STS, 10 de Octubre de 1980

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por interpretación errónea de lo dispuesto en el artículo 1.262 del Código Civil, en su párrafo primero , aduciendo que el recurso plantea el problemade la distinción entre la oferta de contrato, aludida y contemplada en el artículo 1.262 del Código Civil , y los meros tratos previos o tratos preliminares; que conviene dejar muy claro que es lo que debe entenderse por "oferta de contrato» en el sentido del artículo 1.272 del Código Civil , que son dos los caracteres fundamentales, que han de conjugarse para que se pueda hablar técnicamente de "oferta de contrato» la intención negocial de obligarse y el contener la declaración de todos los elementos necesarios del contrato; que el segundo requisito para la existencia de una oferta de contrato en sentido técnico es que en ella se contengan todos los elementos necesarios, los llamados "esentialia negotu», de tal modo que por la simple aceptación o por la mera adhesión de la persona a la que va dirigida, puede surgir- perfeccionado el contrato, que para distinguir la oferta de contrato y los simples tratos previos, el criterio fundamental está en el elemento interno que forma la voluntad de los futuros contratantes en las fases anterior y posterior a la aparición de la oferta; que supuestas las anteriores premisas se comprende en seguida la errónea interpretación del artículo 1.262 del Código Civil , que ha cometido el Tribunal "a quo», pues la Sala sentenciadora confunde y no otorga su adecuado significado al término "oferta», contenido en el mencionado artículo 1.262; que la Sala sentenciadora comete la infracción denunciada al establecer, como premisa previa a dicha interpretación, el concepto o idea de lo que entiende por oferta.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 1.278 del Código Civil ; aduciendo que según reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Supremo los artículos 1.279 y 1.280, primero, no significan, por sí solos, una modificación, de la regla general del artículo 1.278 y del principio del carácter espiritualista de la contratación, que, sin embargo, el principio general espiritualista del citado artículo y el alcance puramente instrumental de las formas exigidas por la efectividad de las obligaciones, presentan dos notables excepciones: aquella en que la ley exige la documentación, no con simple valor instrumental, sino con carácter constitutivo o "ad solemnitatem». La segunda excepción, que hay que entender incluida en el artículo 1.278, es la hipótesis en que la documentación reviste carácter constitutivo (y es, por consiguiente, el momento de perfección del contrato) no por disponerlo así la ley, sino por resultar así de la voluntad de los contratantes; que en todos aquellos casos en que debe procederse a documentar el contrato, se plantea el decidir si con anterioridad al otorgamiento del documento las partes se encuentran ya vinculadas por el consentimiento prestado o si la relación existente entre ellas se encuentra todavía en una fase de tratos previos; que ésta es en el presente pleito cuestión capital, que, sin embargo, el Tribunal "a quo» no ha afrontado decididamente, en parecer de la recurrente, que la documentación o la forma firmemente impuesta por la ley; el contrato existe desde que ha intervenido el consentimiento y los contratantes entonces compelerse recíprocamente a llenar la forma (artículo 1.279), que generalmente se entiende que el problema no admite soluciones categóricas y que a la regla del artículo 1.278 hay que formularle por las dos antes señaladas excepciones. Primera: Cuando existe un pacto expreso de las partes en punto a la documentación. En estos casos la documentación no es constitutiva por mandato legal, pero sí lo es por pacto expreso.-Segunda. Que en aquellos casos en que se haya sobreentendido o en que los usos de los negocios así lo establezcan haberse sobreentendido pacto tácito, la documentación deberá ser considerada como elemento constitutivo del contrato.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infración de ley y de doctrina legal por aplicación indebida al caso del pleito del párrafo primero del artículo 1.281 del Código Civil ; con respecto a las cartas de 6 de octubre de 1975, la de fecha 9 de octubre y la tercera carta de 13 de octubre; la interpretación que de ellas lleva a cabo la Sala sentenciadora parece equivocada por falta del requisito de racionalidad y supone por ello una infracción del párrafo primero del artículo 1.281 del Código Civil ; se invoca infracción del artículo 1.281 del Código Civil en los términos apuntados.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por violación de lo dispuesto en el artículo 1.285 del Código Civil , por falta de aplición del mismo.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por violación de lo dispuesto en el artículo 1.287 del Código Civil , por falta de aplicación del mismo.

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infración de ley y de doctrina legal por aplicación indebida del artículo 1.259 del Código Civil .

Al amparo del número primero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . La sentencia recurrida incide en infracción de ley y de doctrina legal por violación de lo dispuesto en los artículos 29 del Código de Comercio y párrafo segundo del artículo 3 del Reglamento del Registro Mercantil, por falta de aplicación de los mismos.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Jaime Castro García.

