STS, 21 de Junio de 1982

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegamos infracción de ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, que resulta de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del Juzgador. La sentencia recurrida -dicho con todo el respeto debido- no ha tenido en cuenta las declaraciones de los documentos auténticos unidos a los autos, en los que de manera indubitada se acredita que "Las Fontanillas, S. A.», jamás fue propietaria ni poseyó en concepto de dueño -ni en ningún otro- las parcelas que reclama en su reconvención, en la que ejercita una acción reivindicatoría sin título alguno. En efecto: Él documento fundamental aportado a los autos es el contrato de constitución de la sociedad "Las Fontanillas, S. A.», otorgado por varios socios, entre ellos don Bernardo . En este contrato se describen todos los bienes inmuebles que mi representado don Bernardo y los otros otorgantes aportan a la sociedad que se constituye, sin que entre dichos bienes figure descrita en ningún momento la finca número NUM007 (duplicado) del Registro de la Propiedad, a la que se refiere la demanda. El contrato de constitución social describe todos los inmuebles (fábricas, bodegas, parcelas y terrenos) con sus datos regístrales y valoraciones, que los socios aportan a la sociedad, y que forman su patrimonio. Es un documento completo, otorgado ante el Notario de Sevilla señor Solís Navarrete, que ha sido reconocido por los litigantes y que tiene carácter indubitado en cuanto a dichas manifestaciones y aportaciones de bienes inmuebles. Tampoco ha tenido en cuenta la Sala de Sevilla las declaraciones del resto de los documentos auténticos, que también invocamos, en ninguno de los cuales figura como parte del patrimonio social la finca rústica, a la que la demanda se refiere y describe, tal como ordena la Ley de Sociedades Anónimas . En los autos consta que ni en el inventario de los bienes de la compañía mercantil "Las Fontanillas, S. A.», redactado el 31 de julio de 1942, ni en los siguientes balances e inventarios hay mención concreta de esta finca como propiedad de la sociedad. Y esta mención y descripción era obligatoria tanto por ordenarlo así la citada Ley de Sociedades Anónimas , como por la necesidad de la demandada de probar documentalmente que la finca discutida formaba parte del patrimonio social, ya que mal podía poseerla en concepto de dueño si ignoraba en sus libros su existencia. Citamos, por último, como documento auténtico, la propia certificación del Registro de la Propiedad de Lucena de 21 de febrero de 1979, cuyos asientos reflejan con exactitud la titularidad de la finca a favor de mis representados titulares regístrales y extra-registrales del inmueble discutido. Al desconocer el valor de las declaraciones de los documentos auténticos invocados, la sentencia recurrida ha incidido en la infracción de la ley que se denuncia en este motivo y debe ser casada.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegamos infracción de ley por interpretación errónea de los artículos 38, párrafo primero, y primero, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria, en relación con los artículos 1.250 y 1.251 del Código Civil . La sentencia recurrida desconoce el valor sustantivo del principio de legitimación registral y sus consecuencias procesales, y por ello interpreta erróneamente los preceptos legales que desarrollan dicho principio. Así, olvida el fallo que la legitimación que consagra el artículo 38, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria , tiene un amplio alcance en cuanto, como dice textualmente, se una legitimación "a todos los efectos legales», que desde un punto de vista sustantivo crea a favor del titular inscrito el derecho a ser legalmente titularidad o poder de disposición, emanado directamente de la inscripción, en virtud de su fuerza legitimadora. Y olvida asimismo que la presunción "iuris tantum», con la que el principio de legitimación refuerza los asientos del Registro, tiene su campo de aplicación más adecuado y eficaz en la esfera del Derecho procesal, y concretamente en la carga de la prueba, por lo que resulta inadmisible que el Juzgador de Instancia no haya tenido en cuenta que el pleito