STS, 9 de Octubre de 1981

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción de ley por aplicación indebida del uso de comercio, citado en el tercer Considerando de la sentencia de la Audiencia Territorial, que expresa que «los comerciantes y vendedores de obras pictóricas en relación con la autenticidad y carácter genuino de la pintura vendida en su establecimiento de autos, fallecidos o no contemporáneos, se limita a expresar de buena fe, que la obra vendida es propia de un artista determinado y ejecutada de su mano, según los elementos de juicio que dichos comerciantes o vendedores han podido reunir, a tener a su alcance».

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción de ley por violación del artículo 50 del Código de Comercio y de la doctrina contenida entre otras en las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 1946 y 26 de enero de 1926 .

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción de ley por aplicación indebida del artículo segundo del Código de Comercio , en relación con la doctrina contenida entre otras en las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 1946 y 26 de enero de 1926 .

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil; error de hecho en la apreciación, de la prueba derivada de documento autentico, que demuestra la evidente equivocación del Juzgado.

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error de Derecho en la aplicación de la prueba, con infracción por violación del artículo 1.281 del Código Sustantivo , en relación con el artículo 50 del Código de Comercio .

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 del la Ley de Enjuiciamiento Civil ; error de Derecho en la apreciación de la prueba, con infracción por violación del artículo 1.225 en relación con el artículo 1.218 del Código Civil .

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por haber incurrido la sentencia recurrida en infracción por violación del artículo 1.265 del Código Civil , en relación con el artículo 1.266, párrafo primero , artículo 1.261, número primero, ambos del Código Civil , y artículo 50 del Código de Comercio .

Al amparo del número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por error de derecho en la apreciación de la prueba, por haber incurrido en la sentencia recurrida en infracción del artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Al amparo del número primero del artículo 1.692 ' de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; infracción por violación del artículo 345 del Código de Comercio que obliga al vendedor al saneamiento de la cosa vendida, en relación con el artículo 1.474 del Código Civil que obliga al vendedor a responder de los vicios o defectos ocultos que tiene la cosa vendida, y con el artículo 1.484 que le obliga por los defectos que le hagan impropia para el uso a que se le destine o si la disminuye de tal modo que de haberlos conocido el comprador no lo habría adquirido o habría dado menos precio por ello, ni que obste a su aplicación que el comprador sea Perito, porque en razón de un oficio no debía fácilmente conocerlos. También se encuentra relacionada esta infracción con el artículo 1.485 que no exime de responsabilidad al vendedor aunque ignore los vicios ocultos. También está en relación con la acción que se conceda al comprador en el artículo 1.486 del propio Código Sustantivo .RESULTANDO que por la parte recurrente, en el acto de la vista, se renunció al motivo noveno de su recurso, manteniendo el resto.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Manuel González Alegre Bernardo.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que contemplado por el Juzgador de Instancia, el que es objeto de litis, bajo dos aspectos, en consecuencia con la actitud de las partes, el uno de interpretación legal, ante la insuficiencia de la propiamente contractual, de la situación creada por la relación jurídica existente entre actor y demandado; el otro dando más estricta respuesta a la demanda, como de la posible existencia de error en el consentimiento, ambos de indiscutible incidencia en la resolución del recurso, involucrados en sus motivos cuestiones que lo son de uno u otro de dichos aspectos y que exigen diferente trato, preciso se hace partir del acertado y riguroso planteamiento que de la cuestión hace el Juzgador en su sentencia, que se pudiera calificar como de antecedentes comunes a dichos dos aspectos, que lo son: los de que conformes las partes en lo que se refiere a «la compra por el actor al demandado, de un cuadro catalogado entre los asignados al pintor Joaquín Sorolla Bastida, titulado «Aguardando o esperando la barca», o «Bueyes y barca», por el que fijaron el precio de 10.000.000 de pesetas, que el comprador, en carta dirigida al vendedor de 28 de septiembre de 1973 (sin duda por error se dice 23) se compromete a pagar mediante la aceptación de 20 letras de cambio en cuantía unitaria de 500.000 pesetas con vencimiento en diversas fechas», la contienda se ciñe en cuanto «a la autenticidad de la obra artística, pues negada por el actor comprador, con la pretensión de que se declare la nulidad del contrato de 28 de septiembre de 1973, por no ser el cuadro que se vendía legítimo del pintor Sorolla, con restitución de los 5.500.000 pesetas que como parte del precio se habían entregado, opone el demandado vendedor, «que lo vendido ha sido un cuadro inequívocamente atribuido al mencionado pintor, sin que le sea exigible responder de la cuestionada autenticidad», con el suplico de ser absuelto de la demanda; sin dejar el Juzgador de calificar el contrato de compraventa mercantil «puesto que son comerciantes los contratantes y además, se trata de un bien mueble adquirido con ánimo de lucrarse en la reventa».

