STS, 18 de Diciembre de 1981

Al amparo del número dos del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 359 del mismo texto al ser la sentencia no congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; a criterio del recurrente el fallo de la Audiencia Territorial incide en este motivo y procede casar la sentencia impugnada desestimando la demanda declara la nulidad del matrimonio y la procedencia de liquidar la sociedad legal de gananciales; quebranta el principio de justicia rogada y revoca parcial e incongruentemente la resolución del Juzgado de Primera Instancia que adjudicó a mi patrocinada el patrimonio inmueble; la propia Audiencia Territorial parece consciente de este error, pues se preocupa de razonar que con tal declaración no incide en incongruencia, sino que como secuela de la nulidad "su decisión es imprescindible para dejar resuelto en realidad lo controvertido que es la atribución de los bienes litigiosos»; en otras palabras, la Audiencia Territorial de Madrid resolvió sobre una cuestión "ex novo» que no fue objeto de apelación ni de discusión ni instancia, sin rebatir el razonar del Juzgado, ni su apreciación de la prueba.

Al amparo del número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por no contener el fallo declaración alguna sobre una de las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda reconvencional; se formula este motivo "ad cautelam» del anterior, pero con sustantividad propia; estamos convencidos que las sentencias tienen que dejar claramente definidos los derechos controvertidos de tal manera que eviten nuevas contiendas sobre los mismos puntos litigiosos y entre las mismas partes; de ahí que si la sentencia recurrida ha dejado de resolver sobre la pretensión de la adjudicación de los bienes inmuebles a mi poderdante infringe la Ley y procede asimismo su casación; a los efectos de discurrir, podríamos dar por bueno el fallo, aceptar que medió un matrimonio civil nulo, que éste produce a la postre una adjudicación sea a uno u otro litigante, y en una u otra proporción, por tanto si en la demanda reconvencional se suplica expresamente la adjudicación y a lo largo del litigio se propone y practica prueba sobre ello, al dejar sin resolver extremo tan importante, la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Madrid, al no formular declaración sobre-quizá- la pretensión más importante deducida en el pleito, deja de dirimir, de juzgar, con detrimento de su función; porque se ha quedado a medio camino y no ha declarado si procede o no la adjudicación solicitada; habrá de admitirse que no casarse la sentencia sus consecuencias prácticas serán nulas o bien los trámites para su ejecución serían irrealizables, o por el contrario será preciso, una vez más, litigar sobre algo que ha sido objeto de pleito; nos adelantamos al argumento de contrario en el sentido de si la Sala condena a liquidar la sociedad legal de gananciales ha resuelto tácitamente de manera denegatoria sobre el segundo pedimento de la demanda reconvencional, no dando lugar a la adjudicación pedida.-Primero. Ya hacíamos constar en el motivo anterior que los fallos de las sentencias han de referirse a los suplicos de los escritos y que si bien pueden resolverse cuestiones litigiosas en sus Considerandos predeterminantes no ocurre tal circunstancia en la resolución recurrida.-Segundo. Admítase que la demanda reconvencional era procedente por su propia naturaleza y por la acción y procedimiento ejercitado de contrario, la Sala debió hacer bien adjudicar o expresamente resolver sobre su improcedencia, pero no quedarse a mitad de camino, sobre todo si consideramos que la sociedad legal de gananciales es fundamentalmente una presunción "iuris tantum» acerca de la titularidad en común de los bienes, que como tal puede desvirtuarse, valiéndose para ello de los medios de prueba que prevé nuestra legislación tendentes a acreditar la procedencia y/o adquisición de los bienes; concluyendo, parece claro que una lectura -o varias- del fallo recurrido no deja resuelta ni decidida la pretensión de la demanda reconvencional y no se puede determinar si mi poderdante tiene o no razón y si hay que adjudicarle los bienes inmuebles, "solución a la que probablemente se llegaría»repitiendo el ejercicio de la misma acción de nuevo ante la jurisdicción ordinaria, lo que pugna con los principios de la "vis» atractiva de los procedimientos declarativos ordinarios y el de economía procesal; se interesa, por tanto, la casación de la sentencia por la violación de los preceptos citados.