CONSIDERANDO

Que de la corespondencia cruzada entre los contendientes y de la fijación de hechos contenida en la sentencia del Tribunal "a quo», importa destacar los siguientes datos, no discutidos en el recurso y por lo tanto firmes en la casación: Primero. El demandado don Santiago , cuyas relaciones de cordial amistad con el actor fluyen del trato que las cartas denotan, se dirigió a don Jose Pedro con fecha 6 de octubre de 1975 y avanzando en las conversaciones que ambos mantenían sobre la compraventa de un terreno cuya identificación les era perfectamente conocida, pasó a comunicarle el resultado de las gestiones realizadas para la ultimación del negocio, haciéndole saber las exigencias de los posibles vendedores ("he hablado con mi familia sobre el terreno de la carretera de Logroño. Hemos quedado en pedir un precio de 1.200.000 pesetas, pagadero 600.000 a la firma del contrato y 600.000 a un año mediante una letra aceptada»), y anticipándole los efectos del proyectado contrato en cuanto a uña expropiación parcial en curso ("como es natural, todos los derechos derivados de la operación que actualmente está en marcha quedarán a tu favor»).-Segundo. A tal declaración epistolar, que el destinatario entendió como inequívoca oferta, responde don Jose Pedro por carta del día 9 del propio mes haciendo saber al oferente don Santiago su decidido beneplácito e incluso entiende que la conformidad surgida le faculta, mediante anuencia de la otra parte, para tomar posesión del inmueble, cuando menos a los efectos de su cuidado y debida conservación ("son aceptables por mi parte las condiciones en ella expuestas, así como la forma de pago del terreno de la carretera de Logroño, que será el 50 por 100 (600.000 pesetas) a la firma de la escritura, y el 50 por 100 (600.000 pesetas) a un año en letra aceptada... De acuerdo con lo hablado contigo y con esta aceptación realizada, me considero autorizado a comenzar" los arreglos que estime convenientes y así evitar los expolios que sufren las construcciones»).-Tercero. A la aceptación referida contesta a su vez don Santiago en carta datada el día 13 siguiente, teniendo por alcanzada la avenencia y expresando su parecer en lo referente a la documentación del negocio ("para efectuar el contrato podemos hacer dos cosas: o bien firmar la escritura pública con un precio de 600.000 pesetas aplazado a un año, que significaría tener que pagar un 7,5 por 100 más un 1,90 en concepto de derechos reales, o bien firmar un documento privado en el que se reconoce un precio de 1.200.000 pesetas, la» modalidad de pago, y que se elevará a escritura pública tan pronto que se recibiese la totalidad del precio... Desde el punto de vista fiscal, ésta es la mejor solución»).- Cuarto. La codemandada "Ibérica de Comercio, Minas e Industrias, S. A. (Ibercominsa)», que había prestado asentimiento a la operación concertada por don Santiago , aunque pretenda privarle de su naturaleza de negocio definitivo para reducirla a simples "conversaciones», escribió al actor y recurrido como titular de la empresa "Olano-Construcciones», con fecha 24 del mismo mes, para hacerle saber que tuviera por desaparecida toda relación negocial, en vista de la exigüidad del precio convenido con don Santiago ("ha llegado a nuestro conocimiento que ustedes, pese a su calidad de expertos en negocios inmobiliarios, han infravalorado en forma muy notable los terrenos de nuestra propiedad en la carretera de Logroño por los que parecía interesarse. En razón a ello hemos decidido suspender definitivamente las conversaciones que mantenían con nuestro accionista señor Santiago y deberán ustedes abstenerse de la ejecución de cualquier obra»).-Quinto. Según aserto de la Sala sentencidora, no impugnado en el recurso en cuanto a su base fáctica, don Santiago actuó en su posición de oferente representando a "Ibercominsa», según "apoderamiento que figura inscrito y no revocado (a tenor de) la correspondiente certificación del Registro Mercantil, que así lo acredita como poder general que le autorizaba y facultaba al efecto, frente a cuya realidad el dato de su posterior revocación, carente de justificación documental en el procedimiento, no puede prosperar».