CONSIDERANDO que así encauzada la tesis del Juzgador, en aquel primer aspecto de la cuestión, que no ofreciendo luz alguna en la interpretación contractual la carta va reseñada, documento que, reconocido por ambos contratantes, constituye la única prueba escrita de la formalización de la compraventa, el alcance de dicha discrepancia y duda que lo motiva ha de ser resuelto acudiendo, conforme previene el artículo 59 del Código de Comercio a los «usos de comercio» en cuanto constituye fuente subsidiaria interpretativa de los actos de comercio, según dispone el artículo 2° de dicho Código -implícitamente se está descartando la aplicabilidad del artículo 50 del propio Código- certificando la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con fecha 14 de septiembre de 976 , que existe un uso de comercio generalmente admitido y observando, según el cual, los comerciantes y vendedores de obras pictóricas, en relación con la autenticidad y carácter genuino de la pintura vendida en su establecimiento, de autores fallecidos o no contemporáneos, se limita a expresar de buena fe, que la obra vendida es propia de un artistas determinado y ejecutada de su mano, según los elementos de juicio que dichos comerciantes o vendedores han podido reunir o tener a su alcance», uso que conforme el Juzgador, en relación con el caso litgioso, alcanza una plena aplicación, ya que se ha demostrado cumplidamente el tracto comercial de la obra adquirida inicialmente por el marchante señor Pedro , que la vendió a don Carlos Miguel en Buenos Aires (Argentina) obra importada a España por «Duran, Sala de Arte, Sociedad Anónima», en 11 de mayo de 1973 , incluida en la declaración de importación de mercancías liberadas número 4057999 y comprada a la mencionada sociedad por el hoy demandado, al poco tiempo de ser importada; «cuadro que se halla incluido con el número 1.796, en el catálogo formado por don Íñigo ., que utiliza el seudónimo de « Rata », reconocido por el actor como guía y referencia para la compraventa de obras de don Joaquín Sorolla», circunstancias todas ellas que para el Juzgador son suficientes elementos de juicio exigibles al vendedor, de acuerdo con el expresado uso mercantil, determinante de la validez, de la cuestionada compraventa; sin que le afecte la rectificación sobre autenticidad efectuada por el mencionado « Rata », ni los dictámenes negativos de autenticidad emitidos por el Instituto Central de Restauración y Conservación de obras de Arte, por el Director del Museo Sorolla y por el Laboratorio de Investigación- y Experimentación Caligráfica, «ya que todos ellos son de fechas posteriores a la de la compraventa y por tanto nunca pudieron servir como elementos de juicio a valorar por el vendedor».

CONSIDERANDO que en orden a aquel segundo aspecto del objeto de litis, no deja el Juzgador de examinar la cuestión debatida bajo el prisma del Derecho Común, y ello, según afirma, «conforme a la disposición contenida en el artículo 50 del Código de Comercio -que descartado en aquel primer aspecto es aquí aplicado- al aducir el actor como fundamento de la pretendida nulidad contractual el defecto de consentimiento, requisito esencial afectando a la existencia del contrato, según establece el artículo 1.261del Código Civil , y que al haber sido prestado, según acredita la ya citada de 28 de septiembre de 1973, reconocida por el actor, podría hallarse viciado de nulidad de concurrir error, violencia, intimidación o dolo (artículo 1.265 del Código Civil ); y como en la demanda no se precisa en cuál de los denunciados vicios se apoya, llega el Juzgador de Instancia, de la relación de hechos contenidos en los escritos básicos del proceso como de los resultantes de las pruebas practicadas, al eliminar los tres últimos, a mantener el error como el único de posible concurrencia, mas no dejando de tener en cuenta la doctrina sobre su sentido de alegada excepcionalidad, consecuencia a los principios de responsabilidad y de protección de la buena fe, como el de seguridad del tráfico jurídico, que impide su invocación cuando éste pudo ser evitado con tan sólo la más normal diligencia, más exigible en supuestos como el presente, en el que se trata de personas peritas, conocedoras del negocio que además asumen para sí la responsabilidad inherente a la garantía de autenticidad cuando el comprador es un profano, concretamente en el catálogo de la exposición en la que el comprador ponía en venta el cuadro adquirido se hacía constar, «todos los cuadros expuestos se venden con la garantía de autenticidad, responsabilizándose A. Hipóla», llega el Juzgador de Instancia a la procedente desestimación de la existencia de tal vicio y con ello a la ya anunciada, igual conclusión que la anterior, sobre la validez del contrato celebrado entre las partes objeto de litis.