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por violación por inaplicación del artículo sexto -antes cuarto- del Código Civil , en relación con el artículo 42 del Código Civil . La sentencia que consideró que el matrimonio contraído por los litigantes, con olvido de las formalidades españolas, es nulo, pero mediando buena fe entre los cónyuges en el momento de contraerlo, produce los efectos previstos en el artículo 69 del Código Civil ; por el contrario, entiende el recurrente que el matrimonio fue nulo y, por lo tanto, no ha tenido consecuencias jurídicas ni prácticas alguna: A) la sentencia de la Audiencia Territorial revocó la del Juez de Primera Instancia de Madrid, que plantea una cuestión práctica que ha alcanzado cierta discusión doctrinal, ha subsumido los hechos declarados probados en los preceptos del Código Civil con un criterio interpretativo que supera la jurisprudencia de conceptos adecuados e individualizando el derecho a la realidad; postura que sólo merece elogios; quienes se han preocupado de tratar de establecer las diferencias entre el matrimonio nulo e ineficaz relativamente y el inexistente, han desatado que éste inexistente contrato no necesita de resolución judicial que contenga tal declaración; aquél, por el contrario, exigirá la heterocomposición jurisdiccional; B) los autores han considerado como supuestos tipos de inexistencia de matrimonio, entre otros: Primero. Aquellos en que median defectos absolutos de forma.-Segundo. Los contraídos "jocandi causa».- Tercero. Los contraídos entre personas con identidad de sexos. ¿Incidió el matrimonio de la recurrente en alguno de ellos? De hacer caso al fallo recurrido: si aun no constituye causa de nulidad radical, sino de mera anulabilidad; si no ha trascendido a España, ni ha sido adverada ni ejecutada por nuestros Tribunales, el segundo matrimonio contraído por el actor en septiembre de 1973 a todos los efectos es como si del primero se tratare, porque si no su conducta hubiera incidido en un delito de bigamia -o por el contrario- mediando la presunción de legitimidad (dado que la nulidad requiere declaración judicial) no surtiría efectos civiles a tenor del artículo 51 del Código Civil , hasta la firmeza de la sentencia dimanante de este rollo. ¿Cabe mayor incongruencia? Hay que concluir que si de los hechos probados, recogidos como tales en las dos sentencias, se acredita la condición de católicos de los contrayentes, el que éstos contrajeran matrimonio en Estados Unidos en 1940, sin previo expediente de catolicidad de acuerdo con la "lex loci», sin intervención de las Autoridades españolas, ni anotándose ni inscribiéndose la unión en el Registro Central, ni mucho menos convalidándose, es de ver que el matrimonio es inexistente (no sólo del requisito de la catolicidad que podría inclusive admitirse como subsanable) por el total quebrantamiento de la forma, que es de Orden Público; de ahí que el Juzgado de Primera Instancia haya declarado la inexistencia del matrimonio y aplicado correctamente el artículo cuarto -hoy sexto- del Código Civil , que al no hacerlo la sentencia recurrida da lugar al motivo de casación desarrollado y procede consecuentemente la revocación de la sentencia, dictándose otra en un todo conforme con el suplico de nuestra demanda reconvencional.

RESULTANDO que admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Visto siendo Ponente el excelentísimo señor Magistrado don Antonio Rodríguez Fernández.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que son esenciales aspectos de hecho a tener en cuenta, en orden al presente recurso, los siguientes: A) que don Fernando y doña Pilar , él entonces subdito cubano y ella subdita española, católicos bautizados, contrajeron matrimonio civil el 7 de septiembre de 1940 en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, de los Estados Unidos de Norteamérica, conforme a la legislación del Estado donde tuvo lugar la ceremonia, sin manifestación de acatolicidad, ni intervención de Encargado de Registro de sus respectivas nacionalidades, ni constancia alguna en ellos, así como que dicho matrimonio, del que no hubo hijos, quedó disuelto en virtud de sentencia dictada en 21 de mayo de 1973 por el Magistrado-Juez de Primera Instancia de la ciudad de San Cristóbal en la República Dominicana , por consecuencia de demanda de divorcio interpuesta por el esposo don Fernando , que posteriormente, concretamente el 12 de septiembre de 1973, contrajo matrimonio canónico en El Pardo (Madrid) con doña Inés ; B) que en la súplica del escrito de demanda, reiterado en réplica, el demandante ahora recurrido don Fernando , estableció sus pretensiones al reconocimiento de no querer continuar formando parte de la comunidad de bienes, cuya titularidad dice ostentar, conjuntamente con la demandada, ahora recurrente, doña Pilar , así como a que se declarase la venta en pública subasta de los tres inmuebles que, también en criterio de dicho demandante recurrido, integra la alegada comunidad, por estimarlos de carácter indivisible, distribuyendo entre los pretendidos condóminos por iguales partes el precio que se obtuviese, una vez deducidos los gastos y pagos legítimos realizados por