CONSIDERANDO que en oposición a la sentencia de la Sala* que revocando la del primer grado, estimó la demanda entablada por don Jose Pedro , contra don Santiago y la entidad "Sociedad Ibérica de Comercio, Minas e Industrias, S. A. (Ibercominsa)», se alza el recurso interpuesto por esta sociedad, con sus siete motivos amparados en el número primero del artículo 1.692 de la Ley Procesal , el primero de los cuales -sin duda el capital de la tesis impugnativa- aduce interpretación errónea de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 262 del Código Civil , sosteniendo en síntesis que entre(los futuros contratantes han existido tratos meramente preliminares y no una verdadera oferta de contrato procedente del hipotético vendedor, dada la ausencia de intención negocial y no contener la declaración todos los elementos necesarios del tipo contractual específico, de suerte que se trató de estrictos "ofrecimientos» o "propuestas», sin propósito de las partes de quedar vinculadas; pero tal argumentación no puede prosperar, por las siguientes consideraciones:

1. Aun siendo frecuente que el proceso formativo del contrato se inicie con manifestaciones de voluntad, o, mejor, exploraciones, contenidas en tratos preliminares o conversaciones previas que los interesados mantienen sin fuerza vinculante antes de decidirse a la celebración del negocio y mediante las cuales se comunican sus respectivas aspiraciones, tal fase preparatoria es bien distinta de la oferta en cuanto declaración de voluntad de naturaleza recepticia, comotal dirigida al otro sujeto y emitida con un definitivo propósito de obligarse si la aceptación se produce, surgiendo en consecuencia el consentimiento por la coincidencia de esas declaraciones de los contratantes en que la oferta y la aceptación consisten, de donde se sigue que encaminados los tratos preliminares a la formación de la primera, desaparecerán una vez cumplida su misión en el momento que en el "iter» contractual se llegó a formular una proposición final, con todas las notas de una verdadera oferta, b) Realizada la oferta de contrato o propuesta conteniendo los requisitos indispensables al fin proyectados y, por consiguiente, con todos los elementos necesarios para el futuro contrato (los denominados "essentialia negotti»), que tratándose de una compraventa serán la cosa y el precio, el contrato se genera en su perfección con el asentimiento de la otra parte, manifestando su aceptación a los términos en que aquella declaración ha sido hecha por el oferente y alcanzándose, en suma, el "in idem placitum» o punto de conjunción de los contrapuestos intereses que es el acuerdo determinante del consentimiento, cuya suficiencia para la perfección del negocio viene proclamada por el artículo 1.254 del Código Civil y ha sido recordada por la doctrina jurisprudencial) ( sentencias de 5 de noviembre de 1957, 13 de mayo de 1959, 5 de marzo de 1960, 13 de mayo de 1963, 21 de octubre de 1974 , etc.). c) La Sala de instancia, tras un examen minucioso de la correspondencia incorporada a las actuaciones, llega a la categórica conclusión, racional y a todas lucse bien fundada, que el motivo no combate por la vía pertinente, de que ha sido alacnzada la formación del contrato de compraventa por la concurrencia de oferta dimanante de don Santiago y de aceptación emitida por don Jose Pedro , reuniendo aquella manifestación de voluntad todos los requisitos precisos para tenerla como tal oferta, pues ha sido completa, definitiva y hecha con la inequívoca intención de vincularse contractualmente, que son las notas características de esa figura ( sentencia de 28 de mayo de 945 ), como señalara ya el derecho histórico al hablar de la "promissión» como "otorgamiento que facen los omes unos con otros por palabras e con intención de obligarse...» (ley primera, título XI, partida quinta), de manera que en expresión de la sentencia recurrida "ese concurso del ofrecimiento y de la aceptación sobre la cosa y el precio, que determina la perfección de los contratos consensúales, perfila con firme trazo la fuerza vinculante de lo concertado entre las partes en litigio, por cuanto que contiene todos los elementos que configuran el acuerdo de voluntades».