CONSIDERANDO que atacando el recurso, tanto las fundamentaciones tácticas como jurídicas procede, por razón de método, conocer, en primer lugar, los motivos amparados en el número séptimo del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuales son el cuarto, quinto, sexto y octavo ; denunciando, el primero de ellos, error de hecho en la apreciación de la prueba, evidenciado por la carta de 28 de septiembre de 1973, pollo que tanto al hacerlo consistir en el que dice «problema controvertido en palabras de la Sala sentenciadora», esto es, si el objeto de contrato de 23 de septiembre de 1973 es una obra artística -un cuadro- auténtica realización de Joaquín Sorolla o si, por el contrario, basta con que esté atribuido a dicho pintor sin que el vendedor deba responder de la cuestionada autenticidad, no está sino replanteando la propia cuestión litigiosa, y citando además, como documento auténtico, la carta de 28 de septiembre de 1973, ya examinada por el Juzgador, el que la rechazó por no arrojar luz alguna, pues en verdad de la misma no aparece sino la constatación escrita del contrato celebrado entre las partes, precio fijado, modo de pago y prestación de un consentimiento, tanto por el confusionismo con el que se relata el que se dice, consiste aquel error, como por el documento con el que intenta demostrar, al que no puede reconocérsele la cualidad de auténtico a esos pretendidos fines, el motivo ha de ser desestimado; no correspondiendo mejor suerte al segundo de los señalados, quinto del recurso, pues al denunciarse error de Derecho en la «aplicación de la prueba», por violación del artículo 1.281 del Código Civil , se está planteando un problema de interpretación e invocando un precepto, que si es acorde al mismo, al tratarse de una norma de hermenéutica contractual, al no ser valorativo de prueba, no lo es, para mantener el motivo por el cauce elegido; debiendo ser igualmente desestimado el tercero, sexto del recurso, toda vez que al denunciar error de Derecho en la apreciación de la prueba, por violación del artículo 1.225 en relación con el 1.218, ambos del Código Civil , y ello referido a la carta de 28 de septiembre de 1973, cuando en la litis no se ha cuestionado, ni en la sentencia desconocido su valor probatorio, si bien lo sea, claro es, de la existencia del contrato por el que se vede un cuadro catalogado como de Joaquín Sorolla, mas sin poder ir más allá, cual pretende el recurrente, esto es la autenticidad de dicho cuadro, cuestión esta que rebasa los límites probatorios de tal documento, para incidir en lo que respecta al consentimiento en la compraventa, propio de otra vía, como el mismo recurrente reconoce al formular el correspondiente motivo a ello referente, como cuando incluso se pretende demostrar la inaplicabilidad del mentado uso de comercio al que acude el Juzgador de Instancia como fuente subsidiaria interpretativa, todo, como claramente se desprende, ajeno a la resultancia probatoria del documento indicado; y en cuanto al octavo de los motivos del recurso, ha de ser igualmente desestimado, puesto que se denuncia error de Derecho en la apreciación de la prueba, dando como infringido el artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y aun entendiendo lo es por el concepto de violación, al afirmar el recurrente «in fine», que al no aplicarse rectamente el referido artículo de dicha ley, la sentencia incide en el motivo de casación que se formula, sin necesidad de acudir a la notoria doctrina sobre la impugnabilidad de la apreciación, que de la prueba pericial hubiere podido hacer el Tribunal de Instancia, ya que las normas de la sana crítica ni son absolutas ni se hallan establecidas en parte alguna, es que el Juzgador no se apoyó al resolver la cuestión litigiosa en los distintos resultados a los que llegan los informes periciales e incluso expresamente deniega el Considerando de la sentencia apelada en el que con base en la prueba pericial declara como auténtico el debatido cuadro vendido como del pintor Sorolla y con meritorio proceder lleva la cuestión por distinta orientación, según quedó expresado, y si se hace mención de aquellos informes periciales referidos en un anterior Considerando, no lo es como fundamento probatorio de la debatida cuestión litigiosa, sino para no reconocerles efectividad alguna en cuanto no poder servir de elementos de juicio, en relación a la buena fe del vendedor, al ser de fecha posterior a la de la compraventa; por lo que no cabe decir que dicho artículo haya sido violado.