la mencionada demandada recurrente, que no deban ser compensados con los beneficios obtenidos en la explotación de los bienes comunes a partir del mes de mayo de 1973 en que dicha demandada recurrente asumió por entero su administración; C) que en el escrito de contestación a lareferida demanda, después de manifestarse en la correspondiente súplica solicitud desestimatoria de las pretensiones formuladas por el citado demandante, ahora recurrido, don Fernando , se ejercitó por la meritada demandada, ahora recurrente, doña Pilar , reconvención, reiterada en duplica, con la súplica a ella referente en el sentido que se declarase nulo y por tanto inexistente el matrimonio contraído entre aquéllos, de carácter civil, el día 7 de septiembre de 1940, en Atlantic City, Nueva Jersey, de los Estados Unidos de Norteamérica, y en consecuencia cuantos actos de orden civil, patrimonial, notarial o registral se hubieran producido desde dicha fecha realizados por los supuestos contrayentes y se declarase la adjudicación a doña Pilar de los bienes inmuebles a que se contrae la certificación del Registro de la Propiedad de Marbella, contenida en el documento número 4 aportado por el reconvenido don Fernando con su demanda principal con orden de librar el oportuno testimonio de la correspondiente sentencia al Registrador de la Propiedad de Marbella para la rectificación de los términos de las antedichas inscripciones regístrales, en orden a la supresión por no puestos de los términos "sociedad conyugal», que en las mismas constan, quedando las respectivas inscripciones de los tres inmuebles a que se refieren en nombre y plena exclusiva propiedad dominical y titularidad de la tantas veces aludida doña Pilar ; D) que en el escrito de réplica, el demandante reconvenido, ahora recurrido, don Fernando , después de reiterar lo solicitado en la súplica del escrito de demanda, formuló oposición a la expresada reconvención, con absolución de lo en ella interesado, en tanto que el Ministerio Fiscal, al que se dio traslado de las pretensiones reconvencionales por implicar acción referida al estado civil, se manifestó en el sentido de que se le tuviese por allanado en orden a que se declarase la nulidad del matrimonio civil contraído en Atlantic City, Nueva Jersey, de los Estados Unidos de Norteamérica, el 7 de septiembre de 1940, entre don Fernando y doña Pilar ; E) que la sentencia recurrida dictada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid acoge la consecuencia de nulidad del mencionado matrimonio civil, en situación de buena fé determinante de la eficacia de tal unión en el orden patrimonial, con aplicación del régimen económico de la sociedad de gananciales, practicado de hecho durante la vigencia del nexo conyugal; F) que la resolución impugnada, rechazando la excepción de falta de personalidad aducida por la demandada, ahora recurrente, doña Pilar , desestima la demanda contra ella formulada por don Fernando , ahora recurrido, y estima en parte la reconvención planteada, a que se deja hecha referencia, declarando la nulidad del expresado matrimonio contraído entre los meritados demandante y demandado el 7 de septiembre de 1940, debiendo procederse a la liquidación de la sociedad de gananciales, que se tendrá por disuelta desde la fecha de firmeza de la sentencia recurrida considerando a ambos cónyuges de buena fe, y G) que dicha sentencia ha sido consentida por el demandante reconvenido tan aludido don Fernando y el Ministerio Fiscal, que no ejercitaron recurso, por lo que les alcanza con relación a ella firmeza procesal, y ha sido recurrida en casación por alegada infracción de ley y doctrina legal por la precitada demandada reconviniente doña Pilar , cuyo recurso basa en tres motivos, el primero amparado en el número segundo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por pretendida infracción del artículo 359 de la misma Ley Procesal, al estimar dicha recurrente que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; el segundo, amparado en el número tercero del mismo artículo 1.692 de la mencionada Ley rituaria Civil , "ad cautelam» del anterior, pero con sustantividad propia, también alegada por pretendida infracción de dicho artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al entender la mencionada recurrente que el fallo de la precitada sentencia no contiene declaración alguna sobre una de las pretensiones formuladas en la demanda reconvencional, concretamente la referente a la adjudicación de los bienes inmuebles a la tan aludida doña Pilar , y el tercero, amparado en el número primero del artículo 1.692 del citado ordenamiento procesal civil, al ser del parecer la tan repetida recurrente que la Sala sentenciadora de Instancia produce violación, por inaplicación del artículo sexto -antes cuarto- del Código Civil , en relación con el artículo 42 del mismo Cuerpo legal sustantivo.