viene promovido por un socio fundador contra la sociedad que fundó y de la que forma parte, en cuyos documentos, inventarios y balances no se describen las parcelas que dice haber adquirido por prescripción. Carece, pues, de fundamento legal el razonamiento de la sentencia, en el que basa el fallo, de que la parte actora "no ha probado y ni tan siquiera intentado, los requisitos de la identidad de la finca y la posesión de la misma por los demandados», ya que esta prueba no incumbía a los actores, titulares regístrales protegidos por el principio de legitimación, principio que produce en la esfera procesal el efecto típico de toda presunción "iuris tantum», dispensando de la prueba al favorecido por ella e imponiendo la necesidad de probar lo contrario a quien se oponga a la misma. Pero en nuestro caso concreto la demandada no ha probado ni los hechos, tales como la posesión a título de dueño, en que se apoyaba su posición en el litigio (carga de la afirmación), ni que estos hechos afirmados y determinantes de una acción reivindicatoria o declarativa de propiedad a su favor existían realmente en contra de sus propios balances para servir de base a la reconvención. Porque no se compadece con las declaraciones legales, de los preceptos invocados, que la sentencia recurrida no tome en cuenta la declaración del Registro, amparada por estos efectos legitimadores y valore por el contrario como título documental una simple y unilateral declaración contenida en un documento catastral que no tiene más valor que el puramente fiscal.La sentencia no tiene en cuenta así que es doctrina jurisprudencial unánime que el que demanda fundándose en un derecho inscrito, tiene sólo que afirmar la existencia del derecho, pero no probarla, y mucho menos cuando lo hace frente a una sociedad de la que forma parte como socio y en cuyos documentos, balances e inventarios no consta descrita y valorada la finca que reclama tal como ordena la Ley y que figura inscrita a nombre del actor en los asientos del Registro, dotados de los aludidos efectos legitimadores, desconocidos en la resolución recurrida.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegamos infracción de ley por violación del párrafo segundo del artículo 102 y de los artículos 103 y 104, número primero, de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, así como del artículo 11, número cuatro, de la misma ley, todos ellos en relación con el artículo 110 del citado texto legal y con el artículo 1.258 del Código Civil . Se han desconocido en la sentencia de la Sala de lo Civil de Sevilla los mandatos claros y terminantes, que contiene la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas , en los que se consagran los principios de veracidad y de buena fe que deben regir las relaciones entre toda sociedad y sus propios socios. No es posible admitir una prescripción contra tabulas, por una sociedad anónima respecto a un bien inmueble inscrito en el Registro a nombre de uno de sus socios fundadores. El principio de veracidad debe aplicarse con rigor, a la redacción de aquellos documentos (Memoria, Inventarios y Balances) que reflejan la información sobre la situación del patrimonio social. Esta exigencia de claridad y exactitud en la contabilidad viene impuesta con reiteración en el párrafo segundo del artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas. Y el artículo 103 exige por su parte que el balance realice con exactitud la descripción de los inmuebles e instalaciones industriales, ordenando el artículo 104, número primero , que los inmuebles que formen parte del patrimonio sean valorados en el activo de la sociedad. Es una exigencia inspirada en el doble interés de los accionistas y de los acreedores, porque refleja el patrimonio social y la garantía de los créditos. Esta es la razón por la cual la Ley regula la llamada estructura legal del balance y especifica cómo hay que redactar el activo. La ley persigue con ello que toda persona interesada pueda conocer el equilibrio entre patrimonio social y capital y la situación económica de una sociedad a través de su contabilidad, por imponerlo así el principio de veracidad que rige el derecho de información del socio y las relaciones éticas y jurídicas de éste con