CONSIDERANDO que el motivo segundo del recurso, basado en aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 1.278 del Código Civil , sostiene que el principio general espiritualista recogido en este precepto y el alcance puramente instrumental de las formas exigidas para la efectividad de las obligaciones, tienen como excepción las hipótesis de que medie un convenio de los contratantes otorgando a la escritura carácter constitutivo o refiriendo a ese momento la perfección del contrato, y la de que los usos negocíales den al documento tal valor, supuesto este segundo que en sentir de la parte recurrente es el predicable del caso de litis; pero la impugnación ha de ser rechazada, pues si bien como oposición al principio del consensualismo y a la regla general de la inasencialidad de la forma que inspira nuestro ordenamiento positivo en materia contractual, viene permitido a los partidarios actuar el dogma de la autonomía proclamado en el artículo 1.255, conviniendo en una forma determinada para que se producá la prefeción del acto jurídico contractual, según concretamente ha previsto en su párrafo segundo la ley 18 del Fuero Nuevo de Navara ("los actos o contratos para los que la ley no exige una forma determinada, pero ésta se hubiere convenido expresamente, no se consideran perfeccionados sin el cumplimiento de dicha forma»), y ya lo previera la legislación alfonsina (ley sexta, título IX, partida quinta) "compra e vendida., que se face por carta es quando el comprador dice al vendedor quiero que sea desta vendida carta fecha, é la vendida de esta guisa, magüer se avengan en el precio al comprador e el vendedor, non es acabada fasta que la carta sea fecha...»), en el caso debatido no aparece ni se indica que hubiera existido pacto alguno subordinando la perfeción contractual a la observancia de una forma determinada, por lo que el vínculo negocial ha nacido, como lo impone la índole consencual de la contratación, una vez acordes las declaraciones de voluntad de ambos sujetos, con independencia de la ulterior documentación del contrato, y por lo que atañe al otro punto es cuestión nueva en el recurso ese hipotético uso de la forma como elemento "ad solemnitatem» en la compraventa de inmuebles, argumento carente de todo apoyo probatorio, lo que lleva obligadamente a la repulsa del motivo quinto, que en íntima conexión con el analizado invoca la violación del artículo 1.287 del Código Civil , pues mal puede sostenerse que según uso el requisito de la forma -documentación- es elemento constitutivo en el tráfico inmobiliario, cuando en las actuaciones nada consta al respecto ni la Sala de instancia examina tal tema por no haber sido propuesto en el debate, y ya tiene declarado este Tribunal en sentencia de 23 de diciembre de 1943 , cuya doctrina se reitera, que el precepto de referencia "sólo es aplicable en el supuesto de que el uso o costumbre exista y se demuestre con eficacia para determinar la solución de la cuestión litigiosa», carencia de prueba y hasta de oportuna alegación de esa práctica generalizada y uniforme con el valor de fuente integradora del contrato, que impone la aplicación, por el contrario, de la regla general de la libertad de forma y de la primacía del consentimiento en el campo del derecho de obligaciones, puesto que la compraventa de bienes inmuebles no es negocio formal ni en consecuencia el otorgamiento de escritura cobra valor de requisito del negocio o de forma "ad substantiam», como proclama el tan citado principio espiritualista introducido en nuestro sistema jurídico por la ley única del título XVI del Ordenamiento de Alcalá de 1348, y que acoge el Código Civil en sus artículos 1.254, 1.258, 1.261 y 1.278 , exigiendo forma especial sólo para determinadoscontratos, pero sin afectar a la validez y a la plenitud eficacia entre los contratantes según preceptúa el artículo 1279, cuya norma no se modifica, sino que se complementa con la enumeración del artículo 1.280, como viene declarando constante jurisprudencia ( sentencias de 12 de marzo de 1960, 9 de enero de 1964, 6 de octubre de 1965 y 24 de mayo de 1980 , entre otras), al margen, claro es, de los supuestos singulares excluidos de ese sistema general, en los que opera la llamada forma solemne legal y consiguiente necesidad de la documentación para alcanzar la perfección documental.

CONSIDERANDO que tampoco puede obtener éxito el motivo tercero del recurso fundado en la aplicación indebida del párrafo primero del artículo 1.2801 del Código Civil , sosteniendo que la Sala de instancia ha procedido con desacierto en su labor exegética de la correspondencia unida a los autos, al sentar conclusiones partiendo de una pretendida claridad en los textos sometidos a estudio, que el recurso estima inexistente, pues' si con arreglo a constante doctrina de este Tribunal, reiterada una vez más por la sentencia de 2 de noviembre de 1979 , constituye faculta privativa de la Sala de instancia la labor interpretativa de las declaraciones contractuales y la fijación de su significado, de tal modo que el resultado que el juzgador establece no puede ser sustituido por el criterio del recurrente a menos que el primero aparezca como manifiestamente desagrado o quebrante alguna de las reglas de hermenéutica establecidas en aquel Cuerpo legal, no se oculta que conforme a esa pauta directriz de la claridad del texto a interpretar, referida -como es precedente- a la intención manifiesta de los contratantes más que a la literalidad de los vocablos utilizados, la Sala sentenciadora actuó con todo rigor lógico y entera corrección al entender que las expresiones utilizadas en la carta de 64 de octubre de 1975 ("hemos quedado en pedir un precio de un

1.200.000 pesetas, pagadero 600.000 a la firma del contrato y 600.000 a un año mediante una letra aceptada»), las contenidas en la del día 9 siguiente ("son aceptables por mi parte las condiciones en ella expuestas, así como la forma de pago del terreno de la cantera de Logroño...») y las vertidas en la del día 13, poniendo punto final a ese intercambio de declaraciones una vez alcanzada la composición de intereses ("para efectuar el contrato, podemos hacer dos cosas, o bien firmar la escritura pública...», etcétera) tienen, respectivamente, el rotundo sentido y alcance de una proposición definitiva, que como verdadera oferta está inspirada por el ánimo de obligarse en tanto que vendedor caso de recaer la aceptación de la otra parte, y de una declaración de voluntad dimanante de don Jose Pedro con todas las notas de una aceptación a la propuesta, admitiendo, por lo tanto, la oferta y provocándose la conclusión del contrato sin necesidad de una hueva manifestación del oferente para ocasionar la perfección.