CONSIDERANDO que atendidos los aspectos enunciados en el precedente, es de llegar a la solución desestimatoria del primero de los motivos en que se fundamenta el recurso de casación de que se trata, que el recurrente basa en haber declarado la Sala sentenciadora de Instancia que debía procederse a la liquidación de la sociedad de gananciales, que se tendrá por disuelta desde la fecha de firmeza de la resolución recurrida, considerando a ambos cónyuges de buena fe, cuando no fue expresamente solicitado por las partes intervinientes en la litis en cuestión, porque declarada en la parte dispositiva de la mencionada resolución impugnada la nulidad del matrimonio civil contraído entre los precitados don Fernando y doña Pilar el 7 de septiembre de 1940, pronunciamiento expresamente consentido por el primero, en su carácter de demandante reconvenido recurrido, y por el Ministerio Fiscal también interviniente en la litis en tal aspecto de la misma, e igualmente admitido implícitamente, por la segunda, en su carácter de demandada reconviniente recurrente, al instar mediante la pretensión reconvencional que ejercitó la nulidad del expresado matrimonio civil, aunque con pretendido alcance de inexistencia, en la que se insiste en el motivo tercero planteado también como soporte de este recurso, unido a que se establezca como bases fácticas de la referida sentencia recurrida que el matrimonio en cuestión fue contraído en situación de buena fe con práctica de hecho de régimen económico de sociedad de gananciales durante la vigencia del expresado nexo conyugal, que son manifestaciones incólumes y, por tanto, inalterables en casación por aceptación implícita, tanto por el aludido don Fernando y el Ministerio Fiscal en lo que leafectare, que no interpusieron recurso, como por doña Pilar , que si lo interpuso fue sin atacar esas manifestaciones de aspectos de hecho por el cauce o vía que autoriza el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , conduce a que el pronunciamiento contenido en la resolución impugnada de que debe procederse a la liquidación de la sociedad de gananciales, que se tendrá por disuelta desde la fecha de firmeza de la sentencia recurrida, considerando a ambos cónyuges de buena fe, en manera alguna es determinante de incongruencia, en contra de lo apreciado por la recurrente, al ser mera consecuencia de la nulidad del referido matrimonio solicitada por la propia recurrente, y reconocida por la expresada sentencia recurrida, aunque no con el alcance de inexistencia que dicha recurrente pretende, así como del aspecto de régimen económico de sociedad de gananciales practicada de hecho por los precitados cónyuges durante la vigencia del nexo conyugal afectado por la controversia planteada, contraído en situación de buena fe que la resolución examinada reconoce, en sus aspectos fácticos, su desvirtuación por la recurrente por la vía o cauce del error de hecho, desde el momento que a tenor de lo normado en el artículo 72 del Código Civil , en vigor al tiempo de dictarse la sentencia recurrida, y coincidente con lo normado al respecto en el artículo 95 en vigor después de la entrada en aplicación de la Ley de 7 de julio de 1981 , que modificó la regulación del matrimonio, la sentencia firme de nulidad, respecto de los bienes del matrimonio, los efectos de la disolución del régimen económico matrimonial, con el consiguiente efecto de concluirse la sociedad de gananciales previsto en el artículo 1.417 del Código Civil en su redacción anterior a la meritada Ley de 7 de julio de 1981, vigente al tiempo de la resolución impugnada y coincidente esencialmente con el número segundo del artículo 1.392 de la redacción actual por consecuencia de dicha Ley y la consiguiente liquidación sancionada en el de los artículos 1.418 a 1.431 del referido Cuerpo legal sustantivo, en vigor también al tiempo de la tan mencionada sentencia recurrida y actualmente sustituidos por los 1.396 a 1.410 del referido ordenamiento jurídico civil, en virtud de la referida Ley de 7 de julio de 1981, lo que tanto quiere decir que el pronunciamiento en que se contrae el motivo que se examina es simplemente el preciso y adecuado complemento de la nulidad solicitada y declarada, ya que como ha tenido ocasión de declarar esta Sala en la reciente sentencia de 12 de junio de 1981, una finalidad del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la de conseguir la decisión le todas las materias sometidas a juicio, poniendo fin al mismo procesal y sustantivamente, evitando la posibilidad de planteamientos posteriores, que es precisamente lo que se pretende por el aludido pronunciamiento puesto en controversia, en el indicado motivo primero, puesto que, según previene dicha sentencia, en realidad coincidente con las de 2 de junio de 1962, 12 de junio de 1963, 29 de mayo de 1965, 26 de septiembre de 1969 y 28 de febrero de 1981, el ajuste del fallo a las pretensiones y a los hechos discutidos no ha de ser literal, sino sustancial y razonable y siempre sobre la base del respeto absoluto a los hechos, posibilitando que los órganos judiciales puedan aplicar la norma que estimen adecuada como respuesta jurídica correcta, con extensión a las naturales, lógicas y necesarias derivaciones del tema planteado y conducentes a la más fácil efectividad del fallo.