la sociedad. Nada más contrario a estos principios de veracidad y buena fe que omitir en el balance y en los inventarios la titularidad de unas parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de un socio y pretender que la sociedad puede poseerlas en concepto de dueño para adquirirlas por prescripción; y nada más contrario al reflejo fiel de lo que debe ser un inventario o un balance que omitir en él los derechos de propiedad que se dicen ostentar sobre tales inmuebles. Una sociedad anónima no se constituye, ni se inscribe, ni se dota de personalidad jurídica para que posea ni mucho menos adquiera por prescripción los bienes de sus socios. Resulta, pues, inadmisible que no refleje la propiedad o disfrute de tales bienes en los documentos unidos a los autos, en detrimento de la claridad y exactitud que exige nuestro ordenamiento y de los derechos del socio contra el que se dirigen los actos de la sociedad. Al no tener en cuenta los mandatos claros de los preceptos invocados, la sentencia recurrida ha infringido la ley por violación de dichos artículos, de obligado cumplimiento por las sociedades anónimas, y por ello debe ser casada por esta infracción.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alegamos infracción de ley por aplicación indebida de los artículos 1.959 y 1.941, ambos del Código Civil, en relación con el artículo 1.942 del mismo texto legal y con el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley Hipotecaria . La sentencia recurrida manifiesta que la prescripción adquisitiva alegada por la sociedad demandada es la extraordinaria sobre bienes inmuebles, normada en el artículo 1959 del Código Civil , y afirma que este precepto no puede entenderlo desconectado de los demás que regulen la prescripción con carácter general, entre los que se encuentran el artículo 1.941 del Código Civil , conforme al cual, la posesión ha de ser en concepto de dueño. Esto es indudable y así lo ha declarado la jurisprudencia en una gran variedad de sentencias, entre ellas las de 10 de noviembre de 1954 y 31 de octubre de 1961. Esto es indudable y así lo ha declarado la jurisprudencia en una gran variedad de sentencias, entre ellas las de 10 de noviembre de 1954 y 31 de octubre de 1961. Lo que ocurre es que en nuestro caso está probado que la sociedad demandada nunca tuvo la posesión de las parcelas que reclama en concepto de dueña. Porque una sociedad anónima no puede reflejar su intencionalidad más que a través de su documentos, balances e inventarios. Y en todo caso tiene que inscribir en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad los bienes y derechos reales que la pertenezcan. Y esto es lo que no ha hecho nunca la compañía mercantil "Las Fontanillas, S. A.», que tiene que adaptar su conducta a los mandatos legales que exigen una claridad en la contabilidad de los inventarios, cuestión en la que nos remitimos a los preceptos invocados en el motivo de casación anterior. Y es ingenuo que la sentencia se base en la prueba testifical para decir que la finca la ha poseído en concepto de dueño, y mucho menos en una declaración del Catastro, siendo de destacar que tal certificación nada acredita, y mucho menos las declaraciones de unos testigos sobre la "intención» de poseer en concepto de dueño un bien inmueble, posesión que además realiza una persona jurídica que incumple abiertamente las normas legales sobre cómo debe constar la titularidad de los inmuebles y de los derechos reales en su balances, libros y documentos. Falta, pues, el requisito esencialpara que se produzca la prescripción adquisitiva, ya que es ineludible, dado los términos de la certificación registral, que se haya poseído el inmueble que se trata de adquirir por prescripción en concepto de dueño y la sociedad demandada no solamente no ha probado este hecho, sino que a través de los documentos unidos al pleito ha demostrado que si utilizó y poseyó las parcelas en cuestión, fue por la mera tolerancia de sus titulares regístrales y extrarregistrales, socios fundadores de la compañía demandada.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes, se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el excelentísimo señor Magistrado don José Beltrán de Heredia y Castaño.