CONSIDERANDO que entrando en el examen de los motivos relativos a la «quaestio juris», el primero de ellos, denuncia amparado en igual ordinal del articulo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la aplicación indebida del uso de comercio, citado en el tercero de los Considerandos de la sentencia, al quese hizo referencia, y que según el recurrente deviene de dos causas totalmente distintas, las que sintetizadas lo son: a) La inaplicabilidad de los usos de comercio a la interpretación de un contrato, por ser supuesto comprendido en el artículo 50 del Código de Comercio ; y b) Porque el uso comercial que nos ocupa se limita a las ventas realizadas en los establecimientos de los vendedores; argumentos fácilmente refutables; en cuanto al primero, porque en técnica procesal casacional la aplicación indebida ha de contemplarse en relación a los hechos, y por tanto en el supuesto denunciado lo que cabe es acusar la violación del artículo 50 del Código de Comercio , pues el Juzgador, al acudir al artículo 59 de dicho Código , como ya se adelantó, supone una implícita eliminación de dicho artículo, que aunque en efecto no se razona, hay que entender con acertado criterio, puesto que la cuestión litigiosa, tal como quedó planteada en ese primer aspecto, no puede concebirse comprendido en el contenido de dicho artículo y, consecuentemente, habría de encontrar solución acudiendo a los usos de comercio interpretativos en conformidad al artículo 2.º del referido Código , como ya se adelantó, supone una implícita eliminación de dicho artículo, aunque en efecto no se razona, hay que entender con acertado criterio, puesto que la cuestión litigiosa tal como quedó planteada en ese primer aspecto, no puede concebirse comprendida en el contenido de dicho artículo y, consecuentemente, habría de encontrar solución acudiendo a los usos de comercio interpretativos en conformidad al artículo 2.º del referido Código , como fuente subsidiaria de interpretación de los actos de comercio, problema en el que estaba sumido el Juzgador; y por lo que se refiere al segundo, en el que efectivamente más parece responder al concepto expresado, en verdad se trata de una cuestión que no fue debatida en la litis, pero es que además, nada se ha probado en contra de lo manifestado por el demandado de haber tenido lugar dicha venta en su «despacho», pues así hay que entenderlo, cuando se afirma de que al conocerse la noticia de estar en el comercio, importado en España el tan mencionado cuadro en poder del vendedor, acudió a dicho «despacho» el comprador, despacho que ha de identificarse con establecimiento, ya que en la rama de este comercio a los mismos se dan las más variadas denominaciones, y así se hable de Galerías de Arte o de Exposiciones de Estudios, Salones de antigüedades o simplemente de despachos, como dependencia anexa a los mismos; pero es que además al hablar el uso reiteradamente de «comerciantes» y «vendedores», está contemplando y proveyendo la venta por profesionales que adquiere especial significación cuando tal carácter o condición concurre entre comprador y vendedor, lo que no cabe desconocer en los que son partes en la litis cuando a ambas les ha sido reconocida dicha cualidad de comparecientes, y como hecho notorio además especialistas o autoridades en esta materia, por lo que es claro y fácilmente comprensible que no pueda prosperar tal sutil discriminación; siendo todo ello determinante de la desestimación de este primer motivo.