CONSIDERANDO que las mismas razones avalan la desestimación del motivo cuarto, que reprocha a la Sala de instancia violación por inaplicación del artículo 1.285 del Código Civil , alegando que en la sentencia recurrida se ha prescindido de alocuciones tan ilustrativas como "firma del contrato», "firma de las escrituras», y "para efectuar el contrato», denotadoras de que no se trató de una propia oferta y de que el consentimiento y perfección del negocio estaban ligados al otorgamiento de la escritura; tesis improsperable por cuanto la resolución combatida sigue con toda corrección sistemática el desarrollo, de las conversaciones entre las partes, que cristalizaron en la diáfana emisión de la oferta y de la aceptación congruente, según indicado queda, y no es dado sostener que no se ha producido consentimiento de los contratantes ni la perfección del negocio, acudiendo a expresiones aisladas que claramente aluden a la futura documentación del contrato, pero que en modo alguno obstaculizan la evidencia de que ha surgido ya el consenso de la perfección negocial por obra de la coincidencia de las manifestaciones de voluntad de vendedor y comprador, demostrada por las expresiones transcritas y por otras no menos elocuentes de las mismas cartas ("todos los derechos derivados de la operación que actualmente está en marcha quedarán a tu favor».., "me considero autorizado a comenzar los arreglos que estime convenientes»..., "como es natural, quedas autorizado para realizar los arreglos», etc.).

CONSIDERANDO que la indebida aplicación del artículo 1.259 del Código Civil , imputada a la sentencia recurrida en el motivo sexto, que se hace consistir en la circunstancia de que np ha existido "contemplatio domini» por parte de don Santiago con relación a "Ibercominsa», ni ratificación del contrato por parte de esta entidad, es desestimable, ya que al no haber sido combatido por la vía adecuada se halla incólume el aserto sentado por el Tribunal de instancia no sólo respecto a que "su apoderamiento figura inscrito y no revocado según la correspondiente certificación del Registro Mercantil, que así lo acredita, como poder general que le autorizaba y le facultaba al efecto», sino además en cuanto tiene por acaecido "el asentimiento prestado en su día (por la sociedad) a la operación concertada por don Santiago , aunque pretenda calificarla de conversaciones».

CONSIDERANDO que, por último, ha de ser igualmente rechazado el motivo séptimo, apoyado en violación por inaplicación del artículo 29 del Código de Comercio y el 3 del Reglamento Mercantil , pues si hay que partir, como resulta inexcusable, de a premisa de que el apoderamiento se hallaba inscrito y la pretendida revocación se ofrece "carente de justificación en el procedimiento», según el Tribunal "a quo» declara rotundamente, nada importan al caso los preceptos legales sobre la inoponibilidad de lo inscrito en el Registro cuando la Sala sentenciadora descarta que se trate de un supuesto de discordancia entre larealidad extrarregistral y la constancia tabular, lo que provoca, por el contrario, la entrada en juego del principio normativo de la publicidad material positiva, con el enérgico efecto de la presunción de conocimiento del contenido de los asientos (artículo 26 del Código citado y 2 del Reglamento), y del de legitimación o legitimidad formal que trasciende de lo inscrito sin contradición alguna (artículos 1, párrafo tercero, y 3, párrafo primero, de esa normativa reglamentaria).

CONSIDERANDO que por todo lo expuesto procede la íntegra desestimación del recurso, con el preceptivo pronunciamiento en cuanto a la imposición de costas ( artículo 1.748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de "Sociedad Ibérica de Comercio, Minas e Industrias, S. A. (Ibercominsa)», contra la sentencia que, con fecha 26 de mayo de 1978, dictó la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid , condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia, la certificación correspondiente con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose, al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Julio Calvillo Martínez.-José Beltrán de Heredia y Castaño.-"Manuel González Alegre Bernardo.-José Antonio Seijas Martínez.-Jaime Castro García.-Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Jaime Castro García, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública, la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario certifico.

Madrid, a 23 de septiembre de 1980.-Sánchez Oses.-Rubricado.