CONSIDERANDO que tampoco es de estimar el motivo segundo que, al amparo del número tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , formula la recurrente doña Pilar , en pretendida infracción del artículo 359 de la precitada Ley Rituaria, por entender aquélla que el fallo de la sentencia recurrida no contiene declaración alguna sobre una de las pretensiones oportunamente deducidas en la demanda reconvencional, consistente en que se le adjudicasen los bienes inmuebles de que se viene haciendo mención, toda vez que si ciertamente en la súplica de la meritada reconvención así se solicitó, tampoco cabe desconocer que después de contener el indicado fallo de la sentencia recurrida los pronunciamientos que estima también expresamente, establece el pronunciamiento de absolución a las partes "de las restantes pretensiones recíprocamente ejercitadas», o sea, las formuladas distintas de las que acoge y declara, con lo que indudablemente desestima la indicada pretensión de adjudicación a la demandada reconviniente doña Pilar los inmuebles referidos, porque según tiene reiteradamente declarado esta Sala, el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no obliga al juzgador a rechazar individualmente los pedimentos de los litigantes, por lo que al absolver se resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas en el juicio, con el consiguiente rechazo de todas las peticiones no acogidas (sentencias, entre otras, de 10 de marzo y 30 de noviembre de 1961, 4 de julio y 12 de noviembre de 1963, 29 de septiembre y 12 de noviembre de 1964 y 7 de mayo de 1965); lo que además corrobora la fundamentación jurídica de las tantas veces aludida resolución impugnada, cuando en su Considerando séptimo "in fine» se manifiesta en el sentido de la consideración ganancial de las fincas a las que tantas veces se lude, por la voluntad de las partes al adquirirlas revelada por los títulos y la propia confesión de la demandada reconviniente, y cuya manifestación de la Sala sentenciadora de Instancia implica que excluye el reconocimiento de la adjudicación a la mencionada doña Pilar por ésta pretendida.

CONSIDERANDO que tratando del motivo tercero, que la mencionada recurrente doña Pilar fundamenta, al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su criterio de que el matrimonio civil contraído con el recurrido don Fernando , en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, el 7 de septiembre de 1940, es nulo, por inexistencia, y como de tal índole también en el parecer de dicha recurrente, no productor de consecuencias jurídicas ni prácticaalguna, por lo que, asimismo en su opinión, al no apreciarlo así la Sala sentenciadora de Instancia, que simplemente declaró su nulidad, se origina violación por no aplicación del artículo sexto -antes cuarto- del Código Civil, en relación con el - entonces vigente- artículo 42 del mismo Cuerpo legal, es de tener en cuenta, de una parte, que en el ámbito matrimonial rige la autonomía de las reglas sobre nulidad en la materia, con diferencias muy marcadas con las nulidades ordinarias, pues la nulidad aplicada al matrimonio sin ninguna atenuación constituiría la sanción más grave que comportan las reglas instituidas por la ley, originando que desaparecido el vínculo matrimonial no sólo para el futuro, sino también para el pasado, encontrándose los esposos transformados "retroactivamente» en concubinos, los hijos nacidos de la acción nula no tendrían la consideración matrimonial, produciéndose en definitiva turbación en el seno de la familia, resultando castigados inocentes y dando base al quebranto de la institución del matrimonio si el fenómeno se produjese con frecuencia, y de otra parte, que la invalidez tiene lugar cuando no reúne un acto las condiciones requeridas por la ley, con la distinción de los actos inválidos en inexistentes, en los de pleno derecho y anulables, con la característica de inexistencia a los que están faltos de un órgano constitutivo y no responden a su propia definición, de nulidad de pleno derecho a los que, dotados de sus elementos constitutivos, chocan con una regla de orden público, y simple anulabilidad los que han sido concluidos bajo el imperio de uno de los vicios del consentimientos, tomados en consideración por la ley.