CONSIDERANDO que en efecto, y en relación a esa técnica procesal de la que se hizo anteriormente referencia, el segundo de los motivos denuncia la violación del artículo 50 del Código de Comercio , y abundando en lo expresado, es que además tiene declarado esta Sala (sentencia de 2 de febrero de 1973 ) que no se viola el mencionado artículo por lo que afecta a los usos de comercio, porque el citado artículo 50 llama expresamente a las reglas generales del Derecho común para completar las disposiciones del Código de Comercio y de las leyes especiales, omitiendo los usos llamados «normativos», el artículo 59 en relación con el 2.° del propio Código , requiere la aplicación de los usos denominados «interpretativos» para resolver las dudas que pueda suscitarse en torno al sentido y alcance de los contratos de comercio, que es precisamente lo que hizo el Juzgador de Instancia, no obstante lo cual, no deja de ser de interés nacer hincapié en que en la especialisima cuestión debatida -autenticidad de una obra de arte- la que en verdad ha de dársela un trato muy especial, pues no cabe equiparar o asimilar con las previsiones generales contenidas en el Código de Comercio y en su caso, incluso Derecho común, pues su trascendencia y no menos dificultades propias que comportan, exige un trato muy especial y particular, que obliga sin más a acudir a ese artículo segundo del Código de Comercio en todo cuanto a dichos problemas se refiere, que permita llegar a soluciones más específicas y particulares, como buena prueba es el sabio contenido del uso de comercio aplicado por el Juzgador de Instancia, dando una solución interpretativa para estos supuestos, en la que la equidad no ya dulcifica la que había de ser consecuencia no muy conforme con la realidad, de una rigurosa aplicación del Derecho común, sino que además encuentra la más acertada solución para esos casos trascendentes, en los que no cabe hallar otra que lo sea más ajustada a como se presentan en la sociedad, siendo la buena fe la que impere en tales transaciones; pero es que además, y aquí es obligado traer a colación aquella interdependencia de los dos aspectos con los que el Juzgador de Instancia examinó y resolvió la propia cuestión, llegando por esos dos caminos a idéntica conclusión, como ya quedó recogido ampliamente, no se olvida dicho Juzgador de, acudiendo al Derecho común, en acatamiento precisamente de lo ordenado en el artículo 50 del Código de Comercio , plantearse y resolver la cuestión bajo ese prisma, de todo lo cual se hizo mención, por lo que a ello ha de estarse para no incurrir en ociosa repetición de lo que sobre ello fue expresado en un anterior Considerando; razones unas y otras que determinan la improsperabilidad del motivo; desestimación en consecuencia que ha de presuponer la del tercero al denunciar por la propia vía la aplicación indebida del artículo 2.º del Código de Comercio , pues aunque más lo sea propiamente, también de violación traería su causa de la propia violación del artículo 50 y desvirtuado esta, como lo ha sido por los razonamientos que justificaron la desestimación del motivo anterior, en las dos vertientes o aspectos de la cuestión en los que se presentaba la inexistencia de tal invocada infracción, estemotivo necesariamente había de decaer.

CONSIDERANDO que por último, al haber sido renunciado por la parte recurrente el motivo noveno en el acto de la vista, el motivo séptimo, por la vía del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia la violación del artículo 1.265 del Código Civil , en relación con el artículo 1.266, párrafo primero ; artículo 1.261, número primero, ambos del Código Civil , y artículo 50 del Código de Comercio ; motivo que por todo cuanto ha quedado ya expresado en el tercer Considerando de esta resolución, como no menos en el anterior, ha de ser desestimado, al hacerse cumplida referencia a su inaplicabilidad al supuesto de autos tal como se razona por, el Juzgador de Instancia en relación a dichos preceptos y consiguientemente la no violación de los mismos que se dicen infringidos por tal concepto.

CONSIDERANDO que por lo expresado procede declarar no haber lugar al recurso, con las accesorias del artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar, al recurso de casación por infracción de ley interpuesto a nombre de don Bartolomé , contra la sentencia que, con fecha 28 de mayo de 1979, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida de la cantidad que por razón de depósito ha constituido, al que se dará el destino que previene la Ley; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manuel González Alegre Bernardo.- Antonio Fernández Rodríguez.- Antonio Sánchez Jáuregui.-Jaime Santos Briz - José María Gómez de la Barcena y López.- Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Manuel González Alegre Bernardo, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de lo que como Secretario, certifico.