación donde no concurren los básicos presupuestos que hacen posible su operatividad, y consecuentemente carece de toda relevancia la denunciada incompatibilidad, pues hay que aplicar la regla "inutile por utile non vitiatur".

9. Por todo lo expuesto procede la estimación del recurso en el único extremo referido, que es desestimado en todo lo demás; resolviendo lo que corresponde conforme a los términos en que ha sido planteado el debate (artículo mil setecientos quince de la Ley Procesal) y debiendo satisfacer cada parte las costas causadas a su instancia ante este Tribunal.

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

   FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar, en el punto concreto referido, al recurso de casación interpuesto por doña Ariadna contra acuerdo de la Junta General ordinaria de la entidad Sociedad Inmobiliaria del Campo, SA. (IDELCASA) de fecha treinta de junio de mil novecientos ochenta y dos. Y en consecuencia estimando en ese único extremo la demanda, cuyos restantes pedimentos rechazamos, anulamos dicho acuerdo en cuanto autoriza al Consejo de Administración para destinar el posible remate a reservas voluntarias, manteniéndolo en todo lo demás. En cuanto a las costas de la instancia cada parte satisfará las propias y las comunes de por mitad y en lo tocante a las de este recurso cada uno de los contendientes abonará las suyas; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

ASI por esta nuestra sentencia que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jaime de Castro García.- José María Gómez de la Barcena y López.- Mariano Martín Granizo Fernández.- José Luis Albácar López.-Matías Malpica González Elipe.- Rubricado.Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Jaime de Castro García, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha de que como Secretario, certifico.