CONSIDERANDO que haciendo aplicación al presente caso de la doctrina expuesta en el precedente, conduce a la desestimación del indicado motivo tercero, porque la apreciación de inexistencia matrimonial en realidad hay que entenderla limitada, a tenor de la normativa Que regía al tiempo en que se contrajo el aludido matrimonio el 7 de septiembre de 1940, en no darse diferencia de sexo, ausencia de consentimiento y no constitución en la forma exigible, y por tanto sin posibilidad de extensión en otras situaciones, y concretamente al supuesto ahora contemplado de existencia de unión matrimonial civil contraída en 7 de septiembre de 1940 en país extranjero - Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica- con acomodo a la "lex loci», por súbdita española y súbdito entonces cubano, y ambos católicos bautizados, sin tramitación de expediente de acatolicidad ni intervención para nada de funcionario de las respectivas nacionalidades que ostentaban los cónyuges, como tampoco inscripción en ninguna representación de dichas nacionalidades, toda vez que la entonces infracción de lo dispuesto en el entonces vigente del artículo 42 del Código Civil , en cuanto implicaba un requisito de capacidad para el matrimonio civil que debía concurrir en los contrayentes, produce situación jurídica que acarrea, con base en dicha normativa vigente al tiempo de contraerse el referido matrimonio, la sanción de nulidad, como resultante del carácter imperativo -no meramente dispositivo- del artículo 42 del Código Civil que entonces estaba en vigor, con holgada cabida el número cuarto del artículo 101 del mencionado Código, según tuvo ocasión de declarar esta Sala en sentencia de 21 de octubre de 1959, pero sin posibilidad de efecto de inexistencia, cual pretende la recurrente, dado que para ello se habría precisado que hubiese un acto aparente de matrimonio, que no se produce en el caso, que es el actual, de que el matrimonio hubiese sido real, aunque ineficaz en España, salvo como la sentencia recurrida reconoce, con apreciación de situación de buena fé, de la producción de efectos civiles que posibilitaba el entonces vigente artículo 69 del Código Civil, hoy esencialmente reflejado en el artículo 79 del propio Código en su actual redacción.

CONSIDERANDO que a lo precedentemente expuesto en nada obsta la nueva normativa referente al matrimonio, determinada por la Ley de 7 de julio de 1981, por derivación del artículo 32, primero, de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 , y en consecuencia la variación que dicha Ley ha producido con relación al artículo 42 del Código Civil con redacción hasta antes de la entrada en vigor de dicha Ley; de una parte, porque según previene la disposición transitoria segunda de la misma, los hechos que hubieren tenido lugar o las situaciones creadas con anterioridad a su entrada en vigor producirán los efectos que les reconocen los capítulos VI, VII y VIII del título IV del libro I del Código Civil , o sea, en orden al aspecto que se examina los prevenidos en dicho capítulo VI para la nulidad del matrimonio, y concretamente lo dispuesto en el artículo 79 del mencionado Código en su actual y vigente redacción, de que "la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producido respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fé», que viene a ser coincidente, con variaciones correctoras de redacción, con la que mantenía el artículo 69 del citado Cuerpo legal sustantivo antes de la nueva normativa sancionada por la invocada Ley de 7 de julio de 1981; y, de otra parte, a causa de que al no entender esta cláusula de retroactividad no tiene ese carácter a tenor de lo prevenido en el artículo segundo-tres del Código Civil , con la consecuencia de hecho y jurídica de conformidad con la disposición transitoria primera de aquel Cuerpo legal, de regirse por la legislación anterior a la establecida por la precitada Ley de 7 de julio de 1981, al tratarse de derecho nacido, según dicha anterior normativa, de hechos realizados bajo su régimen.

CONSIDERANDO que, por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso, condenando a la recurrente al pago de todas las costas, y sin pronunciamiento sobre depósito al no haber sido constituido al no ser conformes de toda conformidad las sentencias de Primera y Segunda Instancia; y todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.FALLAMOS

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por doña Pilar , contra la sentencia que, en 13 de julio de 1979, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid ; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas, y líbrese a la citada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que ha remitido.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manuel González Alegre y Bernardo.- José Antonio Seijas Martínez.- Antonio Rodríguez Fernández.- Jaime de Castro García.-Carlos de la Vega Benayas.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Antonio Rodríguez Fernández, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en estos autos, hallándose la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que, como Secretario, certifico.