Considerando

CONSIDERANDO que entablada acción reivindicatoría por los hoy recurrentes contra la sociedad que ahora figura como recurrida, respecto de una finca rústica sita en el término de Lucena, con extensión superficial de una hectárea, seis áreas y 38 decímetros cuadrados, la sentencia de primer grado, cuyos Cosiderandos son aceptados íntegramente por la que se recurre en este trámite, contiene la siguiente declaración de hechos probados, de acuerdo con la apreciación conjunta de la prueba practicada: la finca discutida trae su origen de la que actualmente aparece en la certificación registral, que fue objeto de división, hace más de treinta años, en tres parcelas, de las que dos de ellas figuran en el Catastro de Rústicas a nombre de la sociedad demandada en su día (ahora recurrida), que las poseyó pública, pacífica, ininterrumpidamente y en concepto de dueño, durante el indicado tiempo de más de treinta años; declaración terminante de orden fáctico que el recurso impugna en el motivo primero, por el cauce adecuado del número siete del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pero sin buen éxito, pues los documentos aducidos para cumplir el mandato legal no sirven para el fin propuesto, de acuerdo con la conocida por lo reiterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal Supremo, no sólo por carecer intrínsecamente de la necesaria autenticidad a estos fines de la casación, sino además porque fueron tenidos en cuenta y valorados por el Juzgador, dentro del conjunto de las probanzas, y porque por sí solos no demuestran, sin ulterior razonamiento, lo contrario de lo afirmado por éste; se trata, en efecto, de los siguientes: en primer lugar, la escritura de constitución de la sociedad que actúa como recurrida, en cuyo patrimonio no consta la finca en cuestión, estando acreditado, en cambio, la constancia catastral a nombre de aquélla, olvidándose, por otra parte, que la base de la decisión judicial reside en la usucapión extraordinaria y no en una específica titulación; en segundo término, los inventarios y balances de la empresa donde tampoco figura y mal podía figurar, en verdad, hasta tanto que la adquisición se hubiese consumado; y en tercer lugar, la certificación del Registro de la Propiedad ya referida, que por sí sola nada significa, habida cuenta la presunción que contiene el artículo 38 de la Ley Hipotecaria , desvirtuable por la prueba contraria, como aquí sucedió, con la facultad de impugnar la inscripción que la certificación refleja, que se ejercitó con apoyo en el párrafo segundo del mismo precepto; todo lo cual supone la desestimación del motivo examinado, quedando con ello incólumes los datos de hecho en que se apoya la resolución recurrida.

CONSIDERANDO que, como consecuencia de la desestimación que se acaba de justificar, es asimismo obligada la de los restantes motivos que se formularon, amparados todos ellos en el número uno del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento, para tratar de obtener deducciones jurídicas que carecen de toda base de hecho, se acredita con cuanto a continuación se dice: el segundo alega según interpretación errónea del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, en sus párrafos primero y tercero, en relación con los 1.250 y 1.251 del Código Civil , referentes a las presunciones, donde con puros argumentos dialécticos y consideraciones improcedentes en cuanto a la prueba, se quiere desvirtuar la base fáctica utilizada por el Tribunal "a quo» para dejar sin valor la presunción "iuris tantum» del indicado artículo 38; el tercero, denuncia violación de los artículos 102, 103 y 104, número uno, de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del 11, número cuatro, y 110 de la misma, en relación con el 1.258 del Código Civil , aludiendo a problemas que nada tienen que ver con lo que ahora se discute respecto de la adquisición por usucapión de una finca, pero que, además, son alegados por primera vez, no habiéndolo sido en la forma y con el alcance con que se expone, a lo largo del período de alegaciones del pleito precedente, constituyendo, por tanto, una cuestión nueva que tiene vedado su acceso a la casación, de acuerdo con lo dispuesto en el número cinco del artículo 1.729 de la Ley de Enjuiciamiento, incidiendo en la causa de inadmisión que éste señala, que en actual trance decisorio, lo es de desestimación; y el cuarto, donde lo alegado es interpretación errónea de los artículos 1.959 y 1.941, en relación con el 1942, todos del Código Civil, y el párrafo tercero del 36 de la Ley Hipotecaria , abiertamente contradictorio con los hechos declarados probados y no desvirtuados en este trámite, que ya fueron expuestos y que indebidamente se discuten, en cuanto a la posesión efectiva del adquirente y el concepto en que la posesión fue actuada.

CONSIDERANDO que la desestimación particularizada de los cuatro motivos formulados, en la formaque se acaba de exponer implica la del recurso en su totalidad, con los consiguientes pronunciamientos del artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento, en cuanto a las costas causadas y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Fallamos

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por don Bernardo y su esposa, doña Carina , contra la sentencia que en 21 de octubre de 1980 dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla , se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido, al que se le dará el destino legal.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al objeto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Beltrán de Heredia y Castaño. Antonio Fernández Rodríguez. Carlos de la Vega Benayas. Jaime Santos Briz. José María Gómez de la Barcena y López. Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don José Beltrán de Heredia y Castaño, Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, en el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.

Madrid, a 21 de junio de 1982.-José María Fernández.-Rubricado.